El presidente Donald Trump volvió a mostrar el traslado de personas señaladas por delitos graves hacia una cárcel de máxima seguridad en El Salvador.

Trump difundió en Truth Social imágenes de operativos que muestran el traslado y posterior ingreso de detenidos al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT).

“Aquí es donde enviamos a asesinos, narcotraficantes y matones”, escribió el mandatario estadounidense.

Trump relacionó estos traslados con la reducción de homicidios y otros delitos en Estados Unidos.

El Gobierno de El Salvador también difundió el mensaje y lo presentó como parte de la cooperación bilateral contra el crimen organizado.

El CECOT, construido durante el gobierno de Nayib Bukele, es una prisión de máxima seguridad destinada a personas vinculadas con las pandillas.

La cooperación comenzó en 2025

El acuerdo tomó forma en febrero de 2025, durante la visita del entonces secretario de Estado Marco Rubio a El Salvador.

Bukele ofreció recibir en el CECOT a personas deportadas desde Estados Unidos que fueran consideradas criminales convictos.

Un mes después, Estados Unidos trasladó al país a unos 238 venezolanos señalados de pertenecer al Tren de Aragua.

También envió a 23 salvadoreños vinculados con la Mara Salvatrucha (MS-13), según las autoridades.

Estados Unidos pagó millones de dólares a El Salvador por el alojamiento de los deportados.

Un intercambio permitió el regreso de venezolanos

El traslado de los venezolanos provocó procesos judiciales en Estados Unidos y cuestionamientos sobre el debido proceso.

En julio de 2025, los 238 venezolanos regresaron a Venezuela mediante un intercambio de prisioneros.

El acuerdo incluyó la liberación de 10 estadounidenses detenidos en territorio venezolano.

Sin embargo, algunos salvadoreños trasladados bajo este esquema continuaron en el sistema penitenciario de El Salvador.

Trump no precisó en su publicación más reciente cuántas personas permanecen actualmente en el CECOT ni sus nacionalidades.

La firma salvadoreña ESTRATÉGICA destaca el análisis de información como herramienta para anticipar riesgos y fortalecer la credibilidad empresarial.

En el marco del Día de las Relaciones Públicas, la agencia planteó una evolución en la gestión de la reputación corporativa.

La firma sostiene que las organizaciones deben respaldar sus mensajes con productos y servicios de calidad. También deben cumplir sus compromisos y aplicar buenas prácticas empresariales.

Además, considera relevantes las experiencias de clientes, colaboradores y comunidades en su relación cotidiana con cada organización.

Por ello, ESTRATÉGICA plantea que las empresas deben adaptar sus mensajes a las necesidades de cada audiencia.

La comunicación también requiere voceros preparados y capacidad para responder ante distintos escenarios.

Monitoreo para detectar riesgos

La firma desarrolla una práctica de inteligencia reputacional basada en la recopilación y análisis de información.

El trabajo incluye monitoreo de medios y conversaciones digitales. También contempla la identificación de expectativas, preocupaciones y posibles riesgos.

Según ESTRATÉGICA, este enfoque permite anticipar escenarios y aportar información para tomar decisiones oportunas.

“Convertimos la información del entorno en estrategias para que nuestros clientes anticipen riesgos, tomen decisiones oportunas y protejan su reputación”, afirmó Claudia Menjívar, directora general de la firma.

El análisis también permite revisar si los mensajes responden a las inquietudes de cada audiencia y si los voceros están preparados.

Experiencia regional en comunicación corporativa

ESTRATÉGICA tiene más de 20 años de trayectoria y presencia en Centroamérica. La firma trabaja en reputación, vocerías, asuntos públicos y comunicación de crisis.

Además, ha asesorado a organizaciones de sectores como servicios financieros, seguros, tecnología, telecomunicaciones, energía, automotriz, construcción, salud, alimentos y comercio.

La empresa señala que esta experiencia le permite adaptar sus recomendaciones a los retos de cada actividad y contexto.

Recientemente, Global Business Corporation la reconoció como Firma Centroamericana Líder en Comunicación Estratégica.

ESTRATÉGICA forma parte del Grupo Comercial de Comunicaciones, un holding regional de comunicación y mercadeo con operaciones en Centroamérica y el Caribe.

El Ministerio Público de Guatemala investiga posibles nexos entre narcotraficantes, pandillas y candidatos políticos ante las elecciones generales de 2027.

El fiscal general, Gabriel García Luna, afirmó que las pesquisas buscan determinar cómo el crimen organizado intenta ingresar a instituciones del Estado.

Según el funcionario, las autoridades han detectado candidatos que habrían recibido dinero de pandillas y organizaciones dedicadas al narcotráfico.

García Luna advirtió que esos aportes pueden generar compromisos para quienes lleguen a ocupar cargos públicos.

Además, señaló que las redes criminales pueden aprovechar la corrupción para utilizar proyectos y servicios estatales como mecanismos para mover dinero.

El Ministerio Público busca establecer quiénes se benefician de esas operaciones y qué nivel de penetración alcanzaron dentro de las instituciones.

Las redes criminales cambiaron su forma de operar

García Luna también describió una transformación en las estructuras del narcotráfico.

Las organizaciones ya no dependen únicamente de fincas con pistas clandestinas para movilizar drogas.

Ahora operan también en ciudades y departamentos, según el fiscal.

Las zonas fronterizas concentran parte importante de esa actividad, aunque las investigaciones apuntan a una presencia extendida por el territorio guatemalteco.

El Ministerio Público también identificó vínculos entre narcotraficantes y el Barrio 18.

García Luna señaló que esa relación se suma a la actividad de las pandillas en delitos como asesinatos y extorsiones.

Guatemala refuerza cooperación con EE. UU.

La investigación sobre narcopolítica coincide con una mayor coordinación entre Guatemala y Estados Unidos.

El 22 de septiembre, García Luna se reunió en Guatemala con fiscales de nueve distritos federales estadounidenses para abordar estructuras criminales y actividades políticas.

Raúl López Lamadrid, coordinador nacional del Ministerio Público, destacó la cooperación con Estados Unidos y países vecinos.

Según López Lamadrid, ambos países han definido prioridades comunes para enfrentar al narcotráfico.

La narcopolítica ya figura entre los riesgos identificados por el Ministerio Público de cara a las elecciones generales de 2027.

Las autoridades buscan determinar cómo el dinero del crimen organizado puede influir en candidatos, funcionarios e instituciones públicas.

La Corte Suprema de Justicia de El Salvador convocó a abogados interesados en obtener autorización para ejercer como ejecutores de embargo.

La convocatoria está a cargo de la Sección de Investigación Profesional, que publicó una guía con los requisitos y pasos para iniciar el trámite.

Estos son los requisitos para ejercer

La Ley Orgánica Judicial establece que solo podrán ejercer esta función quienes reciban autorización de la Sección de Investigación Profesional.

Entre los requisitos figura ser salvadoreño y abogado de la República. Además, los aspirantes deben demostrar moralidad y competencias notorias.

También deben aprobar un examen de suficiencia para ejercer como ejecutores de embargo.

El proceso incluye además la presentación de una fianza por un año.

La garantía debe cubrir hasta cinco salarios mínimos mensuales vigentes del sector comercio y servicios.

El interesado debe presentar esa fianza ante la Sección de Investigación Profesional de la Corte Suprema de Justicia.

La ley establece quiénes no pueden ejercer

El artículo 107 de la Ley Orgánica Judicial establece varias causas de incapacidad para desempeñar esta función.

La norma incluye a personas ciegas, mudas o sordas, así como a quienes tengan una discapacidad mental.

También excluye a personas condenadas mediante sentencia firme por un delito doloso.

Esta restricción se mantiene durante el periodo establecido en la sentencia, incluso si la persona cumple una medida de libertad restringida.

La Corte publicó una guía para el trámite

La Sección de Investigación Profesional recomendó a los abogados revisar la guía antes de iniciar el proceso de autorización.

El documento advierte que cualquier demora derivada del incumplimiento de los requisitos será responsabilidad del interesado.

Los abogados pueden realizar consultas sobre el trámite mediante el correo de la Sección de Investigación Profesional: investigacion.profesional@oj.gob.sv.

Una denuncia presentada recientemente ante la Fiscalía General de la República (FGR) y la Cancillería salvadoreña cuestiona las actuaciones del juez federal estadounidense Lewis A. Kaplan por sus posibles efectos sobre procesos judiciales abiertos en El Salvador en el caso relacionado a la dispuesta por la empresa de telecomunicaciones Continental Towers Latam Holding, que opera en ocho países de América Latina, incluyendo a El Salvador.

Los abogados de Terra Towers Corp. y TBS Management, subsidiarias de Continental Towers denunciaron ante la FGR y el Ministerio de Relaciones Exteriores que las decisiones del juez Kaplan afectan procesos judiciales abiertos en El Salvador.

Los abogados cuestionan actuaciones del juez tras un arbitraje desarrollado en Nueva York por el control de Continental. Una disputa entre socios que tiene por protagonista a la empresa de Estados Unidos, TPG Peppertre.

Según la denuncia, algunas decisiones del juez estadounidense produjeron efectos sobre procesos judiciales abiertos en El Salvador.

Por ello, solicitaron comunicar el caso al Gobierno de Estados Unidos y evaluar una protesta por la vía diplomática.

Disputa empresarial llego a tribunales

El conflicto enfrenta a socios de Continental Towers Latam Holdings Limited. La disputa derivó en un arbitraje en Nueva York promovido por empresas vinculadas con TPG Peppertree y Goldman Sachs.

Los abogados sostienen que las dos subsidiarias salvadoreñas no participaron en ese arbitraje.

Sin embargo, afirman que decisiones del juez estadounidense terminaron afectando procesos iniciados ante instituciones salvadoreñas.

En abril de 2025, Kaplan ordenó desistir de un amparo ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en El Salvador. 

También dispuso revocar un arbitraje iniciado ante la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador.

Multas y transferencias de acciones

La presión del juez contemplaba multas de 10,000 dólares diarios, con posibles incrementos cada 14 días de no desistir del amparo.

Los denunciantes sostienen que esa medida llevó a una representante de Continental Towers El Salvador a desistir del proceso constitucional.

Después, en enero de 2026, Kaplan autorizó transferir acciones pertenecientes a Terra Towers y TBS Management.

En mayo, el juez declaró en desacato a las sociedades y fijó dos días para cumplir la orden. Ante el incumplimiento, el secretario del tribunal estadounidense habría firmado los documentos para transferir las acciones.

El caso tambien tiene un proceso penal

En El Salvador, el Tribunal Sexto contra el Crimen Organizado conoce un proceso criminal contra cinco personas por delitos derivados de la disputa en la empresa.

La causa incluye acusaciones por estafa agravada, extorsión agravada y agrupaciones ilícitas.

Entre los procesados figuran tres ejecutivos estadounidenses vinculados con Peppertree, considerados prófugos por las autoridades salvadoreñas y que podrían ser buscados por le INTERPOL.

Los abogados sostienen que las empresas aparecen como víctimas dentro del proceso penal.

Además, advierten que las decisiones del tribunal estadounidense podrían afectar las medidas patrimoniales adoptadas por la justicia salvadoreña.