El Salvador registró su primera condena a cadena perpetua con la sentencia contra Carlos Arturo Herrera Castro por homicidio agravado y robo.

El acusado recibió la pena por el asesinato de Alexis López Córdova, ocurrido en mayo de 2026 en Arcatao, Chalatenango Sur.

Ataque ocurrió durante un robo

Según la Fiscalía General de la República, Herrera atacó a López con piedras hasta causarle la muerte.

El crimen ocurrió en el cantón Teosinte, donde el condenado despojó a la víctima de su dinero.

El tribunal determinó su responsabilidad por homicidio agravado y robo.

Tribunal emitió la sentencia

El Juzgado Tercero de lo Criminal de San Salvador dictó la condena de prisión perpetua.

La Fiscalía destacó que esta constituye la primera sentencia de cadena perpetua registrada en la historia de El Salvador.

La nueva pena comenzó a aplicarse tras cambios en el marco constitucional y las leyes penales.

Reforma abrió paso a la prisión perpetua

La condena se sustenta en la reforma del artículo 27 de la Constitución y en cambios a las leyes penales.

Estas modificaciones entraron en vigor en abril de 2026.

Con ello, el sistema penal salvadoreño incorporó la prisión perpetua entre las penas aplicables bajo las nuevas disposiciones.

La industria guatemalteca analiza los desafíos que enfrenta para mantener el crecimiento y competir en los mercados internacionales durante el XXI Congreso Industrial 2026.

El encuentro reúne a empresarios, académicos y representantes del sector público para abordar las tendencias que están transformando la actividad productiva.

La Cámara de Industria de Guatemala organiza el congreso, inaugurado por el presidente Bernardo Arévalo.

Exportaciones mantienen una tendencia positiva

Durante la apertura, Arévalo destacó el desempeño de la economía de exportación de Guatemala.

Según datos del Banco de Guatemala citados por el mandatario, este sector creció 4.3 % en 2025.

Además, señaló que las previsiones para 2026 mantienen una perspectiva positiva para la economía nacional.

El comportamiento de las exportaciones forma parte de los factores que inciden en las oportunidades de crecimiento para la industria.

Conectividad condiciona la actividad productiva

La infraestructura figura entre los principales desafíos señalados durante el encuentro.

El Gobierno desarrolla proyectos para mejorar la conectividad vial en zonas consideradas estratégicas para la actividad económica.

Entre ellos destaca el Anillo Regional C-50, que busca fortalecer las conexiones en el oriente del país.

También avanzan los estudios de viabilidad del MetroRiel, una propuesta para ampliar las opciones de transporte público.

Estas iniciativas buscan atender necesidades de movilidad que afectan a empresas, trabajadores y cadenas productivas.

Sector también enfrenta retos regulatorios

Las regulaciones representan otro de los aspectos que inciden en el desarrollo industrial.

En este ámbito, Arévalo destacó la nueva Ley General del Sistema Portuario Nacional.

El marco legal forma parte de las medidas vinculadas con la infraestructura y las actividades relacionadas con el comercio.

El Congreso Industrial reúne a representantes de distintos sectores para analizar estos desafíos y las tendencias que marcarán el futuro de la producción guatemalteca.

El Salvador mantiene acciones de prevención y sensibilización contra la trata de personas mediante actividades dirigidas a jóvenes, estudiantes y población escolar.

En ese marco, la Fiscalía General de la República (FGR) participó en una caminata realizada en Santa Tecla bajo el nombre Puedes Verme.

La jornada buscó fortalecer el conocimiento sobre los riesgos de este delito y facilitar la identificación de posibles víctimas.

Prevención busca alentar a jóvenes

Las autoridades buscan que los estudiantes reconozcan señales relacionadas con posibles casos de trata de personas.

Este delito incluye situaciones en las que una persona es engañada, amenazada o forzada para ser explotada.

Entre sus formas se encuentran la explotación sexual, los trabajos forzados y otras actividades realizadas contra la voluntad de las víctimas.

Por ello, la Fiscalía reiteró la importancia de denunciar estos casos ante las autoridades.

Atención incuye apoyo psicológico

Los esfuerzos también abarcan la atención de víctimas y testigos de este delito.

Hasta julio de 2026, la Fiscalía registró 150 atenciones y abordajes psicológicos relacionados con víctimas y testigos.

La institución desarrolla estas acciones mediante su Unidad Especializada de Tráfico Ilegal de Personas y Trata de Personas.

Una jornada que sumó información a la prevención

La caminata comenzó en la Plaza de la Cultura, en el Paseo El Carmen, y terminó en el parque El Cafetalón.

En ese lugar se desarrollaron charlas informativas para los participantes sobre la trata y sus mecanismos de prevención.

La Alcaldía de Santa Tecla organizó la actividad junto con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

También participaron el Consejo Nacional contra la Trata de Personas y la organización A21.

La Comisión Política de la Asamblea Legislativa adelantó para el 16 de septiembre las entrevistas de seis candidatos al Consejo Nacional de la Judicatura.

La jornada estaba prevista inicialmente para el 17 de septiembre. El cambio corresponde a la tercera terna propuesta por el sector de abogados.

Candidatos del sector de abogados

La Federación de Asociaciones de Abogados de El Salvador presentó seis aspirantes para tres cargos propietarios y tres suplentes.

Los candidatos propietarios son Alexander Efraín Ticas Navarro, Edwing Armando Zeledón Hernández y Rodrigo Alberto Aguirre Espinoza.

Para los cargos suplentes compiten Doris Deysi Castillo de Escobar, Manuel Alexander Guevara Hernández y Fátima Mercedes Martínez de Méndez.

Con esta jornada, los diputados concluirán el proceso de entrevistas a los aspirantes al Consejo Nacional de la Judicatura.

La selección incluye a 41 aspirantes

La Asamblea Legislativa redujo de 42 a 41 el número de candidatos entrevistados tras la renuncia de uno de los postulantes.

Los diputados también entrevistarán el 14 de septiembre a seis candidatos provenientes del sector de jueces y magistrados.

El Consejo Nacional de la Judicatura está integrado por siete miembros propietarios. La institución selecciona, evalúa y capacita a jueces y magistrados.

Tres consejeros representan al sector de abogados. Los demás provienen del Ministerio Público, jueces y magistrados y facultades de Derecho.

Uno representa a la Universidad de El Salvador y otro a universidades privadas.

Seis consejeros buscan continuar

De los siete consejeros que deben elegirse, seis actuales buscan la reelección.

Cuatro aspiran nuevamente a cargos propietarios y dos, vinculados al sector de abogados, buscan puestos suplentes.

Solo el representante actual del sector de jueces y magistrados no participa en el proceso de reelección.

La Comisión Política finalizará las entrevistas el 16 de septiembre, con las dos ternas del sector de abogados.

Los nuevos magistrados deberán asumir sus cargos el 22 de septiembre para el período 2026-2031.

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) de El Salvador mantiene una campaña para reforzar el papel de abogados y notarios en la prevención del lavado de dinero.

La institución busca que estos profesionales identifiquen riesgos y eviten que fondos de origen ilícito ingresen a la economía formal.

La iniciativa incluye herramientas prácticas, capacitaciones y orientación sobre las obligaciones que deben cumplir dentro del sistema nacional de prevención.

Profesionales del derecho deben detectar señales de riesgo

La Corte explica que abogados y notarios pueden intervenir en operaciones jurídicas y comerciales susceptibles de ser utilizadas para ocultar fondos ilícitos.

Por ello, deben aplicar medidas de debida diligencia durante sus relaciones profesionales.

Estas acciones incluyen conocer al cliente, determinar el propósito de las operaciones e identificar señales de alerta.

La Corte también señala que los profesionales deben prestar atención a los beneficiarios finales de las operaciones.

El lavado busca ocultar el origen de los fondos

La campaña explica que el lavado de dinero busca ocultar el origen ilícito de recursos obtenidos mediante actividades delictivas.

El proceso suele dividirse en tres etapas: colocación, encubrimiento e integración.

Primero, los recursos ingresan a la economía formal. Después, distintas operaciones buscan dificultar su rastreo.

Finalmente, los fondos adquieren una apariencia de legalidad y pueden utilizarse para comprar bienes o invertir en empresas.

Por ello, la debida diligencia debe mantenerse durante toda la relación profesional.

El Salvador sí cuenta con una ley contra el lavado

El país cuenta con la Ley Contra el Lavado de Dinero y de Activos, que establece obligaciones para los sujetos comprendidos en su ámbito.

La normativa contempla medidas de prevención y controles para detectar operaciones vinculadas con fondos de origen ilícito.

Además, la Asamblea Legislativa ha impulsado la actualización del marco legal para fortalecer el sistema contra el lavado de activos y otros delitos financieros.

En este contexto, abogados y notarios que realizan determinadas actividades forman parte de los sectores sujetos a controles de prevención.

La Corte amplía la capacitación del sector legal

La Corte Suprema desarrolla jornadas específicas para fortalecer las capacidades de abogados y notarios.

En marzo de 2026, realizó un programa sobre mejores prácticas de prevención y elaboración de reportes de operaciones sospechosas.

Además, en abril informó sobre nuevas actividades para mejorar la detección y reporte oportuno de operaciones sospechosas.

La institución también trabaja con la Unidad de Investigación Financiera y otros organismos para fortalecer la supervisión.

La prevención alcanza al ejercicio profesional

La Corte sostiene que cumplir estas obligaciones no solo responde a exigencias legales.

También busca impedir que los servicios jurídicos sean utilizados para facilitar operaciones con recursos ilícitos.

Por ello, la campaña incorpora formación sobre prevención del lavado de activos, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.

La estrategia incluye además herramientas para mejorar la aplicación de controles y el reporte de operaciones que presenten señales de riesgo.