En una rápida sesión, la comisión de tecnología, turismo e inversión de la Asamblea Legislativa aprobó este sábado el dictamen favorable para la Ley General de Minería Metálica, un proyecto enviado por el Ejecutivo que busca regular la minería en el país.
La minería, prohibida en 2017, será discutida en el pleno el próximo lunes, con posibilidad de ser ratificada.
El dictamen fue aprobado en un encuentro marcado por intensos intercambios de opiniones.
Durante la reunión, el presidente de la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL) y actual director de Energía, Hidrocarburos y Minas, Daniel Álvarez, presentó el anteproyecto y defendió sus aspectos clave.
En su intervención, destacó que la nueva ley garantizaría una minería “responsable y amigable con el medio ambiente”, y subrayó la prohibición del uso de mercurio, uno de los elementos más contaminantes en las prácticas mineras.
«Esta ley establece los estándares más altos para proteger el medio ambiente y evitar el uso de metales pesados», insistió Álvarez, quien también señaló que el objetivo principal de la normativa es regular la minería de manera que minimice sus impactos negativos.

Oposición cuestiona falta de estudios previos
Pese a las afirmaciones del funcionario, la diputada Claudia Ortiz, del partido opositor Vamos, fue crítica sobre la falta de estudios técnicos, ambientales y económicos que respaldaran la reforma.
Ortiz recordó que El Salvador cuenta desde 2017 con una ley que prohíbe la minería metálica, y cuestionó la rapidez con que se está proponiendo un cambio sin la evidencia necesaria.
Aunque Álvarez reconoció que aún no se han realizado dichos estudios, justificó la medida señalando que la nueva ley permitiría al Estado realizar las investigaciones correspondientes a través de organismos como el Ministerio de Medio Ambiente y la Autoridad Salvadoreña del Agua (ASA).
El diputado Christian Guevara, jefe de fracción de Nuevas Ideas, también expresó su preocupación por los impactos ambientales de la minería.
Recordó la contaminación sufrida por el río San Sebastián en La Unión durante gobiernos anteriores, pero reconoció que la propuesta de la ley actual busca evitar que se repitan estos errores.

Ajustes al proyecto
Luego del debate, Álvarez propuso una serie de modificaciones al proyecto original, buscando fortalecer las sanciones para quienes realicen actividades mineras ilegales.
Las multas por faltas graves se incrementaron de 10 a 100 salarios mínimos, mientras que las faltas muy graves podrían acarrear sanciones de entre 500 y 1,000 salarios mínimos. Además, se incluyó en el proyecto la posibilidad de participación de las sociedades de economía mixta en la explotación minera.
Antes de que se sometiera el dictamen a votación, la diputada propuso escuchar la opinión de expertos y organizaciones ambientalistas para enriquecer el debate. Sin embargo, su sugerencia fue rechazada por los legisladores oficialistas.
Ortiz calificó el proceso de aprobación como «exprés», acusando a sus colegas de evitar un debate adecuado sobre el tema.
La presidenta de la comisión, Dania González, respondió que las observaciones de Ortiz serían incluidas en el acta de la sesión, pero subrayó que el proceso seguiría adelante sin modificaciones significativas.
A las 1:03 p.m. de ese sábado, el dictamen fue aprobado por unanimidad por los diputados de la bancada oficialista.
Ahora, será presentado en el pleno de la Asamblea Legislativa el próximo lunes 23 de diciembre para su ratificación.

La comisión de tecnología, turismo e inversión de la Asamblea Legislativa comienza a discutir este sábado la propuesta del gobierno central de aprobar la minería metálica en el país, que está vetada por ley desde 2017.

El ministerio de Economía presentó la solicitud ante el legislativo y los diputados que tendrán a su cargo el análisis de esta están convocados para este 21 de diciembre. 

En una sesión plenaria del viernes, el presidente del órgano legislativo, Ernesto Castro, además convocó a los diputados a discutir el tema el próximo lunes 23 de diciembre.

La propuesta al pleno fue introducida por Christian Guevara, jefe de la bancada de Nuevas Ideas y con dispensa de trámite, fue avalada por 56 votos a favor, todos provenientes del bloque oficialista. 

Los únicos tres votos en contra provinieron de la oposición.

De acuerdo con Ernesto Castro, la medida busca establecer un marco legal para la exploración y explotación de metales en el país. 

“La iniciativa del presidente de la República, por medio de la ministra de Economía, busca la creación de la Ley General de Minería Metálica para permitir la exploración y explotación de recursos naturales en nuestro país”, declaró Castro durante la sesión.

El anuncio ha generado un intenso debate en la sociedad salvadoreña, ya que la prohibición de la minería metálica en 2017 fue considerada un hito en la protección ambiental y de la salud pública. 

Diversos sectores sociales han expresado su rechazo a la reactivación de esta industria, calificándola de “absurda” y advirtiendo sobre los potenciales daños ambientales y sociales.

Por su parte, el gobierno ha defendido la propuesta, argumentando que una regulación adecuada y el uso de tecnologías modernas permitirían que la minería se convierta en una fuente significativa de ingresos y desarrollo para El Salvador.

La Conferencia Episcopal también ha manifestado su oposición a las intenciones del gobierno, sumándose a las voces críticas que advierten sobre las posibles consecuencias negativas de esta medida.

Después de varios retrasos en la aplicación, las fotomultas de tránsito fueron aprobadas por la Asamblea Legislativa, con una reforma a la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, misma que permite un aumento significativo en los montos de las infracciones viales. La medida fue respaldada por 55 votos a favor y una abstención, marcando un cambio importante en el sistema de control de tránsito.
La reforma introduce la posibilidad de que el Viceministerio de Transporte utilice dispositivos electrónicos y cámaras de videovigilancia para detectar y sancionar a los conductores que infrinjan las normativas viales. Este enfoque tecnológico busca mejorar la eficiencia en la detección de infracciones y garantizar una mayor seguridad en las vías del país.
Una de las disposiciones más relevantes es que las multas electrónicas serán impuestas directamente a la licencia de conducir si las imágenes captadas permiten identificar al conductor. En caso contrario, la sanción se cargará a la tarjeta de circulación del vehículo.
Las autoridades tendrán un plazo de un mes para notificar al infractor de forma electrónica, y este contará con 5 días para apelar la medida si considera que fue injustamente sancionado.

Aumento de sanciones y prohibiciones adicionales

Además de legalizar las fotomultas, la reforma contempla un aumento en los montos de las multas, aunque no se especificaron los nuevos valores en el comunicado inicial. Esta medida pretende disuadir a los conductores de cometer infracciones y fomentar un comportamiento más responsable en las carreteras.
Otro aspecto crucial de la reforma es la prohibición absoluta del consumo de alcohol, drogas o medicamentos que puedan alterar la capacidad de conducción.
En el caso del alcohol, la legislación establece tolerancia cero, prohibiendo cualquier concentración de alcohol por litro de sangre o aire aspirado.
La implementación de las fotomultas representa un paso hacia la modernización de las herramientas de gestión vial, pero también subraya la importancia de que los conductores sean conscientes de sus responsabilidades y cumplan con las normativas establecidas para evitar sanciones y contribuir a una mayor seguridad en las carreteras del país.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró a El Salvador responsable por incumplir su deber de garantizar los derechos fundamentales de una mujer conocida como Beatriz, quien enfrentó un embarazo de alto riesgo sin la protección adecuada del Estado.
Beatriz, una joven que padecía enfermedades crónicas como lupus eritematoso sistémico, nefropatía lúpica y artritis reumatoide, enfrentó graves complicaciones durante su segundo embarazo en 2013.
Los médicos determinaron que el feto tenía anencefalia, una condición incompatible con la vida extrauterina. Sin embargo, la ausencia de protocolos médicos claros y la inseguridad jurídica impidieron que recibiera la atención oportuna que necesitaba.
El Comité Médico del Hospital Nacional de Maternidad analizó el caso, considerando interrumpir el embarazo antes de las 20 semanas para proteger la salud de Beatriz.
No obstante, la decisión se trasladó a consultas legales, lo que burocratizó y judicializó el proceso. Como resultado, Beatriz fue sometida a un trato deshumanizado y su familia también sufrió las consecuencias, incluyendo su hijo mayor, de apenas un año de edad.

Finalmente, a las 26 semanas de gestación, se realizó una cesárea. La recién nacida, nombrada Leilany Beatriz, falleció cinco horas después del parto debido a su condición de anencefalia.
Beatriz sobrevivió al procedimiento, pero la Corte determinó que la falta de protocolos claros contribuyó directamente a la violencia obstétrica y a la vulneración de sus derechos.
Durante el juicio, el Estado salvadoreño admitió que existía una «situación de confusión» en torno a los protocolos médicos aplicables.
Aunque se han implementado lineamientos técnicos tras los hechos, la Corte identificó vacíos normativos que continúan afectando la atención adecuada y oportuna en casos similares.
En su sentencia, la Corte indicó que la condición de Beatriz imponía al Estado un deber especial de protección. Sin embargo, la respuesta inadecuada derivó en largos periodos de espera e incertidumbre, constituyendo violencia obstétrica y un incumplimiento en el acceso a recursos judiciales efectivos. Estos fallos afectaron profundamente la integridad personal de Beatriz y su entorno familiar.
Como parte de las medidas de reparación, la Corte ordenó al Estado salvadoreño desarrollar directrices claras y guías específicas para el personal médico y judicial, con el fin de garantizar seguridad jurídica en casos de embarazos de alto riesgo. Esto podrá lograrse mediante la adecuación de protocolos existentes o la emisión de nuevas normativas.

La Asamblea Legislativa aprobó este viernes, con 60 votos a favor, una reforma al Código Penal que establece como delito de conducción peligrosa cualquier nivel de alcohol en el organismo al momento de conducir.
La iniciativa, que busca endurecer las medidas contra el manejo bajo los efectos del alcohol, fue avalada de manera unánime por todos los diputados.
Ahora, la reforma será enviada al presidente de la República, Nayib Bukele, para su sanción y posterior publicación en el Diario Oficial, momento en el cual entrará en vigencia.

Principales cambios en la legislación
Previo a esta modificación, el artículo 147-E consideraba conducción peligrosa cuando una persona manejara en estado de ebriedad o bajo los efectos de drogas que limitaran su capacidad de conducir.
Con la reforma, cualquier cantidad de alcohol detectada en el conductor será motivo para ser detenido por este delito.

Las penas también han sido endurecidas:

2 a 5 años de prisión para quienes conduzcan peligrosamente en vehículos comunes.
5 a 10 años de prisión si se trata de vehículos de transporte público o de carga.
Hasta 10 años de prisión si el acto provoca un homicidio culposo en vehículos comunes.
Hasta 15 años de prisión si el homicidio culposo ocurre con vehículos de transporte público o de carga.
Además, las pruebas de alcoholemia, alcotest y antidoping tendrán valor probatorio obligatorio en los procedimientos.
La diputada Cesia Rivas, del partido Vamos, propuso una enmienda adicional para que el delito de conducción peligrosa excluya el fuero legislativo, asegurando que este tipo de privilegios no deberían aplicarse en casos de flagrancia.
“Solicito una modificación para agregar un inciso que establezca que no se permitirá fuero ni privilegios en estos procedimientos”, manifestó.
No obstante, su propuesta no logró reunir los votos necesarios, obteniendo solo tres respaldos de la oposición y un voto adicional a favor.
Rivas recordó casos previos donde diputados habían incurrido en incidentes relacionados con alcohol al volante, incluyendo uno que resultó en la muerte de una persona en 2020.