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Icefi presenta recomendaciones “para corregir” presupuesto 2022
Esto con el objetivo de corregir las falencias del proyecto de presupuesto y avanzar en una política fiscal que permita fortalecer la democracia y encamine el desarrollo del país el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) presentó el estudio «Análisis y recomendaciones al Proyecto de Ley del Presupuesto General del Estado del Ejercicio Financiero Fiscal 2022 de El Salvador».
El Icefi indicó que las proyecciones de cierre del crecimiento económico para 2021 son mejor de lo esperado. Sin embargo, advirtió que para 2022 se prevé que la economía salvadoreña vuelva a la trampa de bajo crecimiento económico en la que ha estado sumida por más de dos décadas.
Además, mostró su preocupación por que, en el ámbito social, el aumento en la pobreza extrema implica un retroceso de al menos siete años en la lucha contra este flagelo social y, en cuanto a la desigualdad, el retroceso es de seis años. Adicionalmente, los niveles de inseguridad alimentaria alcanzaron a la mitad de la población mientras, consecuentemente, los flujos migratorios son los más altos desde que hay registros.
El Icefi alertó que en el contexto político en el que se discute el proyecto de presupuesto, El Salvador está sufriendo un vertiginoso proceso de concentración de poder y deterioro de la institucionalidad democrática.
El presupuesto de recursos financieros totales para 2022 del Gobierno Central de El Salvador asciende a USD7,967.7 millones, de los cuales USD6,758.7 millones provendrán de ingresos regulares del Estado, mientras que los restantes USD1,209.0 millones corresponderán a endeudamiento bruto; esto significa que, para 2022, El Salvador financiará con deuda el 15.2% de su presupuesto.
En cuanto a la composición de la recaudación para 2022, el 59.9% provendrá de impuestos indirectos, reafirmando la estructura tributaria regresiva que cuenta el país.
Para el Icefi, considerando el escenario macroeconómico y las posibilidades reales de mejorar la recaudación por la vía administrativa, la sobreestimación de ingresos podría rondar los USD490.6 millones adicionales, que si bien es cierto podría devenir de algunos controles sobre aspectos no contenidos en las cuentas nacionales, como control de los flujos ilícitos de capital y combate al contrabando, no hay certeza de que se puedan alcanzar.
Por el lado de los egresos, el proyecto de presupuesto para 2022 del Gobierno Central, excluyendo el monto destinado a las amortizaciones de deuda, contempla la asignación de gastos por USD 6,902.4 millones, 2.4% por debajo del monto estimado por Icefi como cierre para 2021 y 7.0% por debajo del presupuesto vigente para el ejercicio fiscal 2021.
De esa cuenta, el tamaño del Gobierno Central considerado en el proyecto de presupuesto para 2022 alcanza 25.9% del PIB, por debajo del 27.1% estimado por Icefi para el cierre del ejercicio 2021 y del 30.3% ejecutado en 2020, como consecuencia del impacto de la pandemia y de las decisiones adoptadas por el gobierno.
El Instituto mostró su preocupación por los recortes en programas específicos orientados hacia mujeres y jóvenes, así como la estrategia de erradicación de la pobreza. también la reducción en los recursos para la educación media y superior, así como de la red hospitalaria del país. Además, alertó que nuevamente existen partidas presupuestarias subestimadas, tales como la de devolución de impuestos y el servicio de la deuda, especialmente la interna.
El déficit fiscal, del Sector Público no Financiero (SPNF) incluyendo el costo previsional, si se incorporan los gastos subestimados y se corrige la sobreestimación de ingresos, podría ser de 5.7% del PIB, para 2022. El Icefi estima que en ese escenario la deuda pública superaría el 90.8% del PIB.
Dentro de las recomendaciones que el Icefi realizó destacan que, por el lado de los ingresos, se debe corregir la subestimación de ingresos, con base en el escenario macroeconómico y las expectativas reales del combate a la evasión y otros delitos fiscales. Publicar en el portal de transparencia fiscal el plan antievasión, así como las metas mensuales, especialmente de IVA e ISR. Además, urgió a no aprobar nuevas exenciones, exoneraciones y/o incentivos sin estudios técnicos que demuestren que los beneficios de dichas medidas son más altos que sus costos, aludiendo especialmente al proyecto de Bitcoin City anunciado por el Ejecutivo.
Por el lado del gasto público, deben reducirse los recursos orientados a publicidad, congelar el techo del presupuesto de la Secretaría de Comunicaciones de la Presidencia y el Ministerio de la Defensa. Asimismo, eliminar la partida de primas y gastos de seguros privados y prohibir la contratación de funcionarios ad-honorem, así como regular las escalas salariales de los asesores, para que nadie gane más que el presidente de la República. Con base en los recursos logrados con estas modificaciones el Instituto recomendó aumentar las asignaciones para los programas orientados a mujeres, jóvenes, estrategia de la erradicación de la pobreza, educación media y educación superior, así como para la infraestructura hospitalaria del país.
El Instituto sugirió la liquidación del Fideicomiso Bitcoin e incorporar esos recursos al financiamiento de la brecha presupuestaria de 2022. También reiteró la urgencia de eliminar la obligatoriedad del uso del bitcóin, garantizar la independencia de poderes y elegir un fiscal independiente, como elementos fundamentales para abrir las puertas de financiamiento internacional que se han cerrado en los últimos meses.
Otra recomendación fue reformar el artículo 14 del anteproyecto de ley del presupuesto para emitir una norma específica que permita el cumplimiento del principio de máxima publicidad de la información financiera dentro del Organismo de Inteligencia del Estado. Asimismo, aprobar un candado para que en el proceso de ejecución del presupuesto no se trasladen recursos al Fondo de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres (Fopromid), por considerarse un mecanismo con amplia discrecionalidad y opacidad.
Adicionalmente, sugirió agregar un artículo en la aprobación del presupuesto, para que quede establecida la institucionalización de espacios de participación ciudadana en las diferentes etapas del ciclo presupuestario para el presupuesto 2023, siguiendo los estándares internacionales para construir un verdadero presupuesto abierto; y la incorporación de un artículo que indique que el presupuesto de 2023 deberá elaborarse bajo la metodología del presupuesto por resultados y vinculado a un proceso de planificación, de tal forma que los presupuestos públicos sean congruentes con los objetivos y compromisos asumidos en la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible.
Finalmente, el Icefi indicó que es indispensable establecer una hoja de ruta con medidas de corto, mediano y largo plazo en el país que esté vinculado a metas de desarrollo y al fortalecimiento de la democracia, pues es la única vía para poder garantizar el bienestar de la población y el desarrollo de El Salvador.
Más de 100 estudiantes de Derecho de Guatemala participaron en una jornada académica en El Salvador para conocer la organización y el funcionamiento de su sistema de justicia.
Los alumnos de la Universidad Mariano Gálvez de Guatemala participaron en un intercambio de experiencias con funcionarios judiciales salvadoreños.
La actividad buscó acercar a los estudiantes al trabajo práctico de las instituciones de justicia. Además, permitió compartir experiencias sobre la labor jurisdiccional entre ambos países.
Magistrado destaca intercambio académico regional
El magistrado presidente de la Sala de lo Penal, Alejandro Antonio Quinteros Espinoza, destacó la cercanía entre Guatemala y El Salvador.
Durante su intervención, señaló la importancia de complementar la formación teórica con el conocimiento práctico del trabajo judicial.
También resaltó el valor de promover el intercambio de experiencias entre estudiantes y profesionales del Derecho de la región.
La jornada permitió que los universitarios conocieran directamente algunos procesos relacionados con la administración de justicia salvadoreña.
Funcionarios explican organización del sistema judicial
Posteriormente, funcionarios judiciales salvadoreños ofrecieron varias ponencias durante el encuentro académico.
Las exposiciones abordaron la organización y el funcionamiento del sistema de justicia de El Salvador. También incluyeron aspectos relacionados con su especialización y fortalecimiento institucional.
El intercambio generó un espacio para el diálogo y la reflexión sobre el trabajo de los tribunales y demás instituciones vinculadas con la justicia.
Además, los estudiantes pudieron conocer elementos prácticos que complementan los contenidos que reciben durante su formación universitaria.
Recorrido por instalaciones judiciales en San Salvador
La actividad concluyó con un recorrido por las instalaciones del Centro Judicial Integrado de Justicia Penal Dr. Isidro Menéndez, en San Salvador.
Durante la visita, los estudiantes tuvieron contacto directo con un espacio donde se desarrollan distintas actividades relacionadas con la administración de justicia penal.
El intercambio entre estudiantes guatemaltecos y funcionarios salvadoreños permitió conocer experiencias institucionales de ambos países y ampliar la formación académica de los futuros profesionales del Derecho.
La Asamblea Legislativa de El Salvador declaró este miércoles estado de emergencia nacional por seis meses ante la sequía asociada al fenómeno de El Niño.
La medida recibió 59 de los 60 votos del pleno y contempla una posible prórroga si persisten las condiciones climáticas adversas.
La declaratoria, solicitada por el presidente Nayib Bukele, responde al déficit de lluvias, los períodos secos y las altas temperaturas.
Estas condiciones ya afectan actividades agrícolas y ganaderas, además de aumentar los riesgos para la seguridad alimentaria.
Gobierno activa respuesta nacional
El estado de emergencia permitirá activar una estructura nacional para atender los efectos de la sequía meteorológica y agrícola.
Protección Civil coordinará el plan nacional de respuesta y activará las comisiones del Sistema Nacional de Protección Civil.
Además, el Ministerio de Relaciones Exteriores gestionará la cooperación internacional necesaria durante la emergencia.
Por su parte, el Ministerio de Agricultura y Ganadería vigilará la seguridad alimentaria y el almacenamiento de granos básicos.
El Ministerio de Defensa tendrá a su cargo la logística para apoyar la atención de la población afectada.
Medida busca proteger producción y alimentos
Entre las acciones previstas figura la protección alimentaria y nutricional de la población.
También se busca reducir los efectos sobre la agricultura, la agroindustria y la ganadería.
El diputado Christian Guevara, jefe de la bancada oficialista Nuevas Ideas, dijo que la medida busca anticipar mayores daños.
“Lo que se busca es prevenir daños a la agricultura, a la agroindustria y a la seguridad alimentaria”, afirmó.
La declaratoria se fundamenta en el artículo 24 de la Ley de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres.
Esa norma permite declarar emergencia cuando un desastre amenaza a las personas, sus bienes, los servicios públicos o los ecosistemas.
Alerta roja permanece vigente
La Dirección General de Protección Civil declaró alerta roja el 25 de agosto de 2026.
La medida concentra especial atención en municipios expuestos al déficit hídrico y al estrés agrícola.
Además, considera posibles daños sobre los medios de vida de las comunidades afectadas.
Según la perspectiva climática del Ministerio de Medio Ambiente, El Niño continúa fortaleciéndose.
El fenómeno podría alcanzar una intensidad fuerte a muy fuerte entre finales de 2026 y comienzos de 2027.
El diputado Caleb Navarro señaló que la emergencia responde a afectaciones progresivas y acumulativas vinculadas con la situación climática.
El Gobierno priorizará la protección de agricultores y ganaderos, junto con el abastecimiento de alimentos durante el período de emergencia.
Los ciberdelincuentes mantienen ataques contra empresas y usuarios de América Latina con vulnerabilidades conocidas desde 2017, según la firma de ciberseguridad ESET.
El informe sobre el primer semestre de 2026 señala que los atacantes recurrieron principalmente al phishing, la ingeniería social y programas maliciosos.
Además, el ransomware tuvo menos presencia numérica, pero generó riesgos mayores para las operaciones y las finanzas empresariales.
Dos fallas concentran la mayoría de los ataques
Más del 81,8 % de los incidentes de explotación registrados en la región se concentró en dos vulnerabilidades de Microsoft Office.
La falla CVE-2017-0199 representó el 58,3 % de los ataques de explotación.
Mientras tanto, CVE-2017-11882 concentró otro 23,5 % de los incidentes.
Ambas vulnerabilidades fueron divulgadas en 2017 y todavía permiten ataques contra equipos que no han recibido las actualizaciones necesarias.
Según ESET, los atacantes utilizan documentos maliciosos para iniciar las infecciones y luego introducir otros programas.
Phishing mantiene presión sobre empresas
El phishing y la ingeniería social representaron, en promedio, el 23,66 % de las alertas detectadas en América Latina.
Los atacantes utilizaron plataformas como DocuSign, WeTransfer y Telegram para suplantar identidades y engañar a las víctimas.
Además, el uso de códigos QR amplió las vías para dirigir a los usuarios hacia sitios fraudulentos.
Los documentos PDF también mantuvieron un papel relevante, especialmente en fraudes relacionados con facturas y pagos.
Robo de credenciales alimenta nuevas intrusiones
Los infostealers también ganaron relevancia al facilitar el robo de contraseñas y otros datos personales.
Win/PSW.Amatera encabezó esta actividad en América Latina, seguido por AgentTesla, Formbook y SnakeStealer.
Asimismo, programas como LummaStealer y Rhadamanthys mostraron nuevas técnicas para evadir controles de seguridad.
En el sector financiero, los troyanos bancarios mantuvieron campañas adaptadas a los sistemas de pago de distintos países.
Ransomware genera menos alertas, pero mayor impacto
El ransomware representó apenas el 0,28 % de las detecciones regionales, pero mantuvo un alto riesgo para las empresas.
Qilin encabezó la actividad entre los grupos de extorsión dirigidos durante el semestre.
También aparecieron operaciones vinculadas con Babyk, BlackMatter, Conti, Phobos, Akira y DragonForce.
Ante este escenario, ESET recomienda actualizar Microsoft Office, reforzar los filtros de correo y utilizar autenticación multifactor.
Economía
Semana de la Sostenibilidad de FUNDEMAS aborda inteligencia artificial, finanzas y resiliencia empresarial
La Fundación Empresarial para la Acción Social (FUNDEMAS) desarrolla su decimocuarta Semana de la Sostenibilidad y Responsabilidad Social Empresarial (RSE), con énfasis en resiliencia, inteligencia artificial y financiamiento sostenible.
El encuentro reúne a empresarios, especialistas y representantes de distintos sectores para analizar los retos que enfrentan las empresas ante los cambios tecnológicos, económicos, ambientales y sociales.
Inteligencia artificial y adaptación empresarial
La jornada inaugural abordó la resiliencia empresarial en contextos complejos. Tomás Regalado, presidente de FUNDEMAS, destacó el valor de los datos para mejorar las decisiones empresariales.
También planteó los desafíos que genera la inteligencia artificial (IA). Regalado señaló que esta tecnología genera incertidumbre, pero también nuevas posibilidades para las empresas y la sociedad.
El programa incluyó la conferencia sobre inteligencia artificial responsable de Darren Gallop, director ejecutivo y cofundador de Carbide, de Canadá.
Además, especialistas analizaron los límites éticos, los neuroderechos y la protección de las personas frente al avance de la IA.
El embajador de la Unión Europea ante el Sistema de la Integración Centroamericana, Duccio Bandini, abordó también la sostenibilidad dentro de la cooperación europea.
Finanzas sostenibles abren oportunidades
La segunda jornada puso el foco en las finanzas sostenibles, la gestión de riesgos ambientales y la inclusión financiera.
Haydée de Trigueros, directora ejecutiva de FUNDEMAS, destacó las oportunidades que tienen las pequeñas y medianas empresas para acceder a financiamiento verde y social.
Explicó que las entidades financieras pueden ofrecer no solo crédito, sino también asesoría para estructurar proyectos empresariales sostenibles.
Como ejemplo, mencionó una empresa que obtuvo apoyo para desarrollar un negocio de producción y distribución de agua. El financiamiento incluyó equipos, materias primas y transporte.
FUNDEMAS informó además sobre una alianza con ABANSA, que agrupa a 11 bancos del sistema financiero salvadoreño. El objetivo consiste en facilitar el acceso empresarial a opciones de financiamiento sostenible.
Agenda continuará hasta el viernes
La Semana de la Sostenibilidad continuará hasta el 9 de octubre con actividades sobre gestión ambiental, riesgos, inversión, finanzas sostenibles, talento e innovación.
El programa concluirá con el Encuentro Empresarial El Salvador-Unión Europea, orientado a fortalecer vínculos comerciales y oportunidades de negocio vinculadas con la competitividad sostenible.
Economía
Identidad digital soberana plantea cambios en el modelo tradicional de verificación de clientes
La identidad digital soberana propone que las personas controlen sus datos y credenciales digitales al realizar trámites financieros y otros servicios.
El modelo puede transformar los procesos de conocimiento del cliente (KYC) y prevención del lavado de dinero (AML), según Marcos Allende López, cofundador y CEO de Blerify, empresa de tecnología que desarrolla infraestructura de identidad digital descentralizada y tokenización de activos.
El usuario controla sus credenciales digitales
En el modelo tradicional, las entidades financieras recurren a terceros para verificar documentos, biometría y distintas bases de datos.
La identidad digital soberana cambia ese proceso mediante una aplicación de identidad, conocida como ID Wallet.
El usuario almacena allí credenciales criptográficas y puede compartir datos verificables directamente con una institución.
Así, puede entregar únicamente la información requerida, sin enviar necesariamente un documento completo.
Los estándares ISO/IEC 18013-5, ISO/IEC 23220 y SD-JWT VC incorporan mecanismos de divulgación selectiva.
Además, según Allende López, las pruebas de conocimiento cero permiten demostrar un atributo sin revelar otros datos personales.
Por ejemplo, una persona podría demostrar que es mayor de edad sin compartir su nombre o fecha de nacimiento.
El sistema busca reducir datos sensibles
El modelo también plantea cambios ante el aumento de los deepfakes y otros métodos de suplantación mediante inteligencia artificial.
Según Allende López, las credenciales verificables pueden reducir el fraude y limitar la circulación de información sensible.
También pueden simplificar el proceso de incorporación de clientes a servicios financieros.
Sin embargo, el sistema requiere que la persona tenga previamente una credencial digital y un teléfono inteligente.
Por ello, su alcance dependerá de la emisión amplia y accesible de esas credenciales.
La seguridad depende de varios actores
Cada sistema establece niveles de garantía que definen las responsabilidades de gobiernos, proveedores de identidad, operadores de billeteras y usuarios.
La validación incluye una comprobación criptográfica de la credencial y su titular.
Después, el sistema verifica que el documento siga vigente y no haya sido revocado.
Finalmente, analiza los datos incluidos en la credencial antes de permitir su uso.
América Latina avanza hacia nuevos marcos legales
Varios países de la región ya reconocen documentos digitales mediante normas que les otorgan validez equivalente a los documentos físicos.
Costa Rica, Perú y Honduras han adoptado este tipo de mecanismos.
Uruguay, en cambio, desarrolla un marco más amplio para regular firmas digitales, infraestructura de clave pública y los distintos participantes del ecosistema.
El avance de la identidad digital soberana dependerá de combinar tecnología, regulación y mecanismos accesibles para los ciudadanos.
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Quinto episodio del podcast de Derecho y Negocios | Edicion 165
Cuarto episodio del podcast de Derecho y Negocios | Edicion 164
Certeza jurídica, modernización fiscal y el rol estratégico del derecho tributario en el entorno empresarial.
Tercer episodio del podcast de Derecho y Negocios | Edicion 163
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