La primera entrega de los premios «45 de 45 Región», un reconocimiento que celebra a los 45 mejores abogados y abogadas menores de 45 años de Guatemala y El Salvador, se realizó recientemente.

El evento, organizado por la revista Derecho y Negocios y The Lawyer Magazine, reunió a destacados profesionales del ámbito legal para honrar su dedicación y contribuciones.
Roberto Valladares, presidente de The Lawyer, inició la ceremonia agradeciendo a Dios, a su familia y al equipo de Derecho y Negocios por su apoyo en esta colaboración.

Durante su discurso, destacó la importancia de los premiados, que, según Valladares, son para “personas que no se han rendido, que diariamente superan obstáculos y se acercan a sus metas”. Este reconocimiento, afirmó, es un momento para que los galardonados se detengan y reflexionen sobre sus logros.
“Estos premios son para esas personas a las que no se les ha regalado nada, que todos los días suben la montaña”, externó.

“Este premio es para ustedes, este es ese terreno plano en el que pueden tomar un respiro y darse cuenta de lo bien que lo han hecho”, añadió.

Por su parte, Manuel Carranza, presidente de Derecho y Negocios, enfatizó que los 45 seleccionados representan “el presente y el futuro del derecho”. Agregó que estos profesionales han sido elegidos entre más de 65,000 abogados en la región, destacándose no sólo por su excelencia legal, sino también por su compromiso con la justicia y la ética.

«Ustedes son el reflejo de la perseverancia y del trabajo arduo. Cada uno ha enfrentado desafíos que van más allá del conocimiento técnico”, afirmó Carranza, quien también instó a los galardonados a disfrutar del reconocimiento y a celebrar sus logros con sus seres queridos.

“A lo largo de sus carreras, han demostrado que ser joven no significa tener límites, sino posibilidades infinitas”, dijo.
“Han roto barreras, han desafiado el status quo y mostrado que el liderazgo no se mide por los años”, añadió.

“Hoy, mientras reciben este reconocimiento, los invito a hacer una pausa para disfrutar el momento, porque muchas veces vamos avanzando por la vida con problemas y tareas del día a día y muy pocas veces nos detenemos a celebrar los logros que hemos cosechado”, reflexionó Carranza.

El evento no solo premió a los abogados y abogadas, sino que también simbolizó la unidad regional entre Guatemala y El Salvador, resaltando su compromiso compartido con la legalidad y la ética profesional. A lo largo de la velada, los asistentes pudieron conocer más sobre los logros de cada uno de los premiados, quienes se han posicionado como verdaderos agentes de cambio en sus comunidades.

La entrega de reconocimientos tuvo muchos momentos emotivos y reflexiones sobre el impacto de la profesión legal en la sociedad.
Al final de la ceremonia, los premiados fueron invitados al escenario para una fotografía oficial, cerrando una noche de celebración de la excelencia en el derecho.

Listado de los abogados y abogadas galardonados

Edna Alburez, de Guatemala.

Moisés Alberto Alfaro, de El Salvador.

Eduardo Àngel, de El Salvador.

Ines Arenales, de Guatemala.

Juan Ayerdi, de Guatemala.

Rodrigo Barillas, de Guatemala.

Alejandra María Beneke, de El Salvador.

Carlos Gerardo Bosch Prieto, de Guatemala.

J. Carolina Brito, de El Salvador.

Natalia Callejas, de Guatemala.

Pedro Cañas, de El Salvador.

Javier Castellán, de Guatemala.

Ginny Castillo, de Guatemala.

Flor de María Cortez, de El Salvador.

María Mercedes Castro, de Guatemala.

Luis Enrique Cruz, de Guatemala.

Giancarlo de la Gasca, de El Salvador.

Sofia Escriba, de Guatemala.

Sigfredo Figueroa, de El Salvador.

Roberta Gallardo, de El Salvador.

Paola de la Torre, de Guatemala.

Sergio García, de Guatemala.

Johann Hartleben, de Guatemala.

José Raúl Guerrero, de El Salvador.

Luis Fernando Herrera, de Guatemala.

Alvaro Hurtado, de Guatemala.

Veronica Jaime, de El Salvador.

Luis Abundio Maldonado, de Guatemala.

Estela Juarez, de Guatemala.

Julio Martínez Quintanilla, de El Salvador.

Thelma Yolanda Mena, de El Salvador.

Jessica Mena, de El Salvador.

Carlos Mendez, de El Salvador.

Alfredo Napoleón Navas, de El Salvador.

Gustavo Noyola, de Guatemala.

Luis Nuñez, de El Salvador.

Nancy Nufio, de Guatemala.

Henry Orellana Sánchez, de El Salvador.

Cindy Rivera, de El Salvador.

Hector Robles, de Guatemala.

Jensen Samayoa, de Guatemala.

Carlos Sánchez, de El Salvador.

Nelly Carolina Serrano, de El Salvador.

Julio Sibrian, de El Salvador.

Héctor Torres, de El Salvador.

Los diputados de la comisión de Hacienda y Especial de Presupuesto acordaron convocar a los titulares de entidades públicas para analizar la asignación de fondos en el proyecto de ley del presupuesto general del Estado y la Ley de Salarios para el ejercicio fiscal 2025.

Durante la sesión, el jefe de la fracción de Nuevas Ideas, Christian Guevara, propuso someter a votación la creación de un cronograma para entrevistar a representantes del Ejecutivo, ministros y presidentes de entidades autónomas.

Guevara destacó que la comisión determinará a qué instancias se entrevistará y que también se incluirán ONG que han recibido o recibirán fondos del Estado.

“Es fundamental que pidamos cuentas a algunas ONG que han recibido y van a recibir fondos. Antes esto no se hacía, y desde la legislatura pasada hemos comenzado a implementarlo”, afirmó.

La propuesta fue aprobada por unanimidad, con el respaldo de 10 diputados.
El proyecto de ley del presupuesto general del Estado y la Ley de Salarios, que abarca un total de $9,663 millones, fue presentado ante la Asamblea Legislativa el 30 de septiembre por el ministro de Hacienda, Jerson Posada. Durante la entrega de los documentos, Posada confirmó el anuncio del presidente Nayib Bukele del 15 de septiembre, en el que se garantizaba un presupuesto completamente financiado, es decir, que no se incurrirá en nuevas deudas para el funcionamiento del Estado, ni siquiera para cumplir con las obligaciones financieras existentes.

El proyecto de ley plantea la distribución de recursos priorizando cuatro áreas estratégicas: Educación, con $1,535 millones; Salud, con $1,170 millones; Seguridad, con $589 millones; y Defensa Nacional, con $314 millones.

En su más reciente informe titulado “El Salvador: disposición a pagar”, el Banco Santander ha calificado la estrategia del gobierno salvadoreño para recomprar bonos con vencimientos entre 2027 y 2052 como una iniciativa ambiciosa que busca asegurar ahorros potenciales a mediano plazo.

El pasado viernes, 4 de octubre, El Salvador anunció otra transacción de recompra, un movimiento que, según Santander, no resulta sorprendente dado el historial de operaciones similares desde 2022.
Sin embargo, la estrategia ha evolucionado, ahora apuntando no solo a los bonos de corto plazo, sino también a emisiones de mayor plazo, ofreciendo primas más altas para adquirir bonos que se cotizan a descuentos significativos.

Santander destacó que esta fase es más “matizada” en comparación con el anuncio inicial realizado a finales de 2022, tras los sólidos resultados fiscales obtenidos el año pasado y este. El gobierno, en su anuncio del presupuesto equilibrado el 30 de septiembre, mencionó que las primeras operaciones de recompra generaron un ahorro de $289 millones, además de reducir una deuda de $350 millones que vence en enero de 2025 a poco más de $90 millones, cantidad que ya se encuentra en reserva.

El presidente Nayib Bukele también mencionó una operación similar para manejar pasivos, enfocándose en los títulos que vencen entre 2027 y 2052. El ministro de Hacienda, Jerson Posada, explicó que estas operaciones tienen como objetivo mejorar el perfil de vencimientos, eliminando picos altos y buscando condiciones más favorables para los pagos futuros.

“Estas acciones han convertido a El Salvador en un país activo y reconocido en los mercados internacionales, con operaciones totalmente voluntarias y transparentes”, afirmó Posada.

Asimismo, el ministro señaló que las medidas implementadas han contribuido a la disminución del Indicador de Bonos de Mercados Emergentes (EMBI), que ha caído a 540 puntos, comparado con más de 2,000 puntos en 2021.

Esta tendencia indica un aumento en la confianza de los inversionistas internacionales en los bonos salvadoreños.

En cuanto a las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI), Posada aseguró que el diálogo continúa de manera abierta, buscando un acuerdo de financiamiento ampliado de $1,400 millones a tres años. “El objetivo es fortalecer las finanzas públicas a mediano y largo plazo, mejorando la eficiencia del gasto público, incluso sin un acuerdo formal con el FMI”, indicó.

El ministro también desmintió rumores sobre un posible aumento del IVA (Impuesto al Valor Agregado), afirmando que no se tomarán decisiones que perjudiquen a la población.

Los gobiernos de El Salvador y Estados Unidos firmaron un acuerdo de asistencia mutua entre administraciones aduaneras, en un acto que busca fortalecer la colaboración en materia de seguridad y comercio.

El acuerdo fue firmado por Troy Miller, comisionado en funciones de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, y Benjamín Mayorga, director general de Aduanas de El Salvador.

La ministra de Relaciones Exteriores de El Salvador, Alexandra Hill, destacó que Miller reafirmó a El Salvador como un socio estratégico de Estados Unidos.

“Deseo enfatizar el compromiso inquebrantable del presidente Nayib Bukele, del Gabinete de Gobierno y del pueblo salvadoreño para seguir estrechando relaciones con países como Estados Unidos en busca de mejores oportunidades”, declaró Hill.

Durante la ceremonia, Troy Miller subrayó que este acuerdo marca un hito en las relaciones entre ambas naciones.

“El acuerdo que firmamos hoy nos ayudará a cumplir metas de seguridad entre ambas naciones”, indicó. Además, resaltó que la suscripción del acuerdo también es una muestra del compromiso de Estados Unidos en la lucha contra organizaciones ilegales. El acuerdo promete simplificar los procesos comerciales y garantizar una mayor seguridad en las fronteras.

Con su implementación, los operadores de comercio se beneficiarán de un despacho más ágil de mercancías, gracias a la automatización de procesos.

Entre los principales beneficios que se esperan para El Salvador están el Intercambio de información y mejores prácticas, prevención de ilícitos aduaneros, facilitación del comercio y fortalecimiento de las capacidades del personal aduanero.

La alcaldesa de La Libertad Este, Milagro Navas, anunció este lunes que no habrá aumentos en las tasas municipales, aunque se llevará a cabo una unificación de las mismas. Navas explicó que esta medida es necesaria debido a que los distritos de Zaragoza y Nuevo Cuscatlán presentan las tasas más altas del municipio.

“Voy a devolver a la población lo que se cobra a través de obras”, afirmó la jefa edilicia. Reconoció que, si bien algunos ciudadanos verán una reducción en sus tasas, otros podrían experimentar un aumento, aunque enfatizó que esto no es responsabilidad suya.
La alcaldesa también advirtió que los distritos de Huizúcar y San José Villanueva podrían “sentir un poquito el cambio”, señalando que las tasas de Zaragoza y Nuevo Cuscatlán son incluso superiores a las de Antiguo Cuscatlán.

Navas destacó que están trabajando para resolver un problema de “cobro doble” y que su objetivo no es hacerse millonarios, sino que los ciudadanos paguen lo justo.

“No van a ser aumentos; vamos a unificar las tasas. Es increíble que Zaragoza tenga tasas más altas que Antiguo Cuscatlán y Nuevo Cuscatlán», afirmó Navas en un video divulgado por la alcaldía.

La funcionaria instó a los ciudadanos a acercarse a la alcaldía para aclarar cualquier duda y evitar especulaciones. Reconoció que las comunas enfrentan dificultades financieras debido a la falta de fondos y deudas acumuladas.

“No es justo traer los impuestos de Antiguo Cuscatlán a otra alcaldía”, concluyó Navas.

La Libertad Este está conformada por los distritos de Antiguo Cuscatlán, Nuevo Cuscatlán, Huizúcar, San José Villanueva y Zaragoza.

¿Es una decisión legal?

La unificación de tasas municipales en El Salvador, especialmente en el contexto de la reconversión de municipios, ha sido un tema de debate y análisis en el ámbito legal y administrativo. El Código Municipal permite a los municipios establecer tasas y tributos, pero cualquier modificación o unificación de tasas debe cumplir con los procedimientos legales establecidos.

En general, la unificación de tasas puede ser legal si se realiza de acuerdo con los lineamientos de la ley, que incluyen la aprobación por el concejo municipal y la publicación de las modificaciones. Sin embargo, es fundamental que dicha unificación no afecte los derechos de los ciudadanos y que se garantice la transparencia en el proceso.