El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, insistió en una entrevista en que el gobierno salvadoreño se ha convertido en un importante aliado estratégico para combatir el crimen transnacional, al recibir a presuntos criminales deportados y encerrarlos en la megacárcel del país.

Entre los encarcelados están más de 200 miembros de la banda criminal Tren de Aragua, que tiene orígenes venezolanos.
Esta cooperación, de acuerdo a Rubio, pone de manifiesto el creciente papel de El Salvador como un aliado clave en la estrategia de seguridad de Estados Unidos en Centroamérica.

El funcionario destacó la importancia de El Salvador en este acuerdo durante una entrevista.

“El presidente Bukele ha sido un socio esencial en esta lucha. Ha ofrecido un sistema penitenciario eficiente y de bajo costo para albergar a estos criminales, lo cual es fundamental para nuestra seguridad nacional y regional”, señaló Rubio. Además, destacó que el gobierno salvadoreño ha mostrado un fuerte compromiso con la seguridad, convirtiéndose en un socio estratégico clave en la región.

La deportación de pandilleros del Tren de Aragua y otros delincuentes a El Salvador ha sido posible gracias a la colaboración entre ambos países. Este acuerdo no sólo alivia la carga de las cárceles estadounidenses, sino que también refuerza el papel de El Salvador como un baluarte contra el crimen transnacional.

El país centroamericano ha dado un paso más en su esfuerzo por erradicar la violencia vinculada a las pandillas, una preocupación compartida tanto por EE. UU. como por la población salvadoreña.

El secretario de Estado destacó que este acuerdo refleja una nueva etapa en las relaciones entre Estados Unidos y El Salvador, en la que ambos gobiernos trabajan de la mano para enfrentar desafíos comunes.

“Este es un modelo de cooperación internacional que beneficia a ambas naciones. El Salvador se ha mostrado dispuesto a enfrentar de manera decidida la amenaza de las pandillas, lo cual es clave para la estabilidad de toda la región”, agregó Rubio.

Aunque la medida ha generado críticas, especialmente de grupos defensores de derechos humanos, que cuestionan las condiciones carcelarias en El Salvador, el gobierno de Estados Unidos ha defendido la decisión, resaltando la seguridad y el interés mutuo en frenar el crimen.

Para Rubio, la colaboración con El Salvador es una muestra de la estrategia exterior de Estados Unidos que prioriza fortalecer los lazos con países que están dispuestos a ser aliados en la lucha contra el crimen organizado.

Las declaraciones del secretario de Estado fueron dadas en una entrevista con Donald Trump, Jr., “Triggered with Don Jr.”.

El secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, destacó la mejora en la seguridad de El Salvador, posicionando al país centroamericano como el destino más seguro para los ciudadanos estadounidenses. 

Según Rubio, «mantener seguros a los estadounidenses en el extranjero es nuestra máxima prioridad», y destacó el trabajo del presidente Nayib Bukele como un factor esencial en este cambio.

El gobierno de Bukele ha implementado una serie de políticas que han logrado reducir de manera drástica los niveles de violencia en El Salvador, un país históricamente marcado por la presencia de pandillas y altos índices de criminalidad. 

En los últimos años, estas políticas han resultado en una disminución considerable de la violencia, lo que ha mejorado significativamente la imagen internacional de El Salvador como un destino seguro para los viajeros.

Este cambio ha sido tan relevante que la administración del presidente Donald Trump actualizó su alerta de viaje, colocando a El Salvador en la primera posición en cuanto a seguridad para los estadounidenses, por encima de otros países de la región. 

En este ranking centroamericano, Costa Rica, Belice y Panamá ocupan el segundo lugar, mientras que Guatemala, Honduras y Nicaragua se ubican en el tercer puesto en términos de seguridad para los ciudadanos de Estados Unidos.

Las mejoras en la seguridad de El Salvador se deben a una combinación de medidas, entre las que se incluyen el despliegue de fuerzas de seguridad, políticas de mano dura contra las pandillas y el fortalecimiento de la cooperación internacional. 

La Casa Blanca confirmó que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibirá el próximo lunes 14 de abril al mandatario de El Salvador, Nayib Bukele, para una visita oficial de trabajo. Este encuentro será el primero entre Trump y un líder latinoamericano en la residencia presidencial desde su retorno al poder en enero de este año.

Karoline Leavitt, portavoz de la Casa Blanca, informó que durante la reunión se tratarán temas clave sobre la colaboración bilateral, con un enfoque particular en el uso del Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) en El Salvador, que ha sido destinado para albergar a migrantes deportados desde Estados Unidos, en su mayoría relacionados con las pandillas MS-13 y Tren de Aragua.

Leavitt subrayó que esta visita es un reconocimiento al papel de El Salvador como un ejemplo en la cooperación migratoria, destacando las medidas adoptadas por el gobierno salvadoreño como un modelo a seguir por otros países. La colaboración de El Salvador con la administración estadounidense ha sido elogiada, especialmente por su política de seguridad, que incluye el uso de instalaciones como el CECOT para encarcelar a miembros de pandillas y deportados sin juicio previo.

«El 14 de abril, el presidente Trump recibirá al presidente Bukele de El Salvador en la Casa Blanca. Juntos abordarán cómo continuar reforzando la lucha contra la inmigración ilegal y el crimen transnacional», declaró Leavitt en una conferencia de prensa.

En los últimos años, la estrategia de seguridad de El Salvador, que incluye el régimen de excepción vigente desde marzo de 2022, ha llevado a la captura de más de 86,000 presuntos pandilleros, aunque un número significativo de ellos ha sido liberado tras no comprobarse su vinculación con grupos criminales.

Trump ha expresado su agradecimiento a Bukele por su compromiso en la lucha contra la inmigración irregular, destacando la importancia de esta colaboración. «Gracias a El Salvador y, en particular, al presidente Bukele por su comprensión ante esta situación… ¡No lo olvidaremos!», publicó el presidente estadounidense en la red social X en marzo.

La Asamblea Legislativa se encuentra en proceso de elegir al nuevo Procurador General de la República, quien asumirá el cargo por los próximos tres años. Este puesto, clave en la administración pública, es responsable de velar por los derechos de los ciudadanos, brindando servicios de defensoría pública y promoviendo el acceso a la justicia para todos los salvadoreños.
En este contexto, la Comisión Política de la Asamblea ha realizado entrevistas a los ocho candidatos que han presentado sus credenciales, incluyendo al actual procurador, René Escobar Álvarez, cuya comparecencia fue la más extensa durante las audiencias realizadas el lunes pasado.
El Procurador General tiene como función principal garantizar la defensa legal de los ciudadanos en situación de vulnerabilidad, así como la supervisión de la actuación de los tribunales y otros actores del sistema de justicia.
Además, tiene la responsabilidad de promover la mediación y arbitraje en la resolución de conflictos y de brindar apoyo a las personas privadas de libertad, asegurando el respeto a sus derechos fundamentales.
Los ocho candidatos han propuesto una serie de medidas y reformas para mejorar el funcionamiento de la Procuraduría General de la República (PGR). Entre las iniciativas más destacadas se encuentran la expansión de los centros de mediación, la creación de unidades especializadas para la resolución de conflictos, y el impulso de la digitalización y modernización de la institución.
Propuestas clave de los candidatos

1. Dionisio Ernesto Alonso Sosa: Este abogado propone fortalecer la calidad de los servicios de atención de la PGR, mejorar la articulación con otros actores del sector justicia, y expandir los centros de mediación con el apoyo de universidades, permitiendo que los estudiantes de derecho participen en la práctica jurídica.
2. Cándida Dolores Parada de Acevedo: La actual procuradora adjunta propone la creación de una Unidad de Solución Alterna de Conflictos y una aplicación con Inteligencia Artificial para la gestión de casos, especialmente en lo relativo a las cuotas alimenticias. Además, aboga por una reforma a la ley de mediación y arbitraje, y el fortalecimiento de la asistencia legal a los salvadoreños en el exterior.
3. Juan José Losa Lizama: Este candidato se centra en la propuesta de enseñanza de oficios a estudiantes desde séptimo grado, además de una nivelación salarial que favorezca a las mujeres y la atención psicológica a menores de 15 años en hospitales.
4. Nelson Alexander Yanes Iraheta: Con un enfoque en la niñez y la transformación digital, Yanes Iraheta propone modernizar la PGR mediante la colaboración con empresas tecnológicas como Google, y mejorar la mediación territorial en todo el país.
5. René Escobar Álvarez: El actual procurador destacó sus logros, como la creación del Centro de Atención Virtual (Caval), la línea «Estamos contigo» y la ampliación de los servicios de atención. En su discurso, defendió la necesidad de continuar con los proyectos a largo plazo y destacó su trabajo en la defensa de los derechos de las personas bajo el régimen de excepción.
6. Sara Nohemy García Leonardo: García Leonardo propuso mejorar la atención al usuario y enfocar esfuerzos en la prevención de la violencia intrafamiliar, priorizando el bienestar de las personas y las familias.
7. Sara Yolanda González Alfaro: González Alfaro abogó por simplificar las funciones de la PGR y mejorar la eficiencia de los procesos a través de la digitalización, con el fin de reducir la lentitud en la resolución de los casos.
8. Karina Jeanette Martínez Guevara: La magistrada propuso la estandarización de los procedimientos y una mayor agilidad en la resolución de casos, señalando que la mora judicial es un problema crítico que requiere atención inmediata.
   La elección del nuevo procurador será un proceso crucial para el futuro de la institución, que desempeña un papel fundamental en la protección de los derechos humanos y el acceso a la justicia en El Salvador.
   Con información de diario El Mundo

El Registro Federal de Estados Unidos publicó el 2 de abril de este año una certificación emitida por el secretario de Estado, Marco Rubio, en la que se reconoce que el gobierno de El Salvador está llevando a cabo esfuerzos significativos en varios frentes para combatir la corrupción y la impunidad, así como para fortalecer el Estado de derecho y la transparencia.
Además, se destaca la protección de los defensores de derechos humanos, periodistas, sindicalistas, partidos de oposición, la sociedad civil y la independencia de los medios de comunicación.
En su informe, Rubio también resaltó que el gobierno salvadoreño está implementando políticas que buscan garantizar la independencia de las instituciones judiciales y electorales, así como mejorar la transparencia en el financiamiento de campañas políticas y partidos.
Asimismo, el secretario de Estado destacó la eficacia en la aplicación de leyes relacionadas con la seguridad, haciendo énfasis en la limitación de la participación de las fuerzas armadas en la seguridad pública, siempre respetando el debido proceso legal.
El documento también menciona que El Salvador ha implementado programas para reducir la violencia contra las mujeres y las niñas, así como políticas destinadas a combatir la pobreza y reformas orientadas a fortalecer el sistema educativo.
En cuanto a la cooperación internacional, Rubio subrayó la colaboración del país centroamericano en la lucha contra el narcotráfico, la trata de personas, el tráfico de personas y en la repatriación de migrantes. Además, destacó la cooperación en políticas de inversión.
La certificación, que se enmarca en el cumplimiento de la Sección 7045 (b) (2) (A) de la Ley de Asignaciones del Departamento de Estado, es un requisito legal para que Estados Unidos continúe brindando apoyo económico a El Salvador.
Esta normativa condiciona el 60 % de los fondos destinados a la ayuda económica a El Salvador, Guatemala y Honduras a la certificación por parte del secretario de Estado y su reporte al Congreso.
Sin embargo, a pesar de los elogios oficiales, diversos organismos no gubernamentales y movimientos sociales han reportado graves violaciones a los derechos humanos en El Salvador, especialmente durante el régimen de excepción.
A pesar de esto, el gobierno de Estados Unidos continuó su relación con El Salvador, aunque suspendió desde enero de 2025 la ayuda canalizada a través de la Agencia para el Desarrollo Internacional (USAID).
A pesar de esta suspensión, hasta el 7 de marzo de 2025, la USAID había comprometido más de 65 millones de dólares en obligaciones con El Salvador, con desembolsos cercanos a los 42 millones de dólares.
La certificación publicada es solo una parte de un proceso más amplio que incluye un Memorándum de Justificación, que también será enviado al Congreso de Estados Unidos, y refleja el interés de la administración estadounidense en monitorear los avances del gobierno salvadoreño en el cumplimiento de ciertos estándares democráticos y de derechos humanos