La inteligencia artificial, los activos digitales y la ciberseguridad figuran entre los temas centrales del 45º Congreso Latinoamericano de Derecho Financiero (COLADE 2026), inaugurado este jueves en San Salvador.

La Asociación Bancaria Salvadoreña (ABANSA) y la Federación Latinoamericana de Bancos (FELABAN) organizan el encuentro, que se desarrolla el 15 y 16 de octubre. La agenda incluye 12 ponencias y más de 25 expertos internacionales de España, Estados Unidos, Colombia, Panamá, Costa Rica y El Salvador.

Tecnología y nuevos riesgos para la banca

Los participantes examinan cómo la innovación transforma los servicios financieros y plantea nuevos desafíos para las instituciones. La agenda incluye inteligencia artificial, ciberseguridad, activos digitales, blockchain, inversión especializada y la relación entre las empresas fintech y la banca tradicional.

El congreso también busca facilitar el intercambio de experiencias sobre las respuestas jurídicas y técnicas que aplican los mercados de América Latina.

El Salvador destaca sus perspectivas económicas

Durante la inauguración, Luz María de Portillo, presidenta ejecutiva de ABANSA, relacionó la celebración del evento con los avances en seguridad y las perspectivas de crecimiento económico del país.

Además, destacó el papel de la banca en el financiamiento de familias, empresas y proyectos de inversión.

Miguel Kattán, secretario de Comercio e Inversiones, señaló que el encuentro permitirá identificar oportunidades, conocer nuevas tecnologías y analizar riesgos para la región.

El reto de regular sin frenar la innovación

Claudia Díaz de Granados, directora jurídica de FELABAN, explicó que los cambios tecnológicos modifican los modelos de negocio y los riesgos del sistema financiero.

Por ello, planteó la necesidad de adaptar las normas para acompañar la innovación sin comprometer la estabilidad, la seguridad ni la confianza.

Entre los expertos invitados figuran Almudena de la Mata, fundadora de Blockchain Intelligence; Marcos Allende López, CEO de Blerify; Julio Valdés Rank, cofundador y CEO de TOHKN; y Pablo Arboleda, CEO de Wenia y vicepresidente de Analítica e Inteligencia Artificial de Grupo Bancolombia.

Siete extranjeros fueron condenados a penas de hasta 21 años de prisión en El Salvador por delitos relacionados con el tráfico ilegal de armas de fuego y el tráfico ilícito de drogas, informó la Fiscalía General de la República.

El caso se remonta a agosto de 2024, cuando miembros de la Marina Nacional capturaron a los siete procesados mientras viajaban en tres embarcaciones. Durante la operación, las autoridades incautaron 1,258 kilos de cocaína, valorados en 31.6 millones de dólares, además de armas de guerra, municiones y cargadores.

Mexicanos reciben las penas más altas

Los mexicanos Benjamín Visaiz Rodríguez, Miguel Ángel Moreno Andrade y Luis Ángel Visaiz recibieron condenas de 21 años de cárcel por tráfico ilegal de armas de fuego.

En cambio, los cuatro ciudadanos ecuatorianos fueron sentenciados a 14 años de prisión por tráfico ilícito de drogas.

Tribunal de La Unión dicta las sentencias

El Tribunal de Sentencia de La Unión impuso las condenas contra los siete extranjeros, de acuerdo con la información divulgada por la Fiscalía.

Los ecuatorianos condenados son Enrique Geovanny Franco Delgado, Edisson Manuel Delgado Franco, Freddy David Marín Mero y Wilber Alfonso Chávez Chávez.

La operación permitió decomisar más de una tonelada de cocaína en tres embarcaciones, junto con armamento y municiones. El valor estimado de la droga supera los 31.6 millones de dólares.

El ministro de Seguridad de El Salvador, Gustavo Villatoro, presentó una propuesta de reforma al Código Penal que establece penas de prisión para conductores que infrinjan las normas de tránsito y pongan en riesgo vidas humanas.

La iniciativa plantea castigos de dos a cinco años de cárcel por conducir con alcohol, drogas o competir ilegalmente en las vías. También incluye a quienes manejen sin autorización o con una licencia inadecuada.

Penas más altas para conductores profesionales

La propuesta eleva las sanciones a entre cinco y diez años de prisión cuando las infracciones involucren vehículos de transporte público de pasajeros o de carga.

Además, plantea aumentar las penas cuando la conducción peligrosa provoque homicidios o lesiones. En esos casos, los conductores de vehículos particulares podrían recibir hasta diez años de cárcel, mientras que para los de transporte público o de carga la pena llegaría a 15 años.

Propietarios también enfrentarían prisión

El proyecto contempla penas de cinco a diez años de cárcel para propietarios, poseedores o encargados de vehículos de transporte colectivo o de carga de ocho toneladas o más que permitan conducirlos a personas sin la licencia correspondiente.

La sanción aumentaría una tercera parte si el hecho ocasiona homicidio culposo o lesiones. Asimismo, los propietarios y conductores tendrían que responder civilmente por los daños causados.

Buscan impedir acuerdos para cerrar procesos

Las reformas también proponen prohibir la conciliación y la mediación en estos delitos, así como la reparación integral del daño como mecanismo para extinguir la acción penal en los casos previstos.

El proyecto ingresó este miércoles a la Asamblea Legislativa y pasó a la Comisión de Seguridad Nacional, que prevé reunirse el martes por la tarde.

El Gobierno también presentó cambios al Código Procesal Penal para impedir la conciliación en casos de lesiones culposas, homicidios culposos por conducción peligrosa y facilitación de vehículos a conductores no autorizados.

La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, visitará El Salvador del viernes 16 al domingo 18 de octubre para reunirse con Nayib Bukele y conocer el funcionamiento de la megacárcel para pandilleros.

La agenda incluye un recorrido por el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), donde la mandataria costarricense espera conocer los procedimientos operativos del sistema penitenciario salvadoreño.

Fernández anunció el viaje este miércoles durante la inauguración del Centro de Alta Contención contra el Crimen Organizado (CACCO), una prisión construida en Costa Rica con capacidad para 5,100 reclusos considerados de alta peligrosidad.

Reunión abordará la cooperación en seguridad

La gobernante costarricense explicó que aceptó una invitación de Bukele para conversar sobre asuntos estratégicos de interés bilateral y regional, especialmente en materia de seguridad.

Fernández también agradeció la asistencia técnica de El Salvador para desarrollar el nuevo centro penitenciario costarricense. Según afirmó, ahora busca conocer la experiencia salvadoreña para aplicar los procedimientos operativos en las instalaciones recién inauguradas.

“Ya tenemos la infraestructura, pero quiero aprender todo lo que se pueda del modelo operativo penitenciario”, declaró la presidenta.

Asimismo, destacó el respaldo recibido de las administraciones salvadoreñas para avanzar en el proyecto carcelario.

Dos países estrechan vínculos penitenciarios

El CACCO comenzó a construirse en enero pasado, durante un acto en el que participaron el entonces presidente costarricense, Rodrigo Chaves, y Bukele. El complejo se encuentra a unos 25 kilómetros de San José.

La visita de Fernández dará continuidad a los acercamientos entre ambos gobiernos. En diciembre pasado, Chaves viajó a El Salvador y recorrió el CECOT.

Anteriormente, el 12 de noviembre de 2024, Bukele visitó Costa Rica e inspeccionó la principal cárcel del país. Durante ese viaje, advirtió sobre señales de criminalidad similares a las que enfrentó El Salvador por la presencia de pandillas.

El puente binacional General Manuel José Arce, en la frontera La Hachadura entre El Salvador y Guatemala, ya funciona para facilitar el transporte de mercancías y el tránsito de turistas entre ambos países.

La infraestructura requirió una inversión de 32.6 millones de dólares y busca mejorar la conexión terrestre en uno de los puntos fronterizos importantes para el intercambio comercial y el movimiento de visitantes.

Por este paso circulan aproximadamente 1.5 millones de vehículos al año, según datos del presidente salvadoreño, Nayib Bukele. Además, la obra beneficia a unas 43,000 personas de la zona.

Una conexión clave para el transporte de carga

El nuevo puente busca reducir las interrupciones que afectaban el paso de vehículos durante la temporada lluviosa. Las crecidas del río Paz obligaban a cerrar el antiguo cruce, lo que dificultaba el transporte de mercancías y la movilidad de viajeros.

Con la nueva infraestructura, las autoridades esperan mantener una conexión más confiable durante todo el año. Esto puede facilitar los desplazamientos del transporte de carga y dar mayor continuidad a las operaciones comerciales entre El Salvador y Guatemala.

El puente también conecta con la carretera centroamericana CA-2, una vía que permite enlazar con otros corredores de circulación del país.

El turismo guatemalteco, entre las oportunidades

La mejora del paso fronterizo también busca facilitar la llegada de turistas guatemaltecos a El Salvador. Guatemala figura entre los principales países de origen de los visitantes que recibe el territorio salvadoreño.

Un cruce más fluido puede reducir los obstáculos para quienes viajan por vacaciones, compras o actividades comerciales. Asimismo, puede favorecer a los negocios de las zonas fronterizas que dependen del movimiento de visitantes.

Infraestructura renovada en La Hachadura

El puente tiene 420 metros de longitud y cuenta con iluminación, señalización, barandales y pasos peatonales. El proyecto incluye además 1.4 kilómetros de accesos viales y nuevas oficinas de control migratorio.

Las autoridades proyectan una vida útil superior a 50 años. La estructura busca asegurar el tránsito entre ambos países y reducir los cierres provocados por las crecidas del río Paz.

La operación del puente abre una nueva etapa para la circulación de personas y mercancías en La Hachadura, mientras el impacto sobre el comercio y el turismo dependerá del uso de la conexión y de la actividad económica fronteriza.