El Gobierno de El Salvador solicitó a la Asamblea Legislativa una prórroga de un año para la ley que estabiliza los precios del Gas Licuado de Petróleo (GLP). La medida permite mantener el subsidio estatal a los consumidores de gas propano en cilindros.

La petición ingresó el 20 de mayo de 2026 a la Gerencia de Operaciones Legislativas del Congreso salvadoreño. El documento está firmado por el ministro de Hacienda, Jerson Posada.

Sin embargo, la iniciativa no fue aprobada con dispensa de trámites. Por ello, la Comisión de Hacienda estudiará la propuesta el próximo 25 de mayo.

Gobierno atribuye la medida a factores externos y volatilidad petrolera

El Ejecutivo afirmó que continúan las condiciones que originaron el subsidio al GLP. Además, señaló que existen factores externos que afectan la economía nacional y el presupuesto de las familias salvadoreñas.

Aunque el Gobierno no detalló esas condiciones, indicó que son elementos “de carácter exógeno” que impactan a consumidores y agentes económicos en todo el país.

Por otra parte, el secretario jurídico de la Presidencia, Adolfo Muñoz, explicó que la prórroga busca reducir el impacto de las fluctuaciones internacionales de los hidrocarburos.

Según la comunicación oficial enviada al Ministerio de Hacienda, el objetivo es mantener una estabilidad razonable en la economía familiar frente al aumento del precio internacional del gas y los combustibles.

Subsidio al gas propano se mantendría mediante pago a empresas envasadoras

El proyecto de decreto establece que el subsidio continuará mediante pagos estatales a las empresas envasadoras de GLP. Estas compañías comercializan el gas propano en cilindros portátiles para consumo doméstico.

De esta manera, el Estado absorbe parte del incremento en los precios internacionales y evita que el ajuste llegue directamente a los consumidores.

La propuesta surge en medio de un nuevo aumento de los combustibles en El Salvador. Durante mayo de 2026, los precios alcanzaron su nivel más alto desde octubre de 2023.

Conflictos internacionales presionan costos de energía en Centroamérica

La guerra en Irán ha provocado alzas en el precio internacional del petróleo. Como consecuencia, varios países de Centroamérica enfrentan mayores costos de combustibles y energía.

En El Salvador, el incremento del petróleo también ha elevado los costos del gas licuado de petróleo utilizado por hogares y pequeños negocios.

Las autoridades consideran que el subsidio al GLP ayuda a contener el impacto inflacionario y reduce la presión sobre el gasto familiar.

Asamblea mantiene controles y sanciones sobre distribución de GLP

En julio de 2025, la Asamblea Legislativa aprobó una ley transitoria para sancionar irregularidades en la distribución de GLP.

La normativa contempla multas desde 500 hasta 100,000 dólares para distribuidores que incumplan precios máximos de venta, bloqueen inspecciones o entreguen cilindros con cantidades inferiores de gas.

Esa legislación sustituyó una norma aprobada en 2022 tras el inicio de la guerra entre Ucrania y Rusia. La actual regulación vencerá el 30 de junio de 2026.

El Salvador ya aplicó controles temporales a combustibles en 2022

Durante varios meses de 2022, el Gobierno salvadoreño fijó precios máximos para los combustibles mediante una ley especial transitoria.

En ese periodo, la gasolina especial se vendió a 4.31 dólares por galón, la regular a 4.15 dólares y el diésel a 4.14 dólares.

La prórroga de esa medida finalizó en diciembre de 2022, cuando el país eliminó los controles directos sobre los combustibles.

La Asamblea Legislativa aprobó este jueves una reforma al Código Electoral que redistribuye los 60 escaños y crea una nueva circunscripción para los salvadoreños en el extranjero. La medida recibió 57 votos a favor.

La reforma reduce la cantidad de diputados asignados a los departamentos de San Salvador y La Libertad. Los escaños retirados pasarán a representar a los ciudadanos salvadoreños con domicilio fuera del país.

La nueva disposición fue incorporada en el artículo 13 del Código Electoral. El texto establece que los escaños de la circunscripción en el extranjero surgirán de una redistribución aplicada a los departamentos con mayor índice de población, según el censo nacional.

Así quedó la distribución de los 60 escaños legislativos

Con la reforma electoral, la distribución de diputados quedó de la siguiente manera

• San Salvador: 11 diputados, con una población de 1,563,371 habitantes. Antes tenía 16 escaños.
• La Libertad: 6 diputados, con 765,879 habitantes. Antes tenía 7.
• Santa Ana: 5 diputados.
• San Miguel: 5 diputados.
• Sonsonate: 5 diputados.
• Usulután: 4 diputados.
• Ahuachapán: 3 diputados.
• La Paz: 3 diputados.
• La Unión: 2 diputados.
• Cuscatlán: 2 diputados.
• Chalatenango: 2 diputados.
• Morazán: 2 diputados.
• San Vicente: 2 diputados.
• Cabañas: 2 diputados.
• Circunscripción en el extranjero: 6 diputados, con un registro electoral de 961,690 salvadoreños.

Partido oficial defiende reforma electoral

El diputado Raúl Chamagua, del partido oficialista Nuevas Ideas, afirmó que la reforma busca ampliar la representación democrática de los salvadoreños que viven fuera del país.

Según el legislador, los ciudadanos en el extranjero mantienen sus derechos políticos y deben tener representación directa en la Asamblea Legislativa. Además, sostuvo que la medida fortalece el sistema democrático sin aumentar el número total de diputados.

Por su parte, la diputada Suecy Callejas aseguró que la redistribución de escaños responde a la concentración poblacional de San Salvador y La Libertad. También afirmó que la representación legislativa no desaparecerá con el nuevo reparto.

Oposición cuestiona proporcionalidad de la redistribución

Diputados de oposición criticaron la reforma y señalaron que la nueva distribución de escaños no refleja proporcionalmente la población de cada departamento.

La diputada Marcela Villatoro, del partido Arena, aseguró que departamentos como La Libertad y Santa Ana deberían tener más diputados, mientras que San Miguel y Usulután deberían tener menos. Además, sostuvo que San Salvador perderá representación para cerca de medio millón de habitantes.

En tanto, la diputada Claudia Ortiz, del partido Vamos, cuestionó el momento de la reforma.

El Tribunal Supremo Electoral de El Salvador confirmó este jueves el fallecimiento del magistrado propietario Francisco Rubén Alvarado Fuentes, abogado y notario con trayectoria en el ámbito jurídico y político salvadoreño.

A través de un comunicado oficial, el organismo electoral expresó sus condolencias a la familia y personas cercanas del magistrado.

“El Tribunal Supremo Electoral lamenta profundamente el fallecimiento de nuestro Magistrado Propietario, Francisco Rubén Alvarado Fuentes”, señaló la institución.

Fuentes políticas indicaron que el funcionario, de 54 años, murió a causa de un infarto.

Ocupaba magistratura desde 2024

Francisco Rubén Alvarado Fuentes integraba el Tribunal Supremo Electoral desde septiembre de 2024. El funcionario llegó al cargo tras ser propuesto por el Frente Farabundo para la Liberación Nacional, partido que obtuvo la segunda mayor cantidad de votos en las elecciones presidenciales de ese año.

El magistrado fue electo para el periodo 2024-2029. Sin embargo, una reforma constitucional aprobada en 2025 redujo el periodo hasta 2027, luego de cambios relacionados con el calendario electoral y la duración presidencial.

Durante su nombramiento, Alvarado Fuentes afirmó que su propuesta por parte del FMLN no condicionaba sus decisiones dentro del organismo electoral. Además, aseguró que ya no pertenecía al partido desde 2019.

Trayectoria en instituciones públicas

Antes de integrarse al Tribunal Supremo Electoral, Alvarado Fuentes ocupó varios cargos en instituciones estatales de El Salvador.

Entre 2014 y 2019 se desempeñó como secretario de Asuntos Legislativos y Jurídicos de la Presidencia durante el gobierno del expresidente Salvador Sánchez Cerén.

Además, dirigió la Dirección General de Migración y Extranjería entre 2009 y 2012. También trabajó como asesor jurídico del Tribunal Supremo Electoral desde finales de la década de 1990.

El abogado igualmente fungió como diputado suplente de Salvador Sánchez Cerén y Medardo González en la Asamblea Legislativa.

Magistrado suplente asumiría funciones en el organismo electoral

Tras el fallecimiento de Alvarado Fuentes, el magistrado suplente René Amílcar Claros podría asumir funciones dentro del organismo electoral, según la estructura vigente del Tribunal Supremo Electoral.

Claros también fue propuesto por el Frente Farabundo para la Liberación Nacional y anteriormente ocupó cargos vinculados a capacitación y educación cívica dentro de la institución electoral salvadoreña.

La Comisión de Salvadoreños en el Exterior de la Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó un dictamen favorable para permitir la renovación gratuita del Documento Único de Identidad (DUI) a miles de ciudadanos.

La medida beneficiaría a personas cuyos documentos vencen entre el 29 de noviembre de 2026 y el 28 de febrero de 2027. El dictamen será sometido a votación en la sesión plenaria de este jueves.

Renovación gratuita aplicará solo en El Salvador

El beneficio aplicará únicamente para trámites realizados dentro de El Salvador. Además, los ciudadanos podrán renovar su documento sin costo desde la entrada en vigencia del decreto hasta el 28 de noviembre de 2026.

El director del Registro Nacional de las Personas Naturales, Fernando Velasco, explicó que el Estado cubrirá el costo de cada trámite.

Actualmente, la renovación del DUI tiene un valor de $10.31 por persona.

Velasco agregó que el beneficio también incluirá a quienes hayan extraviado su documento de identidad.

Más de 400,000 salvadoreños serían beneficiados

Según datos del Registro Nacional de las Personas Naturales, 404,085 documentos vencerán entre el 29 de noviembre de 2026 y el 28 de febrero de 2027.

Esa cifra representa cerca del 25 % de los 1.6 millones de documentos de identidad que perderán vigencia durante 2026.

Además, el funcionario indicó que entre agosto de 2026 y febrero de 2027 vencerán alrededor de 1.2 millones de documentos.

Diputados aprueban dictamen por unanimidad
Durante la sesión de la comisión legislativa, la diputada Ana Figueroa solicitó la lectura del proyecto antes de someterlo a votación.

Posteriormente, los legisladores aprobaron el dictamen por unanimidad.

El decreto transitorio entrará en vigencia el día de su publicación en el Diario Oficial de El Salvador.

Objetivo del decreto busca garantizar igualdad electoral

Las autoridades señalaron que la iniciativa busca facilitar la participación ciudadana y fortalecer la igualdad electoral.

La legislación salvadoreña permite renovar el Documento Único de Identidad un mes antes de su vencimiento o durante el mes de cumpleaños del titular.

La Asamblea Legislativa de El Salvador estudiará una reforma al Código Electoral que eliminaría las referencias al Parlamento Centroamericano (Parlacen) en la legislación salvadoreña.

El anteproyecto, impulsado por el Ministerio de Gobernación, será analizado por la Comisión Política. La propuesta plantea derogar la figura del Parlacen en el Código Electoral y en cualquier otra normativa nacional.

Reforma elimina participación del Parlacen en leyes salvadoreñas

La iniciativa también suprime el capítulo relacionado con candidaturas al Parlacen dentro del Código Electoral.

Además, incorpora una disposición transitoria sobre los actuales diputados y diputadas del organismo regional. El texto establece que, mientras continúen en funciones, no podrán ejercer cargos en organismos internacionales.

La propuesta surge después de que El Salvador eliminó el Parlacen de su Constitución el 31 de julio de 2025.

Sin embargo, en abril de 2024, el Tribunal Supremo Electoral entregó credenciales a 20 diputados propietarios y suplentes electos para el período 2026-2031.

Qué es el Parlacen y cuánto aportaba El Salvador

El Parlamento Centroamericano es un organismo regional creado para promover integración política y cooperación entre países de Centroamérica y República Dominicana.

El Salvador formó parte del organismo durante décadas mediante representación de diputados regionales elegidos por voto popular.

Según reportes publicados previamente por medios salvadoreños, el país destinaba alrededor de $1.7 millones anuales para sostener su participación en el Parlacen y financiar el funcionamiento de la representación salvadoreña.

Gobierno busca cerrar nexos con organismo regional

La nueva reforma profundiza el proceso iniciado con la eliminación constitucional del Parlacen. Además, busca retirar cualquier referencia legal vinculada con el organismo regional dentro del marco jurídico salvadoreño.

El proyecto también contempla aplicar a los diputados del Parlacen las mismas incompatibilidades establecidas para legisladores de la Asamblea Legislativa.

Entre ellas figuran restricciones relacionadas con contratos públicos, parentescos con el presidente de la República y obligaciones pendientes con la Hacienda Pública.