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Icefi presenta recomendaciones “para corregir” presupuesto 2022
Esto con el objetivo de corregir las falencias del proyecto de presupuesto y avanzar en una política fiscal que permita fortalecer la democracia y encamine el desarrollo del país el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) presentó el estudio «Análisis y recomendaciones al Proyecto de Ley del Presupuesto General del Estado del Ejercicio Financiero Fiscal 2022 de El Salvador».
El Icefi indicó que las proyecciones de cierre del crecimiento económico para 2021 son mejor de lo esperado. Sin embargo, advirtió que para 2022 se prevé que la economía salvadoreña vuelva a la trampa de bajo crecimiento económico en la que ha estado sumida por más de dos décadas.
Además, mostró su preocupación por que, en el ámbito social, el aumento en la pobreza extrema implica un retroceso de al menos siete años en la lucha contra este flagelo social y, en cuanto a la desigualdad, el retroceso es de seis años. Adicionalmente, los niveles de inseguridad alimentaria alcanzaron a la mitad de la población mientras, consecuentemente, los flujos migratorios son los más altos desde que hay registros.
El Icefi alertó que en el contexto político en el que se discute el proyecto de presupuesto, El Salvador está sufriendo un vertiginoso proceso de concentración de poder y deterioro de la institucionalidad democrática.
El presupuesto de recursos financieros totales para 2022 del Gobierno Central de El Salvador asciende a USD7,967.7 millones, de los cuales USD6,758.7 millones provendrán de ingresos regulares del Estado, mientras que los restantes USD1,209.0 millones corresponderán a endeudamiento bruto; esto significa que, para 2022, El Salvador financiará con deuda el 15.2% de su presupuesto.
En cuanto a la composición de la recaudación para 2022, el 59.9% provendrá de impuestos indirectos, reafirmando la estructura tributaria regresiva que cuenta el país.
Para el Icefi, considerando el escenario macroeconómico y las posibilidades reales de mejorar la recaudación por la vía administrativa, la sobreestimación de ingresos podría rondar los USD490.6 millones adicionales, que si bien es cierto podría devenir de algunos controles sobre aspectos no contenidos en las cuentas nacionales, como control de los flujos ilícitos de capital y combate al contrabando, no hay certeza de que se puedan alcanzar.
Por el lado de los egresos, el proyecto de presupuesto para 2022 del Gobierno Central, excluyendo el monto destinado a las amortizaciones de deuda, contempla la asignación de gastos por USD 6,902.4 millones, 2.4% por debajo del monto estimado por Icefi como cierre para 2021 y 7.0% por debajo del presupuesto vigente para el ejercicio fiscal 2021.
De esa cuenta, el tamaño del Gobierno Central considerado en el proyecto de presupuesto para 2022 alcanza 25.9% del PIB, por debajo del 27.1% estimado por Icefi para el cierre del ejercicio 2021 y del 30.3% ejecutado en 2020, como consecuencia del impacto de la pandemia y de las decisiones adoptadas por el gobierno.
El Instituto mostró su preocupación por los recortes en programas específicos orientados hacia mujeres y jóvenes, así como la estrategia de erradicación de la pobreza. también la reducción en los recursos para la educación media y superior, así como de la red hospitalaria del país. Además, alertó que nuevamente existen partidas presupuestarias subestimadas, tales como la de devolución de impuestos y el servicio de la deuda, especialmente la interna.
El déficit fiscal, del Sector Público no Financiero (SPNF) incluyendo el costo previsional, si se incorporan los gastos subestimados y se corrige la sobreestimación de ingresos, podría ser de 5.7% del PIB, para 2022. El Icefi estima que en ese escenario la deuda pública superaría el 90.8% del PIB.
Dentro de las recomendaciones que el Icefi realizó destacan que, por el lado de los ingresos, se debe corregir la subestimación de ingresos, con base en el escenario macroeconómico y las expectativas reales del combate a la evasión y otros delitos fiscales. Publicar en el portal de transparencia fiscal el plan antievasión, así como las metas mensuales, especialmente de IVA e ISR. Además, urgió a no aprobar nuevas exenciones, exoneraciones y/o incentivos sin estudios técnicos que demuestren que los beneficios de dichas medidas son más altos que sus costos, aludiendo especialmente al proyecto de Bitcoin City anunciado por el Ejecutivo.
Por el lado del gasto público, deben reducirse los recursos orientados a publicidad, congelar el techo del presupuesto de la Secretaría de Comunicaciones de la Presidencia y el Ministerio de la Defensa. Asimismo, eliminar la partida de primas y gastos de seguros privados y prohibir la contratación de funcionarios ad-honorem, así como regular las escalas salariales de los asesores, para que nadie gane más que el presidente de la República. Con base en los recursos logrados con estas modificaciones el Instituto recomendó aumentar las asignaciones para los programas orientados a mujeres, jóvenes, estrategia de la erradicación de la pobreza, educación media y educación superior, así como para la infraestructura hospitalaria del país.
El Instituto sugirió la liquidación del Fideicomiso Bitcoin e incorporar esos recursos al financiamiento de la brecha presupuestaria de 2022. También reiteró la urgencia de eliminar la obligatoriedad del uso del bitcóin, garantizar la independencia de poderes y elegir un fiscal independiente, como elementos fundamentales para abrir las puertas de financiamiento internacional que se han cerrado en los últimos meses.
Otra recomendación fue reformar el artículo 14 del anteproyecto de ley del presupuesto para emitir una norma específica que permita el cumplimiento del principio de máxima publicidad de la información financiera dentro del Organismo de Inteligencia del Estado. Asimismo, aprobar un candado para que en el proceso de ejecución del presupuesto no se trasladen recursos al Fondo de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres (Fopromid), por considerarse un mecanismo con amplia discrecionalidad y opacidad.
Adicionalmente, sugirió agregar un artículo en la aprobación del presupuesto, para que quede establecida la institucionalización de espacios de participación ciudadana en las diferentes etapas del ciclo presupuestario para el presupuesto 2023, siguiendo los estándares internacionales para construir un verdadero presupuesto abierto; y la incorporación de un artículo que indique que el presupuesto de 2023 deberá elaborarse bajo la metodología del presupuesto por resultados y vinculado a un proceso de planificación, de tal forma que los presupuestos públicos sean congruentes con los objetivos y compromisos asumidos en la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible.
Finalmente, el Icefi indicó que es indispensable establecer una hoja de ruta con medidas de corto, mediano y largo plazo en el país que esté vinculado a metas de desarrollo y al fortalecimiento de la democracia, pues es la única vía para poder garantizar el bienestar de la población y el desarrollo de El Salvador.
La Asamblea Legislativa reeligió y juramentó este miércoles a los tres magistrados de la Corte de Cuentas de la República. Los funcionarios ejercerán del 28 de agosto de 2026 al 27 de agosto de 2029.
Walter Salvador Sosa Funes continuará como presidente. Julio Guillermo Bendek Panameño ocupará la primera magistratura y José Rodrigo Flores Ramos la segunda.
La propuesta recibió 57 votos
El diputado Raúl Chamagua, del partido oficialista Nuevas Ideas, propuso a los tres funcionarios durante la sesión plenaria.
Los diputados Serafín Orantes, del Partido de Concertación Nacional, y Reinaldo Carballo, del Partido Demócrata Cristiano, respaldaron la propuesta.
El dictamen favorable de la Comisión Política incluyó a los tres candidatos entre 17 personas evaluadas por los diputados.
La Asamblea aprobó el dictamen con 57 votos a las 5:54 de la tarde. Después, cada magistrado recibió 57 votos en votaciones nominales y públicas.
Las diputadas Claudia Ortiz, de Vamos; Marcela Villatoro y Silvia Regalado, de Arena, votaron contra las tres elecciones.
El oficialismo defiende la continuidad
El presidente de la Asamblea, Ernesto Castro, defendió la continuidad de los magistrados tras evaluar a los 17 aspirantes.
Castro destacó la experiencia de los candidatos y, en particular, la trayectoria de Sosa Funes en la institución.
Además, pidió a los nuevos magistrados cumplir con su función de auditoría. También aseguró que la Asamblea permanecerá atenta a su trabajo.
La juramentación de Sosa Funes, Bendek Panameño y Flores Ramos concluyó a las 6:19 de la tarde.
Economía
La histórica textilera IUSA cerrará su planta textil en El Salvador por reestructuración de su matriz japonesa
Industrias Unidas, S.A. (IUSA) cerrará sus operaciones textiles en El Salvador el 30 de noviembre de 2026. La empresa atribuyó la decisión a una reestructuración de su matriz japonesa, Toyobo, y descartó que responda al clima de negocios salvadoreño.
La compañía aseguró que el cierre no supone una evaluación negativa del mercado de El Salvador ni de su industria textil. Además, señaló que continuará atendiendo los contratos y operaciones existentes hasta el final de sus actividades.
Una inversión japonesa con más de siete décadas
IUSA inició operaciones en El Salvador en 1955. Su establecimiento marcó una de las primeras expansiones industriales japonesas fuera de Japón tras la Segunda Guerra Mundial.
La empresa instaló sus operaciones en la Zona Franca de San Bartolo, en Ilopango, San Salvador. Allí desarrolló procesos de hilado, tejido y teñido.
Además, produjo telas de algodón y mezclas con poliéster. Sus productos abastecieron la confección de uniformes escolares, industriales, médicos, militares y de hostelería.
La empresa atravesó guerra y desastres naturales
Durante más de 70 años, IUSA mantuvo sus actividades durante distintos periodos de la historia salvadoreña.
La compañía sobrevivió a la guerra interna y a varias catástrofes naturales que afectaron al país.
Asimismo, amplió su oferta con acabados técnicos. Entre ellos incorporó protección contra rayos ultravioleta, propiedades antibacterianas y resistencia al fuego.
La empresa también exportó productos textiles bajo las condiciones comerciales del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos.
Toyobo vincula la decisión con su estrategia global
IUSA explicó que el cierre forma parte de la política de reestructuración definida por Toyobo dentro de su estrategia global.
La empresa destacó que esta decisión no refleja una pérdida de expectativas sobre El Salvador ni sobre su sector textil.
Por el contrario, IUSA afirmó que las industrias del país entran en una nueva etapa de desarrollo. También expresó su expectativa de crecimiento para la actividad textil salvadoreña.
Operaciones concluirán en noviembre de 2026
IUSA fijó el 30 de noviembre de 2026 como fecha para el cierre permanente de sus operaciones.
La compañía informó además que permanecerá cerrada del 25 al 30 de agosto. Para consultas relacionadas con el anuncio, atenderá solicitudes a partir del 31 de agosto.
Judicial
Fiscalía General anuncia que fallo contra 485 cabecillas de la Mara Salvatrucha por más de 47,000 delitos comenzará a conocerse el próximo lunes
La Fiscalía General de la República anunció que un tribunal contra el Crimen Organizado comenzará el 31 de agosto la lectura del fallo contra 485 cabecillas de la Mara Salvatrucha. El proceso reúne más de 47,400 imputaciones por delitos atribuidos a los acusados.
El Tribunal Sexto contra el Crimen Organizado de San Salvador fijó esa fecha para iniciar la lectura de la resolución.
El fiscal adjunto contra el Crimen Organizado, Max Muñoz, confirmó lo establecido por el juez.
Según la Fiscalía, el tribunal deberá resolver más de 47,420 imputaciones dentro del mismo proceso judicial.
Los cargos corresponden a hechos que las autoridades atribuyen a los acusados entre 2012 y 2022.
Investigación abarca 11 años de hechos
El expediente agrupa acusaciones por distintos delitos vinculados con integrantes de la Mara Salvatrucha, conocida como MS-13.
La Fiscalía sostiene que los hechos investigados ocurrieron durante un periodo de 11 años.
De acuerdo con Muñoz, el proceso permitirá resolver las imputaciones acumuladas por los delitos atribuidos durante ese periodo.
El juicio representa uno de los procesos colectivos contra miembros de estructuras de pandillas que impulsa la justicia salvadoreña.
Fallo se conocerá en medio de ofensiva contra pandillas
La resolución llegará en el contexto de la política de seguridad implementada por el Gobierno salvadoreño desde marzo de 2022.
Desde entonces, las autoridades han impulsado operativos y procesos judiciales contra integrantes de organizaciones criminales.
La Mara Salvatrucha figura entre las principales estructuras perseguidas dentro de esta estrategia de seguridad.
La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó este miércoles una nueva prórroga del régimen de excepción.
Con esta extensión, el Gobierno reporta 92,959 personas detenidas desde la implementación de la medida en marzo de 2022.
La nueva extensión comenzará el sábado
La Asamblea Legislativa aprobó la prórroga con 57 votos de los 60 diputados.
Los legisladores de Nuevas Ideas y sus aliados respaldaron la medida.
La nueva extensión comenzará el 29 de agosto y finalizará el 27 de septiembre de 2026.
Esta corresponde a la prórroga número 54 desde la entrada en vigor del régimen de excepción.
La medida mantiene suspendidas tres garantías constitucionales relacionadas con la detención administrativa, las telecomunicaciones y el derecho de defensa.
Mientras tanto, organizaciones defensoras de derechos humanos han cuestionado la continuidad del régimen de excepción.
El Gobierno y los diputados que respaldaron la prórroga sostienen que la medida forma parte de la estrategia de seguridad.
La nueva extensión mantendrá vigente el régimen durante un mes adicional, hasta el 27 de septiembre.
Carvimax lanzó este miércoles su plataforma digital para facilitar la compra y venta de vehículos usados en El Salvador.
La empresa busca reducir los riesgos de fraude y estafa que enfrentan compradores y vendedores durante estas operaciones.
“Carvimax es una plataforma digital donde un usuario puede comprar o vender su carro usado con mayor seguridad, con vendedores verificados y verificación del estado legal del vehículo”, explicó Leonardo Borja, director ejecutivo de Carvimax.
La plataforma verifica la identidad de los usuarios mediante el Documento Único de Identidad (DUI) y una fotografía personal.
Además, el equipo revisa la tarjeta de circulación y consulta la situación legal del vehículo en el Registro Público de Vehículos.
El proceso de validación tarda minutos
Borja explicó que el sistema compara los datos del usuario con su fotografía para confirmar su identidad.
Luego, el vendedor debe proporcionar fotografías de la tarjeta de circulación del vehículo.
El equipo de Carvimax contrasta esa información con el registro público. Así identifica multas, prendas o documentos vencidos.
“Para nosotros es solo darle la máxima cantidad de información y transparencia en la plataforma”, afirmó Borja.
Según el ejecutivo, la revisión tarda unos minutos. Después, Carvimax coloca el distintivo de verificación antes de publicar el vehículo.
Historial de vehículos importados
La plataforma también permite comprar reportes sobre vehículos importados desde Estados Unidos.
Los informes incluyen datos como kilometraje, fotografías previas a la importación, accidentes, compras y mantenimiento.
Carvimax ofrece este reporte por $4.99 dentro de su plataforma.
El servicio busca ampliar la información disponible para quienes evalúan comprar un automóvil importado.
Acuerdo con Banco Davivienda
Carvimax tiene una alianza estratégica con Banco Davivienda El Salvador para facilitar el financiamiento de vehículos.
Según la empresa, la alianza permitirá gestionar opciones de crédito desde la plataforma.
Esto permite el financiamiento de hasta el 100 % del vehículo, sin prenda, desde $3,000.
La plataforma también cuenta con alianzas para facilitar la contratación de seguros.
Tres planes para vendedores
Carvimax ofrece tres planes para quienes desean publicar un vehículo. El plan básico es gratuito y permite destacar el automóvil durante 30 días.
El plan Plus tiene un costo de $9.99. El Premium cuesta $19.99 e incluye el traspaso notarial.
La empresa aclaró que no cobra comisión por las ventas realizadas mediante la plataforma.
Además, durante el lanzamiento los planes estarán disponibles de forma gratuita.
Actualmente, Carvimax registra 330 vehículos publicados.
Próxima expansión
Los vendedores no necesitan entregar sus vehículos a Carvimax. La plataforma conecta a compradores y propietarios mediante herramientas digitales.
También dispone de un chat interno para facilitar la comunicación entre las partes.
Los usuarios pueden reunirse en las instalaciones de la empresa para revisar el vehículo y cerrar acuerdos.
Por ahora, Carvimax concentra su oferta en vehículos usados. Sin embargo, prepara su expansión hacia las motocicletas.
A futuro, la empresa también contempla incorporar vehículos nuevos a su marketplace.
“Nuestra meta siempre fue tener un marketplace digital para los salvadoreños que quieran comprar cualquier tipo de vehículo”, afirmó Borja.
El ejecutivo señaló que la plataforma busca mantener como ejes la confianza, la agilidad y la transparencia.
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Quinto episodio del podcast de Derecho y Negocios | Edicion 165
Cuarto episodio del podcast de Derecho y Negocios | Edicion 164
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Tercer episodio del podcast de Derecho y Negocios | Edicion 163
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