La Asamblea Legislativa de El Salvador continuó este lunes las entrevistas a los candidatos a magistrados de la Corte de Cuentas de la República.

La jornada comenzó con la lectura de una carta de la abogada Marcela Beatriz Iraheta Alfaro. En el documento, la aspirante informó que retiraba su candidatura.

Con esta decisión, el proceso de selección pasó de 18 a 17 candidatos. La Comisión Política prevé concluir las entrevistas este martes.

Por compromisos próximos

Iraheta Alfaro dirigió su carta a la Comisión Política de la Asamblea Legislativa. El documento tiene fecha del 18 de agosto de 2026.

La abogada explicó que tomó la decisión por compromisos y responsabilidades profesionales que asumirá próximamente.

Según la carta, esas actividades requieren su dedicación exclusiva. Por ello, decidió desistir de su postulación a una de las magistraturas.

Iraheta Alfaro integró la Secretaría Técnica del Consejo Fiscalizador Regional del Sistema de la Integración Centroamericana.

Cuatro candidatos participaron en la jornada

Tras conocer la renuncia, los diputados continuaron con las entrevistas previstas para este lunes.

La Comisión Política recibió a cuatro aspirantes a magistrados de la Corte de Cuentas de la República.

Los candidatos entrevistados fueron Gonzalo Octavio Ayala López, Boris Romeo García Alvarado, Luis Humberto Santos Guardado y Raúl Pareja Méndez.

Los diputados utilizaron las entrevistas para conocer el perfil y las propuestas de los aspirantes al cargo.

El proceso queda con 17 aspirantes

La salida de Iraheta Alfaro reduce a 17 el número de candidatos que continúan en la elección de magistrados.

La Comisión Política deberá completar las entrevistas antes de avanzar hacia las siguientes etapas del proceso legislativo.

La Corte de Cuentas de la República es el organismo encargado de fiscalizar el uso de los recursos públicos en El Salvador.

Por tanto, la elección de sus magistrados forma parte de las decisiones de la Asamblea Legislativa relacionadas con el control de los fondos estatales.

La Fiscalía General de la República de El Salvador mantiene una campaña en redes sociales para prevenir y rechazar actos de soborno dentro de la institución.

La entidad señala que la ética y la transparencia forman parte de sus principios. Además, reafirma su compromiso de prevenir prácticas de corrupción en sus procesos internos.

Canal para reportar posibles irregularidades

Como parte de la campaña antisobornos, la Fiscalía invita a informar sobre cualquier intento o acto de soborno relacionado con los procesos de compras públicas.

La institución habilitó el correo avisoantisoborno@fgr.gob.sv para recibir estos reportes. Según el mensaje difundido, la Fiscalía garantiza el anonimato de las personas que presenten una denuncia.

De esta forma, el mecanismo busca facilitar la comunicación de posibles irregularidades sin exponer la identidad de quienes proporcionen información.

Compras públicas bajo vigilancia

La campaña pone especial atención en los procesos de compras públicas, un área en la que pueden surgir intentos de soborno o prácticas contrarias a las normas de transparencia.

La Fiscalía pide a quienes conozcan un caso que utilicen el canal habilitado para comunicarlo. El llamado forma parte de las acciones institucionales para prevenir actos de corrupción.

Además, la entidad mantiene información sobre su política antisoborno en su sitio web oficial.

La Fiscalía promueve la denuncia

Con esta campaña, la Fiscalía busca reforzar el conocimiento de sus mecanismos para reportar posibles actos de soborno. La institución también destaca la importancia de la participación ciudadana para detectar irregularidades.

El mensaje difundido en redes sociales pregunta a los usuarios si conocen algún caso y los remite al correo habilitado.

Su campaña se enfoca en promover controles y canales de denuncia frente a posibles prácticas de corrupción.

Andrés Fernando Ríos Giraldo asumió la presidencia ejecutiva de DELSUR, empresa distribuidora de energía eléctrica en El Salvador. 

Ríos tendrá a su cargo la estrategia de la compañía y el desarrollo de iniciativas relacionadas con su operación, transformación y crecimiento.

El nuevo presidente ejecutivo cuenta con más de 20 años de experiencia en el sector energético y trayectoria dentro de Grupo EPM.

Ríos ingresó a DELSUR en 2025 como gerente de Distribución. Posteriormente, también asumió la Gerencia Comercial de la empresa.

Durante ese periodo participó en proyectos relacionados con la operación, la modernización tecnológica y la atención a los clientes.

Ahora, desde la Presidencia Ejecutiva, encabezará las operaciones de la distribuidora y sus planes estratégicos.

DELSUR atiende a más de 470,000 clientes

DELSUR presta el servicio de distribución eléctrica a más de 470,000 clientes en la zona centro-sur de El Salvador.

Entre sus áreas de gestión figuran la continuidad del servicio, la calidad, la innovación y la transformación digital.

La compañía también desarrolla acciones relacionadas con sostenibilidad y mantiene vínculos con comunidades, autoridades, proveedores y otros sectores.

Nuevos retos para la distribuidora

Grupo EPM señaló que el nombramiento responde a su estrategia de largo plazo para DELSUR.

La empresa indicó que continuará con sus planes de inversión y transformación para enfrentar los desafíos del sector energético.

Ríos afirmó que buscará mantener una gestión enfocada en los clientes y en las necesidades de los territorios donde opera DELSUR.

El ejecutivo también señaló que la compañía continuará trabajando con sus distintos grupos relacionados para desarrollar soluciones vinculadas con el servicio eléctrico.

Con el cambio en su Presidencia Ejecutiva, DELSUR continuará bajo el control de Grupo EPM, que mantiene su estrategia para la operación de la filial en El Salvador.

Una serie de documentos financieros plantea interrogantes sobre el arbitraje en Nueva York relacionado con la empresa Continental Towers (compañía de telecomunicaciones que opera en El Salvador y otros países de América Latina) y la actuación del árbitro Marc J. Goldstein. Los registros incluyen transferencias millonarias entre instituciones financieras de distintas jurisdicciones y las decisiones del árbitro en favor de una de las partes.

Las empresas Terra Towers y la estadounidense TPG Pepertreese disputan el control de Continental Towers en el arbitraje. Goldstein ha fallado en favor de Pepertree.

Algunos documentos relacionados a las transferencias mencionan el apellido Goldstein y un fideicomiso identificado como “Joel Goldstein Trust”.

La documentación disponible abrió la puertas para que autoridades de diferentes países iniciaran investigaciones sobre la existencia de un soborno.

La autenticidad de los registros, el origen de los fondos y sus beneficiarios requieren una verificación.

El sonado caso

El caso Continental Towers enfrenta a accionistas de la empresa de infraestructura de telecomunicaciones con los fondos estadounidenses Peppertree Capital y AMLQ Holdings, filial de Goldman Sachs. Los inversionistas adquirieron en 2015 el 45,5 % de las acciones de la compañía, que opera unas 12,000 torres de telefonía móvil en ocho países de América Latina.

Desde entonces, ambas partes mantienen una disputa por el control y la gestión de la empresa, con acusaciones cruzadas de presiones financieras, administración fraudulenta y maniobras para forzar una venta.

La controversia llegó al arbitraje internacional en Nueva York y, en marzo de 2025, un tribunal administrado por la Asociación Americana de Arbitraje falló a favor de Peppertree.

La resolución es impugnada por la empresa Terra Towers, mientras el caso tomó una nueva dimensión después de que investigaciones privadas y publicaciones periodísticas señalaran presuntos pagos y transferencias irregulares vinculados al árbitro que presidió el proceso. Esas acusaciones forman parte de las controversias que rodean el fallo.

Expedientes penales en otros países

El conflicto también derivó en investigaciones penales en El Salvador, Guatemala, Panamá y Costa Rica por presuntos delitos que incluyen fraude, extorsión, soborno, lavado de dinero, malversación y asociación ilícita.

En El Salvador, un tribunal emitió órdenes internacionales de captura contra tres directivos de Peppertree Capital: Howard Mandel, Ryan Lepene y John Ranieri.

Las pesquisas continúan mientras la estructura accionaria se mantiene dividida entre el empresario español que posee el 55 % de Continental Towers y los fondos estadounidenses, que controlan el 45 % restante.

Transferencias millonarias aparecen en los registros

Según los documentos suministrados, el 5 de septiembre de 2022 ingresaron $3.475.644 desde Cayman National Bank.

La operación habría terminado relacionada con una cuenta de Credit Suisse AG.

Días después, una comunicación fechada el 12 de septiembre mencionó una instrucción por $3 millones.

El documento señala que los fondos debían distribuirse mediante entre cuatro y ocho pagos.

La comunicación también incluye el apellido “Goldstein” y solicita limitar las personas copiadas en los mensajes.

Un fideicomiso aparece entre las operaciones

Los registros también señalan una transferencia de $625.045 realizada entre el 25 y 26 de octubre de 2022.

La operación involucró a Credit Suisse, Citibank y Charles Schwab, según la documentación aportada.

Un correo bancario incluido en los documentos identifica como destino una cuenta denominada “Joel Goldstein Trust”.

La documentación incluye además un mensaje fechado el 3 de noviembre de 2022.

En esa comunicación, una persona habría solicitado detener instrucciones relacionadas con Goldstein.

El contexto de ese mensaje todavía requiere una revisión independiente. También deberá establecerse quién emitió la instrucción y quiénes participaron en las operaciones financieras.

El arbitraje enfrenta nuevos cuestionamientos

El litigio enfrenta a intereses vinculados con Terra Towers Corp. y TPG Peppertree.

Goldstein participó como árbitro en el proceso desarrollado en Nueva York.

Entre las decisiones cuestionadas figuran medidas relacionadas con el control y transferencia de activos de Continental Towers.

También existen señalamientos sobre actuaciones vinculadas con procesos judiciales en Guatemala y El Salvador.

La documentación financiera podría llevar a las partes a solicitar una revisión sobre una eventual relación entre los pagos y esas decisiones.

Una investigación deberá establecer la relación

El caso podría generar nuevas acciones ante tribunales y autoridades financieras si los documentos confirman una relación con el arbitraje.

Los interesados podrían cuestionar la validez o ejecución de determinadas decisiones arbitrales.

Para ello, deberán demostrar los hechos ante las autoridades y tribunales competentes.

Además, cualquier investigación sobre soborno, fraude, lavado de activos u otros delitos corresponde a las autoridades judiciales.

La aplicación de la Convención de Nueva York también dependerá de las circunstancias específicas y de las decisiones de los tribunales competentes.

El caso plantea preguntas sobre el origen del dinero

Los documentos conocidos dejan abiertas varias preguntas sobre las operaciones financieras.

Entre ellas figura quién ordenó las transferencias y quién recibió finalmente los recursos.

También deberá determinarse el propósito de los pagos y la identidad de los beneficiarios.

Otro punto será establecer si existió alguna relación entre esas operaciones y las decisiones adoptadas durante el arbitraje.

La respuesta a esas interrogantes dependerá de investigaciones y verificaciones adicionales.

La documentación requiere corroboración independiente

La información divulgada procede de documentos entregados para su análisis y no constituye una determinación judicial.

Una eventual investigación deberá verificar la autenticidad de los registros, el recorrido de los fondos y las relaciones entre sus participantes.

El caso ya involucra varias jurisdicciones por la naturaleza internacional de las operaciones y del proceso arbitral.

Un tribunal chino condenó a cadena perpetua a Hui Ka Yan, fundador y expresidente de Evergrande. El empresario también perdió todos sus bienes personales y sus derechos políticos de por vida.

El Tribunal Popular Intermedio de Shenzhen lo declaró responsable de delitos financieros cometidos entre 2016 y 2021. Según el fallo, Hui y Evergrande participaron en un fraude financiero a gran escala.

Los cargos incluyeron malversación de fondos, fraude en la recaudación de fondos y captación ilegal de depósitos públicos.

Hui se declaró culpable de los cargos en abril.

Además, las autoridades impusieron multas por 2.3 millones de dólares a Evergrande Group y una filial inmobiliaria.

El colapso dejó una deuda superior a 300,000 millones de dólares

Evergrande llegó a convertirse en uno de los mayores desarrolladores inmobiliarios de China.

Hui fundó la compañía en 1996, durante el rápido proceso de urbanización del país.

La empresa creció mediante una fuerte expansión financiada con préstamos de bancos, gobiernos locales y otros acreedores.

Sin embargo, su deuda superó los 300,000 millones de dólares antes del colapso.

En 2020, el Gobierno chino endureció las restricciones sobre el endeudamiento de los desarrolladores.

Las nuevas reglas limitaron el acceso al crédito de empresas con altos niveles de deuda.

Evergrande enfrentó entonces una fuerte crisis de liquidez y dejó de cumplir con sus obligaciones en 2021.

La caída de la empresa golpeó al mercado inmobiliario

El colapso de Evergrande desencadenó una prolongada crisis inmobiliaria en China.

Millones de viviendas parcialmente construidas permanecen abandonadas en distintas zonas del país.

Además, las ventas y la construcción de nuevas propiedades continúan debilitándose.

Los precios de las viviendas nuevas también dejaron de recuperarse en grandes ciudades como Beijing y Shanghái.

En ciudades pequeñas del interior, los precios de las viviendas usadas cayeron casi 25% frente a los niveles de 2020.

La caída de los precios también redujo la riqueza de millones de familias chinas.

Para muchos hogares, los inmuebles representaban una inversión y una de sus principales fuentes de patrimonio.

El sector inmobiliario sigue lastrando el crecimiento chino

La crisis también afecta el desempeño general de la economía china.

El producto interno bruto creció 4.3% interanual entre abril y junio de 2026.

Ese resultado representa el crecimiento trimestral más lento en más de tres años, según los datos proporcionados.

Mientras tanto, las ventas de terrenos continúan descendiendo y la construcción mantiene una tendencia débil.

El retroceso inmobiliario también limita el consumo interno.

Las familias enfrentan una menor riqueza inmobiliaria y una mayor incertidumbre sobre el valor de sus propiedades.

China depende más de las exportaciones

Ante la debilidad del mercado interno, China depende cada vez más de sus exportaciones.

El superávit comercial del país se duplicó con creces desde 2019.

Este aumento genera nuevas tensiones con Estados Unidos y la Unión Europea.

También crece la preocupación por un posible nuevo impacto de las exportaciones chinas sobre industrias extranjeras.

El fenómeno podría afectar incluso a economías del Sur Global que compiten con productos chinos.

La liquidación de Evergrande no resuelve la crisis

Un tribunal de Hong Kong ordenó la liquidación de Evergrande en 2024.

Además, tribunales de Shenzhen condenaron a otras 56 personas relacionadas con el caso.

Entre los condenados figuran dos hijos de Hui, con penas de entre 22 meses y 18 años.

La condena del fundador representa un nuevo capítulo en el derrumbe del gigante inmobiliario.

Sin embargo, sus efectos económicos continúan más allá de la situación judicial de la empresa.

La crisis inmobiliaria sigue afectando los precios, la construcción, la inversión y el consumo en China.

Por ello, el caso Evergrande se mantiene como uno de los principales símbolos de los problemas que dejó el auge inmobiliario chino.