Legal
Finaliza arbitraje internacional por el control de Continental Towers, empresa que opera en El Salvador y otros países
El prolongado y controvertido arbitraje internacional entre los socios de Continental Towers —empresa con operaciones en El Salvador, Guatemala y otros países de América Latina— concluyó recientemente en Nueva York sin que ninguna de las partes prevaleciera. El cierre del proceso, que se extendió por más de cuatro años, ahora habilita a los accionistas mayoritarios, Terra Towers, a presentar contrademandas por daños y perjuicios contra los socios minoritarios TPG Peppertree y AMLQ.
Sin embargo, el desenlace del caso no solo supone una pausa en la disputa comercial. También destapó un debate regional luego de que salieran a la luz declaraciones del tribunal arbitral que descalifican abiertamente a las instituciones judiciales de El Salvador y Guatemala. Las frases y conclusiones plasmadas en los documentos del proceso han generado rechazo en ambos países, incluyendo la dura reacción de un juez guatemalteco, quien calificó la postura del panel como un “intento de colonialismo judicial”, al considerar que pretendió influir en decisiones soberanas de tribunales nacionales.
Procesos penales paralelos en la región
La disputa societaria no se ha limitado al ámbito arbitral. En El Salvador, un tribunal especializado contra el Crimen Organizado emitió órdenes de captura contra los estadounidenses Ryan David Lepene, E. Howard Mandel y John Joseph Ranieri —ejecutivos de TPG Peppertree— por delitos como Estafa Agravada, Extorsión Agravada y Agrupaciones Ilícitas. A ellos se suman los guatemaltecos Jorge Leonel Gaitán Paredes y Jorge Alberto Gaitán Castro, exdirectivos de la corporación.
En Guatemala, las investigaciones derivadas del conflicto empresarial han avanzado en procesos penales activos, algunos de ellos con personas detenidas.
Señalamientos polémicos desde Nueva York
Los documentos del arbitraje muestran múltiples descalificaciones hacia las autoridades fiscales y judiciales centroamericanas. Uno de los árbitros, Marc Goldstein, llegó incluso a afirmar durante una audiencia en febrero de 2023: “No tengo conocimiento de las leyes de Perú o Guatemala, pero son una broma”. La frase —considerada por especialistas como una expresión de prejuicio— adquirió relevancia al reconocer el propio árbitro que desconocía las normas que estaba evaluando.
El panel arbitral subrayó en distintos momentos que las acusaciones penales en Guatemala y El Salvador carecían de legitimidad, sugiriendo que fiscales habían sido manipulados o que algunos jueces actuaron sobre hechos “fabricados”. Esto, a pesar de que los expedientes incluyen auditorías forenses, órdenes de captura, solicitudes de extradición, cooperación internacional y avisos a INTERPOL.
Estas conclusiones contrastan directamente con los criterios del juez federal Lewis Kaplan, de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, quien ha reiterado que la justicia estadounidense no puede intervenir en procesos penales por hechos ocurridos en otros países. Pese a ese recordatorio, los árbitros insistieron en evaluar la legalidad de las actuaciones centroamericanas.
Reacciones en Guatemala y El Salvador
La respuesta más contundente provino de Guatemala. Un juez calificó como “colonialismo judicial” el intento de un panel privado de cuestionar decisiones soberanas, advirtiendo que aceptar ese precedente socavaría la independencia judicial en la región.
El tribunal arbitral, sin embargo, mantuvo la postura de que varias denuncias que motivaron investigaciones penales eran “pretextuales” o “fabricadas”, aun cuando estas derivaron en actuaciones oficiales, órdenes de captura y cooperación internacional.
En El Salvador, las autoridades judiciales continúan avanzando en el caso. Se encuentra pendiente la posible emisión de una notificación roja de INTERPOL contra los tres ejecutivos estadounidenses requeridos por la justicia salvadoreña, en lo que se perfila como un complejo caso de presunto fraude y corrupción transnacional que involucra a una empresa con presencia en el país.
