La transformación de DIANA no ha sido puntual ni aislada. La empresa ha venido ajustando su forma de operar, integrando cambios en logística, tecnología y sostenibilidad que responden a una visión más amplia sobre su rol en el mercado y en la sociedad. Ese proceso ha implicado revisar estructuras internas, fortalecer capacidades y redefinir prioridades en toda la organización.

En los últimos años, la compañía ha impulsado una agenda que combina eficiencia operativa con una integración progresiva de criterios sostenibles en sus decisiones. Este enfoque ha sido promovido desde por el CEO de la compañía, Armando Mendiola, quien ha sido el principal impulsor de esta nueva perspectiva hacia el futuro. Él suele recordar que, si algo dejó la pandemia fue la capacidad de despertar ante un panorama lleno de oportunidades.

“Entendimos que la meta no era simplemente sobrevivir, sino reinventarnos para convertirnos en una empresa verdaderamente sostenible”, señala Luis Núñez, Director Legal y de Asuntos Corporativos de la compañía.

La empresa ha incorporado herramientas de análisis y auditorías energéticas como parte de este proceso, con el objetivo de avanzar hacia una operación más eficiente y consciente del uso de recursos.

Escala operativa e impacto económico

La dimensión de la operación de DIANA se refleja en su alcance dentro y fuera del país. En El Salvador, la empresa genera empleo, en El Salvador, para más de 3,100 personas y mantiene una red que beneficia a aproximadamente 200 mil comercios.

Su capacidad productiva y logística permite movilizar más de 65 mil toneladas de alimentos hacia más de 50 millones de consumidores, lo que posiciona a la empresa como uno de los actores relevantes en la industria alimentaria regional.

Una parte importante de su producción se destina a exportación. Cerca del 70% de los productos se envían a mercados de Centroamérica y Estados Unidos, lo que ha contribuido a la generación de divisas y al fortalecimiento de su presencia internacional. Esto coloca a la empresa como líder en exportadores ya que tan solo para 2019 DIANA generó divisas por un total de $118.8 Millones.

“Con una operación de estas dimensiones, DIANA ejerce un rol activo de liderazgo en la reactivación económica del país. DIANA mantiene firme su compromiso de seguir contribuyendo en mantener y generar empleos estables y seguros, así como inyectar dinamismo a la economía de El Salvador.”, explica Núñez.

Innovación operativa y sostenibilidad

Dentro de su estrategia, DIANA ha incorporado soluciones tecnológicas orientadas a mejorar la gestión ambiental de sus procesos productivos. Uno de los proyectos más relevantes es su planta de tratamiento de aguas residuales, equipada con sistemas biológicos que permiten degradar residuos de forma controlada.

La operación incluye mecanismos de ultrafiltración que mejoran la calidad del agua tratada y permiten su reutilización en actividades como riego agrícola. Además, la empresa utiliza reactores anaerobios que transforman residuos en biogás, integrando procesos de generación de energía dentro de su operación.

Este sistema se complementa con un laboratorio especializado que monitorea la calidad del agua con una frecuencia superior a la exigida por la normativa, lo que permite mantener control sobre cada etapa del proceso.

En paralelo, la empresa ha impulsado programas de economía circular en alianza con comunidades, autoridades locales y organizaciones como FUNDEMAS. Estas iniciativas incluyen proyectos de reciclaje y capacitación que buscan generar valor económico y social en los territorios donde opera.

“En materia de sostenibilidad hemos vivido un verdadero proceso de transformación, apostando por convertir a Diana en una empresa genuinamente sostenible en el tiempo”, afirma Núñez.

A nivel organizacional, DIANA ha fortalecido su cultura interna bajo el concepto de cercanía con las personas, promoviendo el compromiso de sus colaboradores y reforzando su vínculo con consumidores y comunidades.

De cara a los próximos años, la empresa continuará desarrollando su red logística y su capacidad operativa, con proyectos como el Centro de Servicios Valle Dulce, que busca mejorar la eficiencia, la distribución y la capacidad de respuesta en el mercado regional.

En el entorno financiero actual, marcado por una creciente complejidad regulatoria y una mayor exposición a riesgos, la gestión de riesgos ha dejado de ser una función operativa para consolidarse como un eje estratégico dentro del modelo de negocio de las entidades financieras. 

En este contexto, el cumplimiento normativo —liderado por las oficialías de cumplimiento— desempeña un rol determinante, no solo en la prevención de incumplimientos, sino en la protección integral frente a riesgos operacionales, legales y reputacionales que pueden comprometer la continuidad del negocio. 

La gestión de riesgos desde cumplimiento: un enfoque estratégico 

Toda entidad financiera está expuesta a riesgos inherentes a su operación. Sin embargo, el verdadero diferenciador radica en su capacidad para gestionarlos de forma efectiva, oportuna y proporcional. Una gestión deficiente puede traducirse en pérdidas económicas, sanciones regulatorias y daños reputacionales significativos. 

En este sentido, las oficialías de cumplimiento se posicionan como áreas estratégicas, responsables de diseñar, implementar y supervisar sistemas de control orientados a la identificación, evaluación, monitoreo y mitigación de riesgos. 

Bajo este enfoque, adquiere especial relevancia el modelo basado en riesgo promovido por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que exige a las entidades no solo identificar riesgos, sino comprenderlos y gestionarlos de forma proporcional. Esto implica abandonar esquemas uniformes de control y adoptar modelos dinámicos que prioricen recursos en función del nivel de exposición, optimizando así la eficiencia operativa y fortaleciendo la capacidad de prevención. 

De esta manera, la gestión de riesgos evoluciona hacia un enfoque preventivo, prospectivo y alineado con la estrategia del negocio. 

Un enfoque integral: el riesgo como elemento transversal 

La gestión de riesgos no se limita al monitoreo de transacciones o al cumplimiento formal de obligaciones regulatorias. Por el contrario, exige un análisis integral que abarque todas las áreas de la organización, reconociendo que cada unidad constituye un punto potencial de exposición. 

En este contexto, la Oficialía de Cumplimiento debe tener una participación activa en la toma de decisiones, su ubicación en un nivel gerencial no solo responde a una exigencia de gobierno corporativo, sino a la necesidad de que participe en la toma de decisiones, aportando criterios técnicos y proponiendo estrategias orientadas a la mitigación de riesgos en las distintas áreas del negocio.

Esto implica desarrollar políticas específicas, claras y aplicables, alineadas a los riesgos particulares de cada área, así como a estándares nacionales e internacionales. Asimismo, resulta fundamental incorporar principios éticos sólidos que prevengan conflictos de interés y fortalezcan la integridad institucional. 

Gestión del riesgo operacional 

El riesgo operacional representa una de las principales fuentes de exposición para las entidades financieras, al derivarse de fallas en procesos, sistemas, factores humanos o eventos externos. 

Desde la perspectiva de cumplimiento, su gestión no debe ser reactiva, sino preventiva, orientada a la identificación de vulnerabilidades y al fortalecimiento de los controles internos. 

Esto se materializa mediante: 

● La implementación de políticas y procedimientos alineados a la operación del negocio ● La adopción de controles preventivos y detectivos basados en riesgo 

● El monitoreo continuo de operaciones 

● La trazabilidad e integridad de la información 

● La adecuada documentación de las actividades 

Asimismo, el enfoque de cumplimiento promueve una gestión transversal del riesgo operacional, trabajando conjuntamente con las distintas áreas para mejorar procesos y fortalecer el sistema de control interno. 

Riesgo legal y reputacional 

El riesgo legal se configura como la posibilidad de incurrir en sanciones o pérdidas derivadas del incumplimiento normativo, y se encuentra estrechamente vinculado al riesgo reputacional, en la medida en que cualquier incumplimiento puede afectar la confianza del mercado y de las autoridades. 

Ante un entorno de creciente presión regulatoria, las entidades deben implementar sistemas de cumplimiento robustos, orientados a prevenir, detectar y reportar conductas asociadas a actividades ilícitas. 

La mitigación de estos riesgos se articula mediante: 

● El cumplimiento integral del marco normativo 

● Sistemas de control interno sólidos 

● La debida diligencia y conocimiento del cliente (KYC) 

● El monitoreo y reporte de operaciones sospechosas 

● La colaboración con autoridades 

● La adopción de políticas éticas y de prevención 

Así, el cumplimiento se posiciona como un elemento clave para proteger la reputación institucional y garantizar la sostenibilidad del negocio. 

Cultura de cumplimiento: base de la gestión de riesgos

La gestión de riesgos no puede sostenerse únicamente en controles formales; requiere una verdadera cultura de cumplimiento, en la que todos los colaboradores comprendan y asuman su rol en la prevención de riesgos. 

Esta cultura debe ser impulsada estratégicamente mediante: 

● Programas de capacitación continua 

● Socialización efectiva de políticas 

● Iniciativas de sensibilización 

● Promoción de valores éticos como la integridad y la transparencia 

Asimismo, se sustenta en elementos estructurales como un Código de Ética claro, la confidencialidad en el manejo de la información y la adecuada trazabilidad de las operaciones. 

Cuando el cumplimiento se integra en la cultura organizacional, se fortalece significativamente la capacidad de la entidad para prevenir, detectar y mitigar riesgos. 

La gestión de riesgos como generadora de valor 

Contrario a la percepción tradicional, la gestión de riesgos no constituye un costo operativo, sino una inversión estratégica que impacta directamente en la sostenibilidad y crecimiento de la entidad. 

Una gestión efectiva permite: 

● Prevenir pérdidas económicas 

● Reducir la exposición a sanciones 

● Proteger la reputación institucional 

● Mejorar la toma de decisiones 

● Fortalecer la confianza del mercado 

Además, contribuye a optimizar la asignación de recursos y a operar de manera más eficiente, alineando la gestión con el apetito de riesgo de la entidad. 

En este marco, el rol de la alta dirección es fundamental. El compromiso de la Junta Directiva y de los órganos de administración —reflejado en el “tone from the top”— resulta determinante para consolidar una cultura de cumplimiento sólida e integrar el enfoque de riesgos en la estrategia del negocio. 

Conclusión 

La gestión de riesgos se ha consolidado como un elemento estratégico esencial en el sector financiero. Cuando es liderada desde cumplimiento, bajo un enfoque integral y basado en riesgos, se convierte en un pilar clave para la protección y fortalecimiento del negocio. 

Más allá del cumplimiento normativo, su verdadero valor radica en su capacidad de anticipar riesgos, fortalecer la toma de decisiones y generar valor sostenible. 

En un entorno cada vez más exigente, las entidades que integren efectivamente el cumplimiento en su estrategia no solo reducirán su exposición al riesgo, sino que fortalecerán su resiliencia, competitividad y crecimiento a largo plazo.

“LLEVA 20 AÑOS CONSTRUIR UNA REPUTACIÓN Y 5 MINUTOS DESTROZARLA. SI PIENSAS EN ELLO HARÁS LAS COSAS DE FORMA DIFERENTES”. Warren Buffett

🎙️ Nuevo episodio del podcast de Derecho y Negocios | Edición 165

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El Legal Summit 2026, organizado por AmCham El Salvador, reunió este viernes a representantes del sector público y privado. El evento se posicionó como un espacio estratégico para analizar el entorno legal y regulatorio del país.

Durante la jornada, expertos abordaron temas como permisología, cumplimiento normativo, facilitación del comercio y transformación digital. Además, se desarrolló un diálogo enfocado en la atracción de inversión y la competitividad nacional.

Ponencias centradas en regulación y modernización

Las ponencias destacaron la importancia de modernizar los procesos regulatorios. También subrayaron la necesidad de simplificar trámites para fortalecer el clima de negocios en El Salvador.

Paola de Acosta, directora de Ordenamiento Territorial, explicó el marco legal vigente y los servicios institucionales. Detalló las fases de factibilidad, permisos y verificación de construcción.

De Acosta señaló que estos espacios fortalecen el diálogo con gremiales y sectores productivos. Asimismo, afirmó que contribuyen a promover condiciones favorables para la inversión internacional.

Transformación digital y facilitación del comercio

Por su parte, Benjamín Mayorga, director de Aduanas, presentó avances en transformación digital aduanera. Explicó las estrategias para agilizar la gestión de mercancías

Mayorga indicó que el país avanza hacia una aduana más moderna y tecnológica. Según su intervención, estas acciones reducen tiempos y fortalecen la competitividad.

En la misma línea, Noé Giovanni García, superintendente de Regulación Sanitaria, abordó la digitalización de trámites. También destacó la actualización regulatoria como eje clave.

García afirmó que la transformación digital permite procesos más ágiles. Añadió que estos cambios facilitan el desarrollo de los sectores productivos.

Participación multisectorial y respaldo empresarial

El Legal Summit 2026 contó con la participación de firmas legales, empresas y organizaciones. Entre los patrocinadores destacaron Arias, Productos Alimenticios Diana, Energía del Pacífico, ECIJA, Equifax, EY, Torres Legal, Laboratorios Paill, Walmart y BLP.

La presencia de estos actores reforzó el enfoque multisectorial del evento. Además, evidenció el interés del sector privado en impulsar mejoras regulatorias.

Un espacio consolidado en la agenda legal

El Legal Summit se mantiene como un evento anual relevante en El Salvador. Reúne a la academia, sector público y empresas para debatir desafíos legales y económicos.

Este tipo de encuentros promueve la colaboración entre sectores. También impulsa iniciativas orientadas a mejorar la competitividad y atraer inversión al país.

Recientemente en una sentencia laboral de primera instancia, se declaró inválida como prueba, la grabación de imágenes captadas por las cámaras instaladas en el centro de trabajo, que mostraban al trabajador cometiendo una falta laboral, aduciendo que violaba derechos del trabajador; y que se debió demostrar que éste sabía que se le estaba grabando o que se tenía su autorización para hacerlo.

Este criterio judicial contradice lo dispuesto en la Ley para la Protección de Datos Personales (LPDP) en sus Arts. 6, 23 y 26, ya que el video proviene del sistema de videovigilancia instalado en el centro de trabajo, su finalidad exclusiva es proteger sus intereses; bienes, valores personas, infraestructura crítica y verificar el cumplimiento de protocolos operativos de la empresa, y no vulnera derechos fundamentales de nadie.

La instalación del sistema de videovigilancia responde a un interés legítimo del empleador, que permite el tratamiento de imágenes cuando es necesario para la seguridad física y patrimonial del centro de trabajo, de la generalidad de personas sean o no trabajadores, sin requerir consentimiento individual expreso, porque es un sistema adecuado, pertinente y no invasivo de la vida privada, ajustándose a lo dispuesto en el Art. 31 LPDP

Las cámaras están colocadas en zonas operativas, con acceso restringido y controlado, donde no existe expectativa de vulneración de la intimidad, como si la hay en vestidores y baños; además, las cámaras de vigilancia son visibles, y los empleados conocen su ubicación, uso y propósito. 

La grabación fue obtenida mediante un mecanismo ordinario y permanente del sistema de seguridad de la empresa, no mediante técnicas clandestinas o invasivas; y si bien registra la imagen de los trabajadores, lo hace dentro de un contexto laboral, sin referencias biométricas (reconocimiento facial), por lo que las imágenes no se categorizan como datos sensibles. 

Por tanto, dado que la obtención de imágenes, no fue de datos sensibles, ni vulneró ningún derecho fundamental del trabajador, la grabación presentada constituye un medio de prueba válido, lícito y plenamente admisible en el juicio laboral.

El contenido del video es directamente pertinente a los hechos discutidos en el juicio y muestra con claridad la infracción laboral cometida, consistente en la transgresión de normas esenciales de seguridad, que constituyen obligaciones básicas del puesto de trabajo. La grabación, por su naturaleza objetiva y su capacidad para captar la secuencia real de acontecimientos, posee un alto valor demostrativo, suficiente para acreditar la infracción imputada.

Por lo anterior, considero que la prueba videográfica debió ser admitida y valorada conforme a su fuerza probatoria, al haberse obtenido de forma lícita, proporcional y dentro del ámbito de la actividad de seguridad de la empresa; y fue introducida al proceso en un mecanismo válido, como lo es un DVD, que constituye prueba documental no objetada por la parte a quien se opuso.