En el marco del Día Internacional de la Mujer, la Dirección de Atención Integral a las Mujeres y Acceso a la Justicia, a través de la Unidad de Género y con el respaldo de la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (ORMUSA), desarrolló el foro especializado “Derechos y ciudadanía digital para las mujeres”.
El evento tuvo como objetivo fortalecer las competencias técnicas y prácticas de las judicaturas para un abordaje integral en casos de violencia digital y garantizar un entorno seguro para las mujeres usuarias del sistema judicial.
Durante el foro, Claudia Nieves, coordinadora de la Unidad de Género, destacó la creciente problemática de la violencia digital de género y su impacto en miles de mujeres salvadoreñas.
“Hoy nos reunimos para reflexionar sobre una problemática que ha tomado fuerza en la era digital y que afecta a miles de mujeres salvadoreñas: la violencia digital de género. Este fenómeno, cada vez más común, se manifiesta en múltiples formas, como el acoso en redes sociales con la intención de generar daño”, expresó Nieves.
Asimismo, destacó el compromiso de la Corte Suprema de Justicia en la lucha contra este flagelo, enfatizando la necesidad de fortalecer las capacidades institucionales para investigar y judicializar estos casos con el fin de proteger a las víctimas y erradicar la impunidad.
Por su parte, Silvia Juárez, coordinadora del programa “Derecho a una vida libre de violencia para las mujeres” de ORMUSA, resaltó la importancia de estos espacios de reflexión y aprendizaje.
“Nos encanta podernos encontrar para hacer reflexiones más profundas y reivindicar a todas aquellas que siguen luchando. Quiero agradecer a la Unidad de Género y su trabajo constante en medio de mucha adversidad que aún enfrentamos las mujeres. Todavía nos falta camino por avanzar y celebramos los logros alcanzados”, afirmó Juárez.
Entre los temas abordados en el foro se incluyeron las tecnologías y relaciones sociotécnicas, las características de la violencia digital y un análisis de las convenciones sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer.
El evento contó con la participación de judicaturas de paz, niñez y adolescencia, así como de especializadas en una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres de la zona oriental del país, consolidando así un esfuerzo conjunto para fortalecer la justicia con enfoque de género en el entorno digital.

El Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ) continúa su misión de mejorar la formación y capacitación de los actores del sistema judicial del país. En esta ocasión, con el objetivo de profundizar en el ámbito del Derecho Procesal Civil y Mercantil, se desarrolló el Módulo I del Diplomado en Derecho Procesal Civil y Mercantil, que abordó temas cruciales como “El acto jurídico y las obligaciones civiles y mercantiles”.

Durante esta capacitación, los participantes recibieron herramientas doctrinales y jurisprudenciales fundamentales para una correcta interpretación y aplicación del Código Procesal Civil y Mercantil. 

A través de un enfoque práctico y teórico, los asistentes tuvieron la oportunidad de adquirir conocimientos esenciales para resolver casos complejos dentro de estas ramas del derecho.

El CNJ reafirmó, una vez más, su compromiso con la excelencia judicial y la profesionalización de los operadores de justicia, promoviendo un aprendizaje significativo que contribuye a la mejora de la administración de justicia en el país. 

Con esta capacitación, se busca no sólo fortalecer los conocimientos, sino también fomentar la aplicación correcta de la ley, lo que a su vez garantiza la equidad y efectividad en la resolución de conflictos.

Este diplomado es parte de los esfuerzos continuos del CNJ, dijo la institución, por ofrecer formación especializada a jueces, abogados y demás profesionales del ámbito judicial, en aras de construir un sistema de justicia más sólido y eficiente.

El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Henry Alexander Mejía, y el procurador general, René Gustavo Escobar, firmaron un convenio de cooperación tecnológica con el objetivo de mejorar la administración de justicia en el país. 

El acuerdo busca impulsar el uso de tecnologías de la información y comunicación (TIC) en el ámbito judicial.

Entre los puntos más destacados del convenio, se encuentra la interoperabilidad de sistemas, que permitirá una mayor integración entre las plataformas de ambas instituciones. 

Asimismo, se promoverá el desarrollo de audiencias y diligencias judiciales por videoconferencia, lo que contribuirá a agilizar los procesos judiciales y facilitar el acceso a la justicia.

Este acuerdo interinstitucional tiene como fin optimizar los recursos disponibles, garantizando al mismo tiempo el respeto al debido proceso y aumentando la eficiencia y la accesibilidad del sistema judicial. 

Con esta iniciativa, se espera que la implementación de nuevas herramientas tecnológicas haga más ágil y transparente la administración de justicia en el país.

El magistrado de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Héctor Nahun Martínez García, y la directora para la Prevención de Lavado de Dinero y Activos, Financiamiento del Terrorismo y Anticorrupción de la CSJ, Claudia María Orozco Aguilar, fueron ponentes en un conversatorio titulado “Descripción de la buena práctica. Aplicación preferente de la Convención Interamericana contra la Corrupción sobre la figura de asilo”.
Durante sus intervenciones, ambos funcionarios destacaron la implementación de buenas prácticas por parte de la CSJ en dos casos específicos, donde se aplicó de manera preferente el artículo 6, literales A y B de la Convención Interamericana contra la Corrupción.
Esta decisión, coincidieron, subraya el compromiso de El Salvador con la lucha contra la corrupción y la cooperación internacional en este ámbito.
El magistrado Martínez resaltó la importancia de esta práctica, afirmando: “Esta buena práctica representa un hito para la jurisprudencia que se genera desde la Corte Suprema de Justicia, especialmente en materia de cooperación internacional. Como poder judicial, tomamos una decisión aplicando las convenciones y demostramos el compromiso que el Estado salvadoreño tiene, siendo un ejemplo para los demás países de la región”, explicó.
El conversatorio, organizado por el Tribunal de Ética Gubernamental (TEG), concluyó con la entrega de diplomas a los participantes, una actividad en la que también participó el magistrado Martínez. Estos espacios tienen como objetivo fomentar que los servidores públicos se conviertan en agentes de cambio y multiplicadores del conocimiento adquirido en la lucha contra la corrupción.

En un esfuerzo conjunto para garantizar el bienestar de la niñez y la adolescencia, la Procuraduría General de la República (PGR) y el Consejo Nacional de la Niñez y de la Adolescencia (CONAPINA) llevaron a cabo un taller dirigido a madres de familia que enfrentaron procesos en las Juntas de Protección de CONAPINA por vulneración de derechos.
El evento contó con la participación de mujeres que, además de haber atravesado estos procesos, han sido víctimas de violencia intrafamiliar, una problemática que también afectó a sus hijos e hijas.
La capacitación busca brindar herramientas para fortalecer la responsabilidad y autoridad parental, promoviendo ambientes seguros y saludables dentro del hogar.
Este taller es el primero de una serie de jornadas educativas y formativas que el Centro Integrado de Atención Psicosocial (CIAPNA) desarrollará a lo largo del año.
La iniciativa está enfocada en madres y padres con el objetivo de proporcionarles conocimientos sobre derechos, crianza positiva y protección infantil.