El Salvador acogió este miércoles el foro Forbes Business Travel 2026, un encuentro que reúne a representantes del sector turístico y empresarial para analizar el crecimiento del turismo de negocios en Centroamérica.

La actividad abordó temas como la conectividad aérea, la infraestructura hotelera, la inversión corporativa y la organización de congresos internacionales. Además, examina oportunidades para fortalecer la posición de la región como destino de viajes ejecutivos.

Turismo reporta 3.5 millones de visitantes internacionales

Durante la inauguración, la ministra de Turismo de El Salvador, Morena Valdez, afirmó que el país recibió 3.5 millones de visitantes internacionales hasta septiembre.

La funcionaria indicó que la meta gubernamental para 2026 asciende a 4.2 millones de visitantes. También destacó la importancia de coordinar esfuerzos entre el sector público, las empresas, los gremios y la academia para sostener el crecimiento turístico.

Valdez sostuvo que El Salvador se ha convertido en un centro de atracción turística y atribuyó ese cambio a las políticas de seguridad impulsadas por el presidente Nayib Bukele.

Conectividad e infraestructura centran el debate empresarial

El foro analizó el papel de las rutas aéreas, los hoteles y los servicios corporativos en la atracción de viajeros de negocios.

Los participantes también abordan el turismo MICE, que comprende reuniones, viajes de incentivos, congresos y exposiciones. Este segmento permite atraer eventos internacionales y generar actividad para hoteles, restaurantes y otros servicios.

Asimismo, el encuentro examina la tendencia bleisure, que combina los viajes laborales con actividades de ocio y turismo.

Centroamérica busca ampliar las oportunidades de inversión

La agenda reúne a representantes de cadenas hoteleras, aerolíneas, empresas inmobiliarias, agencias de viajes corporativos y autoridades públicas.

Las discusiones se centran en cómo el turismo ejecutivo puede impulsar inversiones y fortalecer sectores como los servicios financieros, la tecnología y la infraestructura.

El encuentro también plantea la conectividad regional como un elemento clave para facilitar los desplazamientos empresariales y promover a Centroamérica como destino para eventos internacionales.

San Salvador será sede del Congreso Latinoamericano de Derecho Financiero (COLADE 2026), que reunirá este 15 y 16 de octubre a juristas, reguladores y representantes del sector bancario de América Latina.

El encuentro se realizará en el hotel Hilton San Salvador, con doce sesiones académicas y más de 25 expertos nacionales e internacionales. Los participantes analizarán los desafíos legales que plantean las nuevas tecnologías y su impacto en el sistema financiero regional.

La Asociación Bancaria Salvadoreña (ABANSA) organiza el congreso junto con la Federación Latinoamericana de Bancos (FELABAN), que impulsa este foro desde hace más de cuatro décadas.

La inteligencia artificial y los activos digitales centran la agenda

Los especialistas abordarán ocho ejes temáticos relacionados con la transformación tecnológica de las finanzas. Entre ellos destacan la inteligencia artificial, la prevención del fraude, la ciberseguridad y los estándares internacionales para la banca.

Además, discutirán la regulación de los activos digitales, la fiscalidad, la identidad digital, los neurodatos, la tecnología blockchain y los contratos inteligentes.

La agenda también examinará la relación entre las empresas de tecnología financiera, conocidas como fintech, y la banca tradicional. El objetivo es analizar cómo integrar nuevas soluciones sin descuidar la seguridad jurídica y la estabilidad financiera.

Expertos de seis países participarán en las sesiones

El programa contará con especialistas de España, Estados Unidos, Colombia, Panamá, Costa Rica y El Salvador.

Los organizadores han destacado la importancia de analizar los cambios legales asociados con la innovación financiera.

El congreso, según ABANSA, permitirá intercambiar experiencias sobre los avances del mercado financiero latinoamericano.

Giorgio Trettenero Castro, secretario general de FELABAN, agradeció recientemente a El Salvador por recibir a la comunidad financiera regional y destacó el contenido académico del encuentro.

El Salvador acoge el debate sobre regulación financiera

La edición de 2026 se desarrolla en un contexto de digitalización de los servicios financieros y de creciente necesidad de actualizar las normas que regulan el sector.

El congreso busca facilitar el intercambio de experiencias entre países y examinar cómo adaptar los marcos jurídicos a tecnologías emergentes. También pretende promover la cooperación entre bancos, especialistas legales y autoridades reguladoras.

FELABAN agrupa a más de 600 bancos y entidades financieras de 17 países latinoamericanos mediante sus respectivas asociaciones bancarias. La federación fue fundada en 1965 y promueve el desarrollo del sector financiero regional.

Los interesados en consultar el programa, los expositores y las inscripciones pueden acceder al sitio oficial del evento: www.colade2026.com.sv.

La audiencia preliminar del caso Corruptela se reanudó en San Salvador, para examinar presuntos actos de corrupción vinculados con 30 personas, entre exfuncionarios, exempleados de la Fiscalía General de la República y empresarios.

Según la investigación, durante la gestión del exfiscal general Luis Antonio Martínez González (2012-2015) se entregaron dádivas valoradas en aproximadamente $1.5 millones. Los beneficios habrían incluido dinero en efectivo, vehículos de lujo y viajes en aviones privados para obtener decisiones favorables dentro de la institución.

Presuntos favores judiciales y desvío de fondos públicos

De acuerdo con la acusación, los beneficios buscaban influir en investigaciones penales, archivar expedientes de forma irregular, promover procesos falsos y facilitar detenciones ilegales.

Además, las autoridades investigan un presunto desvío de $735,866.14 procedentes de cuentas especiales y del patrimonio de la Fiscalía. El dinero habría financiado consultorías ficticias, contrataciones irregulares, remodelaciones de viviendas particulares y gastos personales.

El expediente comprende 22 hechos presuntamente delictivos e incluye al exfiscal general adjunto Edgar Isaías Márquez, quien no compareció a la audiencia. Por ello, la jueza lo declaró rebelde.

También figuran empresarios y otros exfuncionarios, así como el fallecido expresidente salvadoreño Carlos Mauricio Funes. La investigación busca establecer la responsabilidad individual de cada persona señalada.

Decisiones judiciales y cambios en las acusaciones

Durante las diligencias, cinco imputados considerados de menor participación recibieron autorización para optar por un procedimiento abreviado, que permite reducir las penas bajo determinadas condiciones legales. Sin embargo, la jueza rechazó esa opción para Blanca Rosa Rais.

Por otra parte, la Fiscalía solicitó modificar la calificación de la participación de Martínez y Julio Adalberto Arriaza González. Busca que ambos sean considerados autores directos, en lugar de instigadores, de los delitos atribuidos.

Audiencia reservada y próximos pasos

La audiencia se desarrolla a puerta cerrada debido a una reserva parcial destinada a proteger la identidad de testigos colaboradores.

Entre los delitos investigados figuran cohecho, peculado, negociaciones ilícitas, falsedad documental y lavado de dinero y activos.

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció que su Gobierno estudia un plan de libertad anticipada y condicional para cerca de la mitad de los presos que colaboraron con las pandillas. La propuesta contempla evaluar cada caso de forma individual y establecer condiciones para quienes puedan acceder al beneficio.

Bukele presentó la iniciativa durante una conferencia de prensa en la Casa Presidencial. Según explicó, el programa permitiría liberar a personas que cometieron delitos, pero cuya colaboración con estos grupos criminales ocurrió en un contexto de amenazas y control territorial.

“Es culpable, pero liberarlo condicionalmente”, afirmó el mandatario al explicar el alcance de la propuesta.

La evaluación individual determinará quién puede salir de prisión

El plan busca distinguir entre los integrantes de las pandillas que ejercían violencia contra la población y las personas que colaboraron con estas estructuras bajo presión.

Bukele sostuvo que las autoridades deben considerar las circunstancias en las que vivían los salvadoreños antes de las medidas de seguridad impulsadas por su Gobierno. En ese contexto, señaló que no todas las personas relacionadas con las pandillas desempeñaban el mismo papel.

El presidente explicó que su administración analiza los expedientes para determinar quiénes podrían recibir una liberación anticipada condicional. Sin embargo, no detalló cuándo comenzaría el programa ni qué requisitos concretos exigiría.

La propuesta tampoco supone una declaración de inocencia para los posibles beneficiarios. Según las explicaciones del mandatario, se trataría de personas culpables que podrían abandonar la cárcel bajo condiciones especiales.

Más de 90,000 encarceladas desde 2022

El anuncio se produce en el marco de la política de seguridad que Bukele impulsa desde marzo de 2022, cuando su Gobierno estableció un régimen de excepción para combatir a las pandillas.

Desde entonces, las autoridades han encarcelado a más de 90,000 señalados como integrantes de estos grupos o colaboradoras de sus actividades.

Las medidas de seguridad coincidieron con una fuerte reducción de los homicidios y otros delitos en el país. No obstante, organizaciones defensoras de los derechos humanos han denunciado presuntas detenciones arbitrarias y abusos contra personas privadas de libertad.

Ante las críticas, Bukele aseguró que su Gobierno no pretende mantener en prisión a personas inocentes. Para explicar su postura, mencionó que los sistemas judiciales deben revisar las pruebas y retirar los cargos cuando no existan elementos suficientes para sostenerlos.

El Gobierno mantiene el régimen de excepción

Además de la posible liberación de presos, Bukele se refirió a la continuidad del régimen de excepción, vigente desde hace más de cuatro años.

El mandatario afirmó que le gustaría eliminar esta medida en el futuro, aunque considera que todavía resulta necesaria para mantener los resultados de la política de seguridad.

Para explicar su posición, comparó el régimen con un tratamiento de quimioterapia contra el cáncer. Según dijo, la violencia ha disminuido, pero todavía quedan estructuras criminales que requieren atención.

“Lo vamos a hacer en algún momento”, señaló al referirse al eventual levantamiento del régimen de excepción.

Sin embargo, el presidente no anunció una fecha para poner fin a estas medidas extraordinarias.

La magistrada Jenny Noemy Alvarado Teni asumió la presidencia del Organismo Judicial y de la Corte Suprema de Justicia de Guatemala, tras recibir la juramentación del Congreso. La ceremonia se celebró en el Teatro Nacional, con la presencia del presidente Bernardo Arévalo.

Ella ejercerá el cargo durante el período 2026-2027 y sucede a Claudia Paredes. Alvarado obtuvo 13 votos a favor durante su elección, realizada a finales de septiembre.

Más jueces para reducir los retrasos judiciales

Tras asumir el cargo, Alvarado anunció que trabajará para reducir la mora judicial, mejorar los plazos de resolución y modernizar los tribunales. También planteó fortalecer al personal, renovar equipos y crear más órganos jurisdiccionales.

Además, señaló que las autoridades deben identificar las áreas que requieren atención urgente, incluidos los procesos relacionados con delitos sexuales.

La cobertura de jueces representa uno de los principales desafíos. Según las cifras presentadas por la funcionaria, Guatemala cuenta con ocho jueces por cada 100,000 habitantes, frente a una referencia internacional de 18.

Ante esta diferencia, la nueva presidenta propuso ampliar la cantidad de jueces y tribunales para facilitar el acceso a la justicia.

El presupuesto de 2027, clave para ampliar los servicios

Alvarado también destacó la importancia de los recursos públicos para ejecutar sus planes. Por ello, participó en reuniones en el Congreso relacionadas con el presupuesto estatal de 2027.

La Comisión de Finanzas del Legislativo realiza audiencias para analizar el proyecto presupuestario. En ese proceso, las instituciones presentan sus planes y solicitan los fondos necesarios para cumplir sus objetivos.

La presidenta judicial indicó que una asignación adecuada permitiría ampliar las plazas, fortalecer al personal y evaluar la creación de nuevos tribunales.

Transparencia y cooperación institucional

Alvarado reafirmó su compromiso con la integridad institucional y la rendición de cuentas. Asimismo, planteó fortalecer la coordinación con las instituciones del sector justicia, las universidades, el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala y las organizaciones de la sociedad civil.

La nueva administración buscará mejorar el funcionamiento de los tribunales y facilitar que la población guatemalteca acceda a los servicios judiciales