La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó este miércoles una nueva prórroga del régimen de excepción, una medida de seguridad implementada desde marzo de 2022 para combatir a las pandillas. Con esta decisión, el país acumula 51 extensiones consecutivas del mecanismo extraordinario.

La iniciativa recibió 57 votos del partido oficialista Nuevas Ideas y de sus aliados. La diputada Claudia Ortiz, del partido Vamos, votó en contra, mientras que los legisladores de Arena no participaron en la sesión.

El régimen mantiene suspendidas garantías constitucionales relacionadas con el derecho de defensa, el plazo máximo de detención administrativa y la privacidad de las telecomunicaciones. La actual prórroga estará vigente hasta finales de junio de 2026.

Gobierno defiende continuidad de las medidas de seguridad

El Ejecutivo aseguró que las acciones extraordinarias siguen siendo necesarias para sostener las operaciones contra las pandillas y evitar la reorganización de estas estructuras criminales.

Además, el Gobierno afirmó que las autoridades mantienen coordinación con instituciones de Estados Unidos y México para ubicar y capturar a personas vinculadas con grupos delictivos.

Según cifras oficiales, más de 92,300 personas han sido detenidas desde el inicio del régimen de excepción. El reporte anterior registraba 91,990 capturados.

Autoridades destacan baja en homicidios

Durante el debate legislativo, diputados oficialistas señalaron que la medida ha contribuido a una reducción sostenida de los homicidios en el país.

Datos oficiales indican que El Salvador registró 1,211 homicidios en 2021. La cifra descendió a 615 en 2022, año en que comenzó el régimen. Posteriormente, los registros bajaron a 194 en 2023, 114 en 2024 y 82 en 2025.

El presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, afirmó que la prórroga busca mantener la seguridad y la tranquilidad de las familias salvadoreñas.

Mientras tanto, organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos continúan expresando preocupaciones generales sobre el impacto de la medida en garantías fundamentales y procesos de detención.