La Corte Suprema de Justicia (CSJ) de El Salvador continúa ampliando el Servicio Nacional de Facilitadores Judiciales con la incorporación de nuevos líderes comunitarios.

Los nuevos miembros fueron juramentados en el distrito de San Matías, La Libertad. Con ellos, el programa supera los 800 integrantes, según la información difundida por el Órgano Judicial.

La iniciativa busca acercar orientación básica y mecanismos de solución de conflictos a comunidades donde opera el servicio.

Líderes comunitarios sirven de enlace con la justicia

Los facilitadores judiciales son líderes comunitarios que colaboran de forma voluntaria con los juzgados de paz.

Su trabajo incluye orientar a los habitantes sobre derechos y deberes. También ofrecen charlas y apoyan la búsqueda de soluciones pacíficas para conflictos comunitarios.

Además, reciben capacitación continua de los jueces de paz de sus localidades. Esa formación incluye leyes básicas, mediación y funcionamiento del servicio.

La Corte Suprema define el programa como un mecanismo para acercar la justicia a comunidades vulnerables y de difícil acceso.

Un modelo que funciona desde hace más de una década

El Servicio Nacional de Facilitadores Judiciales surgió por iniciativa de la Corte Suprema en 2013. Su implementación comenzó en 2014.

En septiembre de 2014, la Corte aprobó el reglamento que estableció las reglas para su funcionamiento.

Desde entonces, el programa ha crecido mediante su coordinación con los jueces de paz. En 2018, la Corte creó una unidad especializada para coordinar y fortalecer el servicio.

Durante 2025, los facilitadores apoyaron 4,124 actividades en 91 juzgados de paz. Las acciones incluyeron asesorías, acompañamientos, charlas y mecanismos alternos para resolver conflictos.

La expansión continúa mientras la Corte impulsa una iniciativa para establecer un marco legal específico para los facilitadores judiciales.

Las empresas e instituciones en El Salvador obligadas por la Ley para la Protección de Datos Personales a comunicar, a más tardar el 16 de septiembre de 2026, el nombramiento de su delegado de Protección de Datos Personales .

El plazo está próximo a vencer y la figura tiene una función clave: supervisar el manejo de la información personal dentro de las organizaciones y facilitar la comunicación con la Agencia de Ciberseguridad del Estado.

¿Qué es un delegado de protección de datos?

Es la persona encargada de ayudar a una empresa o institución a cumplir las normas sobre el uso y protección de información personal.

En términos sencillos, supervisa cómo una organización recoge, almacena, utiliza y comparte datos de clientes, trabajadores o usuarios.

También atiende las solicitudes de las personas sobre su información. Estas pueden pedir acceso, corrección, cancelación, oposición o limitación del uso de sus datos.

Además, asesora a las distintas áreas de la organización y capacita al personal sobre las reglas de protección de datos.

La obligación abarca a distintos tipos de organizaciones

La normativa aplica a personas naturales y jurídicas, tanto públicas como privadas, que realicen actividades de tratamiento de datos personales.

Por ello, la obligación puede alcanzar a empresas de diferentes tamaños y sectores. También puede incluir comercios electrónicos, clínicas, centros educativos y despachos profesionales.

El punto central es el tratamiento de información personal, ya sea mediante sistemas digitales o de forma manual.

El nombramiento debe comunicarse a la autoridad

La máxima autoridad de cada entidad obligada debe formalizar la designación mediante un acuerdo institucional.

Luego, la organización debe comunicar el nombramiento a la Agencia de Ciberseguridad del Estado.

La documentación correspondiente puede enviarse al correo dpdatos@ace.gob.sv.

El perfil del delegado contempla formación universitaria, preferentemente en áreas jurídicas, tecnológicas o de ciberseguridad.

También requiere experiencia en cumplimiento normativo, gestión de riesgos o seguridad de la información. Además, deberá aprobar el programa oficial de certificación establecido por la autoridad.

La responsabilidad va más allá de designar a una persona

El nombramiento constituye uno de los pasos para cumplir con las obligaciones de protección de datos.

Las organizaciones también deben revisar sus avisos de privacidad y mecanismos de consentimiento. Asimismo, deben establecer procedimientos para atender las solicitudes de los titulares.

También deben evaluar las medidas de seguridad y los contratos con proveedores que manejan información personal.

Los protocolos para responder ante incidentes forman parte de estas tareas. Esto incluye posibles filtraciones, pérdidas o accesos no autorizados.

El incumlimiento contempla sanciones

La Ley para la Protección de Datos Personales establece infracciones leves, graves y muy graves.

Las multas pueden alcanzar hasta 40 salarios mínimos mensuales del sector comercio, según la información proporcionada sobre la normativa.

Además, una gestión deficiente de los datos puede generar problemas para las organizaciones. Entre ellos figuran afectaciones a la confianza de clientes y socios comerciales.

El plazo vence el 16 de septiembre

Con la fecha límite cada vez más cercana, las entidades sujetas a la normativa deben verificar si ya formalizaron el nombramiento y comunicaron la designación.

El 16 de septiembre de 2026 marca el vencimiento del plazo para informar sobre el delegado de Protección de Datos Personales.

La figura busca establecer dentro de cada organización una responsabilidad concreta sobre el tratamiento y protección de la información personal.

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) de El Salvador impulsa la formación sobre el uso ético de la inteligencia artificial en la función judicial.

La iniciativa busca preparar a jueces, fiscales y otros operadores para utilizar estas herramientas sin afectar derechos fundamentales ni el debido proceso.

Formación para enfrentar nuevos retos tecnológicos

La Sala de lo Penal organizó un seminario-taller sobre inteligencia artificial tradicional y generativa. La Cooperación Alemana para el Desarrollo apoyó la actividad.

El presidente de la Sala de lo Penal, Alejandro Antonio Quinteros Espinoza, inauguró el encuentro. Durante su intervención, destacó la necesidad de aplicar criterios responsables en el uso de estas tecnologías.

Además, el taller aborda los riesgos que puede generar la inteligencia artificial dentro de los procesos judiciales. Entre ellos figuran los prejuicios, las desigualdades y los estereotipos.

La decisión judicial seguirá bajo control humano

La capacitación busca fortalecer las capacidades de los operadores de justicia. El objetivo incluye evitar que las herramientas tecnológicas sustituyan el razonamiento judicial.

Asimismo, la actividad plantea criterios para proteger la dignidad humana durante el uso de sistemas de inteligencia artificial.

Los participantes también analizan aspectos relacionados con la protección y gobernabilidad de los datos. A esto se suman requisitos de seguridad y confiabilidad.

Participan jueces y otros operadores de justicia

En el seminario participaron magistrados de la Sala de lo Penal, colaboradores jurídicos y jueces. También asistieron fiscales, defensores públicos y otros integrantes del sector justicia.

La formación académica estuvo a cargo de una especialista argentina en inteligencia artificial y función judicial.

Con este espacio, la Corte Suprema busca ampliar el conocimiento sobre el uso responsable de la tecnología. Además, plantea incorporar herramientas digitales bajo criterios compatibles con los derechos humanos y las garantías judiciales.

La Procuraduría General de la República (PGR) promueve la mediación como una alternativa para resolver conflictos mediante el diálogo y la búsqueda voluntaria de acuerdos.

La institución destacó el mecanismo el 3 de septiembre, durante la conmemoración del Día Nacional de la Mediación. La campaña busca acercar este recurso a la población y mostrar su utilidad en situaciones cotidianas.

Entre los casos que pueden abordarse mediante mediación figuran problemas de convivencia entre vecinos. También incluye desacuerdos relacionados con mascotas, ruidos excesivos y el uso de espacios comunes.

Una alternativa antes de llegar a los tribunales

La PGR señala que la mediación permite que las personas involucradas participen de manera voluntaria en la búsqueda de una solución.

Los mediadores facilitan el diálogo entre las partes. Su función consiste en ayudar a identificar puntos de acuerdo y promover soluciones aceptadas por quienes participan.

La institución impulsa este mecanismo desde 1999 como una vía pacífica para atender conflictos. Además, lo plantea como una herramienta para promover una cultura de paz.

Los servicios de mediación que ofrece la PGR son gratuitos en sus procuradurías auxiliares, según la información institucional proporcionada.

Los conflictos vecinales también pueden abordarse

La campaña incluye situaciones que pueden afectar la convivencia diaria.

Por ejemplo, la PGR señala que las molestias provocadas por mascotas pueden llevar a desacuerdos entre vecinos. En estos casos, la mediación puede facilitar la búsqueda de soluciones.

El mismo recurso puede utilizarse cuando el ruido afecta el descanso o genera problemas de convivencia. También puede ayudar cuando existen diferencias relacionadas con linderos o espacios compartidos.

La institución pone a disposición el número de CAVAL, 2231-9484, para recibir orientación sobre estos servicios.

El mecanismo cubre distintas áreas

La mediación no se limita a conflictos comunitarios. La PGR también la aplica en asuntos familiares, civiles, patrimoniales, laborales, escolares y sociales.

En materia familiar puede abordar acuerdos sobre cuotas alimenticias, régimen de visitas y cuidado personal.

En el ámbito civil y patrimonial contempla asuntos como deudas, contratos de arrendamiento, pagos pendientes y reclamos relacionados con propiedades.

Asimismo, puede atender desacuerdos entre empleados y empleadores, incluidos acuerdos sobre prestaciones o indemnizaciones.

En entornos educativos también puede intervenir ante determinados desacuerdos y situaciones sociales.

Una estructura especializada coordina los servicios

La Procuraduría Especializada de Mediación y Conciliación fue creada en octubre de 2022. La dependencia coordina y supervisa la planificación técnica de los servicios de mediación de la PGR.

Entre sus funciones figuran la formación del personal, la actualización de procedimientos y la supervisión de las unidades de mediación y conciliación.

La dependencia también trabaja en la acreditación de mediadores y centros externos a la institución.

Actualmente, la PGR registra 158 mediadores internos y 52 externos. Además, cuenta con 11 centros de mediación municipales y uno privado acreditado.

Según los datos institucionales, estos centros realizan aproximadamente 350 audiencias de mediación al año.

La PGR también promueve la mediación virtual

La institución ha incorporado herramientas tecnológicas para ampliar el acceso al servicio. Entre ellas figura la Mediación Virtual, que permite realizar audiencias a distancia.

Esta modalidad busca facilitar la participación de personas que viven fuera de El Salvador o enfrentan dificultades para movilizarse.

De esta forma, la PGR combina los servicios presenciales con mecanismos digitales para ampliar las opciones de solución de conflictos.

La institución sostiene que la mediación permite resolver determinadas diferencias sin recurrir directamente a procesos judiciales. Su promoción forma parte de las acciones destinadas a fortalecer el diálogo y la cultura de paz en El Salvador.

El Órgano Judicial avanza en la digitalización de sus procesos con la capacitación de gerentes, directores y jefaturas sobre el uso de la firma electrónica certificada.

La formación busca facilitar la gestión de documentos administrativos y reducir progresivamente el uso de papel. Además, forma parte de las acciones de modernización impulsadas por la Comisión de Modernización.

La tecnología llegará a los documentos administrativos

La capacitación se centró en el uso de la firma electrónica certificada dentro del Sistema de Gestión de Actividades (SGA).

Con esta herramienta, el Órgano Judicial busca establecer mecanismos para firmar documentos internos de manera digital.

El sistema permitirá reforzar aspectos como la autenticidad, integridad y validez jurídica de los documentos. También facilitará su conservación y resguardo.

La medida contempla a las unidades organizativas que generan documentación administrativa interna dentro de la institución.

El cambio busca reducir el uso de papel

La incorporación de la firma electrónica certificada también apunta a una gestión documental más eficiente.

De esta manera, la institución pretende disminuir la circulación de documentos físicos y agilizar los trámites administrativos.

Además, la digitalización puede facilitar el acceso y conservación de los archivos institucionales. Esto permitirá mantener un mayor control sobre la documentación generada por las distintas áreas.

Los magistrados Luis Javier Suárez Magaña, coordinador de la Comisión de Modernización, y José Ernesto Clímaco Valiente destacaron la importancia de avanzar de forma progresiva en el uso de estas herramientas.

Ambos señalaron que el personal debe familiarizarse con las nuevas metodologías para aprovechar sus beneficios.

La estrategia se extiende al expediente judicial

La firma electrónica certificada forma parte de un proceso más amplio de transformación digital del Órgano Judicial.

La institución también avanza con la implementación del expediente judicial electrónico y con la innovación de otros trámites en línea.

Estas medidas buscan agilizar procesos y ampliar el uso de herramientas digitales dentro de la administración judicial.

Asimismo, la Comisión de Modernización plantea que la tecnología contribuya a mejorar la certeza y seguridad en el manejo de los documentos.

Tres jornadas para preparar al personal

La Dirección de Desarrollo Tecnológico e Informática estuvo a cargo de la capacitación.

El programa se desarrolló durante tres jornadas y estuvo dirigido a responsables de áreas administrativas y jurídicas.

La formación permitirá que las distintas unidades conozcan el funcionamiento de la firma electrónica certificada y su aplicación dentro del sistema institucional.

Con estas acciones, el Órgano Judicial continúa el proceso de modernización de sus servicios y de sus mecanismos internos de gestión documental.