Politica
Diputados aceleran el cierre de la UTE mientras cuestiona su aporte al sistema de justicia
La Asamblea Legislativa avanzó hacia la disolución de la Unidad Técnica Ejecutiva (UTE) del sector justicia. El Gobierno sostiene que la institución ya no cumple una función necesaria.
La Comisión de Seguridad aprobó el dictamen para cerrar la UTE y la Comisión Coordinadora del Sector Justicia. El proyecto plantea concluir la liquidación el 31 de diciembre de 2026.
Sin embargo, el argumento oficial abre un debate sobre qué funciones desaparecerán y cuáles simplemente cambiarán de responsable.
El gobierno cuestiona resultados
El ministro de Seguridad y Justicia, Gustavo Villatoro, afirmó que no tiene evidencia de que el programa de protección de víctimas y testigos haya funcionado.
También cuestionó el modelo penal vigente desde 1998 y atribuyó a ese sistema parte de las fallas históricas en la protección de víctimas.
Ese planteamiento contrasta con las funciones legales de la UTE. La institución recibe solicitudes de protección, evalúa casos y define medidas para víctimas y testigos.
Además, coordina estas acciones con la Policía Nacional Civil y la Fiscalía General. También administra recursos destinados a determinadas medidas de protección.
La protección continuará, pero bajo otra estructura
El proyecto no elimina el programa de protección. Traslada su administración al Ministerio de Seguridad Pública y Justicia.
La cartera deberá incorporar los recursos necesarios para mantener las medidas y coordinar su ejecución. Por tanto, el cambio supone una reorganización institucional, no la desaparición de esa función.
Villatoro plantea redefinir el programa y adaptarlo al modelo de seguridad actual. No obstante, su principal argumento contra la UTE se apoya en la falta de evidencia sobre sus resultados.
El proyecto tampoco presenta en la información legislativa disponible una evaluación detallada que permita medir esos resultados antes del cierre.
El ahorro y las indemnizaciones también forman parte del cambio
La UTE cuenta con 43 empleados. El personal que no continúe en el Ministerio recibirá indemnizaciones bajo límites establecidos en el proyecto.
La propuesta fija hasta 24 salarios para quienes ganen entre $408.80 y $900. Para salarios de $901 o más, establece un máximo de 12 remuneraciones.
Los pagos se realizarían durante los primeros tres meses de 2027. Mientras tanto, la institución deberá completar inventarios, archivos, bienes y obligaciones pendientes.
La discusión, por tanto, no se limita al costo de mantener la UTE. También implica determinar si la nueva estructura conservará las capacidades técnicas acumuladas durante años y cómo medirá sus resultados.
