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Asesinato de exfiscal anticorrupción sacude a Guatemala y reaviva las exigencias de justicia
El asesinato del exfiscal guatemalteco Juan Francisco Solórzano Foppa sacudió a Guatemala y desató una reacción política y social que exige esclarecer el crimen y llevar a los responsables ante la justicia.
El ataque ocurrió el sábado 17 de octubre en Campo Marte, un complejo deportivo de Ciudad de Guatemala. También murió Gustavo Adolfo Aguilar Gamarro, vinculado a la promoción deportiva y a la Federación de Judo.
La violencia del ataque, la trayectoria pública de Solórzano Foppa y las circunstancias de las primeras capturas colocaron el caso en el centro de la atención nacional.
El presidente Bernardo Arévalo condenó el asesinato y prometió perseguir tanto a los autores materiales como a quienes planificaron el crimen. Entretanto, la Policía Nacional Civil capturó a dos sospechosos y anunció peritajes para analizar las evidencias.
Un exfuncionario conocido por investigar la corrupción
Solórzano Foppa fue jefe de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) y fiscal del Ministerio Público, dos instituciones relevantes en la administración pública y la investigación penal guatemalteca.
Además de su trayectoria institucional, ejercía como abogado en causas relacionadas con los derechos humanos. También trabajó durante más de 13 años como bombero municipal.
En tiempos recientes, utilizó sus redes sociales para publicar denuncias sobre presuntos casos de corrupción, narcotráfico y asuntos de seguridad.
Ese perfil convirtió su asesinato en un hecho de especial repercusión pública. Sin embargo, las autoridades todavía deben establecer el móvil del ataque y determinar si estuvo relacionado con su trayectoria profesional o sus denuncias.
Arévalo promete perseguir a los autores materiales e intelectuales
El presidente Bernardo Arévalo expresó su solidaridad con las familias de las víctimas y aseguró que ordenó acciones inmediatas al Ministerio de Gobernación.
El mandatario afirmó que varios equipos policiales trabajan para localizar a los responsables y recopilar información sobre el ataque.
“Los vamos a encontrar y haremos que la justicia prevalezca”, sostuvo Arévalo en su pronunciamiento.
También rechazó que la violencia criminal intimide a su administración. Según afirmó, el Gobierno mantendrá su lucha contra el crimen organizado y buscará que los responsables enfrenten la justicia.
El desafío consiste ahora en convertir esas promesas en resultados concretos mediante una investigación que identifique a quienes ejecutaron el ataque y a quienes pudieron organizarlo.
Dos capturados y pruebas pendientes de análisis
Poco después del tiroteo, agentes de la Policía Nacional Civil capturaron a Rigoberto Choc Toz, de 30 años, y Daniel Zaqueo Choc Toz, de 28.
El operativo tuvo lugar en el bulevar San Isidro, en la zona 16 de la capital. Los agentes incautaron una motocicleta y un arma de fuego tipo carabina.
La Policía solicitó peritajes balísticos para determinar la procedencia del arma y establecer si tiene relación con otros hechos criminales.
Además, las investigaciones preliminares apuntan a la participación de al menos cuatro personas vestidas con ropa deportiva durante el ataque.
No obstante, el proceso judicial apenas comienza. Los dos detenidos son sospechosos y todavía no existe una condena que determine su responsabilidad penal.
Protestas y cuestionamientos sobre las detenciones
Las capturas provocaron una reacción entre repartidores de aplicaciones de entrega, quienes se concentraron frente a la Torre de Tribunales para expresar su apoyo a los hermanos Choc Toz.
El abogado defensor denunció una supuesta detención ilegal y cuestionó las evidencias que las autoridades atribuyen a sus clientes. También señaló presuntas irregularidades e incongruencias en el procedimiento.
Mientras tanto, agentes policiales y elementos antimotines acudieron a las inmediaciones del edificio judicial para dialogar con los manifestantes.
El Ministerio Público solicitó mantener bajo reserva el expediente mientras continúa la investigación. La audiencia de primera declaración de los hermanos quedó programada para el domingo 18 de octubre, a las 9:00 horas.
La seguridad del exfiscal también entra en el foco
La Policía informó que Solórzano Foppa tenía un esquema de protección institucional desde 2010. Las autoridades vincularon esa medida con su trabajo en investigaciones contra estructuras criminales.
Según el reporte oficial, el dispositivo recibió refuerzos en 2025 debido a su perfil político.
Sin embargo, durante el encuentro deportivo en Campo Marte, los agentes asignados se encontraban a unos 30 o 40 metros del lugar del ataque. La versión policial indica que protegían al hijo menor de edad del exfiscal cuando ocurrió el tiroteo.
Las circunstancias de esa protección forman parte del contexto del caso, mientras las autoridades intentan reconstruir cómo ocurrió el ataque.
El atentado ha sido condenado por el gobierno de Estados Unidos, la OEA, el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, las cúpulas empresariales y por diferentes entidades.
