La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó este lunes una nueva prórroga para la vigencia de las placas vehiculares con formato 2011, por lo que más de 2 millones de matrículas seguirán siendo válidas hasta el 31 de agosto de 2027. La medida busca evitar el impacto económico de una renovación inmediata y dar más tiempo a las autoridades para preparar un nuevo sistema de identificación vehicular.

La reforma recibió 59 votos de los diputados presentes y modifica una disposición transitoria de la Ley de Derechos Fiscales por la Circulación de Vehículos.

Según el dictamen aprobado, la extensión permitirá realizar una evaluación técnica, financiera y logística del proceso antes de emitir las nuevas placas. El documento también señala que esta planificación contribuirá a optimizar recursos y facilitar la modernización del sistema de identificación de vehículos.

Durante el estudio de la iniciativa en la comisión legislativa de infraestructura, el viceministro de Transporte, Nelson Reyes, explicó que el Gobierno necesita tiempo para desarrollar un modelo que incorpore tecnologías y medidas de seguridad que no existían cuando las placas actuales fueron emitidas en 2011.

Además, sostuvo que la prórroga representa un alivio económico para los propietarios de vehículos, ya que evita el costo de una sustitución inmediata de las matrículas.

La vigencia de este formato debía finalizar originalmente en 2017. Sin embargo, el Congreso ha aprobado varias ampliaciones en los últimos años. Primero extendió el plazo hasta diciembre de 2021. Posteriormente, lo prorrogó hasta abril de 2024 debido al impacto económico de la pandemia de covid-19.

Después, los legisladores aprobaron nuevas extensiones hasta agosto de 2025 y, más tarde, hasta el 31 de agosto de 2026.

Con la decisión adoptada este lunes, las placas de formato 2011 permanecerán vigentes un año adicional, mientras el Gobierno concluye los estudios técnicos y financieros que definirán la futura renovación del parque nacional de matrículas.

La disputa internacional por el control de Continental Towers incorporó un nuevo frente con una investigación financiera que analiza operaciones bancarias vinculadas al árbitro estadounidense Marc Goldstein, integrante del tribunal que resolvió el arbitraje entre los accionistas de la empresa. La pesquisa se desarrolla mientras el conflicto continúa en tribunales y fiscalías de varios países de América Latina.

De acuerdo con un expediente de una unidad especializada en delitos financieros conocido por este medio, investigadores revisan movimientos registrados en cuentas relacionadas con Goldstein para determinar el origen de determinados recursos.

Las diligencias también buscan identificar a los beneficiarios finales de esas operaciones y establecer si existe algún vínculo entre las transacciones analizadas y las decisiones adoptadas durante el arbitraje desarrollado en Nueva York.

Según la documentación revisada, parte de los depósitos bajo análisis habría ocurrido en fechas cercanas a la emisión de laudos y otras resoluciones del proceso.

Hasta ahora, las autoridades no han informado conclusiones sobre posibles irregularidades y la investigación permanece abierta.

La cooperación entre países amplía el alcance de las pesquisas

La revisión financiera incluye operaciones realizadas a través de distintas jurisdicciones, entre ellas la Isla de Man, Islas Caimán, Suiza y Panamá.

Como parte del proceso, los investigadores reconstruyen la ruta del dinero y comparan las fechas de las operaciones con el cronograma de las decisiones arbitrales.

Además, las autoridades recurren a mecanismos de cooperación internacional para obtener información bancaria que permita verificar el origen y destino de los fondos. También buscan establecer si existían circunstancias que debían ser reveladas por el árbitro conforme a las normas de transparencia aplicables a este tipo de procedimientos.

El arbitraje enfrenta nuevos desafíos en otras jurisdicciones

Paralelamente, la controversia avanza hacia otra etapa judicial. Equipos legales preparan acciones ante los tribunales de las Islas Vírgenes Británicas para impugnar los laudos emitidos en Nueva York.

Esos recursos buscan cuestionar la validez de las resoluciones arbitrales. Sin embargo, su sola presentación no modifica los efectos de los laudos, ya que corresponderá a los tribunales competentes decidir sobre su procedencia.

Además, el arbitraje mantiene pendientes contrademandas y otras reclamaciones civiles relacionadas con el conflicto entre los accionistas.

Procesos penales continúan en cuatro países

La disputa también mantiene investigaciones penales en El Salvador, Guatemala, Panamá y Costa Rica, donde las autoridades analizan presuntos delitos relacionados con el control de Continental Towers.

En El Salvador continúa un proceso por presunta administración fraudulenta. El caso incluye varios imputados en detención provisional y órdenes internacionales de captura contra tres ejecutivos estadounidenses.

De acuerdo con la información disponible, esas actuaciones son independientes de la investigación financiera sobre Goldstein y de los recursos presentados contra los laudos arbitrales.

Una disputa empresarial que se expandió por América Latina

Continental Towers opera cerca de 12,000 torres de telecomunicaciones en Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Colombia y Perú.

El conflicto involucra a las firmas estadounidenses Peppertree Capital y AMLQ Holdings, filial de Goldman Sachs, que adquirieron en 2015 el 45.5 % de la empresa.

Según información divulgada por Infobae, el accionista mayoritario de Continental Towers denunció que ambas compañías intentaron tomar el control de la empresa mediante presiones financieras y amenazas. También sostuvo que rechazaron una oferta de compra por 1,000 millones de dólares presentada en 2018.

Las diferencias llegaron en 2021 al Centro Internacional de Resolución de Disputas, con sede en Nueva York. En marzo de 2025, el tribunal arbitral ordenó a Continental Towers pagar más de 354 millones de dólares a Peppertree Capital y AMLQ Holdings por daños y perjuicios.

Las autoridades de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y de la Corte de Cuentas de la República (CCR) pusieron en marcha el programa especializado en interpretación y valoración probatoria del proceso de fiscalización de la CCR, dirigido a funcionarios judiciales de la jurisdicción penal.

El diplomado tiene como objetivo reforzar las competencias técnicas y prácticas para analizar e interpretar los procesos de fiscalización, con énfasis en las auditorías gubernamentales.

Además, busca proporcionar herramientas especializadas que contribuyan a una administración de justicia más técnica y fundamentada.

La formación se desarrollará durante cuatro meses

El programa académico comprende cinco módulos que se impartirán entre julio y octubre de 2026.

Las jornadas abordarán aspectos relacionados con la interpretación y valoración de la prueba derivada de los procesos de fiscalización, una materia que las instituciones consideran relevante para el trabajo de los operadores de justicia en el ámbito penal.

La iniciativa forma parte de un convenio de cooperación entre la Corte Suprema de Justicia y la Corte de Cuentas.

Autoridades destacan el trabajo conjunto entre ambas instituciones

Durante la inauguración, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Henry Alexander Mejía, afirmó que el diplomado representa uno de los resultados del acuerdo de cooperación suscrito entre ambas entidades.

Según el magistrado, el proyecto busca fortalecer la formación continua de jueces y personal técnico para contribuir a una justicia más eficiente, técnica y objetiva.

En el acto participaron los magistrados de la Sala de lo Penal Alejandro Antonio Quinteros Espinoza, Sandra Luz Chicas de Fuentes y Roberto Carlos Calderón Escobar. También asistió el presidente de la Corte de Cuentas, Walter Salvador Sosa, junto con representantes y personal técnico de ambas instituciones.

Los ingresos por las exportaciones de café de El Salvador alcanzaron $141.36 millones entre octubre de 2025 y mayo de 2026, un crecimiento del 27.9 % respecto al mismo período del ciclo anterior, informó el Instituto Salvadoreño del Café (ISC).

En ese lapso, el país exportó 445,884 quintales, un incremento del 11.6 % frente a los 399,704 quintales enviados en los primeros ocho meses de la cosecha 2024-2025.

El café oro concentró la mayor parte de las ventas, con $136.91 millones. Además, el café soluble generó $2.8 millones y el café tostado aportó $1.62 millones.

Norteamérica mantiene el liderazgo entre los compradores

Norteamérica se consolidó como el principal destino del café salvadoreño al adquirir el 66.7 % del volumen exportado.

Europa recibió el 18.4 % de los embarques, mientras que Asia representó el 3.6 % de las exportaciones, según las estadísticas del ISC.

Estos resultados reflejan la recuperación de la presencia del café de El Salvador en los mercados internacionales durante el actual ciclo cafetero.

La producción también muestra una tendencia al alza

La cosecha 2025-2026 alcanzó 952,237 quintales oro-uva, por encima de los 843,573 quintales registrados en el mismo período del ciclo anterior.

El desempeño mantiene la tendencia positiva observada en la cosecha 2024-2025, cuando los ingresos por exportaciones crecieron 31.28 % y sumaron $175.04 millones.

La caficultura salvadoreña enfrentó una fuerte caída de la producción durante la última década debido al impacto de la roya y de la crisis climática. Sin embargo, las cifras recientes muestran una recuperación gradual tanto en la producción como en las exportaciones.

El café fue el principal producto de exportación de El Salvador durante las décadas de 1920 y 1930. En la actualidad, continúa siendo el principal producto agrícola de exportación del país.

La Fiscalía General de la República (FGR) de El Salvador informó que solicitará la pena de cadena perpetua contra Fredis Antonio Campos Álvarez, acusado de homicidio y lesiones tras un hecho de violencia ocurrido en el distrito de Yucuaiquín, departamento de La Unión, en el oriente del país.

La institución señaló que este es el primer caso conocido en el que solicita esa sanción desde que entró en vigor la reciente reforma constitucional que habilita la cadena perpetua para determinados delitos graves.

Además del cargo de homicidio, el imputado enfrentará un proceso por lesiones en perjuicio de su sobrino.

La investigación apunta a una agresión dentro de una vivienda

Según la investigación fiscal, el crimen ocurrió durante una discusión entre dos hermanos en una vivienda.

La Fiscalía sostiene que Campos Álvarez atacó presuntamente a la víctima con un arma blanca. El hombre fue trasladado a un centro asistencial, donde falleció debido a la gravedad de las heridas.

Durante el mismo incidente, el hijo de la víctima intentó intervenir para defender a su padre. Sin embargo, también resultó lesionado, según la acusación del Ministerio Público.

La Fiscalía indicó que presentará al acusado ante los tribunales en los próximos días y solicitará que el proceso continúe con detención.

La nueva legislación amplió las penas para delitos graves

La posibilidad de solicitar cadena perpetua deriva del paquete de reformas penales aprobado por la Asamblea Legislativa en marzo de este año y vigente desde el 26 de abril.

La normativa permite imponer esa pena en delitos como homicidio simple y agravado, feminicidio, violación en sus distintas modalidades y pertenencia a organizaciones criminales o terroristas.

Con este requerimiento, la Fiscalía busca que los jueces determinen si el caso reúne los requisitos establecidos por la nueva legislación para imponer la pena máxima contemplada en el ordenamiento penal salvadoreño.