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Icefi presenta recomendaciones «para corregir» presupuesto 2022

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Esto con el objetivo de corregir las falencias del proyecto de presupuesto y avanzar en una política fiscal que permita fortalecer la democracia y encamine el desarrollo del país el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) presentó el estudio «Análisis y recomendaciones al Proyecto de Ley del Presupuesto General del Estado del Ejercicio Financiero Fiscal 2022 de El Salvador».

El Icefi indicó que las proyecciones de cierre del crecimiento económico para 2021 son mejor de lo esperado. Sin embargo, advirtió que para 2022 se prevé que la economía salvadoreña vuelva a la trampa de bajo crecimiento económico en la que ha estado sumida por más de dos décadas.

Además, mostró su preocupación por que, en el ámbito social, el aumento en la pobreza extrema implica un retroceso de al menos siete años en la lucha contra este flagelo social y, en cuanto a la desigualdad, el retroceso es de seis años. Adicionalmente, los niveles de inseguridad alimentaria alcanzaron a la mitad de la población mientras, consecuentemente, los flujos migratorios son los más altos desde que hay registros.

El Icefi alertó que en el contexto político en el que se discute el proyecto de presupuesto, El Salvador está sufriendo un vertiginoso proceso de concentración de poder y deterioro de la institucionalidad democrática.

El presupuesto de recursos financieros totales para 2022 del Gobierno Central de El Salvador asciende a USD7,967.7 millones, de los cuales USD6,758.7 millones provendrán de ingresos regulares del Estado, mientras que los restantes USD1,209.0 millones corresponderán a endeudamiento bruto; esto significa que, para 2022, El Salvador financiará con deuda el 15.2% de su presupuesto.

En cuanto a la composición de la recaudación para 2022, el 59.9% provendrá de impuestos indirectos, reafirmando la estructura tributaria regresiva que cuenta el país.

Para el Icefi, considerando el escenario macroeconómico y las posibilidades reales de mejorar la recaudación por la vía administrativa, la sobreestimación de ingresos podría rondar los USD490.6 millones adicionales, que si bien es cierto podría devenir de algunos controles sobre aspectos no contenidos en las cuentas nacionales, como control de los flujos ilícitos de capital y combate al contrabando, no hay certeza de que se puedan alcanzar.

Por el lado de los egresos, el proyecto de presupuesto para 2022 del Gobierno Central, excluyendo el monto destinado a las amortizaciones de deuda, contempla la asignación de gastos por USD 6,902.4 millones, 2.4% por debajo del monto estimado por Icefi como cierre para 2021 y 7.0% por debajo del presupuesto vigente para el ejercicio fiscal 2021. 

De esa cuenta, el tamaño del Gobierno Central considerado en el proyecto de presupuesto para 2022 alcanza 25.9% del PIB, por debajo del 27.1% estimado por Icefi para el cierre del ejercicio 2021 y del 30.3% ejecutado en 2020, como consecuencia del impacto de la pandemia y de las decisiones adoptadas por el gobierno.

El Instituto mostró su preocupación por los recortes en programas específicos orientados hacia mujeres y jóvenes, así como la estrategia de erradicación de la pobreza. también la reducción en los recursos para la educación media y superior, así como de la red hospitalaria del país. Además, alertó que nuevamente existen partidas presupuestarias subestimadas, tales como la de devolución de impuestos y el servicio de la deuda, especialmente la interna.

El déficit fiscal, del Sector Público no Financiero (SPNF) incluyendo el costo previsional, si se incorporan los gastos subestimados y se corrige la sobreestimación de ingresos, podría ser de 5.7% del PIB, para 2022. El Icefi estima que en ese escenario la deuda pública superaría el 90.8% del PIB.

Dentro de las recomendaciones que el Icefi realizó destacan que, por el lado de los ingresos, se debe corregir la subestimación de ingresos, con base en el escenario macroeconómico y las expectativas reales del combate a la evasión y otros delitos fiscales. Publicar en el portal de transparencia fiscal el plan antievasión, así como las metas mensuales, especialmente de IVA e ISR. Además, urgió a no aprobar nuevas exenciones, exoneraciones y/o incentivos sin estudios técnicos que demuestren que los beneficios de dichas medidas son más altos que sus costos, aludiendo especialmente al proyecto de Bitcoin City anunciado por el Ejecutivo.

Por el lado del gasto público, deben reducirse los recursos orientados a publicidad, congelar el techo del presupuesto de la Secretaría de Comunicaciones de la Presidencia y el Ministerio de la Defensa. Asimismo, eliminar la partida de primas y gastos de seguros privados y prohibir la contratación de funcionarios ad-honorem, así como regular las escalas salariales de los asesores, para que nadie gane más que el presidente de la República.  Con base en los recursos logrados con estas modificaciones el Instituto recomendó aumentar las asignaciones para los programas orientados a mujeres, jóvenes, estrategia de la erradicación de la pobreza, educación media y educación superior, así como para la infraestructura hospitalaria del país.

El Instituto sugirió la liquidación del Fideicomiso Bitcoin e incorporar esos recursos al financiamiento de la brecha presupuestaria de 2022. También reiteró la urgencia de eliminar la obligatoriedad del uso del bitcóin, garantizar la independencia de poderes y elegir un fiscal independiente, como elementos fundamentales para abrir las puertas de financiamiento internacional que se han cerrado en los últimos meses.

Otra recomendación fue reformar el artículo 14 del anteproyecto de ley del presupuesto para emitir una norma específica que permita el cumplimiento del principio de máxima publicidad de la información financiera dentro del Organismo de Inteligencia del Estado. Asimismo, aprobar un candado para que en el proceso de ejecución del presupuesto no se trasladen recursos al Fondo de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres (Fopromid), por considerarse un mecanismo con amplia discrecionalidad y opacidad.

Adicionalmente, sugirió agregar un artículo en la aprobación del presupuesto, para que quede establecida la institucionalización de espacios de participación ciudadana en las diferentes etapas del ciclo presupuestario para el presupuesto 2023, siguiendo los estándares internacionales para construir un verdadero presupuesto abierto; y la incorporación de un artículo que indique que el presupuesto de 2023 deberá elaborarse bajo la metodología del presupuesto por resultados y vinculado a un proceso de planificación, de tal forma que los presupuestos públicos sean congruentes con los objetivos y compromisos asumidos en la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible.

Finalmente, el Icefi indicó que es indispensable establecer una hoja de ruta con medidas de corto, mediano y largo plazo en el país que esté vinculado a metas de desarrollo y al fortalecimiento de la democracia, pues es la única vía para poder garantizar el bienestar de la población y el desarrollo de El Salvador.

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Judicial

Corte Suprema advierte sobre la prevención del lavado de dinero en el ejercicio profesional de abogados y notarios

La CSJ ha llamado a los profesionales del derecho a tener cuidado en la práctica de su trabajo para evitar ser instrumentalizados en lavado de dinero.

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La Corte Suprema de Justicia emitió un mensaje dirigido a los abogados y notarios del país, enfatizando la necesidad de implementar buenas prácticas para evitar su instrumentalización en el delito de lavado de dinero y activos.

Este llamado se enmarca en el contexto de un creciente enfoque en la prevención de actividades ilícitas que socavan la integridad del sistema financiero y legal.

Los abogados y notarios, como profesionales del derecho, desempeñan un papel crucial en la estructura legal del país, pero también pueden ser utilizados, sin saberlo, como herramientas para facilitar el lavado de dinero.

La Corte ha identificado varias prácticas comunes que podrían poner en riesgo la integridad de estos profesionales y, por ende, del sistema judicial.

Una de las formas más alarmantes de instrumentalización es la constitución de sociedades como negocios de fachada. Estos profesionales pueden, mediante sus oficios notariales, crear entidades que sirven únicamente como un vehículo para la entrada de fondos ilegales, ocultando así el verdadero origen del dinero.

Además, la creación de estructuras legales complejas puede dificultar el rastreo de los beneficiarios finales de las transacciones.

Este tipo de maniobras no solo compromete a los abogados y notarios, sino que también representa un desafío significativo para las autoridades en su labor de investigación y prevención del delito.

El asesoramiento legal también puede ser un punto crítico. Si bien es parte de su función ofrecer orientación, algunos abogados podrían inadvertidamente ayudar a sus clientes a llevar a cabo transacciones que aparentan ser legales, pero que en realidad están diseñadas para encubrir actividades ilícitas.

Finalmente, la compra y venta de inmuebles es otro ámbito de riesgo. Los notarios, al llevar a cabo escrituras de compraventa de bienes a precios inusuales, pueden facilitar la legitimación de dinero proveniente de actividades delictivas, lo que refuerza la necesidad de que estos profesionales ejerzan un control riguroso sobre las operaciones que manejan.

La Corte Suprema ha subrayado que la aplicación de buenas prácticas es esencial para mitigar estos riesgos.

Esto incluye la capacitación constante de los profesionales del derecho en materia de prevención del lavado de activos, así como la adopción de medidas que garanticen la transparencia y la legalidad en sus operaciones.

Con este mensaje, la Corte busca no solo proteger a los abogados y notarios de ser cómplices involuntarios en el lavado de dinero, sino también salvaguardar la confianza pública en el sistema judicial y financiero del país.

La prevención del lavado de activos es una responsabilidad compartida que requiere la colaboración de todos los actores involucrados en el ejercicio de la ley.

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Legal

Ministro de Justicia y Seguridad solicita aprobación de ley para fortalecer la ciberseguridad en instituciones públicas

Según Gustavo Villatoro, la ley busca proteger información estatal de ciberataques.

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El ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, pidió a la Asamblea Legislativa la aprobación de una “Ley de ciberseguridad y seguridad de la información”. Esta iniciativa busca establecer un marco regulatorio para vigilar y fiscalizar las medidas de ciberseguridad en las instituciones públicas.

El proyecto, presentado el 15 de octubre, fue recibido por el pleno de la Asamblea el 30 de octubre y ha sido asignado a la Comisión de Seguridad Nacional, que se reunirá el próximo lunes a las 2:00 de la tarde.

La ley propone la creación de una Agencia de Ciberseguridad del Estado (ACE), cuyo director general será nombrado por el presidente de la República.

La propuesta tiene como objetivo establecer principios y políticas que regulen la protección de la información estatal, ante el creciente riesgo de compromisos a la confidencialidad e integridad de los sistemas informáticos de las entidades gubernamentales.

Villatoro advirtió sobre la «amenaza de ciertos comportamientos» que ponen en peligro el bienestar de la ciudadanía y la continuidad de las funciones del Estado. Entre las atribuciones de la nueva agencia se incluyen la facultad de requerir información a las entidades estatales en caso de incidentes de ciberseguridad y la creación de un Registro

Nacional de Amenazas e Incidentes. Asimismo, se prevé la posibilidad de sancionar a empleados o funcionarios por infracciones, que pueden ir desde despidos hasta multas que oscilan entre uno y 100 salarios mínimos, dependiendo de la gravedad de la falta.

La ley también contempla sanciones severas para quienes obstaculicen las medidas de ciberseguridad o presenten información incorrecta a la agencia.

Esta iniciativa es parte de los esfuerzos del Gobierno para mitigar los riesgos cibernéticos y garantizar la seguridad de la información en el sector público.

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Noticias

Presidente Bukele ofrece ayuda humanitaria para atender a víctimas de inundaciones en Valencia, España

El mandatario puso a disposición del gobierno español rescatistas, paramédicos e insumos para ser enviados a Valencia.

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El presidente Nayib Bukele anunció que El Salvador ha ofrecido asistencia humanitaria al gobierno español a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, para ayudar a las víctimas de las inundaciones en Valencia, que han dejado más de 155 fallecidos.

La ayuda consiste en el envío de 300 rescatistas y paramédicos, así como 20 toneladas de equipos médicos y suministros básicos, para apoyar a Valencia, que ha sido severamente afectada por inundaciones.

Bukele informó en su cuenta oficial de X que la oferta de ayuda ya ha sido realizada.

Entre las víctimas no figuran salvadoreños, pero el gesto de Bukele es parte de la solidaridad internacional con un país que históricamente ha contribuido con diferentes programas y proyectos sociales.

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Politica

Presidente Bukele viajará la próxima semana a Costa Rica en visita oficial

El mandatario salvadoreño se reunirá con su homólogo costarricense, Rodrigo Chaves, y con funcionarios. La visita oficial será del 7 al 13 de noviembre, según la cancillería de ese país.

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El popular presidente de El Salvador, Nayib Bukele, llevará a cabo una Visita de Estado a Costa Rica del 7 al 13 de noviembre de 2024, confirmaron fuentes de ese país centroamericano.

La información fue divulgada por medios costarricenses y confirmada a través de un acuerdo del Ministerio de Relaciones Exteriores de Costa Rica, que también convoca a la embajadora costarricense en El Salvador para integrarse a la comitiva que recibirá al mandatario.

El acuerdo menciona que “el señor Presidente de la República de El Salvador, Nayib Armando Bukele Ortez, realizará una Visita de Estado a la República de Costa Rica del 7 al 13 de noviembre de 2024, ambas fechas inclusive».

La planificación de esta visita se inició en julio, aunque hasta ahora no se había definido una fecha concreta.

El canciller costarricense, Arnoldo André Tinoco, también anunció que Bukele llevará a cabo diversas actividades oficiales durante su estancia en el país.

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Judicial

La Fiscalía reporta detención de varios presuntos miembros de una red de pedofilia

Los detenidos estarían ligados a una operación internacional que opera desde África, según el informe preliminar de la FGR.

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La Fiscalía General llevó a cabo un operativo en el que capturó a por los menos 11 personas acusados de compartir material pornográfico infantil. Esta acción se enmarca en una alerta regional sobre una red de pedofilia que opera desde África.

Las detenciones fueron realizadas por la Unidad de Atención Especializada para la Mujer, Niñez y Adolescencia, en colaboración con la Policía Nacional Civil. Las detenciones en diferentes localidades del país, incluyendo San Miguel, Cuscatlán, La Paz, La Libertad y San Salvador.

Los capturados son:

  • Adonis Adalberto Magaña (San Miguel)
  • Jefferson David Blanco Caballero (Cuscatlán)
  • Marcos Olayo Cortez Domínguez (La Paz)
  • Luis Ernesto González (Cuscatlán)
  • Boris David Torres (La Libertad)
  • Óscar Ernesto Ayala Martínez (San Salvador)
  • Marlon Daniel González Iraheta (La Libertad)
  • Jonathan Stanley Quijada (La Libertad)
  • Diego Alfonso Martínez (La Libertad)
  • Brandon Monge Panameño (San Salvador)
  • Kelvin Rafael Paz Hércules (San Salvador)


Durante el operativo, las autoridades decomisaron una cantidad significativa de dispositivos electrónicos, incluyendo celulares, memorias USB, laptops, CPU y tablets, que se utilizarán como parte de la investigación.

Los detenidos enfrentarán cargos por delitos relacionados con la posesión de pornografía infantil a través de tecnologías de comunicación, así como por la adquisición o posesión de material pornográfico que involucra a menores de edad o personas con discapacidad.

Se espera que los detenidos sean presentados ante los juzgados competentes en los próximos días, en un esfuerzo por combatir y erradicar estas prácticas delictivas en el país.

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