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Costa Rica enfrenta una crisis institucional inédita tras el choque entre el Ejecutivo y la Sala Constitucional
Costa Rica, considerado durante décadas el país más democrático y uno de los más estables de Centroamérica, enfrenta uno de los mayores choques entre poderes de su historia reciente. El conflicto estalló después de que el Gobierno rechazó una decisión de la Sala Constitucional de la Corte Suprema y respondió con denuncias penales y acusaciones de “golpe de Estado” contra cuatro magistrados.
La confrontación comenzó cuando la Sala Constitucional prorrogó temporalmente el mandato de sus magistrados suplentes para evitar una parálisis del tribunal, luego de que la Asamblea Legislativa, controlada por el oficialismo, devolviera en varias ocasiones las nóminas enviadas por el Poder Judicial.
La disputa escaló con acciones penales
La presidenta Laura Fernández, quien asumió el cargo en mayo, calificó la resolución como un intento de usurpar funciones del Congreso. Posteriormente acompañó a su bancada para presentar una querella por prevaricato y usurpación de atribuciones contra los cuatro magistrados que respaldaron el fallo.
“Jamás cuatro magistrados usurpadores de nuestra democracia van a poder imponerse a 31 diputados electos por el pueblo”, declaró la mandataria.
Los jueces defienden una medida de emergencia
Los magistrados sostienen que actuaron para garantizar el funcionamiento del tribunal encargado de resolver recursos de amparo y hábeas corpus. El magistrado Jorge Araya denunció una “deriva autoritaria” del Gobierno y afirmó que la decisión buscó evitar el colapso de la justicia constitucional.
Líderes opositores y organizaciones civiles han expresado preocupación por el enfrentamiento entre el Ejecutivo y el Poder Judicial. También advierten sobre un posible debilitamiento de la independencia judicial y de la división de poderes.
El caso representa un precedente poco común en Costa Rica, donde llevar a magistrados constitucionales ante la justicia penal constituye un episodio sin antecedentes recientes en la trayectoria democrática del país.
