La Fiscalía General informó que ha respaldado más de 14,420 imputaciones durante el juicio contra 485 cabecillas de la Mara Salvatrucha, conocida como MS-13.

De acuerdo con la institución, el expediente incluye 444 casos de homicidio, 17 testigos con criterio de oportunidad y 625 audios, además de peritajes especializados relacionados con delitos que la acusación atribuye a la estructura entre 2012 y 2022.

Con base en ese conjunto de pruebas, la Fiscalía reiteró ante el Tribunal Sexto Contra el Crimen Organizado su petición de imponer las penas máximas a cada uno de los procesados.

Audiencias avanzan hacia la etapa final del proceso

El juicio entra en su recta final tras varias semanas de audiencias que han concentrado la atención pública por la magnitud del caso y el elevado número de procesados.

La resolución del tribunal marcará el desenlace de uno de los procesos penales más grandes desarrollados en El Salvador contra la cúpula de una organización criminal.

Caso forma parte de una amplia ofensiva judicial

Los 485 procesados integran la estructura de mando de la MS-13 y muchos de ellos ya cumplen condenas por otros delitos. En este proceso, sin embargo, enfrentan nuevas acusaciones que la Fiscalía vincula con cientos de homicidios y otros crímenes presuntamente cometidos entre 2012 y 2022.

La investigación se apoya en un expediente de gran volumen, elaborado durante varios años, que reúne evidencia documental, pericial y testimonial para sustentar los cargos presentados por el Ministerio Público.

Tribunal deberá resolver uno de los procesos más complejos del país

El Tribunal Sexto Contra el Crimen Organizado analiza la evidencia presentada por las partes antes de emitir su decisión.

Por el número de acusados, el volumen de pruebas y el período que abarca la investigación, el caso es considerado uno de los juicios masivos más grandes y complejos que ha enfrentado el sistema judicial salvadoreño en los últimos años.

Las fiscalías de El Salvador, Guatemala, Panamá y Costa Rica mantienen investigaciones penales relacionadas con una disputa por el control de Continental Towers Latam, una empresa dedicada a la instalación y operación de infraestructura para telecomunicaciones en América Latina. Las pesquisas incluyen presuntos delitos como extorsión, fraude, soborno, blanqueo de capitales, malversación y asociación ilícita.

El caso involucra a las firmas estadounidenses Peppertree Capital y AMLQ Holdings, filial de Goldman Sachs, que adquirieron en 2015 el 45,5 % de las acciones de Continental Towers. La compañía opera unas 12,000 torres de telefonía móvil en Guatemala, El Salvador, Honduras, Colombia, Perú, Panamá, Nicaragua y Costa Rica.

Según la información divulgada por Infobae, el accionista mayoritario de Continental Towers, un empresario español, denunció que ambas compañías emprendieron una estrategia para tomar el control de la empresa mediante presiones financieras y amenazas contra él y su familia.

La denuncia sostiene que buscaron forzar la venta de la compañía

De acuerdo con la versión presentada por el empresario, tras concretarse la inversión, los nuevos socios impulsaron un préstamo por 20 millones de dólares con condiciones que calificó como excesivamente gravosas.

Posteriormente, el empresario aseguró que Peppertree Capital y AMLQ Holdings intentaron reducir el valor de Continental Towers para facilitar su venta a un comprador determinado.

La información señala que en 2018 otros inversionistas ofrecieron adquirir la empresa por 1,000 millones de dólares. Sin embargo, la operación no prosperó porque los socios estadounidenses habrían rechazado la propuesta.

El empresario también denunció que recibió amenazas de muerte y actos de intimidación, situación que lo llevó a reforzar su seguridad personal y la de su familia.

Un arbitraje internacional derivó en un nuevo conflicto

Las diferencias entre los accionistas llegaron en 2021 al Centro Internacional de Resolución de Disputas (CIRD), con sede en Nueva York.

En marzo de 2025, el tribunal arbitral ordenó a Continental Towers pagar más de 354 millones de dólares a Peppertree Capital y AMLQ Holdings por daños y perjuicios.

No obstante, Continental Towers mantiene su desacuerdo con ese fallo y continúa impugnándolo.

La controversia aumentó después de que surgieran publicaciones en medios estadounidenses sobre presuntos pagos irregulares al presidente del tribunal arbitral, Marc J. Goldstein. Según la investigación citada por Infobae, los abogados del empresario español contrataron una pesquisa privada para revisar esas denuncias, las cuales sostienen que existieron transferencias de dinero a cuentas vinculadas al árbitro. Hasta el momento, esas acusaciones forman parte de las controversias relacionadas con el caso.

El Salvador amplió las pesquisas con órdenes internacionales

La investigación trascendió el ámbito arbitral y pasó a la vía penal en varios países donde Continental Towers mantiene operaciones.

En Guatemala, la Fiscalía investiga presuntos casos de lavado de dinero e intento de soborno a funcionarios. Según la publicación, el proceso ya dejó cinco personas detenidas.

En Panamá, las autoridades investigan posibles hechos de soborno relacionados con la disputa societaria.

Por su parte, el Tribunal Sexto contra el Crimen Organizado emitió el 17 de julio de 2025 órdenes internacionales de captura contra tres directivos de Peppertree Capital: Howard Mandel, Ryan Lepene y John Ranieri.

La documentación judicial, citada por Infobae, indica que las investigaciones salvadoreñas abarcan presuntos delitos de fraude, robo agravado, extorsión, sobornos, lavado de dinero, malversación y asociación ilícita.

Mientras continúan las investigaciones en los cuatro países, Continental Towers mantiene su estructura accionaria, con un 55 % en manos del empresario español y el 45 % restante controlado por Peppertree Capital y AMLQ Holdings.

La Fiscalía General de El Salvador concluyó este martes sus alegatos finales en el juicio contra 486 presuntos cabecillas de la Mara Salvatrucha (MS-13), un proceso que se desarrolla ante el Tribunal Sexto Contra el Crimen Organizado de San Salvador. Con ello, la etapa de presentación de argumentos por parte del Ministerio Público llegó a su fin y el caso avanza hacia la decisión judicial.

Durante el cierre del proceso, la Fiscalía anunció que solicitará las penas máximas previstas por la ley para los acusados y una reparación civil de 9 millones de dólares.

Ministerio Público sostiene acusaciones por miles de hechos delictivos

La Fiscalía indicó que, durante varios meses de audiencia, presentó pruebas relacionadas con más de 14,420 imputaciones por delitos que, según la acusación, fueron ordenados entre 2012 y 2022.

Además, el Ministerio Público afirmó que la estructura de mando de la MS-13 avaló la comisión de 47,427 hechos delictivos, entre ellos unos 500 casos de homicidio con alrededor de 29,000 víctimas.

El fiscal adjunto Max Muñoz sostuvo que las sanciones solicitadas podrían representar condenas de miles de años de prisión para algunos de los procesados, conforme a la legislación aplicable y a la cantidad de delitos atribuidos.

Alegatos incluyeron homicidios y ataques contra funcionarios

En la última jornada, los fiscales expusieron casos de homicidios ocurridos entre 2012 y 2022, incluidos 88 hechos registrados en la zona oriental del país.

Entre los expedientes presentados figuró el asesinato del fiscal Andrés Ernesto Oliva Tejada, ocurrido en marzo de 2015 en Usulután. Según la Fiscalía, un testigo con criterio de oportunidad declaró que el crimen fue planificado desde el penal de Ciudad Barrios.

Los alegatos también abordaron el homicidio del sargento José Guardado en 2016 y otros casos que involucraron a agentes de la Policía Nacional Civil, miembros de la Fuerza Armada y un custodio penitenciario.

Asimismo, la Fiscalía presentó información sobre un ataque con granada contra el penal de Ciudad Barrios en marzo de 2017, hecho que calificó como acto de terrorismo.

A la espera de la resolución

El juicio involucra a 486 presuntos cabecillas de la Mara Salvatrucha. De ese total, 413 comparecen de forma remota desde distintos centros penitenciarios, mientras que 73 permanecen prófugos y son procesados como imputados ausentes.

Entre los acusados figuran 24 integrantes señalados por la Fiscalía como parte de la denominada “ranfla histórica”, además de más de 200 presuntos miembros de la dirección de la estructura y 253 supuestos corredores.

Todos enfrentan cargos por agrupaciones ilícitas. Además, varios son procesados por delitos como homicidio agravado, desaparición de personas, extorsión agravada, tráfico de armas, tráfico de drogas, tráfico de personas, actos de terrorismo, rebelión y otros ilícitos vinculados al crimen organizado.

Un tribunal especializado de El Salvador condenó a 173 integrantes de las pandillas Mara Salvatrucha y Barrio 18 tras encontrarlos culpables de delitos relacionados con criminalidad organizada. Las capturas ocurrieron bajo el régimen de excepción, una medida impulsada para combatir la violencia de pandillas en el país.

El Tribunal Primero Contra el Crimen Organizado de San Salvador emitió las sentencias en dos procesos separados. Las penas impuestas oscilan entre 25 y 45 años de prisión, según el nivel de responsabilidad y los delitos atribuidos a cada acusado.

Mandos recibieron las sanciones más altas

El despacho del juez condenó a 40 miembros de Barrio 18 vinculados a la cancha El Jocote, tribu Quever, facción Revolucionarios. Entre ellos figura Santos Molina Henríquez, conocido como “Charlie”, señalado como responsable de la estructura.

Además, 18 hombres y una mujer recibieron la pena máxima de 45 años de cárcel por ejercer funciones de liderazgo dentro de la organización criminal. Otros tres integrantes fueron sentenciados a 30 años, mientras que 17 colaboradores recibieron penas de 25 años.

Las investigaciones establecieron que el grupo operaba en San Matías, departamento de La Libertad.

Resolución amplía acciones contra estructuras territoriales

Por otra parte, el despacho del juez dos resolvió el caso de 133 integrantes de la clica Opicos Locos Salvatruchos, perteneciente al programa Libertad de la Mara Salvatrucha.

Las condenas van de 25 a 40 años de prisión. Quince acusados recibieron penas de 40 años por ocupar puestos de mando dentro de la estructura.

Las autoridades fundamentaron las sentencias en delitos como agrupaciones ilícitas, tenencia ilegal de armas y portación irresponsable de armas de fuego. Las resoluciones forman parte de la estrategia judicial para reducir la capacidad operativa y territorial de las pandillas en El Salvador.

Representantes del Instituto de Medicina Legal de El Salvador participaron en la IV Reunión Ordinaria de la Red de Servicios de Ciencias Forenses de los países miembros del Sistema de la Integración Centroamericana, un espacio enfocado en fortalecer la cooperación técnica y los sistemas de justicia de la región.

El director del Instituto de Medicina Legal, Pedro Hernán Martínez Vásquez, asistió al encuentro en representación de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador. También participó Miguel Enrique Velásquez, jefe técnico normativo del Departamento Académico y Estadístico.

La Red de Servicios de Ciencias Forenses funciona como una instancia regional de coordinación y cooperación entre países centroamericanos.

Programa impulsa intercambio de conocimientos especializados

Durante la reunión, los participantes presentaron avances del Programa Regional de Pasantías Forenses.

La iniciativa busca fortalecer capacidades técnicas y unificar criterios utilizados en evaluaciones y análisis especializados dentro de la región.

Además, las autoridades revisaron mecanismos orientados a mejorar la formación y el intercambio de experiencias entre instituciones participantes.

Países revisan herramientas de formación y seguimiento

Los asistentes también abordaron temas relacionados con la implementación de mallas curriculares y el seguimiento de acciones de cooperación regional.

Estos procesos buscan fortalecer herramientas académicas y técnicas para apoyar el trabajo de instituciones vinculadas con la justicia y la seguridad.

Encuentro reúne delegaciones de varios países

La actividad contó con la participación de representantes y autoridades de servicios de ciencias forenses de Belice, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Panamá y República Dominicana.

La red desarrolla estudios, propuestas y recomendaciones que buscan fortalecer los sistemas de justicia penal de los Estados miembros según sus marcos legales.