Los diputados de la comisión de Hacienda y Especial de Presupuesto acordaron convocar a los titulares de entidades públicas para analizar la asignación de fondos en el proyecto de ley del presupuesto general del Estado y la Ley de Salarios para el ejercicio fiscal 2025.

Durante la sesión, el jefe de la fracción de Nuevas Ideas, Christian Guevara, propuso someter a votación la creación de un cronograma para entrevistar a representantes del Ejecutivo, ministros y presidentes de entidades autónomas.

Guevara destacó que la comisión determinará a qué instancias se entrevistará y que también se incluirán ONG que han recibido o recibirán fondos del Estado.

“Es fundamental que pidamos cuentas a algunas ONG que han recibido y van a recibir fondos. Antes esto no se hacía, y desde la legislatura pasada hemos comenzado a implementarlo”, afirmó.

La propuesta fue aprobada por unanimidad, con el respaldo de 10 diputados.
El proyecto de ley del presupuesto general del Estado y la Ley de Salarios, que abarca un total de $9,663 millones, fue presentado ante la Asamblea Legislativa el 30 de septiembre por el ministro de Hacienda, Jerson Posada. Durante la entrega de los documentos, Posada confirmó el anuncio del presidente Nayib Bukele del 15 de septiembre, en el que se garantizaba un presupuesto completamente financiado, es decir, que no se incurrirá en nuevas deudas para el funcionamiento del Estado, ni siquiera para cumplir con las obligaciones financieras existentes.

El proyecto de ley plantea la distribución de recursos priorizando cuatro áreas estratégicas: Educación, con $1,535 millones; Salud, con $1,170 millones; Seguridad, con $589 millones; y Defensa Nacional, con $314 millones.

En su más reciente informe titulado “El Salvador: disposición a pagar”, el Banco Santander ha calificado la estrategia del gobierno salvadoreño para recomprar bonos con vencimientos entre 2027 y 2052 como una iniciativa ambiciosa que busca asegurar ahorros potenciales a mediano plazo.

El pasado viernes, 4 de octubre, El Salvador anunció otra transacción de recompra, un movimiento que, según Santander, no resulta sorprendente dado el historial de operaciones similares desde 2022.
Sin embargo, la estrategia ha evolucionado, ahora apuntando no solo a los bonos de corto plazo, sino también a emisiones de mayor plazo, ofreciendo primas más altas para adquirir bonos que se cotizan a descuentos significativos.

Santander destacó que esta fase es más “matizada” en comparación con el anuncio inicial realizado a finales de 2022, tras los sólidos resultados fiscales obtenidos el año pasado y este. El gobierno, en su anuncio del presupuesto equilibrado el 30 de septiembre, mencionó que las primeras operaciones de recompra generaron un ahorro de $289 millones, además de reducir una deuda de $350 millones que vence en enero de 2025 a poco más de $90 millones, cantidad que ya se encuentra en reserva.

El presidente Nayib Bukele también mencionó una operación similar para manejar pasivos, enfocándose en los títulos que vencen entre 2027 y 2052. El ministro de Hacienda, Jerson Posada, explicó que estas operaciones tienen como objetivo mejorar el perfil de vencimientos, eliminando picos altos y buscando condiciones más favorables para los pagos futuros.

“Estas acciones han convertido a El Salvador en un país activo y reconocido en los mercados internacionales, con operaciones totalmente voluntarias y transparentes”, afirmó Posada.

Asimismo, el ministro señaló que las medidas implementadas han contribuido a la disminución del Indicador de Bonos de Mercados Emergentes (EMBI), que ha caído a 540 puntos, comparado con más de 2,000 puntos en 2021.

Esta tendencia indica un aumento en la confianza de los inversionistas internacionales en los bonos salvadoreños.

En cuanto a las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI), Posada aseguró que el diálogo continúa de manera abierta, buscando un acuerdo de financiamiento ampliado de $1,400 millones a tres años. “El objetivo es fortalecer las finanzas públicas a mediano y largo plazo, mejorando la eficiencia del gasto público, incluso sin un acuerdo formal con el FMI”, indicó.

El ministro también desmintió rumores sobre un posible aumento del IVA (Impuesto al Valor Agregado), afirmando que no se tomarán decisiones que perjudiquen a la población.

La alcaldesa de La Libertad Este, Milagro Navas, anunció este lunes que no habrá aumentos en las tasas municipales, aunque se llevará a cabo una unificación de las mismas. Navas explicó que esta medida es necesaria debido a que los distritos de Zaragoza y Nuevo Cuscatlán presentan las tasas más altas del municipio.

“Voy a devolver a la población lo que se cobra a través de obras”, afirmó la jefa edilicia. Reconoció que, si bien algunos ciudadanos verán una reducción en sus tasas, otros podrían experimentar un aumento, aunque enfatizó que esto no es responsabilidad suya.
La alcaldesa también advirtió que los distritos de Huizúcar y San José Villanueva podrían “sentir un poquito el cambio”, señalando que las tasas de Zaragoza y Nuevo Cuscatlán son incluso superiores a las de Antiguo Cuscatlán.

Navas destacó que están trabajando para resolver un problema de “cobro doble” y que su objetivo no es hacerse millonarios, sino que los ciudadanos paguen lo justo.

“No van a ser aumentos; vamos a unificar las tasas. Es increíble que Zaragoza tenga tasas más altas que Antiguo Cuscatlán y Nuevo Cuscatlán», afirmó Navas en un video divulgado por la alcaldía.

La funcionaria instó a los ciudadanos a acercarse a la alcaldía para aclarar cualquier duda y evitar especulaciones. Reconoció que las comunas enfrentan dificultades financieras debido a la falta de fondos y deudas acumuladas.

“No es justo traer los impuestos de Antiguo Cuscatlán a otra alcaldía”, concluyó Navas.

La Libertad Este está conformada por los distritos de Antiguo Cuscatlán, Nuevo Cuscatlán, Huizúcar, San José Villanueva y Zaragoza.

¿Es una decisión legal?

La unificación de tasas municipales en El Salvador, especialmente en el contexto de la reconversión de municipios, ha sido un tema de debate y análisis en el ámbito legal y administrativo. El Código Municipal permite a los municipios establecer tasas y tributos, pero cualquier modificación o unificación de tasas debe cumplir con los procedimientos legales establecidos.

En general, la unificación de tasas puede ser legal si se realiza de acuerdo con los lineamientos de la ley, que incluyen la aprobación por el concejo municipal y la publicación de las modificaciones. Sin embargo, es fundamental que dicha unificación no afecte los derechos de los ciudadanos y que se garantice la transparencia en el proceso.

La unidad de servicios de la Procuraduría General de la República llevó a cabo una actividad de concientización en el Instituto Nacional Joaquín Ernesto Cárdenas (INJECAR), donde más de 900 estudiantes de bachillerato se reunieron para conocer sobre temas de gran de interés para la comunidad educativa, como la Ley Penal Juvenil y los delitos cibernéticos, así como el uso consciente de las redes sociales.

Luis Ticas, representante de la Unidad Penal Juvenil, destacó que estas iniciativas son parte de un programa de prevención que la Procuraduría implementa en coordinación con centros educativos de todo el país.

“Es fundamental que los jóvenes comprendan los riesgos asociados con un uso irresponsable de las redes sociales y los delitos en los que podrían verse involucrados”, afirmó Ticas durante su intervención.
Además de las charlas sobre temas legales, el personal de la Unidad de Niñez y Adolescencia de San Miguel aprovechó la ocasión para instar a los estudiantes a revisar sus documentos de identidad.

Se les ofreció orientación sobre cómo gestionar posibles inconvenientes relacionados con su documentación, asegurando que la Procuraduría está dispuesta a brindar el apoyo necesario.

La actividad no sólo proporcionó información útil para los jóvenes, sino que también fomentó un espacio para el diálogo y la reflexión sobre la responsabilidad que conlleva el uso de las tecnologías en la actualidad.

La Defensoría del Consumidor (DC) recuperó $29.2 millones a favor de más de 30,500 salvadoreños hasta el 2 de octubre, informó el titular de la institución, Ricardo Salazar, en una entrevista.

El funcionario indicó que esa cifra responde a la resolución de casos individuales y colectivos.
Mencionó, por ejemplo, que en el rubro inmobiliario (el cual ha tenido la mayor dinámica) han recuperado $18.3 millones en beneficio de 2,342 familias que habían sido afectadas por lotificaciones irregulares.

Salazar afirmó que los resultados muestran la efectividad de la institución, pero también son reflejo de la confianza de la población en su accionar. En ese sentido, añadió que se cerró septiembre con 103,000 atenciones, números récord en ese indicador.

“Esta es una cifra importante que muestra cómo la Defensoría tiene presencia a escala nacional, pero también fuera de nuestras fronteras a través de los quioscos virtuales. Esperamos cerrar el año con más de 130,000 atenciones… Esto es el resultado de un trabajo articulado”, añadió.

“Estas denuncias en lo que va del año superan las 21,000 que recibimos en todo 2023”, comentó.
Asimismo, en lo que va del año, se han impuesto multas por $800,000. Es importante que solo en temas de productos de la canasta básica, se han colocado $318,000.