Colaboradores de la Sala de lo Contencioso Administrativo y de la Gerencia General de Asuntos Jurídicos participaron en un curso sobre control de la gestión estatal.

La capacitación abordó las vías de hecho y la inactividad material de la administración pública. Además, buscó fortalecer las competencias jurídicas del personal que participa en estos procesos.

Capacitación aborda límites de la actuación estatal

El curso tuvo como objetivo profundizar en los mecanismos de control jurisdiccional aplicables a las actuaciones de la administración pública.

También buscó consolidar criterios sobre la legalidad que deben regir las decisiones y actuaciones del Estado.

Durante la jornada, los participantes analizaron herramientas relacionadas con la protección de los derechos de las personas frente a posibles actuaciones administrativas.

El proceso forma parte de la actualización técnica del personal vinculado con la jurisdicción contencioso administrativa.

Sala destaca equilibrio entre poder público y derechos

José Ernesto Clímaco Valiente, presidente de la Sala de lo Contencioso Administrativo, destacó la importancia de esta jurisdicción.

Según explicó, su función permite mantener un equilibrio entre las potestades de las instituciones públicas y la protección efectiva de los derechos ciudadanos.

“La administración pública tiene una función esencial y sus decisiones inciden diariamente en la vida, obligaciones y actividades de los ciudadanos”, señaló.

La formación busca aportar herramientas especializadas para evaluar las actuaciones de las entidades estatales conforme al marco legal.

Participan magistrados y personal jurídico

En la actividad también participaron los magistrados de la Sala de lo Contencioso Administrativo Vicente Alexander Rivas Romero, Fernando Galo y Miguel Elías Martínez Cortez.

El curso reunió a colaboradores de esa Sala y de la Gerencia General de Asuntos Jurídicos.

La actualización técnica apunta a modernizar el trabajo jurídico relacionado con el control de la administración pública.

Además, busca reforzar los conocimientos necesarios para atender controversias vinculadas con las actuaciones y omisiones de las instituciones estatales.