La Procuraduría General de la República (PGR) informó que durante el último año brindó atención psicológica a un total de 10,668 personas, como parte de su compromiso por garantizar el bienestar emocional y la salud mental de la población salvadoreña.

“En la Procu te ayudamos a que cuides de tu salud mental”, expresó la institución, reiterando su compromiso con los derechos fundamentales de la ciudadanía.

La atención psicológica es uno de los servicios que ofrece la PGR, junto con la asistencia legal, la defensa pública y la representación judicial en casos de familia, niñez, adolescencia y otras áreas prioritarias. Estas atenciones forman parte de una estrategia integral para proteger a las personas más vulnerables, como mujeres víctimas de violencia, niñas y niños en riesgo, y adultos mayores.

La Procuraduría General de la República es una institución encargada de velar por la legalidad y de brindar servicios jurídicos gratuitos a la población. A través de sus diferentes departamentos, trabaja para garantizar el acceso a la justicia, la protección de derechos y el acompañamiento psicosocial de quienes lo necesitan.

Para aquellas personas que requieran orientación o apoyo, la PGR pone a disposición su Centro de Atención Virtual, CAVAL, al número 2231-9484, donde se puede obtener más información sobre los servicios que ofrece la institución.

La salud mental sigue siendo una prioridad para la PGR, que busca seguir ampliando sus programas de atención y sensibilización en todo el país.

En el marco de la campaña de seguridad vial para Semana Santa, la Corte Suprema de Justicia lanzó un mensaje dirigido a los conductores del país: “La conducción peligrosa puede llevar a prisión”, recordando que transgredir las normas de seguridad vial es un delito penalizado por la ley.
El llamado se enmarca en una política de mano dura contra los conductores irresponsables, en una época del año donde aumenta el tránsito vehicular y, con ello, el riesgo de accidentes.
La Corte busca generar conciencia sobre la importancia de respetar las reglas de tránsito y conducir con responsabilidad para proteger vidas.
De acuerdo con el Artículo 147-E del Código Penal, se considera conducción peligrosa a toda acción que, al conducir un vehículo de motor, viole las normas de seguridad vial. Entre las conductas sancionadas figuran:

• Disputar la vía entre vehículos.
• Realizar competencias de velocidad en la vía pública sin autorización.
• Manejar en estado de ebriedad o bajo los efectos de drogas.
  Estas acciones no sólo implican sanciones administrativas, sino que también pueden llevar a penas de prisión, según establece la legislación vigente.
  La Corte Suprema instó a la ciudadanía a adoptar una actitud de prevención y respeto en las carreteras, especialmente en Semana Santa, una temporada marcada por un incremento en los desplazamientos y, en consecuencia, en los riesgos viales.
  “Conduce con responsabilidad. Respeta las normas. Tu vida y la de los demás están en juego”, concluye el mensaje oficial del alto tribunal.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que cumplirá con la decisión de la Corte Suprema respecto al caso de Kilmar Ábrego García, el joven que fue deportado erróneamente a El Salvador pese a contar con protección legal en el país norteamericano.

“Si el Tribunal Supremo dice que hay que traer de vuelta a alguien, lo haré. Tengo un gran respeto por la Corte Suprema”, declaró Trump durante una conversación con periodistas a bordo del Air Force One, mientras se dirigía a Florida.

La declaración del mandatario responde al fallo emitido el jueves por el máximo tribunal del país, que ordenó al Gobierno permitir el regreso de Ábrego a territorio estadounidense. 

La Corte Suprema respaldó parcialmente una orden previa de un tribunal del Distrito de Columbia, instruyendo al Ejecutivo a restituir la situación migratoria de Ábrego como si nunca hubiera sido deportado.

No obstante, la resolución judicial no establece un plazo específico para su cumplimiento y remite al tribunal de primera instancia la tarea de definir cómo debe concretarse el retorno, cuidando que la ejecución de la sentencia no interfiera con la autoridad del Gobierno federal en materia de política exterior.

Ábrego García, de 29 años, fue detenido el 12 de marzo por agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) cerca de su casa en Maryland. Posteriormente fue trasladado a un centro de detención en Texas, desde donde fue deportado a El Salvador en un vuelo con más de 200 personas, entre ellas ciudadanos venezolanos y salvadoreños acusados sin pruebas de vínculos con pandillas como el Tren de Aragua o la MS-13.

A su llegada, todos los deportados fueron enviados al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), una megacárcel salvadoreña construida en el marco de la política de seguridad del gobierno de Nayib Bukele. La medida se basó en un acuerdo bilateral de cooperación entre Washington y San Salvador.

Semanas después, las autoridades estadounidenses admitieron que la expulsión de Ábrego fue un “error”, dado que el joven contaba con un estatus migratorio que lo protegía de la deportación. Su historia ha sido utilizada por defensores de los derechos humanos y figuras políticas como símbolo de las fallas del actual enfoque de deportaciones masivas.

De acuerdo con documentos judiciales presentados por su defensa, Ábrego había huido de El Salvador tras sufrir amenazas y extorsiones por parte de la pandilla Barrio 18. Pese a ello, fue falsamente acusado de tener vínculos con pandillas por un informante en Estados Unidos, lo que desencadenó su deportación.

El caso ha reavivado el debate sobre el trato a los migrantes y el uso de informantes en procesos migratorios, así como el alcance de los poderes ejecutivos frente al control judicial.

La jurista salvadoreña, reconocida por su trayectoria en Derecho Constitucional, arbitraje y consultoría institucional, se suma al equipo de la firma como parte de su estrategia de expansión y especialización en Derecho Público.

En un paso estratégico hacia el fortalecimiento de su equipo profesional, la firma salvadoreña Administrative Law Center (ALC) ha anunciado la incorporación de la doctora Ivette Cardona Amaya como nueva socia. Esta decisión refuerza el posicionamiento de ALC como firma referente en Derecho Público en El Salvador y amplía su capacidad para enfrentar desafíos jurídicos de alta complejidad a nivel nacional e internacional.

La doctora Cardona es una reconocida abogada con más de 25 años de experiencia en áreas clave del Derecho Público, incluyendo el Derecho Constitucional, los sectores regulados, el arbitraje y la consultoría técnica. Su formación incluye una licenciatura en Ciencias Jurídicas por la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (UCA), y un doctorado en Derecho con especialidad en Derecho Constitucional Económico por la Universidad de Salamanca, donde fue galardonada con el Premio Extraordinario de Doctorado. Además, ha complementado su trayectoria con estudios en Economía, Derecho Financiero, Compliance Público y Gestión de Riesgos en prestigiosas instituciones internacionales.

Su carrera profesional ha estado marcada por una destacada participación en el sector público, donde desempeñó cargos relevantes en la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, presidió el Tribunal Sancionador de la Defensoría del Consumidor y lideró el Comité de Apelaciones del Sistema Financiero. Asimismo, ha sido asesora técnica en proyectos de cooperación internacional vinculados a agencias como USAID.

Paralelamente, ha desarrollado una sólida carrera como árbitro ad-hoc en disputas de Derecho Público y Privado, y como docente universitaria en programas de grado y posgrado tanto en El Salvador como en el extranjero. Es autora de múltiples publicaciones académicas y ha participado como conferencista en foros especializados en justicia administrativa y análisis económico del derecho.

Desde su fundación en 2021 por la abogada Jessica Mena, ALC ha evolucionado como una firma jurídica especializada en Derecho Administrativo, contencioso administrativo, Derecho Tributario, regulación sectorial, Derecho Municipal y reforma normativa. En 2023, consolidó su identidad corporativa actual, adoptando el nombre Administrative Law Center, con sede en San Salvador.

La firma presta servicios a entidades públicas, empresas privadas y organizaciones internacionales, ofreciendo asesoría estratégica, litigio contencioso-administrativo y arbitral, así como formación jurídica continua. Su equipo está conformado por profesionales con experiencia en órganos jurisdiccionales, entes reguladores y agencias de cooperación, lo que ha permitido consolidar una propuesta jurídica técnica, preventiva y de alto valor agregado.

La incorporación de la doctora Ivette Cardona responde a una visión institucional de crecimiento que busca fortalecer áreas clave como la consultoría normativa, el análisis constitucional, la resolución alternativa de controversias y el compliance legal. En palabras de la dirección de ALC, “la integración de profesionales con experiencia comprobada en el diseño normativo, la resolución de conflictos complejos y la academia jurídica es fundamental para mantener nuestro compromiso con la excelencia, la ética profesional y la atención estratégica a nuestros clientes”.

Con este nuevo nombramiento, ALC reafirma su propósito de ofrecer soluciones jurídicas sostenibles y anticiparse a los desafíos regulatorios del país y la región. La llegada de la doctora Cardona marca un hito en la consolidación de una firma que combina el conocimiento técnico, la experiencia judicial y el liderazgo académico para transformar el ejercicio del Derecho Público en El Salvador.

Con el objetivo de mejorar la atención educativa en el ámbito judicial, educadores de los Equipos Multidisciplinarios de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) participaron en un curso especializado sobre alfabetización de adultos, impulsado en coordinación con el Ministerio de Educación (MINED).

La formación, que se desarrolló en dos jornadas, se centró en los aspectos técnicos y metodológicos del “Programa de Educación Básica Integral para Adultos”, brindando herramientas prácticas a los profesionales que trabajan en Juzgados de Familia y Juzgados Especializados de la Niñez y la Adolescencia en todo el país. Además del contenido teórico, los participantes recibieron material didáctico y guías metodológicas orientadas a facilitar la implementación curricular en el contexto judicial.

El jefe del Departamento de Equipos Multidisciplinarios, Manuel Armando Funes, destacó la importancia de actualizar constantemente los conocimientos pedagógicos: “No es fácil alfabetizar, pero debemos ir más allá por nuestra sociedad. Estas capacitaciones fortalecen nuestras competencias para un mejor desempeño en el territorio”.

Por su parte, Sandra Edis Mendoza, coordinadora nacional del Área de Educación de la CSJ, destacó que esta iniciativa permitirá aplicar estrategias efectivas para acompañar a personas involucradas en procesos judiciales: “Las metodologías que conoceremos gracias al MINED serán clave para brindar un aprendizaje significativo y de alto impacto”.

Desde el Ministerio de Educación, el delegado Oscar Omar Bonilla resaltó el valor de la cooperación institucional: “Estas acciones no sólo fortalecen el trabajo técnico, también permiten brindar apoyo integral a personas que más lo necesitan”.

La actividad contó con la presencia de autoridades de ambas instituciones, incluyendo a Cindy Stephanie Martínez, coordinadora de la Oficina Común de los Equipos Multidisciplinarios de la CSJ, y Mario Roberto Ramírez, representante del Departamento de Servicios Educativos del MINED.

Al finalizar el curso, los educadores recibieron diplomas de participación, reafirmando el compromiso interinstitucional de seguir apostando por una educación inclusiva y accesible, especialmente para quienes enfrentan situaciones vulnerables dentro del sistema judicial.