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Caso Continental Towers suma una investigación financiera sobre integrante del tribunal arbitral
La disputa internacional por el control de Continental Towers incorporó un nuevo frente con una investigación financiera que analiza operaciones bancarias vinculadas al árbitro estadounidense Marc Goldstein, integrante del tribunal que resolvió el arbitraje entre los accionistas de la empresa. La pesquisa se desarrolla mientras el conflicto continúa en tribunales y fiscalías de varios países de América Latina.
De acuerdo con un expediente de una unidad especializada en delitos financieros conocido por este medio, investigadores revisan movimientos registrados en cuentas relacionadas con Goldstein para determinar el origen de determinados recursos.
Las diligencias también buscan identificar a los beneficiarios finales de esas operaciones y establecer si existe algún vínculo entre las transacciones analizadas y las decisiones adoptadas durante el arbitraje desarrollado en Nueva York.
Según la documentación revisada, parte de los depósitos bajo análisis habría ocurrido en fechas cercanas a la emisión de laudos y otras resoluciones del proceso.
Hasta ahora, las autoridades no han informado conclusiones sobre posibles irregularidades y la investigación permanece abierta.
La cooperación entre países amplía el alcance de las pesquisas
La revisión financiera incluye operaciones realizadas a través de distintas jurisdicciones, entre ellas la Isla de Man, Islas Caimán, Suiza y Panamá.
Como parte del proceso, los investigadores reconstruyen la ruta del dinero y comparan las fechas de las operaciones con el cronograma de las decisiones arbitrales.
Además, las autoridades recurren a mecanismos de cooperación internacional para obtener información bancaria que permita verificar el origen y destino de los fondos. También buscan establecer si existían circunstancias que debían ser reveladas por el árbitro conforme a las normas de transparencia aplicables a este tipo de procedimientos.
El arbitraje enfrenta nuevos desafíos en otras jurisdicciones
Paralelamente, la controversia avanza hacia otra etapa judicial. Equipos legales preparan acciones ante los tribunales de las Islas Vírgenes Británicas para impugnar los laudos emitidos en Nueva York.
Esos recursos buscan cuestionar la validez de las resoluciones arbitrales. Sin embargo, su sola presentación no modifica los efectos de los laudos, ya que corresponderá a los tribunales competentes decidir sobre su procedencia.
Además, el arbitraje mantiene pendientes contrademandas y otras reclamaciones civiles relacionadas con el conflicto entre los accionistas.
Procesos penales continúan en cuatro países
La disputa también mantiene investigaciones penales en El Salvador, Guatemala, Panamá y Costa Rica, donde las autoridades analizan presuntos delitos relacionados con el control de Continental Towers.
En El Salvador continúa un proceso por presunta administración fraudulenta. El caso incluye varios imputados en detención provisional y órdenes internacionales de captura contra tres ejecutivos estadounidenses.
De acuerdo con la información disponible, esas actuaciones son independientes de la investigación financiera sobre Goldstein y de los recursos presentados contra los laudos arbitrales.
Una disputa empresarial que se expandió por América Latina
Continental Towers opera cerca de 12,000 torres de telecomunicaciones en Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Colombia y Perú.
El conflicto involucra a las firmas estadounidenses Peppertree Capital y AMLQ Holdings, filial de Goldman Sachs, que adquirieron en 2015 el 45.5 % de la empresa.
Según información divulgada por Infobae, el accionista mayoritario de Continental Towers denunció que ambas compañías intentaron tomar el control de la empresa mediante presiones financieras y amenazas. También sostuvo que rechazaron una oferta de compra por 1,000 millones de dólares presentada en 2018.
Las diferencias llegaron en 2021 al Centro Internacional de Resolución de Disputas, con sede en Nueva York. En marzo de 2025, el tribunal arbitral ordenó a Continental Towers pagar más de 354 millones de dólares a Peppertree Capital y AMLQ Holdings por daños y perjuicios.
