Activos digitales
Smart contracts automatizan operaciones digitales, pero no sustituyen las obligaciones legales
Los smart contracts o contratos inteligentes automatizan operaciones en redes blockchain, desde transferencias de criptomonedas hasta el cumplimiento de condiciones de préstamos e inversiones. Sin embargo, su ejecución automática no garantiza la validez jurídica de una operación ni elimina la responsabilidad de quienes intervienen.
Sergio Covaleda, abogado especializado en criptoactivos y director jurídico de Wenia, empresa del Grupo Cibest en Colombia, explicó las diferencias entre los acuerdos legales y los programas informáticos. También abordó los riesgos de programación, los mecanismos de recuperación de activos y la resolución de controversias internacionales.
El código ejecuta instrucciones, pero la ley define las obligaciones
Un contrato inteligente es un programa informático desplegado en una blockchain que ejecuta instrucciones cuando se cumplen determinadas condiciones. Las partes pueden utilizarlo para automatizar algunas o todas las obligaciones de un acuerdo.
No obstante, Covaleda distingue entre el contrato como fuente de obligaciones y el código como herramienta para expresarlas o ejecutarlas. La validez jurídica depende de los requisitos legales, como el consentimiento, la capacidad de las partes y la licitud de la operación.
El especialista compara esta función con un cajero automático. El sistema puede registrar un retiro, pero ese registro no demuestra que el banco haya entregado el dinero.
De forma similar, un programa puede ejecutar una transferencia sin cumplir correctamente el acuerdo original. En ese caso, el funcionamiento técnico no elimina las obligaciones legales de las partes.
Los errores pueden generar responsabilidades para proveedores y desarrolladores
Cuando un contrato inteligente ejecuta una operación distinta de la acordada, la responsabilidad depende de quién asumió la obligación y de las circunstancias del caso.
Covaleda plantea el ejemplo de una plataforma que debía transferir 10 bitcoins, pero envió 100 por un error de programación. Frente al usuario, el proveedor que asumió la obligación sería el primer llamado a responder, conforme al contrato y la legislación aplicable.
Después, si la falla corresponde al trabajo de un desarrollador contratado por la plataforma, el proveedor podría reclamarle por las consecuencias del error.
En las finanzas descentralizadas, el análisis resulta más complejo. Algunos protocolos ofrecen programas de código abierto sin que sus desarrolladores hayan asumido necesariamente una obligación directa con cada usuario.
Sin embargo, esa circunstancia tampoco excluye automáticamente toda responsabilidad. Para determinarla, es necesario examinar los servicios ofrecidos, la conducta de los involucrados y las posibles obligaciones legales.
Corregir el programa no garantiza recuperar los activos
Los contratos inteligentes pueden incorporar mecanismos para pausar operaciones, actualizar instrucciones o migrar funciones a otro programa. Estas medidas permiten corregir fallas, pero no revierten automáticamente las transferencias que ya se ejecutaron en la blockchain.
Si una operación envía criptomonedas a una billetera equivocada, la recuperación dependerá del control sobre esa dirección, de la colaboración de quien recibe los activos y de las herramientas técnicas disponibles.
En algunos casos, los emisores o administradores de activos digitales pueden congelar fondos, retirar unidades de circulación o emitir nuevas unidades. Sin embargo, esas facultades dependen del diseño del activo y de las autorizaciones legales correspondientes.
Además, emitir nuevas unidades no significa recuperar las anteriores. La medida puede alterar el suministro o afectar el respaldo del activo si no neutraliza las unidades originales.
Por ello, Covaleda señala la importancia de establecer desde el inicio quién puede detener operaciones o intervenir sobre los activos, bajo qué condiciones y con cuáles controles.
Las disputas internacionales dependen de los acuerdos y las leyes aplicables
Las controversias relacionadas con contratos inteligentes pueden resolverse mediante los jueces o mecanismos que las partes hayan acordado, dentro de los límites legales correspondientes.
Los contratos de plataformas centralizadas y emisores de monedas estables suelen establecer condiciones de uso que determinan la ley aplicable y, en ciertos casos, la jurisdicción judicial o el arbitraje.
Cuando no existe un acuerdo previo, el análisis debe considerar quién debía cumplir la obligación, dónde están domiciliadas las partes y dónde correspondía ejecutar el compromiso.
La ubicación de un servidor o el uso de una red blockchain internacional no determinan por sí solos qué tribunal debe resolver el conflicto.
También importa que una eventual sentencia pueda ejecutarse en el país donde se encuentran los bienes o la parte obligada.
En consecuencia, la automatización tecnológica no elimina la necesidad de identificar a los responsables, definir las reglas contractuales y prever mecanismos para resolver disputas. El código puede ejecutar una operación, pero el derecho determina sus consecuencias jurídicas.
