El líder del partido británico Reform UK, Nigel Farage, anunció este lunes que impulsará un plan para enviar presos extranjeros del Reino Unido a terceros países, entre ellos El Salvador, para que cumplan allí sus condenas si su partido llega al poder.

La propuesta de la ultraderecha británica plantea trasladar a los aproximadamente 10,000 ciudadanos extranjeros que permanecen recluidos en cárceles de Inglaterra y Gales. Según el partido, solo serían elegibles quienes ya hayan sido condenados por un tribunal.

Delegación viajará a San Salvador para explorar un acuerdo

Farage confirmó que Reform UK enviará una delegación a El Salvador para explorar un posible acuerdo con las autoridades salvadoreñas.

La misión estará integrada por la exfuncionaria penitenciaria Vanessa Frake y el presidente del partido, Lee Anderson. Ambos sostendrán conversaciones sobre un eventual arrendamiento de espacios en centros penitenciarios salvadoreños.

El dirigente afirmó que el objetivo es reducir la sobrepoblación en las cárceles del Reino Unido y disminuir los costos del sistema penitenciario.

Argumento económico detrás de la iniciativa

Durante una rueda de prensa, Farage aseguró que mantener a un recluso en una prisión salvadoreña costaría aproximadamente la mitad de lo que representa alojarlo en una cárcel británica.

“Enviamos a las personas de vuelta a sus países de origen. Si se niegan, entonces enviamos a los delincuentes extranjeros a terceros países. Kosovo es quizás un buen ejemplo de lo que ya está haciendo Suecia; nosotros estamos organizando un viaje a El Salvador, ya que alojar allí a un delincuente extranjero costaría la mitad que hacerlo en este país y nos proporcionaría más plazas penitenciarias”, declaró.

Además, el líder de Reform UK planteó imponer una prohibición permanente para que quienes cumplan condenas en el extranjero no puedan regresar al Reino Unido.

La presión sobre el sistema penitenciario británico

La propuesta surgió mientras el Gobierno británico enfrenta una creciente presión por la falta de espacio en las prisiones.

El Ministerio de Justicia ha advertido que, sin medidas para aliviar el hacinamiento, las cárceles podrían alcanzar su capacidad máxima. Esa situación podría afectar la capacidad de la policía para realizar arrestos y de los tribunales para ordenar prisión preventiva.

Por ello, el debate sobre los presos extranjeros y la capacidad penitenciaria ha cobrado fuerza en el Reino Unido.

El Gobierno cuestiona el plan de Reform UK

El Gobierno laborista respondió que continúa trabajando en la deportación de delincuentes extranjeros y en la creación de nuevas plazas penitenciarias.

Sin embargo, cuestionó la propuesta de Reform UK y afirmó que el partido “no tiene respuestas serias” para resolver la crisis del sistema carcelario.

Mientras tanto, El Salvador ha ganado notoriedad internacional por su modelo penitenciario, especialmente por el funcionamiento del Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), una de las cárceles de máxima seguridad más grandes de América Latina.

La Asamblea Legislativa de El Salvador iniciará este 10 de agosto las entrevistas a los 18 candidatos a magistrados de la Corte de Cuentas de la República, el organismo encargado de fiscalizar el uso de los fondos públicos y supervisar la gestión financiera del Estado.

La Comisión Política legislativa recibió el viernes los expedientes de los aspirantes para los cargos de presidente, primer magistrado y segundo magistrado del ente contralor. Los funcionarios ejercerán el período comprendido entre el 28 de agosto de 2026 y el 27 de agosto de 2029.

El presidente de la Comisión Política, Ernesto Castro, explicó que el órgano legislativo revisará las hojas de vida de los candidatos y realizará entrevistas individuales antes de emitir un dictamen.

Castro afirmó que la comisión entrevistará a los 18 aspirantes y luego enviará el dictamen al pleno legislativo para la sesión del 26 de agosto, cuando los 60 diputados decidirán la integración de la nueva Corte de Cuentas.

El calendario incluye cuatro jornadas de comparecencias

Las entrevistas se desarrollarán en cuatro jornadas entre el 10 y el 25 de agosto.

El 10 de agosto comparecerán Edgar Eliseo Alvarenga Funes, Walter Salvador Sosa Funes, Karla Gabriela Siliézar Liévano, Julio Guillermo Bendek Panameño y Sigfredo Alexis Ventura Bonilla.

El 17 de agosto asistirán José Rodrigo Flores Ramos, Julio Alberto Jule Herrera, Carlos Aníbal Cruz Flores, José Arnoldo Gaitán Castro y Arnoldo José Parada Pineda.

El 24 de agosto será el turno de Gonzalo Octavio Ayala López, Boris Romeo García Alvarado, Luis Humberto Santos Guardado y Raúl Pareja Méndez.

Finalmente, el 25 de agosto comparecerán Marcela Beatriz Iraheta Alfaro, Carlos Orlando Lozano Hernández, José Luis Montalván Martínez y Salvador Alexander Segovia Robles.

El órgano legislativo defiende el mecanismo de selección

Durante la sesión, diputados de diferentes partidos defendieron el procedimiento para la elección de magistrados de la Corte de Cuentas.

De acuerdo a los legisladores, el proceso es ordenado, coherente y abierto a los medios de comunicación.

Entre los aspirantes figuran funcionarios actuales de la Corte de Cuentas, jueces, abogados, auditores y profesionales con experiencia en instituciones públicas.

Los tres magistrados actualmente en funciones concluyen su período el 27 de agosto de 2026.

El Salvador ocupa el quinto lugar en América Latina en el Ranking Regional de Resiliencia Cibernética de la firma tecnológica Sistemas Aplicativos S.A. (SISAP), que evalúa la capacidad de los países para prevenir, responder y recuperarse de incidentes digitales.

El informe asignó a El Salvador una calificación de resiliencia cibernética de 41 %, lo que refleja avances en el fortalecimiento de sus capacidades frente a ciberataques.

El país quedó por detrás de República Dominicana (54 %), Costa Rica (53 %), Panamá (49 %) y Colombia (48 %), que ocupan los primeros lugares del ranking regional.

Centroamérica muestra distintos niveles de preparación
En la comparación regional, SISAP ubicó a Guatemala con 39 %, Honduras con 34 % y Nicaragua con 32 % de resiliencia cibernética.

La empresa, fundada en Guatemala y con presencia en diez países, explicó que el índice mide qué tan preparadas están las economías latinoamericanas para enfrentar incidentes cibernéticos que pueden afectar la continuidad de los negocios y la confianza de los inversionistas.

La inteligencia artificial acelera los riesgos digitales

Mauricio Nanne, director ejecutivo de SISAP, afirmó que las amenazas cibernéticas evolucionan con rapidez debido a la expansión de la inteligencia artificial.

Según el informe, resulta clave invertir en talento especializado, tecnologías de protección y modelos de gobernanza para fortalecer la resiliencia cibernética.

“El Salvador continúa avanzando en el fortalecimiento de sus capacidades para prevenir, responder y recuperarse de incidentes cibernéticos”, señaló Nanne.

El sector público concentra las mayores pérdidas potenciales

El estudio identificó que el sector gubernamental representa el mayor riesgo económico ante un ciberataque en El Salvador.

Las pérdidas potenciales ascienden a 167.8 millones de dólares, equivalentes al 0.61 % del producto interno bruto (PIB).

La manufactura registra un impacto estimado de 156.3 millones de dólares, mientras que los servicios financieros enfrentan pérdidas potenciales de 111.9 millones de dólares.

La mayoría de organizaciones aún carece de controles suficientes

SISAP advirtió que fortalecer la protección frente a incidentes digitales es cada vez más importante por la rápida adopción de la inteligencia artificial en América Latina.

El informe indica que la región concentra el 14 % de las visitas globales a gestores de IA y ocupa el tercer lugar mundial en descargas de aplicaciones de inteligencia artificial generativa.

Aunque 78 % de las organizaciones latinoamericanas ya utiliza modelos de IA, solo 6 % cuenta con controles de seguridad adecuados para hacerlo de forma segura.

Además, 19 % de las organizaciones no tiene un responsable definido para la gobernanza de la inteligencia artificial, y 72 % de los empleados que utilizan estas herramientas lo hace mediante cuentas personales.

El Salvador ha sancionado a 530 funcionarios y empleados públicos por infringir la Ley de Ética Gubernamental, según el informe más reciente del Tribunal de Ética Gubernamental (TEG), la institución encargada de supervisar la conducta ética de los servidores públicos.

El reporte detalla que el tribunal impuso 615 multas desde que comenzó a aplicar la ley hasta el 31 de julio de 2026. Las sanciones abarcan casos de conflicto de interés, doble remuneración estatal y uso indebido de recursos públicos.

Las infracciones más frecuentes

La falta más común fue realizar actividades privadas durante la jornada laboral, salvo las autorizadas por la ley. El TEG detectó 94 casos de esta conducta.

En segundo lugar figuró la participación en asuntos donde existía conflicto de interés propio o de familiares cercanos, con 64 infracciones.

Además, el tribunal registró 47 casos de funcionarios que recibieron más de una remuneración proveniente del presupuesto estatal mientras desempeñaban funciones en el mismo horario.

El caso más reciente

La sanción más reciente recayó sobre una directora regente de la entonces alcaldía de Tepetitán, en el departamento de San Vicente, quien también trabajaba como médica del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS).

El TEG determinó que percibía dos remuneraciones del Estado y le impuso multas de 730 y 1,095 dólares el 25 de marzo de 2026.

Educación y municipalidades encabezan el listado

El Ministerio de Educación acumuló 25 funcionarios sancionados, la cifra más alta entre las instituciones públicas analizadas entre 2007 y 2026.

Le siguieron la alcaldía de Ilopango con 15 sanciones, la Asamblea Legislativa con 13, el Hospital Nacional Rosales con 11, el ISSS con 11, el Órgano Judicial con 11, el Ministerio de Agricultura con 10 y la Policía Nacional Civil con nueve casos.

En conjunto, las alcaldías registraron 103 sanciones, mientras que los hospitales públicos, el Ministerio de Salud y el ISSS sumaron 42 casos, de acuerdo con el informe oficial del Tribunal de Ética Gubernamental.

En Costa Rica se mantiene el choque entre el Gobierno y el Poder Judicial tras una nueva escalada de acusaciones entre el Ejecutivo y la Sala Constitucional, el máximo tribunal constitucional del país. La disputa se profundizó después de que la presidenta Laura Fernández calificara como “golpistas” a cuatro magistrados por una resolución relacionada con el nombramiento de magistrados suplentes.

El conflicto comenzó cuando la Sala Constitucional autorizó una prórroga temporal para evitar la paralización del tribunal mientras la Asamblea Legislativa completaba la designación de nuevos suplentes. Sin embargo, el Gobierno interpretó la decisión como una intromisión en las atribuciones del Congreso.

Además, el Ejecutivo presentó una querella por prevaricación contra los cuatro magistrados que aprobaron la resolución. La confrontación abrió un nuevo episodio en una disputa que involucra a la Presidencia, el Poder Judicial y el Parlamento.

Miles de personas se manifiestan en defensa de la institucionalidad

La tensión institucional también se trasladó a las calles. Miles de personas marcharon el jueves en San José para respaldar al Poder Judicial y defender la separación de poderes.

La principal concentración ocurrió en la Plaza de la Democracia, donde estudiantes, sindicalistas, dirigentes políticos, organizaciones sociales y ciudadanos independientes participaron en un plantón convocado por redes sociales.

Los manifestantes portaron pancartas en defensa de la democracia y del Estado de derecho. Además, cuestionaron los recientes señalamientos del Ejecutivo contra magistrados, jueces y fiscales.

Las protestas también se realizaron en Cartago, Liberia, Limón, Puntarenas, Turrialba, San Ramón, Nicoya, San Carlos y otras localidades. En la mayoría de los casos, los ciudadanos se reunieron frente a sedes judiciales y espacios públicos para expresar su respaldo a la institucionalidad democrática.

La controversia mantiene abierto el conflicto institucional

El inédito enfrentamiento entre el Gobierno y la Sala Constitucional sigue sin una solución inmediata. Mientras el Ejecutivo sostiene que defiende las competencias de los poderes Ejecutivo y Legislativo, diversos sectores insisten en proteger la independencia judicial y la división de poderes en Costa Rica.

Por ahora, el proceso sobre los magistrados y el debate sobre los nombramientos suplentes mantienen abierto uno de los conflictos institucionales más fuertes de los últimos años en el país centroamericano.