La Fiscalía General informó sobre la captura de 14 personas, incluyendo abogados, notarios y civiles, acusados de utilizar sus conocimientos técnicos para despojar a propietarios de sus bienes inmuebles.
Los sospechosos habrían realizado una serie de maniobras fraudulentas para vender las propiedades a terceras personas, generando un perjuicio que supera los $200,000.

Modus operandi
Entre los detenidos se encuentra el notario Miguel Ángel Rodríguez, quien valiéndose de su oficio, certificó la venta de un inmueble sin que el propietario legítimo compareciera ante sus oficios notariales.
Pese a esta irregularidad, Rodríguez ofertó la propiedad a una tercera persona, consumando el acto fraudulento.
A los capturados se les acusa de diversos delitos relacionados con la falsificación de documentos y el uso de artimañas para estafar a las víctimas. Los cargos incluyen: uso y tenencia de documentos falsos, falsedad material, falsedad ideológica, falsedad documental agravada y estafa agravada

La Fiscalía insistió en la gravedad de estos delitos, ya que involucran una violación directa a la confianza depositada en los profesionales del derecho, quienes utilizaron sus conocimientos para cometer actos ilícitos en lugar de defender los intereses de sus clientes.
Las autoridades continúan investigando para determinar la participación de otros posibles implicados y recuperar los bienes despojados. Además, la Fiscalía busca fortalecer las pruebas para garantizar que los responsables enfrenten todo el peso de la ley.
La Fiscalía instó a la población a estar alerta frente a este tipo de delitos y verificar cuidadosamente la legitimidad de las transacciones relacionadas con bienes inmuebles.

El sector de pequeños hoteleros de El Salvador se prepara para una temporada de fin de año prometedora, con una ocupación que podría alcanzar el 100 % en algunos destinos turísticos clave durante los últimos días de 2024.
De acuerdo con la Asociación de Pequeños Hoteles de El Salvador (Hopes), las reservas actuales ya rondan el 50 %, superando los registros del mismo periodo en 2023.
Leonor Castellanos, presidenta de Hopes, destacó que diciembre, tradicionalmente un mes de menor ocupación debido a que las familias suelen permanecer en sus hogares, está mostrando un comportamiento diferente este año.
“En algunos hoteles ya hemos registrado picos de hasta un 100 % de ocupación, y la tendencia parece indicar que este año cerraremos con mejores cifras que en 2023”, afirmó Castellanos.

Tendencias de reserva y picos de ocupación

Según Castellanos, el 50 % de reservas actuales podría incrementarse significativamente conforme se acercan las fechas festivas, ya que muchas personas realizan sus reservas de última hora.
La gremial prevé que las playas y montañas alcancen ocupaciones del 100 %, mientras que los hoteles urbanos podrían superar el 50 % de ocupación.
El Ministerio de Turismo (Mitur) proyecta que más de 125,000 turistas internacionales visitarán El Salvador entre el 23 de diciembre de 2024 y el 2 de enero de 2025, generando un impacto económico estimado en $125 millones.

La mayor parte de esta demanda provendrá de turistas provenientes de Guatemala, Honduras y Nicaragua, además de la comunidad de salvadoreños residentes en el extranjero, conocidos como “hermanos lejanos”.
“Desde octubre hemos notado un incremento significativo en visitantes hondureños, superando incluso a los guatemaltecos, que tradicionalmente lideraban las estadísticas”, comentó Castellanos.
Además, se observa un cambio en el patrón de visitantes nicaragüenses, quienes ahora llegan en familia y no solo por motivos laborales.

Mejora de la experiencia hotelera
Hopes enfatiza la importancia de mantener altos estándares de calidad en el servicio para consolidar el crecimiento del sector.
Castellanos subrayó que aspectos como la calidad de la comida y el servicio en las habitaciones son fundamentales para atraer y fidelizar a los clientes.
Con una demanda en alza y un panorama optimista, los pequeños hoteleros de El Salvador afrontan esta temporada como una oportunidad para cerrar el año con cifras récord en ocupación y contribución al dinamismo turístico del país.

El Gobierno busca una nueva reforma penal para endurecer las penas aplicables al delito de conducción peligrosa y llevarlas hasta 10 años de prisión en algunos casos.
El ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, propuso una nueva reforma al artículo 147-E del Código Penal con la que buscan fortalecer la legislación existente y aumentar las sanciones contra quienes pongan en riesgo la seguridad vial mediante disputas de vías, competencias sin autorización o la conducción bajo los efectos del alcohol o drogas.

Incremento en las penas
En 2 ocasiones durante el 2021 el artículo 147-E del Código Penal fue modificado en dos ocasiones durante 2021 y este impone una pena de entre 2 y 4 años de prisión por conducción peligrosa de vehículos de motor, una reducción que se realizó en noviembre de 2021 después de que la reforma de septiembre del mismo año la elevara a entre 4 y 6 años.
La nueva propuesta contempla aumentar el rango a entre 2 y 5 años de prisión.

En cuanto a la conducción peligrosa en vehículos de transporte público o de carga, la propuesta elevaría las penas a entre 5 y 10 años de prisión.
Esto representa un cambio significativo respecto a las reformas de 2021, cuando inicialmente se establecieron penas de entre 5 y 8 años en septiembre, para luego reducirlas a entre 3 y 6 años en noviembre.

Sanciones más estrictas por homicidio culposo
Uno de los puntos más destacados de la propuesta es el endurecimiento de las penas en casos donde la conducción peligrosa resulte en homicidio culposo o lesiones muy graves.
Actualmente, el Código Penal incrementa la pena hasta un tercio del máximo, lo que equivale a 8 años de prisión. Con la reforma, la pena podría alcanzar hasta 10 años en casos relacionados con vehículos de motor y hasta 15 años si el delito involucra transporte público o de carga.

Medidas complementarias
La propuesta también incluye disposiciones adicionales para combatir la conducción bajo los efectos de sustancias estupefacientes, psicotrópicas o psicoactivas. Según el texto, las pruebas realizadas en controles vehiculares serán consideradas prueba suficiente en flagrancia para determinar el delito.
La iniciativa del gobierno busca responder al creciente número de incidentes de tránsito relacionados con conductas irresponsables, así como a las demandas de mayor seguridad vial por parte de la ciudadanía.
Con esta propuesta, el Ejecutivo pretende disuadir a los conductores de incurrir en comportamientos peligrosos y garantizar un entorno más seguro para los usuarios de las vías.
El pleno legislativo conoció el martes 17 de diciembre la iniciativa, que ahora se encuentra en proceso de análisis para su eventual aprobación.

La Asamblea Legislativa aprobó el presupuesto general del Estado para 2025, de $9,662,997,142, incluyendo una medida que restablece de forma parcial los escalafones salariales en los sectores de Salud y Educación.
Esta decisión fue respaldada por 57 votos, mientras que la modificación al artículo 4, que permite esta aplicación parcial, obtuvo 60 votos a favor.

Asignaciones presupuestarias para escalafones
El diputado Christian Guevara, jefe de fracción de Nuevas Ideas, propuso cambiar el artículo 4 del presupuesto, que inicialmente congelaba los escalafones salariales.
Según el cambio aprobado, en el sector Salud los escalafones se aplicarán exclusivamente a empleados con salarios menores a $1,500 mensuales, con un refuerzo presupuestario de $8 millones.
En Educación, se asignaron $2 millones para financiar el escalafón conforme a las leyes General de Educación y de la Carrera Docente.

El texto del cambio indica: “Para el presente ejercicio fiscal, del escalafón salarial correspondiente al ramo de Salud se otorgará únicamente a empleados y funcionarios públicos cuyos salarios mensuales sean menores a $1,500 y su aplicación al sueldo mensual no podrá exceder al techo máximo antes establecido. Adiciónase la suma de $8 millones para financiar la aplicación de dicho escalafón. Adiciónese a Educación, Ciencia y Tecnología, $2 millones para financiar la aplicación de su escalafón conforme a lo establecido en la Ley General de Educación y Ley de la Carrera Docente”.

Críticas y debate en el pleno
La aprobación del presupuesto ocurrió en un ambiente de fuerte debate. La diputada Claudia Ortiz, del partido Vamos, criticó las reducciones presupuestarias en Salud y Educación, así como el aumento al Ministerio de Defensa Nacional.
Ortiz propuso incluir en el artículo 19 una disposición que blinde los fondos destinados a programas sociales, la Ley Crecer Juntos y la inversión pública, declarándolos intransferibles. Su propuesta sólo obtuvo tres votos.
Por su parte, el diputado William Soriano (Nuevas Ideas) celebró el restablecimiento parcial de los escalafones y aseguró que se mantiene el enfoque en seguridad. “Misión cumplida, estamos listos para arrancar un año más de trabajo y continuar con la estrategia y la promesa del presidente Nayib Bukele del milagro económico”, declaró.
La diputada Marcela Villatoro, de Arena, también reconoció el restablecimiento de los escalafones, pero criticó la reducción del presupuesto en sectores clave. Cuestionó que el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) sufrió un recorte del 45 % ($6 millones), mientras el presupuesto de Defensa aumentó en un 22 % ($48 millones).
La diputada oficialista Suecy Callejas desestimó las críticas de la oposición, asegurando que los subsidios no han sido eliminados y que los paquetes agrícolas contarán con $23 millones en 2025.
También destacó que el presupuesto de Educación alcanzará $1,537 millones.
“Por primera vez vamos a aprobar un presupuesto con cero dólares de brecha presupuestaria. Arena, cuyo sueño dorado era la privatización de salud, sigue mintiendo”, afirmó.
“Aprobamos el Presupuesto General de 2025, el primero de nuestra historia en estar completamente financiado, es decir, que no necesitará de deuda para su ejecución”, dijo el presidente de la Asamblea, Ernesto Castro, del partido Nuevas Ideas.

La Procuraduría General de la República (PGR) suscribió una carta de entendimiento con el Proyecto Justicia, iniciativa implementada por Dexis Consulting Group y financiada por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). 

Este acuerdo tiene como objetivo fortalecer las capacidades de investigación de la defensa pública penal y mejorar los servicios institucionales, en una alianza estratégica que promete optimizar el acceso a la justicia y el trato hacia las víctimas.

El Proyecto Justicia, que ya ha demostrado ser un motor de cambio en el ámbito judicial, busca implementar soluciones efectivas para garantizar que las víctimas tengan acceso a una justicia más pronta y eficiente. 

Entre los objetivos clave del proyecto destaca la ampliación y fortalecimiento de los servicios de asistencia y trato para las personas afectadas por el sistema judicial.

En su intervención, el procurador general René Escobar subrayó las áreas de intervención del memorándum de entendimiento, que incluyen el fortalecimiento de la investigación en la defensa pública penal, la ampliación del acceso a la justicia para las víctimas y la optimización de las capacidades institucionales para brindar servicios de calidad.

Este esfuerzo conjunto reafirma el compromiso de ambas instituciones de mejorar de manera continua la calidad de los servicios que ofrecen a la ciudadanía. «Nuestro deber es con la población usuaria, y estamos comprometidos a seguir trabajando para garantizar que sus derechos sean respetados y sus necesidades atendidas de manera humana y cercana», afirmó Escobar.

Además, se destacó el enfoque del Proyecto Justicia y la PGR por una justicia centrada en la persona, priorizando la calidad, cercanía y humanidad en la atención a los usuarios. Este enfoque no solo busca mejorar los procedimientos judiciales, sino también hacer que las víctimas se sientan respaldadas y escuchadas durante todo el proceso judicial.