La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó este miércoles la 55.ª prórroga del régimen de excepción, que continuará vigente durante otros 30 días.

La extensión comenzará el 28 de septiembre y finalizará el 27 de octubre, según la decisión legislativa.

El régimen de excepción entró en vigor el 27 de marzo de 2022, tras una ola de violencia atribuida a las pandillas.

El oficialismo destaca la reducción de los homicidios

La prórroga recibió 57 votos de 60 en la Asamblea Legislativa, controlada por el partido oficialista Nuevas Ideas.

La diputada opositora Claudia Ortiz, del partido Vamos, votó en contra. Los diputados de Alianza Republicana Nacionalista (Arena) no participaron en la votación.

El Gobierno atribuye al régimen parte de la reducción de los homicidios y otros delitos.

Según cifras oficiales, El Salvador acumula 1,212 días sin homicidios desde la implementación de la medida. De ellos, 224 corresponden a 2026.

La tasa de homicidios pasó de 106.3 por cada 100,000 habitantes en 2015 a 1.3 en 2025, según datos oficiales.

Más de 93,000 capturas desde marzo de 2022

Las autoridades reportan 93,162 capturas de presuntos pandilleros desde el inicio del régimen de excepción.

Además, contabilizan el decomiso de 5,574 armas de fuego, 12,247 vehículos y 25,568 teléfonos celulares.

Los registros oficiales también incluyen incautaciones de drogas valoradas en 1,735 millones de dólares.

El diputado Caleb Navarro, de Nuevas Ideas, destacó que varias comunidades recuperaron espacios que antes estaban afectados por las pandillas.

Su compañero de bancada Walter Alemán recordó las décadas de violencia que precedieron a la aplicación de la medida.

Sin embargo, organizaciones salvadoreñas e internacionales han cuestionado el régimen de excepción por denuncias de arrestos arbitrarios y torturas.

El Gobierno de Nayib Bukele rechaza esos señalamientos. Sin embargo, ha reconocido la existencia de un “margen de error” en las detenciones.

La nueva extensión mantiene vigente la suspensión de determinadas garantías constitucionales mientras las autoridades continúan las operaciones contra las estructuras criminales.

La canciller Alexandra Hill Tinoco afirmó que el país está dispuesto a ampliar la cooperación regional contra el narcotráfico y las organizaciones criminales.

La ministra de Relaciones Exteriores de El Salvador, Alexandra Hill Tinoco, participó en una reunión con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El encuentro ocurrió durante la Asamblea General de las Naciones Unidas y reunió a varios gobiernos latinoamericanos.

Hill Tinoco afirmó que El Salvador mantiene su disposición a fortalecer la cooperación regional contra el crimen organizado.

El Gobierno plantea una mayor cooperación regional

Durante la reunión, la canciller mencionó el combate al narcotráfico y las amenazas que superan las fronteras nacionales.

“El Salvador reafirmó su disposición a fortalecer la cooperación regional frente al narcotráfico, el crimen organizado y las amenazas que trascienden nuestras fronteras”, declaró.

La funcionaria no detalló nuevos acuerdos ni operaciones conjuntas derivados del encuentro.

Su declaración plantea la continuidad de la participación salvadoreña en espacios internacionales sobre seguridad regional.

Trump ofrece apoyo estadounidense contra los carteles

Trump presidió la reunión del llamado Escudo de las Américas, una iniciativa centrada en la cooperación contra organizaciones criminales.

El mandatario estadounidense ofreció apoyo directo a los países que no puedan enfrentar por cuenta propia a los carteles.

“Si no pueden, lo haremos nosotros por ustedes”, afirmó Trump durante la apertura del encuentro.

El presidente estadounidense describió a esas organizaciones como estructuras violentas que controlan territorios.

Además, aseguró que Estados Unidos está dispuesto a respaldar a los gobiernos latinoamericanos en esa lucha.

El encuentro reunió a varios gobiernos latinoamericanos

La reunión contó con la participación de los presidentes de Argentina, Chile, Ecuador, Guyana, Honduras, Paraguay y República Dominicana.

También asistieron la presidenta de Perú, Keiko Fujimori, y el vicepresidente de Colombia, José Manuel Restrepo.

El encuentro se desarrolló al margen de la Asamblea General de Naciones Unidas.

La reunión permitió abordar la cooperación frente al narcotráfico y el crimen organizado desde una perspectiva regional.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reunió este martes a varios líderes latinoamericanos durante la Asamblea General de las Naciones Unidas.

El encuentro se centró en la lucha contra los cárteles, el narcotráfico y el crimen organizado en el continente.

Trump ofreció apoyo de Estados Unidos a los países que no puedan enfrentar por sí solos a esas organizaciones. 

El mandatario planteó incluso una posible intervención estadounidense dentro de esos territorios.

Trump plantea una respuesta conjunta contra el crimen organizado

Durante la reunión, Trump presentó a los cárteles como una amenaza para la seguridad regional.

“Durante años, los cárteles han hecho la guerra a los pueblos de este hemisferio”, afirmó el presidente estadounidense.

Luego añadió que Estados Unidos está dispuesto a combatirlos junto con sus aliados.

Trump planteó dos opciones para los gobiernos de la región. Según sus palabras, los países pueden enfrentar a los grupos criminales por cuenta propia o solicitar apoyo estadounidense.

El mandatario aseguró que Estados Unidos respaldará a sus socios en la lucha contra las organizaciones que controlan territorios.

Además, durante su discurso ante la Asamblea General, Trump advirtió que podría utilizar fuerza militar si considera amenazados los intereses estadounidenses en América Latina.

La alianza reúne a gobiernos de varios países

El encuentro del Escudo de las Américas reunió a dirigentes de distintos países latinoamericanos.

Entre los asistentes estuvieron Javier Milei, presidente de Argentina; José Antonio Kast, presidente de Chile; Daniel Noboa, presidente de Ecuador; e Irfaan Ali, presidente de Guyana.

También participaron Nasry Asfura, presidente de Honduras; Santiago Peña, presidente de Paraguay; Keiko Fujimori, presidenta de Perú; y Luis Abinader, presidente de República Dominicana.

Colombia estuvo representada por su vicepresidente, José Manuel Restrepo.

La iniciativa busca coordinar esfuerzos contra el narcotráfico y el crimen organizado transnacional. Trump impulsó el grupo en marzo de 2026.

Perú respalda la cooperación regional

La presidenta peruana, Keiko Fujimori, destacó la incorporación de su país al Escudo de las Américas.

Fujimori afirmó que Perú participa con determinación y entusiasmo. También expresó su respaldo al liderazgo de Trump durante el encuentro.

Por su parte, los participantes defendieron la cooperación entre gobiernos para enfrentar las redes criminales que operan en varios países.

La reunión permitió así reforzar el mensaje de coordinación regional frente al narcotráfico.

El grupo analiza medidas contra organizaciones criminales

Tras la reunión, el Escudo de las Américas anunció una primera acción conjunta contra 24 organizaciones criminales de la región.

La propuesta contempla congelar activos y aplicar restricciones migratorias y de visado a integrantes y personas vinculadas con esos grupos.

También plantea responsabilidad penal para quienes proporcionen apoyo material o logístico a las organizaciones señaladas.

Entre los grupos mencionados figuran la Mara Salvatrucha, Los Tiguerones, el Ejército de Liberación Nacional, el Cártel de Sinaloa y el Clan del Golfo.

México y Brasil permanecen fuera de la iniciativa

La alianza no incluye a México ni Brasil, dos de las principales economías de América Latina.

Ambos países permanecen fuera del Escudo de las Américas. La iniciativa reúne a gobiernos que han respaldado una mayor cooperación con Washington contra los cárteles.

En su discurso ante la ONU, Trump también se refirió a México y calificó al país como un centro importante del narcotráfico.

El presidente estadounidense dijo mantener una buena relación con la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum. 

Sin embargo, pidió a su Gobierno recuperar el control de las zonas afectadas por organizaciones criminales.

Trump eleva la presión sobre el narcotráfico en América Latina

La reunión forma parte de una política estadounidense que busca ampliar la cooperación contra los cárteles y el tráfico de drogas.

Al mismo tiempo, Trump ha defendido un papel militar más activo de Estados Unidos en el hemisferio occidental.

Esa postura ha generado diferencias con gobiernos que rechazan posibles operaciones estadounidenses dentro de sus territorios.

El encuentro en Nueva York marca así un nuevo paso en la coordinación entre Washington y varios gobiernos latinoamericanos.

El combate al narcotráfico quedó como uno de los principales temas de la agenda regional durante la Asamblea General de la ONU.

La Asamblea Legislativa eligió y juramentó este jueves a los 14 integrantes del Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ) para el período 2026-2031.

La elección incluye a siete consejeros propietarios y siete suplentes. El nuevo período comenzará el 22 de septiembre de 2026 y finalizará el 21 de septiembre de 2031.

El CNJ es la institución encargada de participar en la selección de candidatos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de jueces, entre otras funciones relacionadas con la carrera judicial.

La votación recibió 59 votos

La Asamblea aprobó el dictamen con 59 votos a favor. La votación contó con el respaldo de diputados de Nuevas Ideas, el Partido de Concertación Nacional, el Partido Demócrata Cristiano y Alianza Republicana Nacionalista.

La diputada Claudia Ortiz, del partido Vamos, votó en contra del dictamen.

La propuesta de los 14 integrantes se presentó poco antes de las 5:00 de la tarde. Después, el pleno realizó votaciones nominales y públicas para definir a los nuevos consejeros.

La votación de los propietarios y suplentes concluyó durante la tarde. Luego, el presidente de la Asamblea Legislativa tomó el juramento a los funcionarios electos.

La ceremonia comenzó con los consejeros suplentes y continuó con los propietarios. El proceso terminó a las 6:57 de la tarde.

Siete propietarios asumirán el nuevo período

Los consejeros propietarios representan a distintos sectores vinculados con el sistema de justicia salvadoreño.

Por el sector de abogados fueron elegidos Santos Guerra Grijalba, Magdaleno de Jesús Novelo Rodríguez y Alexander Efraín Ticas Navarro.

Guerra Grijalba ya ocupa un cargo como consejero propietario del Consejo Nacional de la Judicatura. Novelo Rodríguez trabaja en una Cámara de Familia y ha ejercido como juez suplente.

Ticas Navarro se desempeña como asesor de la Corte de Cuentas.

Por la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad de El Salvador fue elegido Luis Alonso Ramírez Menéndez, quien también integra actualmente el Consejo Nacional de la Judicatura.

Verónica Lisseth González Penado fue electa por el sector de las facultades de Derecho de universidades privadas. También ejerce actualmente como consejera propietaria.

Miguel Ángel Calero Ángel representará al sector del Ministerio Público. Calero Ángel es consejero propietario y actualmente preside el Consejo Nacional de la Judicatura.

Por el sector de jueces y magistrados fue elegido Omar Alexander Hernández, magistrado de la Cámara Primera contra el Crimen Organizado.

Siete suplentes completan la nueva integración

El grupo de consejeros suplentes también quedó distribuido entre los siete sectores que participan en la integración del Consejo Nacional de la Judicatura.

Por el sector de abogados fueron elegidos Eduardo Antonio Pérez Hernández, Alba Geraldina Paredes de Bonifacio y Manuel Alexander Guevara Hernández.

Pérez Hernández es jefe de la Unidad de Notificaciones de la Corte de Cuentas. Paredes de Bonifacio trabaja en esa institución.

Guevara Hernández ocupa el cargo de director de Transparencia de la Corte de Cuentas.

Elías Alexander Mejía Merlos fue elegido por la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad de El Salvador. Es docente universitario y asesor de empresas privadas.

María Francesca Leiva Rodríguez representará al sector de las facultades de Derecho de universidades privadas. Leiva Rodríguez es docente universitaria.

Por el sector del Ministerio Público fue elegida Jennifer Isa Mansell García de Vásquez, jefa de una unidad fiscal en Santa Tecla.

Nelly Edith Pozas Henríquez fue seleccionada por el sector de jueces y magistrados. Actualmente es magistrada de la Cámara Segunda de lo Laboral.

El nuevo consejo asumirá el 22 de septiembre

Los 14 funcionarios asumirán formalmente sus cargos el 22 de septiembre de 2026. Su gestión se extenderá durante cinco años, hasta el 21 de septiembre de 2031.

La nueva integración tendrá entre sus responsabilidades la participación en los procesos relacionados con la selección de candidatos para cargos judiciales, de acuerdo con las atribuciones establecidas para la institución.

La Asamblea Legislativa salvadoreña aprobó este jueves, con 57 votos, una reforma que elimina para las empresas privadas la obligación de nombrar un delegado de protección de datos personales.

La reforma modifica la Ley para la Protección de Datos Personales y traslada a cada empresa las funciones que antes correspondían al delegado.

Así, las compañías deberán atender directamente las solicitudes relacionadas con los derechos ARCO-POL. Estos incluyen acceso, rectificación, cancelación, oposición, portabilidad, olvido y limitación.

Empresas asumirán la intención de solicitudes

Con el cambio, las solicitudes ya no tendrán que dirigirse a un delegado. Cada sujeto obligado deberá recibirlas y responderlas en un plazo de 20 días hábiles.

También asumirá tareas como certificar rectificaciones, notificar transferencias de información y resolver solicitudes.

El diputado Walter Coto, de Nuevas Ideas, defendió la eliminación de la obligación. Señaló que el cargo representaba un costo adicional para pequeños empresarios.

Por su parte, la diputada Claudia Ortiz cuestionó durante la sesión cómo podrán garantizarse los derechos de los ciudadanos sin esa figura.

El sector público mantendrá la figura

La reforma establece una diferencia entre empresas privadas e instituciones públicas.

Las entidades estatales deberán nombrar un delegado de protección de datos. La ley permite que esa función recaiga en el mismo oficial de información.

Además, la reforma permite que el director de protección de datos de la Agencia de Ciberseguridad del Estado sea nombrado por el presidente.

El funcionario ocupará el cargo durante tres años.

El cambio ocurre tras nuevas reglas de cumplimiento

La derogatoria llega días después de que la Agencia de Ciberseguridad del Estado dejara sin efecto el plazo para comunicar los nombramientos.

Ese plazo vencía el 16 de septiembre. Sin embargo, la agencia aclaró que la obligación legal de contar con delegados seguía vigente antes de la reforma.

Los lineamientos publicados en agosto establecían requisitos para el perfil, nombramiento y certificación de estos funcionarios.

Ahora, con la reforma aprobada por la Asamblea, las empresas privadas dejan de tener esa obligación expresa dentro de la Ley para la Protección de Datos Personales.