La Fiscalía General continuó la fase de alegatos finales en el proceso judicial contra 485 presuntos cabecillas de la pandilla MS-13, considerado el juicio masivo más grande en la historia del país.

La audiencia se desarrolla ante el Tribunal Sexto contra el Crimen Organizado de San Salvador. Según la acusación, los procesados enfrentan más de 47,000 imputaciones por delitos presuntamente cometidos entre 2012 y 2022.

Durante la jornada, los fiscales profundizaron en la teoría de los aparatos organizados de poder, una estrategia jurídica con la que buscan demostrar la responsabilidad de quienes, según la acusación, dirigían la estructura criminal desde las calles y los centros penitenciarios.

Ministerio Público expone origen y expansión de la estructura

Como parte de los argumentos, la Fiscalía presentó información sobre la evolución de la MS-13 desde su formación y el crecimiento de su organización en El Salvador.

Además, detalló que la estructura estaba integrada por 32 programas nacionales, dos programas en el extranjero y 230 clicas o células operativas.

El fiscal adjunto contra el Crimen Organizado, Max Muñoz, afirmó que esta etapa constituye una de las partes centrales del caso.

Según explicó, la institución busca demostrar cómo pequeños grupos territoriales evolucionaron hasta conformar una organización con presencia en todo el país y una estructura de mando definida.

Acusación incluye delitos atribuidos durante una década

La Fiscalía sostiene que varios acusados ejercían funciones de dirección y mantenían control sobre las operaciones de la organización.

Posteriormente, los alegatos abordarán delitos como rebelión, homicidios, extorsiones, tráfico de armas, tráfico de drogas y tráfico de personas.

De acuerdo con el Ministerio Público, la presentación de argumentos y pruebas se extenderá durante aproximadamente dos semanas.

Exposición se desarrollará por regiones del país

La programación contempla analizar los casos según las zonas donde operaban los distintos grupos señalados por la acusación.

La Fiscalía iniciará con estructuras de la zona occidental y luego avanzará hacia las regiones central, metropolitana, paracentral y oriental.

Tras concluir los alegatos de las partes, el tribunal evaluará las pruebas incorporadas al proceso antes de emitir una resolución sobre las responsabilidades penales atribuidas a los acusados.

El Ministerio de Energía y Minas de Guatemala oficializó este viernes la postergación de la mezcla obligatoria de gasolina con etanol para automóviles.

La decisión quedó establecida mediante reformas al Reglamento General de la Ley del Alcohol Carburante.

De esta forma, la obligación de incorporar etanol a las gasolinas entrará en vigor, como máximo, el próximo 21 de agosto.

Evaluación de suministro marcará los próximos pasos

Las modificaciones establecen que el procedimiento de seguridad de suministro debe ejecutarse y concluir antes del 30 de junio, fecha que inicialmente estaba prevista para avanzar con el proceso.

No obstante, el Ministerio de Energía y Minas indicó que podrá activar la medida antes del 21 de agosto si los análisis técnicos y económicos muestran condiciones favorables.

La institución señaló que la decisión dependerá de la evaluación realizada junto con los sectores involucrados.

Conversaciones incluyeron a empresarios y transportistas

La iniciativa llegó después de varios años de aplazamientos y de un proceso de diálogo impulsado por el Gobierno guatemalteco.

Según analistas, en las conversaciones participaron representantes del transporte, productores de etanol, distribuidores de combustibles, organizaciones empresariales y grupos ambientalistas.

El objetivo fue buscar consensos sobre la aplicación de una política que impactará tanto al mercado energético como a distintas actividades económicas.

Plan apunta a reducir el uso de combustibles fósiles

Las autoridades y sectores favorables a la medida sostienen que la mezcla con etanol puede disminuir la dependencia de combustibles derivados del petróleo.

Además, esperan fortalecer la producción nacional de biocombustibles y contribuir a la reducción de emisiones contaminantes.

La normativa aplicará únicamente a las gasolinas regular y superior. El diésel quedará excluido del esquema, pese a representar la mayor parte del consumo e importación de combustibles en Guatemala.

Debate continúa sobre posibles efectos en los precios

La mezcla obligatoria contempla una proporción de 10 % de etanol en la gasolina.

Sus defensores consideran que la medida podría favorecer una reducción en los precios de los combustibles y generar beneficios para los consumidores.

Sin embargo, algunos actores del sector advierten que el resultado dependerá de las condiciones del mercado. A finales del año pasado, la Asociación Guatemalteca de Expendedores de Gasolina expresó su rechazo a la implementación obligatoria.

Guatemala importa la mayor parte de los derivados del petróleo que consume. Sin embargo, cuenta con cinco destilerías que producen etanol a partir de melaza de caña de azúcar.

La ministra de Turismo de El Salvador, Morena Valdez, anunció la construcción del primer hotel Aloft by Marriott en Punta Roca, una zona turística ubicada en La Libertad Costa.

Según la funcionaria, el proyecto contará con más de 100 habitaciones y requerirá personal para distintas áreas operativas y administrativas, entre ellas gerencia, servicio al cliente, cocina, limpieza y administración.

La información fue divulgada durante actividades relacionadas con el sector turístico desarrolladas en la costa salvadoreña.

Demanda laboral aumentará durante la operación del proyecto

De acuerdo con las autoridades, la apertura del hotel generará nuevas plazas de trabajo una vez que la instalación entre en funcionamiento.

Además, Valdez señaló que instituciones vinculadas a la educación trabajan en programas de formación para preparar personal que pueda incorporarse a la industria hotelera y de servicios.

Hasta el momento, las autoridades no han informado la fecha de inicio de construcción ni el monto de inversión del proyecto.

Actividad turística impulsa nuevos desarrollos en la zona

La funcionaria también indicó que otras empresas han mostrado interés en establecer operaciones en la costa de La Libertad.

Entre ellas mencionó una compañía del sector cementero que proyecta instalarse en el sector de San Diego, en el mismo departamento.

Según las declaraciones oficiales, el crecimiento de la actividad turística coincide con la llegada de nuevos proyectos vinculados a diferentes sectores económicos.

Conectividad aérea forma parte de los planes del sector

Durante el anuncio, Valdez afirmó que la aerolínea española Iberojet prevé iniciar operaciones en El Salvador durante septiembre de este año.

Asimismo, señaló que el Gobierno mantiene conversaciones con otra aerolínea interesada en operar rutas hacia el país.

Las autoridades consideran que una mayor conectividad internacional podría ampliar las opciones de transporte para visitantes y viajeros.

Eventos internacionales mantienen atención sobre la costa salvadoreña

El anuncio del hotel se produjo mientras El Salvador alberga una fecha del Championship Tour de la World Surf League, considerada una de las principales competencias profesionales de surf.

El torneo se desarrolla entre el 5 y el 15 de junio en la costa de La Libertad.

Datos del Ministerio de Turismo indican que el país recibió 4.1 millones de visitantes internacionales durante 2025 y obtuvo ingresos por divisas superiores a los 3,600 millones de dólares. Hasta mayo de 2026, las autoridades reportaron la llegada de 2.1 millones de visitantes internacionales.

Banco Atlántida El Salvador anunció el lanzamiento de un sistema integrado con la fintech Félix que permitirá a los usuarios solicitar y recibir remesas desde Estados Unidos mediante WhatsApp.

La nueva solución funciona a través de ARIA, el asistente virtual de la entidad financiera. Mediante este canal, los clientes pueden generar una solicitud de dinero y compartir un enlace con familiares o contactos en Estados Unidos.

Posteriormente, el remitente completa la transferencia de forma digital mediante una plataforma administrada por Félix. Una vez confirmada la operación, el dinero se deposita directamente en la cuenta bancaria del beneficiario.

Proceso digital busca simplificar el envío de dinero

Según Banco Atlántida, los usuarios deben escribir al número oficial de WhatsApp 2223-7676 y seleccionar la opción “Remesas Félix Pago”.

Después de validar sus datos, el sistema genera un enlace con una vigencia de 72 horas. El usuario puede compartirlo con la persona que enviará el dinero desde Estados Unidos.

Cuando el remitente confirma la transferencia, los fondos se acreditan en segundos en la cuenta de ahorro o cuenta corriente registrada.

Herramienta apuesta por mayor seguridad en las transacciones

La institución financiera afirmó que el nuevo mecanismo facilita el intercambio de dinero y ayuda a reducir la exposición de información sensible durante el proceso.

Elmer Lazo, gerente de Banca Personas de Banco Atlántida, señaló que la alianza permite integrar la recepción de remesas con ARIA y con una cuenta bancaria respaldada por la entidad.

Por su parte, Claudia Garavini, vicepresidenta de Estrategia y Desarrollo de Negocios de Félix, destacó que la iniciativa busca simplificar el acceso a las transferencias para los salvadoreños que reciben apoyo económico desde el exterior.

Flujos de recursos mantienen un peso clave en la economía familiar

El lanzamiento ocurre en un contexto de crecimiento sostenido de las remesas en El Salvador.

De acuerdo con datos del Banco Central de Reserva, los hogares salvadoreños recibieron 9,987.9 millones de dólares en remesas durante 2025. Esa cifra representa el monto más alto registrado desde que la institución inició su serie estadística en 1991.

Las remesas constituyen una de las principales fuentes de ingresos para miles de familias salvadoreñas y mantienen una influencia significativa en el consumo y la economía nacional.

El Salvador respaldó una declaración conjunta emitida por los países integrantes de Escudo de las Américas, en la que expresaron apoyo al Gobierno de Bolivia y rechazaron los intentos de desestabilización denunciados por ese bloque regional.

El pronunciamiento fue suscrito por los gobiernos de Estados Unidos, Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay y Trinidad y Tobago.

Según el documento, los países firmantes denunciaron los continuos intentos de derrocar al presidente boliviano Rodrigo Paz, a quien reconocieron como el mandatario legítimamente elegido por la mayoría de los votantes.

Posición salvadoreña dentro del bloque regional

Con su adhesión a la declaración, El Salvador se alineó con otros gobiernos de la región que manifestaron respaldo a la continuidad institucional y al respeto de los resultados electorales en Bolivia.

Los firmantes sostuvieron que la voluntad popular expresada en las urnas debe prevalecer frente a cualquier acción que busque alterar el orden democrático. Además, señalaron que la estabilidad política es un elemento clave para el desarrollo y la gobernabilidad.

Pronunciamiento sobre el suministro de bienes esenciales

La declaración también expresó apoyo al Gobierno boliviano ante acciones que, según el texto, dificultan la distribución de alimentos, medicinas y otros suministros considerados vitales para la población.

Los países integrantes de Escudo de las Américas afirmaron que esos obstáculos afectan directamente a los ciudadanos y complican la atención de necesidades básicas en distintas zonas del país.

Acusaciones contra grupos vinculados al crimen transnacional

Asimismo, el documento señaló que algunas protestas reciben financiamiento procedente del narcotráfico y de redes de crimen transnacional. Los gobiernos firmantes afirmaron que quienes participen en esas actividades deben responder ante la justicia.

No obstante, la declaración no incluyó detalles sobre investigaciones específicas ni identificó a personas o grupos concretos relacionados con esas acusaciones.

Exhortan a utilizar mecanismos de diálogo

Finalmente, los países firmantes hicieron un llamado a los sectores que mantienen reclamos legítimos para que participen en procesos de diálogo con las autoridades bolivianas.

La declaración sostiene que las diferencias políticas deben resolverse mediante mecanismos democráticos y rechaza cualquier acción orientada a sustituir la decisión tomada por los ciudadanos en las elecciones.