La Corte Suprema de Justicia (CSJ) desarrolló jornadas de capacitación sobre prevención de sobornos y gestión anticorrupción dirigidas a servidores públicos de sedes judiciales ubicadas en la zona oriental del país.

La actividad formó parte de una estrategia institucional orientada a fortalecer una cultura de integridad y reforzar mecanismos internos para reducir riesgos dentro de la administración pública.

Las jornadas estuvieron coordinadas por la Unidad de Cumplimiento de la institución judicial y reunieron a empleados de diferentes dependencias.

Formación técnica busca mejorar la detección de riesgos internos

El oficial de Cumplimiento de la Corte Suprema de Justicia, Daniel Edgardo Cornejo, dirigió las sesiones de trabajo y explicó los principales elementos de la norma internacional ISO 37001.

Durante la capacitación, el funcionario abordó procesos para identificar riesgos de soborno y aplicar medidas de control en las actividades institucionales.

Además, explicó la importancia de que cada servidor público desempeñe sus funciones con apego a las normas vigentes y los procedimientos internos establecidos.

Las autoridades también destacaron la necesidad de fortalecer mecanismos preventivos para reducir posibles actos irregulares.

Herramientas institucionales respaldan medidas de transparencia

La institución señaló que la Política Antisoborno y los instructivos internos forman parte de las herramientas utilizadas para prevenir riesgos dentro del sistema judicial.

Asimismo, indicó que estos instrumentos permiten fortalecer controles y mejorar los procesos institucionales.

Las medidas también buscan impulsar prácticas relacionadas con transparencia, cumplimiento normativo y prevención de actos indebidos dentro de las entidades públicas.

Acciones apuntan a reforzar la confianza ciudadana

La Corte Suprema de Justicia indicó que este tipo de iniciativas busca consolidar la confianza ciudadana en la administración de justicia.

Además, las autoridades señalaron que fortalecer la integridad institucional puede contribuir al funcionamiento de procesos más transparentes y al cumplimiento de estándares internacionales.

La capacitación forma parte de las acciones impulsadas por la institución para reforzar el conocimiento de los servidores públicos sobre prevención de sobornos y sistemas de control interno.

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) impulsa un proyecto orientado a fortalecer la atención y acceso a servicios para mujeres, niñez y adolescencia sobrevivientes de violencia. La iniciativa se desarrolla con apoyo de la organización International Justice Mission, dedicada al fortalecimiento de sistemas de justicia y protección.

El proyecto denominado “Red de Cuidados y mapeo de servicios esenciales para mujeres, niñez y adolescencia” inició con la realización de dos grupos focales enfocados en mejorar la respuesta institucional y la coordinación entre entidades.

Las autoridades señalaron que el programa busca identificar servicios disponibles y fortalecer los mecanismos de atención a personas afectadas por distintos tipos de violencia.

Equipos judiciales analizan rutas de atención existentes

La actividad permitió revisar los mecanismos actuales de referencia y seguimiento de casos entre instituciones públicas y organizaciones no gubernamentales.

Además, los participantes evaluaron las conexiones existentes entre las entidades encargadas de brindar atención especializada.

El objetivo consiste en facilitar una respuesta más coordinada y reducir obstáculos en el acceso a servicios de apoyo.

Directorio interno busca agilizar procesos y seguimiento

El proyecto también contempla recopilar y organizar información mediante un directorio interno de servicios esenciales.

Las autoridades indicaron que esta herramienta permitirá mejorar la gestión de casos y fortalecer la coordinación entre instituciones participantes.

Asimismo, el sistema busca facilitar el acceso a información útil para quienes brindan atención directa a personas afectadas.

Iniciativa ampliará su alcance hacia otras regiones del país

En los primeros grupos focales participaron jueces y personal encargado de atención a mujeres, niñas, niños y adolescentes en San Salvador.

Sin embargo, las autoridades informaron que el proyecto tendrá cobertura nacional y se desarrollará en diferentes zonas del país.

La iniciativa pretende ampliar la red de apoyo y fortalecer la capacidad institucional para responder a situaciones de violencia.

El presidente de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador, Henry Alexander Mejía, sostuvo una reunión con el nuevo representante residente del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en el país, Jairo Acuña-Alfaro, para abordar iniciativas de cooperación institucional y desarrollo.

El encuentro formó parte de la agenda de trabajo que el representante de la agencia de Naciones Unidas inició con instituciones públicas y actores del sector privado. El objetivo consiste en construir una hoja de ruta que apoye los esfuerzos de desarrollo sostenible en beneficio de la población salvadoreña.

Durante la reunión, ambas autoridades analizaron temas de interés común relacionados con innovación, transformación tecnológica y fortalecimiento de capacidades institucionales.

Agenda incluyó herramientas tecnológicas para la gestión pública

Las autoridades revisaron oportunidades de cooperación enfocadas en procesos de innovación y digitalización dentro de las instituciones.

Además, los participantes abordaron mecanismos para impulsar herramientas que permitan modernizar procesos y fortalecer servicios institucionales.

La reunión también permitió intercambiar perspectivas sobre proyectos vinculados con mejoras operativas y nuevas estrategias de trabajo.

PNUD amplía acercamientos con diversos sectores

Organismo de Naciones Unidas amplía acercamientos con diversos sectores

El nuevo representante residente del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo inició una agenda de reuniones con diferentes sectores del país.

La estrategia incluye encuentros con entidades estatales y representantes privados para identificar áreas de colaboración y definir acciones conjuntas.

Además, el organismo internacional busca consolidar iniciativas relacionadas con el desarrollo sostenible y el fortalecimiento de capacidades institucionales.

Magistrados y delegados participaron en el encuentro oficial

En la reunión participaron los magistrados de la Sala de lo Contencioso Administrativo, José Ernesto Clímaco Valiente y Fernando Galo.

Asimismo, representantes del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo acompañaron el encuentro y participaron en las conversaciones sobre temas de interés común.

Las autoridades desarrollaron la reunión en San Salvador este 1 de julio de 2026.

Cada 30 de junio, El Salvador conmemora el Día del Abogado con actividades académicas, reconocimientos y mensajes institucionales que destacan la labor de los profesionales del derecho en la defensa de la justicia y el cumplimiento de las leyes.

La fecha, establecida oficialmente mediante un decreto legislativo emitido el 5 de junio de 1984, reconoce el trabajo de quienes ejercen la abogacía y participan en la construcción del sistema jurídico del país. Este año, la conmemoración también recordó el papel que abogados y juristas desempeñan en el acceso ciudadano a la justicia.

Además, instituciones públicas difundieron mensajes alusivos a la jornada. La Corte Suprema de Justicia de El Salvador compartió una felicitación enfocada en principios como la legalidad, la integridad y la garantía de derechos.

Una conmemoración creada por decreto hace más de cuatro décadas

El origen del Día del Abogado en El Salvador se remonta a 1984. En ese año, la Asamblea Legislativa aprobó el Decreto Ley N.º 108 durante la administración del entonces presidente José Napoleón Duarte.

La normativa fijó el 30 de junio como el Día del Profesional del Derecho. Desde entonces, la jornada se convirtió en una fecha de reconocimiento para quienes ejercen funciones jurídicas en diferentes sectores.

A 42 años de su creación, la celebración continúa vigente dentro de las instituciones del Estado y de la comunidad jurídica salvadoreña.

Profesionales ejercen en áreas clave para la sociedad

Actualmente, unos 37 mil abogados activos trabajan en el territorio salvadoreño. Los profesionales del derecho desarrollan labores en despachos privados, firmas corporativas y entidades públicas. También participan en áreas como derecho penal, civil, constitucional, administrativo, laboral, tributario e internacional.

Su trabajo incluye representación legal, asesoría jurídica y acompañamiento en procesos judiciales y administrativos.

Universidades y gremios impulsan actividades durante la jornada

La conmemoración también incluye actividades organizadas por universidades, asociaciones de juristas y entidades estatales.

Durante esta fecha se desarrollan foros académicos, conferencias magistrales y actos de reconocimiento dirigidos a profesionales destacados.

Estas actividades buscan fortalecer la formación continua y generar espacios de análisis sobre temas jurídicos actuales.

El sistema legal enfrenta nuevos retos en un entorno cambiante

La celebración ocurre en un contexto marcado por transformaciones políticas, cambios judiciales y nuevas demandas sociales.

Especialistas y entidades relacionadas con el ámbito jurídico señalan que temas como el acceso igualitario a la justicia, la ética profesional y el fortalecimiento institucional forman parte de los desafíos actuales.

Además, la labor del abogado mantiene un papel relevante como mecanismo de orientación y defensa de derechos dentro de la sociedad.

Isidro Menéndez permanece como una figura histórica del derecho salvadoreño

Aunque la fecha conmemorativa no está vinculada con un hecho histórico específico, la historia jurídica nacional reconoce a Isidro Menéndez como una figura central del desarrollo legal salvadoreño.

Nacido en 1795 en San Pedro Metapán, Menéndez participó en la Asamblea de Independencia de 1821 y contribuyó a la construcción de las bases jurídicas del país.

También impulsó proyectos educativos y legales, entre ellos la publicación de la “Recopilación de Leyes Patrias” y la creación del Colegio de Abogados en Ahuachapán.

Su legado permanece como una de las referencias históricas más importantes de la jurisprudencia salvadoreña.

La Federación de Asociaciones de Abogados (Fedaes) presentó a 21 precandidatos que competirán por integrar el Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ) para el período 2026-2031.

El CNJ es la institución encargada de evaluar, capacitar y proponer jueces y magistrados en el país. De sus siete integrantes, tres deben representar al gremio de abogados.

La Federación deberá presentar tres ternas de miembros propietarios y tres de suplentes, para un total de 18 nombres que serán definidos mediante votación secreta e igualitaria.

Aspirantes inician campaña antes de la jornada electoral

Los candidatos pertenecen a cuatro asociaciones de abogados y podrán realizar campaña desde el 30 de junio hasta el 9 de julio.

El presidente de la Federación, Rey Joaquín Nóchez Peña, señaló que la cantidad de inscritos superó las expectativas iniciales.

Además, indicó que el proceso refleja participación dentro del gremio y afirmó que los candidatos ya pueden solicitar apoyo para la elección.

Las votaciones se realizarán el 11 de julio desde las 8:00 de la mañana en los centros judiciales habilitados en cada departamento del país.

Integrantes actuales buscan mantener espacios dentro del organismo

Entre los participantes aparecen tres integrantes actuales del Consejo Nacional de la Judicatura.

Los abogados Santos Guerra Grijalba, Doris Deysi Castillo de Escobar y Alcides Salvador Funes Teos buscan continuar dentro de la institución.

Funes intenta alcanzar un cuarto período consecutivo y señaló que su experiencia administrativa constituye uno de sus principales argumentos.

Modificación técnica cambia el orden de la papeleta

El comité electoral informó además sobre un cambio en la organización de la papeleta.

Los nombres de los aspirantes aparecerán según el orden de inscripción y no en orden alfabético.

La reforma recibió aprobación por mayoría dentro de la directiva de la Federación y será aplicada durante la elección de este año.