Judicial
Exalcalde de Rosario de Mora recibe 18 años de prisión por desvío de fondos municipales
El Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador condenó a 18 años de prisión al exalcalde de Rosario de Mora, Juan Miranda Pérez, por los delitos de peculado y malversación de fondos públicos.
La sentencia establece que el exfuncionario causó un perjuicio económico superior a 250,000 dólares a la alcaldía del municipio salvadoreño durante su gestión entre 2009 y 2012.
Además, el tribunal ordenó el pago de 254,245.98 dólares como responsabilidad civil por los daños ocasionados a la administración municipal.
Investigación determinó uso irregular de recursos públicos
Durante el juicio, la Fiscalía presentó pruebas que acreditaron la apropiación de 250,922.26 dólares pertenecientes a la municipalidad de Rosario de Mora.
Según la resolución judicial, el exalcalde utilizó de forma indebida fondos municipales mientras ejercía el cargo de jefe comunal.
Las autoridades también concluyeron que Miranda Pérez incurrió en malversación al pagar dietas con recursos destinados exclusivamente a proyectos de desarrollo local.
El caso involucró fondos del programa FODES 75 %, una partida estatal asignada a obras y proyectos municipales en El Salvador.
Tribunal descontó pagos realizados por exmiembros del concejo
La condena económica disminuyó luego de que el tribunal descontara 15,000 dólares ya cancelados por integrantes del concejo municipal.
Los exfuncionarios fueron condenados anteriormente mediante un procedimiento abreviado realizado el 5 de diciembre de 2023.
Con esa decisión, el monto final de responsabilidad civil quedó fijado en poco más de 254,000 dólares.
Caso refuerza controles sobre administración de alcaldías
La resolución judicial se suma a otros procesos relacionados con el manejo de fondos públicos en gobiernos municipales salvadoreños.
Las autoridades señalaron que los recursos utilizados irregularmente debían financiar proyectos comunitarios y no gastos administrativos.
Además, el fallo reafirma las obligaciones legales de los alcaldes y concejos municipales sobre el uso de dinero público.
El tribunal sostuvo que las pruebas permitieron establecer la responsabilidad penal del exalcalde por ambos delitos contra la administración pública.
