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Icefi presenta recomendaciones «para corregir» presupuesto 2022
Esto con el objetivo de corregir las falencias del proyecto de presupuesto y avanzar en una política fiscal que permita fortalecer la democracia y encamine el desarrollo del país el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) presentó el estudio «Análisis y recomendaciones al Proyecto de Ley del Presupuesto General del Estado del Ejercicio Financiero Fiscal 2022 de El Salvador».
El Icefi indicó que las proyecciones de cierre del crecimiento económico para 2021 son mejor de lo esperado. Sin embargo, advirtió que para 2022 se prevé que la economía salvadoreña vuelva a la trampa de bajo crecimiento económico en la que ha estado sumida por más de dos décadas.
Además, mostró su preocupación por que, en el ámbito social, el aumento en la pobreza extrema implica un retroceso de al menos siete años en la lucha contra este flagelo social y, en cuanto a la desigualdad, el retroceso es de seis años. Adicionalmente, los niveles de inseguridad alimentaria alcanzaron a la mitad de la población mientras, consecuentemente, los flujos migratorios son los más altos desde que hay registros.
El Icefi alertó que en el contexto político en el que se discute el proyecto de presupuesto, El Salvador está sufriendo un vertiginoso proceso de concentración de poder y deterioro de la institucionalidad democrática.
El presupuesto de recursos financieros totales para 2022 del Gobierno Central de El Salvador asciende a USD7,967.7 millones, de los cuales USD6,758.7 millones provendrán de ingresos regulares del Estado, mientras que los restantes USD1,209.0 millones corresponderán a endeudamiento bruto; esto significa que, para 2022, El Salvador financiará con deuda el 15.2% de su presupuesto.
En cuanto a la composición de la recaudación para 2022, el 59.9% provendrá de impuestos indirectos, reafirmando la estructura tributaria regresiva que cuenta el país.
Para el Icefi, considerando el escenario macroeconómico y las posibilidades reales de mejorar la recaudación por la vía administrativa, la sobreestimación de ingresos podría rondar los USD490.6 millones adicionales, que si bien es cierto podría devenir de algunos controles sobre aspectos no contenidos en las cuentas nacionales, como control de los flujos ilícitos de capital y combate al contrabando, no hay certeza de que se puedan alcanzar.
Por el lado de los egresos, el proyecto de presupuesto para 2022 del Gobierno Central, excluyendo el monto destinado a las amortizaciones de deuda, contempla la asignación de gastos por USD 6,902.4 millones, 2.4% por debajo del monto estimado por Icefi como cierre para 2021 y 7.0% por debajo del presupuesto vigente para el ejercicio fiscal 2021.
De esa cuenta, el tamaño del Gobierno Central considerado en el proyecto de presupuesto para 2022 alcanza 25.9% del PIB, por debajo del 27.1% estimado por Icefi para el cierre del ejercicio 2021 y del 30.3% ejecutado en 2020, como consecuencia del impacto de la pandemia y de las decisiones adoptadas por el gobierno.
El Instituto mostró su preocupación por los recortes en programas específicos orientados hacia mujeres y jóvenes, así como la estrategia de erradicación de la pobreza. también la reducción en los recursos para la educación media y superior, así como de la red hospitalaria del país. Además, alertó que nuevamente existen partidas presupuestarias subestimadas, tales como la de devolución de impuestos y el servicio de la deuda, especialmente la interna.
El déficit fiscal, del Sector Público no Financiero (SPNF) incluyendo el costo previsional, si se incorporan los gastos subestimados y se corrige la sobreestimación de ingresos, podría ser de 5.7% del PIB, para 2022. El Icefi estima que en ese escenario la deuda pública superaría el 90.8% del PIB.
Dentro de las recomendaciones que el Icefi realizó destacan que, por el lado de los ingresos, se debe corregir la subestimación de ingresos, con base en el escenario macroeconómico y las expectativas reales del combate a la evasión y otros delitos fiscales. Publicar en el portal de transparencia fiscal el plan antievasión, así como las metas mensuales, especialmente de IVA e ISR. Además, urgió a no aprobar nuevas exenciones, exoneraciones y/o incentivos sin estudios técnicos que demuestren que los beneficios de dichas medidas son más altos que sus costos, aludiendo especialmente al proyecto de Bitcoin City anunciado por el Ejecutivo.
Por el lado del gasto público, deben reducirse los recursos orientados a publicidad, congelar el techo del presupuesto de la Secretaría de Comunicaciones de la Presidencia y el Ministerio de la Defensa. Asimismo, eliminar la partida de primas y gastos de seguros privados y prohibir la contratación de funcionarios ad-honorem, así como regular las escalas salariales de los asesores, para que nadie gane más que el presidente de la República. Con base en los recursos logrados con estas modificaciones el Instituto recomendó aumentar las asignaciones para los programas orientados a mujeres, jóvenes, estrategia de la erradicación de la pobreza, educación media y educación superior, así como para la infraestructura hospitalaria del país.
El Instituto sugirió la liquidación del Fideicomiso Bitcoin e incorporar esos recursos al financiamiento de la brecha presupuestaria de 2022. También reiteró la urgencia de eliminar la obligatoriedad del uso del bitcóin, garantizar la independencia de poderes y elegir un fiscal independiente, como elementos fundamentales para abrir las puertas de financiamiento internacional que se han cerrado en los últimos meses.
Otra recomendación fue reformar el artículo 14 del anteproyecto de ley del presupuesto para emitir una norma específica que permita el cumplimiento del principio de máxima publicidad de la información financiera dentro del Organismo de Inteligencia del Estado. Asimismo, aprobar un candado para que en el proceso de ejecución del presupuesto no se trasladen recursos al Fondo de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres (Fopromid), por considerarse un mecanismo con amplia discrecionalidad y opacidad.
Adicionalmente, sugirió agregar un artículo en la aprobación del presupuesto, para que quede establecida la institucionalización de espacios de participación ciudadana en las diferentes etapas del ciclo presupuestario para el presupuesto 2023, siguiendo los estándares internacionales para construir un verdadero presupuesto abierto; y la incorporación de un artículo que indique que el presupuesto de 2023 deberá elaborarse bajo la metodología del presupuesto por resultados y vinculado a un proceso de planificación, de tal forma que los presupuestos públicos sean congruentes con los objetivos y compromisos asumidos en la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible.
Finalmente, el Icefi indicó que es indispensable establecer una hoja de ruta con medidas de corto, mediano y largo plazo en el país que esté vinculado a metas de desarrollo y al fortalecimiento de la democracia, pues es la única vía para poder garantizar el bienestar de la población y el desarrollo de El Salvador.
Politica
La Asamblea aprueba nuevas leyes para regular bancos cooperativos y sociedades de ahorro y crédito
La Asamblea Legislativa de aprobó 2 nuevas leyes que modifican la regulación de los bancos cooperativos y las sociedades de ahorro y crédito, con el objetivo de mejorar la estabilidad financiera y fortalecer la supervisión del sistema.
Ambas leyes, que derogan la legislación vigente, incluyen cambios significativos en áreas como la gestión de insolvencias, límites de riesgo, restricciones a créditos para directivos y la fiscalización de las filiales en el extranjero.
Nuevas normativas para bancos cooperativos y sociedades de ahorro y crédito
La Ley de Bancos Cooperativos regula las cooperativas que reciben aportes de socios y captan fondos del público, mientras que la Ley Especial de Sociedades de Ahorro y Crédito se aplica a las entidades que captan fondos y otorgan créditos para impulsar actividades económicas.
Ambas leyes fueron aprobadas con el respaldo de la mayoría de los diputados de Nuevas Ideas, sus aliados y algunos de Arena.
Con esta reforma, se deroga la antigua ley que solo regulaba bancos cooperativos con depósitos y aportaciones superiores a $68 millones, y se establece un nuevo umbral de $25 millones para la captación de fondos del público.
El Banco Central de Reserva (BCR) tendrá 90 días tras la promulgación de las leyes para actualizar las normativas relacionadas con transparencia, gobierno corporativo, gestión de riesgos y otros aspectos clave para el funcionamiento de estas entidades.
La nueva Ley de Bancos Cooperativos mantiene la posibilidad de intervención por parte de la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF) en caso de insolvencia. Si un banco cooperativo o una cooperativa que capta fondos del público presenta un fondo patrimonial insuficiente, la SSF podrá intervenir y aplicar el proceso de reestructuración previsto en la Ley de Bancos, lo que incluye la transferencia de activos y pasivos y la constitución de un fideicomiso para asegurar la estabilidad financiera.
Las cooperativas deberán suspender los préstamos nuevos y presentar un plan de reestructuración en un plazo de 15 días.
Límite de riesgo en créditos y cambios en la normativa
Uno de los cambios más relevantes es el aumento en el límite de riesgo para la concesión de créditos a una misma persona o entidad. Anteriormente, el límite era del 10 % del fondo patrimonial de la cooperativa o sociedad de ahorro y crédito; con la nueva ley, este límite se incrementa al 15 %.
Esto permitirá a las entidades asumir mayores riesgos con clientes individuales o jurídicos, aunque se mantiene una multa del 10 % del monto del exceso crediticio en caso de incumplir la norma.
Restricciones a créditos a directivos y empleados
La nueva legislación también impone restricciones más estrictas sobre los créditos a directivos y empleados. En el caso de los bancos cooperativos, se mantiene la prohibición de otorgar créditos por más del 5 % del fondo patrimonial a gerentes, directores y miembros de la administración, con una multa del 20 % por el exceso.
En las sociedades de ahorro y crédito, se permiten préstamos a directores y funcionarios bajo las mismas condiciones que al público, pero con ciertos límites. Por ejemplo, los créditos a personas relacionadas con la administración no podrán exceder el 5 % del capital social y las reservas, y deberán ser ratificados por la directiva.
Filiales en el extranjero y supervisión
Con las nuevas leyes, bancos cooperativos y sociedades de ahorro y crédito podrán establecer filiales en el extranjero, una opción prohibida en la legislación anterior. Las filiales en otros países estarán sujetas a la fiscalización de la SSF y deberán cumplir con las mismas normativas que las entidades locales. Las filiales podrán incluir casas de cambio, agencias de corretaje de valores, emisoras de tarjetas de crédito, y otros servicios financieros. Para los bancos cooperativos, se requerirá la autorización de la Superintendencia para constituir estas entidades.
La nueva Ley de Bancos Cooperativos establece tres tramos para el uso de la reserva de liquidez: un 25 % deberá estar compuesto por depósitos a la vista en el Banco Central, otro 25 % en depósitos a la vista o títulos valores con acceso automático, y el 50 % restante podrá ser utilizado solo con autorización de la SSF. Además, se habilita al Banco Central para realizar operaciones de reporto para prevenir crisis de liquidez.
Requisitos para las sociedades de ahorro y crédito
Las sociedades de ahorro y crédito deberán mantener al menos el 51 % de sus acciones en manos de salvadoreños o centroamericanos. Además, se impone un límite del 1 % sobre la participación de cualquier accionista individual, a menos que cuente con la aprobación de la SSF. El capital mínimo requerido para estas entidades será de $4 millones, monto que será revisado cada dos años.
Con la aprobación de estas leyes, el gobierno busca fortalecer el marco regulatorio y la transparencia en el sector financiero, al tiempo que se crean mecanismos para la reestructuración de instituciones en dificultades y se amplían las oportunidades de crecimiento internacional para los bancos cooperativos y sociedades de ahorro y crédito.
Economía
El Salvador se acerca a un acuerdo con el FMI por $1,400 millones
El Salvador podría concretar un acuerdo técnico con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por aproximadamente $1,400 millones en diciembre, según fuentes cercanas a las negociaciones, reveló la agencia Bloomberg.
Este acuerdo formaría parte de un programa trienal que está siendo negociado entre el gobierno del presidente Nayib Bukele y el organismo internacional.
El personal del FMI tiene programada una visita al país el próximo mes, momento en el que se espera ultimar los detalles del acuerdo. Sin embargo, el pacto final dependerá de la aprobación del Directorio Ejecutivo del FMI.
El plan implicaría un ajuste fiscal significativo, estimado en 3.5 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto (PIB), con un recorte del gasto público y un aumento en los ingresos.
Durante el primer año del programa, se espera que el ajuste sea de alrededor del 1.5% del PIB, según una fuente gubernamental.
Además del financiamiento del FMI, El Salvador podría acceder a préstamos adicionales de $1,000 millones del Banco Mundial y cerca de $800 millones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), reforzando así su estrategia financiera.
Las negociaciones con el FMI han enfrentado desafíos desde que El Salvador adoptó el bitcoin como moneda de curso legal en 2021. El organismo ha expresado preocupaciones respecto a la exposición del sector público a esta criptomoneda, recomendando regulaciones más estrictas y una menor dependencia.
El gobierno salvadoreño afirma poseer 5,940 bitcoins, valorados en más de $500 millones a precios actuales, aunque el dólar estadounidense sigue siendo la principal moneda en uso cotidiano en el país.
El mes pasado, El Salvador emitió $1,000 millones en bonos a 30 años, lo que ha elevado el valor de su deuda en los mercados financieros. La expectativa de un acuerdo con el FMI ha otorgado un rendimiento del 20% a los inversionistas en los últimos tres meses, según datos de Bloomberg.
La directora de comunicaciones del FMI, Julie Kozack, comentó recientemente que muchos de los riesgos asociados al uso del bitcoin no se han materializado, pero el organismo sigue recomendando ajustes en las políticas relacionadas.
Economía
CEPA reporta aumento en operaciones aéreas y portuarias en 2024
La Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA) anunció un incremento significativo en sus operaciones de transporte aéreo y marítimo hasta el 17 de noviembre de 2024.
Según la institución, el Aeropuerto Internacional de El Salvador atendió más de 40,400 vuelos de pasajeros, reflejando un crecimiento del 11 % en comparación con el mismo periodo de 2023.
En cuanto al transporte de carga, la terminal aérea registró un aumento del 22 % en la movilidad de mercancías, movilizando más de 30.6 millones de kilogramos de importación y exportación. Este crecimiento reafirma la importancia del aeropuerto como un centro clave para el comercio regional.
Por otro lado, el Puerto de Acajutla también reportó avances positivos. CEPA informó la movilización de más de 4.7 millones de toneladas métricas de importación y exportación, así como un aumento del 2.9 % en la movilidad de contenedores y del 1.5 % en la unidad equivalente a 20 pies (TEU) en comparación con 2023.
“Estos resultados reflejan el compromiso de nuestras operaciones con el desarrollo económico y el comercio exterior de El Salvador”, destacó CEPA, subrayando el impacto de las mejoras en infraestructura y procesos logísticos.
El balance positivo en ambas terminales posiciona a El Salvador como un actor relevante en el comercio internacional y fortalece su conectividad en la región.
Legal
Implementación de fotomultas se retrasa por reformas legales
El sistema de fotomultas, que se esperaba poner en marcha esta semana y que se viene anunciando desde septiembre, tendrá que seguir esperando debido a que aún se encuentran trabajando en un paquete de reformas a la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. Así lo informó el ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez.
Rodríguez explicó que, aunque ya se han realizado todas las pruebas necesarias en el bulevar Monseñor Romero, el sistema aún no está activo.
“Queremos asegurarnos de informar adecuadamente a toda la población salvadoreña antes de su puesta en marcha. Estamos trabajando en reformas que enviaremos pronto a la Asamblea Legislativa”, dijo el ministro en una entrevista televisiva.
Uno de los puntos clave de las reformas es el uso de la tecnología, como el sistema de fotomultas. Rodríguez señaló que el objetivo es evitar posibles quejas o confusiones entre los ciudadanos.
“El sistema identificará la placa del vehículo, y la multa será asignada al propietario. Estamos ajustando detalles para garantizar que no haya inconvenientes y que todo quede claro para la población”, destacó.
En cuanto a los avances del sistema, el ministro aseguró que ya está listo para ser implementado en diversas arterias clave, como la autopista al aeropuerto internacional, la carretera al Puerto de La Libertad, y el bulevar Los Héroes, entre otras.
“Las señalizaciones horizontales y verticales ya están siendo instaladas en lugares como la Manuel Enrique Araujo y el Paseo General Escalón”, detalló.
Aunque el sistema ya funciona internamente en áreas clave como la capital, San Miguel, Santa Ana y Sonsonate, el gobierno tiene previsto implementarlo por etapas.
“Comenzaremos con el bulevar Monseñor Romero para que la población pueda familiarizarse con el funcionamiento del sistema, y luego avanzaremos hacia Comalapa, la carretera al Puerto de La Libertad y otras vías importantes”, explicó Rodríguez.
El ministro señaló que, una vez enviadas y aprobadas las reformas en la Asamblea Legislativa, se podrá proceder con la activación total del sistema de fotomultas en el país.
Economía
Tormenta Sara causa pérdidas de 40,000 quintales de café en El Salvador
La tormenta tropical Sara, que afectó a El Salvador entre el 16 y el 18 de noviembre, dejó pérdidas en el sector cafetalero del país por un total de 40,000 quintales de café, lo que representa aproximadamente un 4.4 % de la producción esperada para el ciclo 2023-2025.
Según un informe preliminar de la Asociación Cafetalera de El Salvador (Acafesal), las lluvias intensas provocadas por Sara, junto con la influencia de una Zona de Convergencia Intertropical, fueron la causa principal de estas pérdidas.
En algunas áreas, como Juayúa, en Sonsonate, se registraron hasta 90 mm de lluvia, mientras que en San Pedro Nonualco, La Paz, las precipitaciones alcanzaron los 93 mm.
El presidente de Acafesal, Sergio Ticas, destacó que las pérdidas aún no se pueden confirmar completamente, ya que productores en zonas altas como Chalatenango no pudieron acceder a sus fincas hasta el 19 de noviembre debido a las condiciones del clima.
Ticas explicó que el principal impacto de la tormenta fue la caída de granos maduros que se rajaron por el exceso de humedad, lo que afectó la calidad del café. Las zonas más afectadas incluyen San Vicente, Ahuachapán, Santiago de María (Usulután), Berlín (Usulután), Comasagua (La Libertad) y Chalatenango.
El 75 % de la producción de café en El Salvador proviene de fincas de bajío o mediana altura, que iniciaron la cosecha del ciclo 2024-2025 en octubre.
Por otro lado, las fincas ubicadas entre 1,200 y 1,600 metros sobre el nivel del mar comenzarán a cosechar a partir de diciembre.
Sin embargo, los caficultores enfrentan dificultades adicionales, ya que la escasez de mano de obra en el sector dificulta la recolección de los granos caídos. La migración y la búsqueda de empleos más rentables han contribuido a una menor disponibilidad de trabajadores en las zonas rurales.
Además de las pérdidas inmediatas, los caficultores temen que el cambio brusco de temperaturas tras la tormenta favorezca la propagación de plagas como la roya y la broca, que históricamente han afectado gravemente la producción.
El último brote significativo de roya en el ciclo 2012-2013 redujo la producción de café de El Salvador de más de 1.7 millones de quintales a solo 700,000 quintales en el ciclo siguiente.
Aunque la cosecha 2023-2024 se estima en más de 893,000 quintales, lo que representa un aumento del 1.8 % respecto a la cosecha anterior, el sector cafetalero sigue sin recuperarse totalmente de las pérdidas anteriores. Acafesal ha solicitado al Instituto Salvadoreño del Café (ISC) que emita recomendaciones para mitigar los daños y prevenir nuevos brotes de enfermedades en los cultivos.
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