Activos digitales
Smart contracts automatizan operaciones digitales, pero no sustituyen las obligaciones legales
Los smart contracts o contratos inteligentes automatizan operaciones en redes blockchain, desde transferencias de criptomonedas hasta el cumplimiento de condiciones de préstamos e inversiones. Sin embargo, su ejecución automática no garantiza la validez jurídica de una operación ni elimina la responsabilidad de quienes intervienen.
Sergio Covaleda, abogado especializado en criptoactivos y director jurídico de Wenia, empresa del Grupo Cibest en Colombia, explicó las diferencias entre los acuerdos legales y los programas informáticos. También abordó los riesgos de programación, los mecanismos de recuperación de activos y la resolución de controversias internacionales.
El código ejecuta instrucciones, pero la ley define las obligaciones
Un contrato inteligente es un programa informático desplegado en una blockchain que ejecuta instrucciones cuando se cumplen determinadas condiciones. Las partes pueden utilizarlo para automatizar algunas o todas las obligaciones de un acuerdo.
No obstante, Covaleda distingue entre el contrato como fuente de obligaciones y el código como herramienta para expresarlas o ejecutarlas. La validez jurídica depende de los requisitos legales, como el consentimiento, la capacidad de las partes y la licitud de la operación.
El especialista compara esta función con un cajero automático. El sistema puede registrar un retiro, pero ese registro no demuestra que el banco haya entregado el dinero.
De forma similar, un programa puede ejecutar una transferencia sin cumplir correctamente el acuerdo original. En ese caso, el funcionamiento técnico no elimina las obligaciones legales de las partes.
Los errores pueden generar responsabilidades para proveedores y desarrolladores
Cuando un contrato inteligente ejecuta una operación distinta de la acordada, la responsabilidad depende de quién asumió la obligación y de las circunstancias del caso.
Covaleda plantea el ejemplo de una plataforma que debía transferir 10 bitcoins, pero envió 100 por un error de programación. Frente al usuario, el proveedor que asumió la obligación sería el primer llamado a responder, conforme al contrato y la legislación aplicable.
Después, si la falla corresponde al trabajo de un desarrollador contratado por la plataforma, el proveedor podría reclamarle por las consecuencias del error.
En las finanzas descentralizadas, el análisis resulta más complejo. Algunos protocolos ofrecen programas de código abierto sin que sus desarrolladores hayan asumido necesariamente una obligación directa con cada usuario.
Sin embargo, esa circunstancia tampoco excluye automáticamente toda responsabilidad. Para determinarla, es necesario examinar los servicios ofrecidos, la conducta de los involucrados y las posibles obligaciones legales.

Corregir el programa no garantiza recuperar los activos
Los contratos inteligentes pueden incorporar mecanismos para pausar operaciones, actualizar instrucciones o migrar funciones a otro programa. Estas medidas permiten corregir fallas, pero no revierten automáticamente las transferencias que ya se ejecutaron en la blockchain.
Si una operación envía criptomonedas a una billetera equivocada, la recuperación dependerá del control sobre esa dirección, de la colaboración de quien recibe los activos y de las herramientas técnicas disponibles.
En algunos casos, los emisores o administradores de activos digitales pueden congelar fondos, retirar unidades de circulación o emitir nuevas unidades. Sin embargo, esas facultades dependen del diseño del activo y de las autorizaciones legales correspondientes.
Además, emitir nuevas unidades no significa recuperar las anteriores. La medida puede alterar el suministro o afectar el respaldo del activo si no neutraliza las unidades originales.
Por ello, Covaleda señala la importancia de establecer desde el inicio quién puede detener operaciones o intervenir sobre los activos, bajo qué condiciones y con cuáles controles.
Las disputas internacionales dependen de los acuerdos y las leyes aplicables
Las controversias relacionadas con contratos inteligentes pueden resolverse mediante los jueces o mecanismos que las partes hayan acordado, dentro de los límites legales correspondientes.
Los contratos de plataformas centralizadas y emisores de monedas estables suelen establecer condiciones de uso que determinan la ley aplicable y, en ciertos casos, la jurisdicción judicial o el arbitraje.
Cuando no existe un acuerdo previo, el análisis debe considerar quién debía cumplir la obligación, dónde están domiciliadas las partes y dónde correspondía ejecutar el compromiso.
La ubicación de un servidor o el uso de una red blockchain internacional no determinan por sí solos qué tribunal debe resolver el conflicto.
También importa que una eventual sentencia pueda ejecutarse en el país donde se encuentran los bienes o la parte obligada.
En consecuencia, la automatización tecnológica no elimina la necesidad de identificar a los responsables, definir las reglas contractuales y prever mecanismos para resolver disputas. El código puede ejecutar una operación, pero el derecho determina sus consecuencias jurídicas.
Activos digitales
Activos digitales plantean nuevos desafíos para los sistemas tributarios
La expansión de criptomonedas, tokens y otros activos digitales plantea nuevos retos para los sistemas tributarios, según Luis Barahona, socio líder de Impuestos y Planeación Fiscal de ARIAS en El Salvador.
El especialista señala que la naturaleza transfronteriza de estas operaciones dificulta determinar dónde deben pagar impuestos. También complica identificar a los responsables de cumplir las obligaciones fiscales.
La deslocalización complica el control tributario
Barahona identifica cuatro grandes desafíos para las autoridades tributarias: la inmaterialidad, la deslocalización, la trazabilidad y la identificación de los contribuyentes.
Los activos digitales no tienen una existencia física. Por eso, generan dificultades para los controles fiscales tradicionales, diseñados para bienes tangibles y servicios.
Además, estos activos pueden movilizarse o transferirse de forma inmediata entre distintas jurisdicciones.
Un activo digital puede emitirse en un país, custodiarse en otro y transferirse a una persona con residencia fiscal diferente.
También puede administrarse mediante una billetera digital ubicada en otra jurisdicción. Esta combinación dificulta determinar qué país tiene derecho a gravar la operación.

A esto se suma la dificultad para identificar a los responsables tributarios. Los sistemas digitales pueden proteger información de los inversionistas y dificultar el seguimiento de las operaciones.
Las ganancias pueden tributar de distintas formas
Cada país tiene la potestad de establecer el tratamiento fiscal para las ganancias obtenidas mediante activos digitales.
Sin embargo, Barahona plantea dos posibles tratamientos según la naturaleza de la actividad.
Para los inversionistas que obtienen ganancias fuera de su actividad habitual, propone considerar esos ingresos como ganancias de capital.
En cambio, quienes mantienen un negocio habitual de compraventa de activos digitales podrían tributar esas ganancias como renta ordinaria.
Este tratamiento permitiría equiparar las operaciones con activos digitales a otras actividades económicas sujetas a impuestos.
Una operación puede involucrar varias jurisdicciones
Determinar qué país puede cobrar impuestos depende de los criterios establecidos por las legislaciones involucradas.
Barahona menciona tres criterios principales: territorialidad o fuente, residencia fiscal y renta mundial.
El criterio territorial permite gravar una operación cuando la actividad económica o el hecho que genera la renta ocurre dentro de un país.
El criterio de residencia permite que un país grave los ingresos de una persona que tiene allí su domicilio o residencia fiscal.
Algunas legislaciones también pueden considerar la nacionalidad para establecer la potestad tributaria.
La aplicación de varios criterios sobre una misma operación puede provocar conflictos entre jurisdicciones.
En esos casos, una persona o empresa podría enfrentar una doble o múltiple imposición sobre una misma renta.
Evasión y falta de certeza jurídica
Las características de los activos digitales también pueden facilitar la ocultación de información sobre los ingresos obtenidos.
Esto puede dificultar que las autoridades tributarias detecten determinadas rentas y cobren los impuestos correspondientes.
Otro riesgo surge cuando diferentes países aplican criterios distintos para determinar quién debe pagar impuestos.
El problema puede agravarse en jurisdicciones que no cuentan con leyes específicas o convenios para evitar la doble tributación.
Barahona también señala la falta de certeza jurídica como uno de los principales problemas del mercado.
La ausencia de normas específicas puede generar incertidumbre sobre las obligaciones fiscales aplicables a las operaciones con activos digitales.
Las regulaciones ambiguas pueden producir un efecto similar.
Reglas claras para mantener la inversión
Barahona considera que un marco tributario adecuado debe equilibrar la recaudación con la innovación y la inversión.
Entre los elementos necesarios menciona definiciones claras sobre la naturaleza tributaria de los activos digitales.
También plantea establecer reglas específicas sobre su tratamiento fiscal y tarifas preferenciales.
El especialista incluye además posibles beneficios fiscales para determinadas etapas del ecosistema.
A esto suma obligaciones razonables de información e incentivos para la innovación.
Para Barahona, la tributación de los activos digitales exige revisar conceptos tradicionales del derecho tributario.
El reto consiste en establecer reglas que generen certeza jurídica y nuevos ingresos fiscales sin desalentar el desarrollo de este ecosistema tecnológico.
Activos digitales
Vicepresidente jurídico de Banco Agrícola dice que El Salvador se convierte en laboratorio regional para las finanzas digitales
El Salvador funciona como un “sandbox en vivo” para probar nuevas soluciones financieras, según Dionisio Machuca, vicepresidente jurídico y secretario general de Banco Agrícola.
Machuca expuso su análisis durante el marco de COLADE 2026. Allí señaló que el país ha construido un ecosistema que combina regulación, tecnología, inversión y supervisión.
Según el ejecutivo, esa estructura convirtió a El Salvador en una jurisdicción observada por el sector financiero latinoamericano.
Nuevas reglas amplían el mercado
Machuca destacó la legislación sobre Bitcoin y activos digitales como parte de la transformación reciente del sistema financiero.
También mencionó Transfer 365, las transferencias internacionales entre Centroamérica y República Dominicana y las billeteras digitales.
A estos mecanismos se suman proveedores de servicios de activos digitales, fondos de inversión y bancos de inversión.
El ejecutivo también destacó la creación de la Comisión Nacional de Activos Digitales y la Agencia Administradora Bitcoin.
Según su análisis, estas estructuras permiten incorporar nuevos participantes y desarrollar productos financieros distintos.

vicepresidente jurídico y secretario general de Banco Agrícola, El
Salvador.
La supervisión enfrenta un nuevo escenario
Machuca planteó que la regulación debe permitir la innovación mientras mantiene controles adecuados sobre los riesgos.
En ese sentido, destacó la supervisión especializada de los nuevos servicios financieros digitales.
También consideró necesaria una actuación coordinada entre los diferentes reguladores. El objetivo es responder a un mercado donde los actores participan en varias áreas financieras.
Tecnología busca reducir costos
El ejecutivo vinculó la digitalización con menores costos operativos y mayor acceso a productos financieros.
Además, destacó la simplificación de requisitos para abrir cuentas y el crecimiento de las billeteras digitales.
Machuca sostuvo que la infraestructura creada permite atraer inversión y desarrollar nuevas soluciones.
“El Salvador es un Sandbox en vivo, con reglas muy claras y un entorno de control”, afirmó.
Para el ejecutivo, esa combinación permite investigar, probar y desarrollar soluciones financieras dentro de un marco regulado.
Activos digitales
Conmemoran tercer aniversario de la Comisión Nacional de Activos Digitales
El gobierno conmemoró el tercer aniversario de la Comisión Nacional de Activos Digitales, creada en 2023 para regular este sector.
El acto reunió a autoridades, delegaciones internacionales, inversionistas y empresas vinculadas con los activos digitales.
La comisión reporta 156 empresas vigentes
El presidente de la comisión, Juan Carlos Reyes, presentó las cifras del ecosistema supervisado durante sus primeros tres años.
La institución reportó 156 compañías vigentes y 144 empresas con asiento registral.
Además, contabilizó 81 proveedores de servicios de activos digitales y 46 emisores de activos digitales e instrumentos tokenizados.
Según Reyes, los proyectos de financiamiento inmobiliario tokenizado acumulan $633 millones.

El país creó un marco específico en 2023
El vicepresidente Félix Ulloa recordó durante el acto que El Salvador adoptó bitcóin como moneda de curso legal en 2021.
Dos años después, el país creó la Comisión Nacional de Activos Digitales. La entidad asumió funciones de regulación y supervisión para este mercado.
Ulloa señaló que la creación de la comisión marcó un punto de inflexión para la política financiera vinculada con la economía digital.
La institución busca ampliar su cooperación internacional
Reyes destacó que la comisión también ha compartido conocimientos y brindado asistencia técnica a otros países.
El funcionario vinculó esta actividad con la experiencia acumulada durante los primeros tres años de funcionamiento.
La institución plantea continuar fortaleciendo el marco regulatorio y la supervisión de las empresas vinculadas con activos digitales.
Activos digitales
Empresas salvadoreñas buscan capital mediante activos digitales tokenizados
Empresas, bancos y proyectos agrícolas en El Salvador recurren a la tokenización para captar financiamiento. El mecanismo conecta activos reales y deuda con inversionistas.
La Ley de Emisión de Activos Digitales impulsó nuevas alternativas para financiar empresas y sectores productivos del país.
El modelo permite tokenizar deuda y activos reales. Así, las empresas pueden ofrecer participaciones digitales a inversionistas locales e internacionales.
Además, la tokenización permite dividir determinados activos en partes más pequeñas. Esto puede reducir la barrera de entrada para algunos inversionistas.
Según Bitfinex Securities, ciertos activos tokenizados están disponibles desde $1.
Entre ellos figuran instrumentos vinculados con bonos del Tesoro de Estados Unidos.
Cadejo destinó una emisión de $2 millones a su expansión
Cadejo Brewing Company se encuentra entre las empresas que utilizaron este mecanismo para obtener capital.
La compañía lanzó una emisión de deuda tokenizada por $2 millones. Los inversionistas pudieron participar desde montos de $100.
La operación buscó financiar la expansión de las actividades de la empresa. De esta forma, la compañía recurrió a activos digitales para acceder a nuevos recursos.
Los costos de emisión pueden ser menores
Bitfinex Securities sostiene que el modelo salvadoreño puede reducir los costos de una emisión.
Según la empresa, los costos pueden ubicarse entre 2 % y 4 %. En los mercados tradicionales, estos gastos pueden alcanzar aproximadamente 7 %.
Además, la compañía señala que algunos procesos de aprobación pueden completarse en unos 20 días hábiles.
Fabián Delgado, responsable de desarrollo de negocio para Colombia y Latinoamérica en Bitfinex, destacó el cambio en el uso de estos instrumentos.
“La etapa actual ya no es un debate sobre Bitcoin o las criptomonedas, sino sobre cómo financiar empresas reales y generar empleo”, afirmó.
Según Delgado, el marco legal permite a las empresas buscar capital mediante mecanismos distintos a la financiación tradicional.
Un banco y un proyecto agrícola también acudieron al mercado
El sector financiero también comenzó a utilizar activos digitales tokenizados para captar recursos.
Banco Industrial El Salvador inició la oferta pública del token de deuda TKNBIES1. La emisión supera $1.03 millones y ofrece una tasa de interés de 5.25 %.
Por otra parte, la empresa agrícola e-Grains recibió autorización para una emisión de $100 millones. Los activos estarán respaldados por soja.
Estas operaciones muestran que la tokenización ya abarca distintos sectores económicos. Además, amplía el tipo de activos que pueden llegar a este mercado.
El regulador supervisa las operaciones
La Comisión Nacional de Activos Digitales supervisa las operaciones realizadas bajo este marco legal.
Según datos proporcionados por Bitfinex, el regulador había autorizado 54 proveedores de servicios de activos digitales hasta junio de 2025.
Estos proveedores forman parte de la infraestructura necesaria para operar dentro del mercado regulado por la legislación salvadoreña.
Una oferta hotelera no alcanzó la meta de financiación
El mercado también ha registrado proyectos que no lograron captar los recursos previstos.
Una oferta vinculada con un hotel Hampton by Hilton ubicado en el aeropuerto no alcanzó el mínimo de financiamiento establecido.
Ante ese resultado, Bitfinex Securities anunció el reembolso total de los fondos aportados por los inversionistas.
El caso evidencia que la tokenización facilita nuevas vías para buscar capital, pero no garantiza que una emisión alcance su objetivo.
El mercado amplía las opciones para empresas e inversionistas
Las emisiones tokenizadas ya permiten financiar actividades empresariales, bancarias y agrícolas en El Salvador.
Al mismo tiempo, algunos instrumentos ofrecen acceso desde montos reducidos.
Esto puede facilitar la participación de inversionistas que antes enfrentaban mayores barreras.
El desarrollo del mercado dependerá de nuevas emisiones, la respuesta de los inversionistas y la evolución de la regulación.
Por ahora, las operaciones autorizadas muestran un mercado que busca conectar activos reales con capital mediante tecnología digital.
Con información de Diario El Mundo
Activos digitales
Tokenización de activos abre nuevas opciones de financiamiento para empresas en El Salvador
La tokenización de activos en El Salvador continúa ganando espacio como una alternativa para que empresas, emprendedores e inversionistas accedan a nuevas fuentes de financiamiento. Según Bitfinex Securities, la Ley de Emisión de Activos Digitales (LEAD) crea un entorno regulatorio que favorece el desarrollo de instrumentos financieros digitales y amplía las opciones de captación de capital.
La firma explicó que la tokenización convierte activos del mundo real, como proyectos inmobiliarios, infraestructura, deuda corporativa, capital o ingresos futuros, en activos digitales registrados en tecnología de libro mayor distribuido.
Empresas pueden acceder a nuevas fuentes de liquidez
De acuerdo con el Informe de Inclusión en el Mercado para Latinoamérica elaborado por Bitfinex Securities, esta tecnología ya funciona como una herramienta para facilitar el acceso a inversión y mejorar la inclusión financiera.
El documento sostiene que el modelo puede beneficiar tanto a emprendimientos como a grandes compañías al reducir costos de financiamiento y atraer inversionistas internacionales.
Fabián Delgado, gerente de Desarrollo de Negocios para Colombia y Latinoamérica de Bitfinex, afirmó que la tokenización representa un cambio importante en los mercados de capitales y en la infraestructura financiera.
El marco legal busca acelerar emisiones digitales
Bitfinex Securities indicó que El Salvador ofrece uno de los entornos regulatorios más avanzados de la región para emisiones de activos digitales. La empresa destacó que la LEAD establece plazos definidos para revisar emisiones, lo que brinda mayor certeza jurídica a los participantes del mercado.
Además, señaló que la digitalización permite reducir tiempos operativos y costos de emisión. Según la firma, procesos que antes requerían meses pueden ejecutarse en minutos mediante automatización y tecnología distribuida.
Otros países también avanzan en la región
El informe compara el desarrollo de la tokenización en varios mercados latinoamericanos. Brasil impulsa la automatización de procesos regulatorios, Argentina avanza en la tokenización de fideicomisos y fondos de inversión, y Colombia promueve el acceso al mercado mediante propiedad fraccionada de activos digitales.
Bitfinex Securities considera que la infraestructura tecnológica y el marco legal ya están disponibles para expandir este modelo en El Salvador y en otros países de América Latina.
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