Elon Musk presentó una versión del Tesla Roadster con capacidad para impulsarse en el aire mediante propulsores, durante una transmisión en vivo realizada el jueves en un evento de SpaceX, su empresa aeroespacial.

El empresario estadounidense describió el vehículo como un auto «volador» y anunció que Tesla prevé comenzar su producción en 2028.

La demostración se transmitió a través de la cuenta oficial de Tesla en X. Durante el evento, el deportivo autónomo salió disparado desde una rampa inclinada y aterrizó sobre sus ruedas.

“Los vehículos voladores son reales”, afirmó Musk. Sin embargo, reconoció que el éxito del proyecto no está garantizado, aunque consideró que probablemente funcionará.

Propulsores de aire para elevar el vehículo

Musk explicó que el automóvil incorpora depósitos de aire a muy alta presión para generar el impulso necesario para elevarse.

El empresario presentó el desarrollo como resultado de la colaboración entre Tesla, fabricante de vehículos eléctricos, y SpaceX, compañía dedicada a la industria aeroespacial.

No obstante, la demostración descrita no aporta detalles suficientes para determinar cuánto tiempo podría mantenerse el vehículo en el aire, qué altura alcanzaría o qué autonomía tendría durante el vuelo.

Tampoco se precisaron las condiciones técnicas y regulatorias necesarias para utilizarlo en vías públicas o en espacios aéreos.

Los desafíos de los automóviles voladores

El desarrollo de vehículos capaces de circular por carretera y volar ha enfrentado obstáculos técnicos y regulatorios durante décadas.

Uno de los primeros antecedentes fue el trabajo del pionero estadounidense de la aviación Glenn Curtiss, quien desarrolló un prototipo de automóvil volador en 1917.

En años recientes, los avances en motores eléctricos y baterías de mayor rendimiento han impulsado nuevos proyectos en este sector.

Sin embargo, los fabricantes todavía deben resolver desafíos relacionados con la seguridad, la autonomía, el control del vehículo y las normas de circulación terrestre y aérea.

El anuncio de Musk sitúa al Tesla Roadster en esa carrera tecnológica, aunque todavía faltan detalles para conocer las capacidades definitivas del modelo y las condiciones de su futura comercialización.

El presidente del Congreso de Honduras, Tomás Zambrano, viajó a El Salvador con una delegación de diputados para examinar las políticas de seguridad del gobierno de Nayib Bukele y evaluar posibles medidas para su país.

La agenda incluye reuniones con autoridades legislativas y una visita al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), la prisión de máxima seguridad construida por el gobierno salvadoreño para recluir a pandilleros.

Zambrano busca identificar herramientas legales que Honduras pueda adoptar para enfrentar la extorsión, los asesinatos y otras actividades criminales.

Legisladores intercambian experiencias sobre seguridad

La delegación hondureña está integrada por miembros de las comisiones legislativas de Seguridad y de Defensa y Soberanía.

Como parte de la visita, Zambrano sostuvo una reunión con Ernesto Castro, presidente de la Asamblea Legislativa de El Salvador, para abordar la seguridad desde el ámbito parlamentario.

El diputado hondureño destacó la importancia de conocer las leyes salvadoreñas y estudiar su posible aplicación en Honduras, de acuerdo con las competencias del Congreso Nacional.

“Es importante para nosotros desde el Congreso Nacional trabajar de la mano y conocer esta legislación”, afirmó Zambrano al explicar el propósito del encuentro.

El CECOT, una parada clave de la visita

La delegación recorrerá el CECOT para conocer sus instalaciones, las medidas de vigilancia y los procedimientos de custodia de los reclusos.

Zambrano señaló que las autoridades salvadoreñas autorizaron la visita, que permitirá a los diputados observar cómo funciona el sistema penitenciario destinado a integrantes de estructuras criminales.

El recorrido forma parte del análisis que Honduras realiza sobre posibles reformas legales para reforzar la lucha contra la delincuencia.

Honduras examina la política de mano dura

El interés hondureño se produce mientras otros países latinoamericanos vuelven la mirada hacia la estrategia de seguridad de Bukele.

El modelo salvadoreño tiene como uno de sus principales instrumentos el régimen de excepción, vigente desde marzo de 2022, que amplió las facultades estatales para combatir a las pandillas y restringió garantías constitucionales.

La delegación hondureña busca determinar qué experiencias pueden servir de referencia para su legislación, en medio de la preocupación por la violencia y la extorsión en el país.

La inteligencia artificial, los activos digitales y la ciberseguridad figuran entre los temas centrales del 45º Congreso Latinoamericano de Derecho Financiero (COLADE 2026), inaugurado este jueves en San Salvador.

La Asociación Bancaria Salvadoreña (ABANSA) y la Federación Latinoamericana de Bancos (FELABAN) organizan el encuentro, que se desarrolla el 15 y 16 de octubre. La agenda incluye 12 ponencias y más de 25 expertos internacionales de España, Estados Unidos, Colombia, Panamá, Costa Rica y El Salvador.

Tecnología y nuevos riesgos para la banca

Los participantes examinan cómo la innovación transforma los servicios financieros y plantea nuevos desafíos para las instituciones. La agenda incluye inteligencia artificial, ciberseguridad, activos digitales, blockchain, inversión especializada y la relación entre las empresas fintech y la banca tradicional.

El congreso también busca facilitar el intercambio de experiencias sobre las respuestas jurídicas y técnicas que aplican los mercados de América Latina.

El Salvador destaca sus perspectivas económicas

Durante la inauguración, Luz María de Portillo, presidenta ejecutiva de ABANSA, relacionó la celebración del evento con los avances en seguridad y las perspectivas de crecimiento económico del país.

Además, destacó el papel de la banca en el financiamiento de familias, empresas y proyectos de inversión.

Miguel Kattán, secretario de Comercio e Inversiones, señaló que el encuentro permitirá identificar oportunidades, conocer nuevas tecnologías y analizar riesgos para la región.

El reto de regular sin frenar la innovación

Claudia Díaz de Granados, directora jurídica de FELABAN, explicó que los cambios tecnológicos modifican los modelos de negocio y los riesgos del sistema financiero.

Por ello, planteó la necesidad de adaptar las normas para acompañar la innovación sin comprometer la estabilidad, la seguridad ni la confianza.

Entre los expertos invitados figuran Almudena de la Mata, fundadora de Blockchain Intelligence; Marcos Allende López, CEO de Blerify; Julio Valdés Rank, cofundador y CEO de TOHKN; y Pablo Arboleda, CEO de Wenia y vicepresidente de Analítica e Inteligencia Artificial de Grupo Bancolombia.

Siete extranjeros fueron condenados a penas de hasta 21 años de prisión en El Salvador por delitos relacionados con el tráfico ilegal de armas de fuego y el tráfico ilícito de drogas, informó la Fiscalía General de la República.

El caso se remonta a agosto de 2024, cuando miembros de la Marina Nacional capturaron a los siete procesados mientras viajaban en tres embarcaciones. Durante la operación, las autoridades incautaron 1,258 kilos de cocaína, valorados en 31.6 millones de dólares, además de armas de guerra, municiones y cargadores.

Mexicanos reciben las penas más altas

Los mexicanos Benjamín Visaiz Rodríguez, Miguel Ángel Moreno Andrade y Luis Ángel Visaiz recibieron condenas de 21 años de cárcel por tráfico ilegal de armas de fuego.

En cambio, los cuatro ciudadanos ecuatorianos fueron sentenciados a 14 años de prisión por tráfico ilícito de drogas.

Tribunal de La Unión dicta las sentencias

El Tribunal de Sentencia de La Unión impuso las condenas contra los siete extranjeros, de acuerdo con la información divulgada por la Fiscalía.

Los ecuatorianos condenados son Enrique Geovanny Franco Delgado, Edisson Manuel Delgado Franco, Freddy David Marín Mero y Wilber Alfonso Chávez Chávez.

La operación permitió decomisar más de una tonelada de cocaína en tres embarcaciones, junto con armamento y municiones. El valor estimado de la droga supera los 31.6 millones de dólares.

El ministro de Seguridad de El Salvador, Gustavo Villatoro, presentó una propuesta de reforma al Código Penal que establece penas de prisión para conductores que infrinjan las normas de tránsito y pongan en riesgo vidas humanas.

La iniciativa plantea castigos de dos a cinco años de cárcel por conducir con alcohol, drogas o competir ilegalmente en las vías. También incluye a quienes manejen sin autorización o con una licencia inadecuada.

Penas más altas para conductores profesionales

La propuesta eleva las sanciones a entre cinco y diez años de prisión cuando las infracciones involucren vehículos de transporte público de pasajeros o de carga.

Además, plantea aumentar las penas cuando la conducción peligrosa provoque homicidios o lesiones. En esos casos, los conductores de vehículos particulares podrían recibir hasta diez años de cárcel, mientras que para los de transporte público o de carga la pena llegaría a 15 años.

Propietarios también enfrentarían prisión

El proyecto contempla penas de cinco a diez años de cárcel para propietarios, poseedores o encargados de vehículos de transporte colectivo o de carga de ocho toneladas o más que permitan conducirlos a personas sin la licencia correspondiente.

La sanción aumentaría una tercera parte si el hecho ocasiona homicidio culposo o lesiones. Asimismo, los propietarios y conductores tendrían que responder civilmente por los daños causados.

Buscan impedir acuerdos para cerrar procesos

Las reformas también proponen prohibir la conciliación y la mediación en estos delitos, así como la reparación integral del daño como mecanismo para extinguir la acción penal en los casos previstos.

El proyecto ingresó este miércoles a la Asamblea Legislativa y pasó a la Comisión de Seguridad Nacional, que prevé reunirse el martes por la tarde.

El Gobierno también presentó cambios al Código Procesal Penal para impedir la conciliación en casos de lesiones culposas, homicidios culposos por conducción peligrosa y facilitación de vehículos a conductores no autorizados.