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Corte Suprema y Fiscalía General firman protocolo para congelar fondos vinculados al terrorismo y al lavado de dinero
El Salvador firmó un protocolo nacional para agilizar el congelamiento de fondos y activos vinculados al terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.
El acuerdo fue suscrito por titulares de la Fiscalía General de la República (FGR), la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y la Unidad de Investigación Financiera (UIF).
El instrumento establece mecanismos para inmovilizar, sin demora, los recursos de personas y entidades incluidas en las listas del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas por su relación con estas actividades.
El acuerdo se presenta ante una evaluación internacional
La firma tuvo lugar durante el primer Seminario Internacional Antilavado de Activos y contra el Financiamiento del Terrorismo, organizado por el CIPLAFT en el marco del Día Internacional para la Prevención del Lavado de Activos.
El fiscal general, Rodolfo Delgado, destacó que combatir estos delitos exige instituciones sólidas y coordinación entre las entidades responsables. También señaló que las investigaciones deben seguir el rastro del dinero y afectar los recursos que sostienen a las redes criminales.
Además, subrayó la importancia de la cooperación institucional ante la quinta ronda de evaluaciones mutuas del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Este proceso examina la efectividad de las medidas nacionales contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
Italia comparte su experiencia en investigación financiera
El seminario contó con la participación del embajador de Italia en El Salvador, Paolo Emanuele Rozo Sordini, y de Paolo Brucato, agregado económico financiero de la Guardia di Finanza italiana.
Brucato expuso sobre las acciones de esa institución contra el lavado de activos, sus controles aduaneros y la elaboración de reportes de operaciones sospechosas.
El protocolo también se enmarca en los compromisos internacionales de El Salvador para aplicar sanciones financieras dirigidas. En abril de 2026, la Unidad de Investigación Financiera realizó un simulacro con entidades públicas y privadas para evaluar los procedimientos de detección, reporte y congelamiento de fondos.
