Politica
Asamblea Legislativa deroga obligación de empresas privadas de nombrar delegado de protección de datos
La Asamblea Legislativa salvadoreña aprobó este jueves, con 57 votos, una reforma que elimina para las empresas privadas la obligación de nombrar un delegado de protección de datos personales.
La reforma modifica la Ley para la Protección de Datos Personales y traslada a cada empresa las funciones que antes correspondían al delegado.
Así, las compañías deberán atender directamente las solicitudes relacionadas con los derechos ARCO-POL. Estos incluyen acceso, rectificación, cancelación, oposición, portabilidad, olvido y limitación.
Empresas asumirán la intención de solicitudes
Con el cambio, las solicitudes ya no tendrán que dirigirse a un delegado. Cada sujeto obligado deberá recibirlas y responderlas en un plazo de 20 días hábiles.
También asumirá tareas como certificar rectificaciones, notificar transferencias de información y resolver solicitudes.
El diputado Walter Coto, de Nuevas Ideas, defendió la eliminación de la obligación. Señaló que el cargo representaba un costo adicional para pequeños empresarios.
Por su parte, la diputada Claudia Ortiz cuestionó durante la sesión cómo podrán garantizarse los derechos de los ciudadanos sin esa figura.
El sector público mantendrá la figura
La reforma establece una diferencia entre empresas privadas e instituciones públicas.
Las entidades estatales deberán nombrar un delegado de protección de datos. La ley permite que esa función recaiga en el mismo oficial de información.
Además, la reforma permite que el director de protección de datos de la Agencia de Ciberseguridad del Estado sea nombrado por el presidente.
El funcionario ocupará el cargo durante tres años.
El cambio ocurre tras nuevas reglas de cumplimiento
La derogatoria llega días después de que la Agencia de Ciberseguridad del Estado dejara sin efecto el plazo para comunicar los nombramientos.
Ese plazo vencía el 16 de septiembre. Sin embargo, la agencia aclaró que la obligación legal de contar con delegados seguía vigente antes de la reforma.
Los lineamientos publicados en agosto establecían requisitos para el perfil, nombramiento y certificación de estos funcionarios.
Ahora, con la reforma aprobada por la Asamblea, las empresas privadas dejan de tener esa obligación expresa dentro de la Ley para la Protección de Datos Personales.
