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Sector justicia en El Salvador cierra 2025 con impulso al combate a la corrupción y promoción de denuncias
El sector justicia de El Salvador cierra 2025 con una agenda marcada por el fortalecimiento del combate a la corrupción, a través de campañas de prevención, mecanismos de denuncia y acciones institucionales orientadas a reforzar la integridad y la transparencia en el servicio público.
A lo largo del año, distintas entidades han desarrollado mensajes y herramientas dirigidas a la ciudadanía y a los propios servidores públicos, con el objetivo de desalentar el soborno y promover una cultura de legalidad.
Una de las instituciones que ha sostenido este esfuerzo es la Procuraduría General de la República (PGR), que durante el año difundió mensajes enfocados en la prevención del soborno y la responsabilidad ciudadana.
Actualmente mantiene consignas como “Cero sobornos, cero regalos. Servimos con integridad” y “Nuestros servicios no se venden. En la PGR no aceptamos sobornos”, la entidad reiteró que ningún trámite o servicio debe condicionarse al pago de dinero o a la entrega de beneficios indebidos, e instó a denunciar cualquier intento de corrupción.
En la misma línea, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) reforzó su llamado a la denuncia responsable, subrayando que el silencio favorece el avance del soborno.
El Órgano Judicial recordó que cuenta con canales oficiales para reportar irregularidades y que estos garantizan la confidencialidad de las personas denunciantes.
Según la institución, reportar actos de corrupción contribuye a consolidar un sistema de justicia más íntegro, imparcial y confiable.
Como parte de este enfoque preventivo, el sistema judicial ha definido y difundido los mecanismos disponibles para reportar posibles actos de soborno.
El aviso, que permite informar de manera anónima, y la denuncia, en la que el informante se identifica, requieren una descripción detallada y cronológica de los hechos, la identificación de las personas involucradas, así como la fecha, lugar y circunstancias del presunto acto irregular.
También se contempla la presentación de documentos o pruebas que respalden la información, como fotografías, videos o grabaciones.
Asimismo, se mantiene habilitada la figura de la consulta, mediante la cual las personas pueden solicitar orientación sobre cómo proceder ante hechos que podrían constituir una falta administrativa o un delito, o plantear inquietudes relacionadas con el Sistema de Gestión Antisoborno del Órgano Judicial.
Este mecanismo busca prevenir irregularidades antes de que se concreten y fortalecer el cumplimiento de la normativa interna.
El cierre de 2025 también está marcado por avances institucionales. El Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ) alcanzó un reconocimiento internacional al integrarse a la Base de Datos Global de la International Accreditation Forum (IAF), un paso que, según la institución, reafirma su compromiso con la integridad, la transparencia y la excelencia judicial.
Para el CNJ, cada acción en esta materia fortalece la confianza ciudadana en el sistema de justicia.
Aunque en el tramo final del año no se han difundido informes recientes de la Fiscalía General de la República (FGR) ni de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), sobre campañas específicas, ambas entidades forman parte del entramado institucional que, durante 2025, ha acompañado los esfuerzos orientados a prevenir y sancionar la corrupción desde sus respectivos mandatos.
Con estas acciones, el sector justicia salvadoreño concluye el año con un mensaje común: la lucha contra la corrupción requiere participación ciudadana, mecanismos claros de denuncia y un compromiso sostenido de las instituciones para garantizar que la ley se aplique con integridad y transparencia.
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Plan piloto de Acompañamiento Comunitario de facilitadores judiciales evalúa sus primeros resultados en 13 distritos de El Salvador
La Unidad Coordinadora del Servicio Nacional de Facilitadores Judiciales y Misión Internacional de Justicia realizaron la primera reunión de seguimiento.
El encuentro permitió revisar los resultados obtenidos entre abril y junio en 13 distritos de El Salvador.
Durante ese período, los equipos identificaron casos de violencia en sus diferentes manifestaciones. Además, establecieron mecanismos de respuesta según las necesidades de cada persona.
El programa reúne a jueces, facilitadores judiciales y equipos técnicos. Su objetivo consiste en acercar los servicios de justicia a las comunidades.
Asimismo, el modelo busca ofrecer atención física, emocional y legal a víctimas de violencia.
El modelo busca acercar la justicia a las comunidades
La magistrada de la Sala de lo Constitucional y coordinadora de la Comisión del Servicio Nacional de Facilitadores Judiciales, Elsy Dueñas Lovos, destacó el alcance del proyecto.
Según Dueñas, el plan representa una oportunidad para fortalecer la atención judicial en las comunidades.
Además, señaló que el modelo busca ofrecer respuestas más efectivas a quienes necesitan orientación, apoyo y protección.
Entre los distritos incluidos figuran La Libertad, Tamanique, Zaragoza, San Miguel y Chinameca.
También buscan fortalecer la denuncia
El programa contempla acciones para promover la denuncia de hechos de violencia.
De igual forma, pretende fomentar una cultura de paz y mejorar la convivencia en las comunidades.
La evaluación del primer trimestre permitirá ajustar el modelo de atención durante las siguientes etapas del plan piloto.
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El Salvador limita cobros municipales por uso de suelo para postes eléctricos y de telecomunicaciones
La Sala de lo Constitucional estableció que las alcaldías no pueden crear cobros municipales sin definir un servicio concreto a cambio. El criterio surgió de una tasa de $100 aplicada por San Rafael Cedros a postes y torres.
El cobro figuraba en una ordenanza del distrito de San Rafael Cedros, perteneciente al municipio de Cuscatlán Sur.
La norma establecía un pago de $100 por derechos de uso de suelo para postes o torres de electricidad y telecomunicaciones.
Sin embargo, la Sala concluyó que la disposición violaba la reserva de ley en materia tributaria. El tribunal consideró que la ordenanza no establecía una contraprestación municipal.
Una tasa requiere que la municipalidad entregue un servicio, permiso, licencia o autorización específica al contribuyente.
El caso llegó desde un tribunal administrativo
El proceso comenzó ante el Juzgado Tercero de lo Contencioso Administrativo de San Salvador.
Ese tribunal declaró inaplicable la disposición al considerar que el cobro tenía características de un impuesto.
La Fiscalía General de la República coincidió con ese criterio durante el proceso.
Por su parte, la alcaldía defendió la medida. El gobierno local argumentó que actuaba dentro de su autonomía municipal y conforme a la Ley General Tributaria Municipal.
La Asamblea tiene competencia sobre los impuestos
La discusión se centró en diferenciar una tasa municipal de un impuesto.
La Constitución reserva a la Asamblea Legislativa la creación de impuestos. Por ello, una alcaldía no puede establecerlos mediante una ordenanza.
En cambio, los municipios pueden cobrar tasas cuando existe un servicio o actividad específica que justifique el pago.
Con ese criterio, la Sala declaró inconstitucional el cobro incluido en la ordenanza de San Rafael Cedros.
El concejo deberá modificar la disposición
La Sala concedió tres meses para que el concejo municipal corrija el aspecto formal señalado en la sentencia.
El tribunal también estableció que la decisión no afectará los pagos realizados antes del fallo.
La Sala resolvió el caso el 22 de julio de 2026. El Diario Oficial publicó la resolución el 13 de agosto.
El fallo se suma a una serie de cuestionamientos
La decisión sigue a otro pronunciamiento de la Sala sobre cobros municipales a instituciones financieras de ahorro y crédito en La Unión.
En ese caso, el tribunal también cuestionó que una obligación tributaria se estableciera mediante una ordenanza municipal.
Los dos fallos colocan nuevamente bajo análisis los límites de la potestad tributaria de los gobiernos locales.
La Corte Suprema de Justicia (CSJ) de El Salvador juramentó a 134 nuevos abogados de la República, quienes quedaron autorizados para ejercer la profesión.
El acto estuvo encabezado por el presidente de la CSJ, Henry Alexander Mejía. Los profesionales cumplieron previamente los requisitos legales para su incorporación.
El presidente de la Corte llamó a ejercer con ética
Durante la ceremonia, Mejía pidió a los nuevos abogados ejercer con ética, responsabilidad y profesionalismo.
Además, los exhortó a contribuir a recuperar la confianza y credibilidad de la sociedad salvadoreña.
El funcionario también señaló que los profesionales del derecho deben actuar como agentes de cambio y mantener altos estándares durante el ejercicio de su profesión.
Magistrados participaron en la ceremonia
En el acto participaron magistrados de distintas salas de la Corte.
Entre ellos estuvo Luis Javier Suárez Magaña, magistrado de la Sala de lo Constitucional.
También participaron José Ernesto Clímaco Valiente, Vicente Alexander Rivas Romero, Fernando Galo y Miguel Elías Martínez Cortez.
Los cuatro integran la Sala de lo Contencioso Administrativo. Asimismo, asistió Rubén Atilio Meléndez, jefe de la Sección de Investigación Profesional.
La incorporación permite ejercer la abogacía
La Corte Suprema de Justicia es la institución encargada de habilitar el ejercicio de la abogacía en El Salvador.
Estos actos de juramentación se realizan periódicamente durante el año, después de que los profesionales cumplen los requisitos establecidos.
Entre los nuevos profesionales estuvo un abogado con discapacidad visual.
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Consejo Nacional de la Judicatura impartirá capacitación sobre justicia digital y violencia en internet
El Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ) iniciará el 1 de septiembre un ciclo de videoconferencias sobre justicia digital y protección de derechos.
La primera sesión abordará los estándares de protección de derechos digitales y la prevención de la violencia digital. El encuentro se desarrollará de 10:00 a.m. a 12:00 m.
Expertos analizarán los retos jurídicos
La sesión contará con la participación de Marcos Antonio Vela Ávalos, jurista e investigador de Administrative Law Center, de El Salvador.
También participará Jazmín Ruíz Díaz Figueroa, coordinadora de proyectos de género y tecnología de la organización TEDIC, de Paraguay.
Ambos ponentes abordarán experiencias y desafíos relacionados con la protección de derechos en entornos digitales. Además, analizarán respuestas jurídicas frente a distintas formas de violencia en internet.
El ciclo tendrá respaldo regional
El CNJ organiza la actividad con apoyo del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA). También colaboran ORMUSA, CICAM y ONU Mujeres.
La Unión Europea financiará el ciclo de videoconferencias. La iniciativa busca generar espacios de formación sobre los desafíos jurídicos asociados con el entorno digital.
El programa se denomina “Justicia digital y protección de derechos: retos y respuestas jurídicas frente a la violencia digital”.
La primera sesión se realizará de manera virtual el martes 1 de septiembre. Las personas interesadas podrán inscribirse mediante el enlace habilitado por los organizadores Inscríbete
https://
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Consejo Nacional de la Judicatura analizará implicaciones legales de la tokenización de activos
El Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ) de El Salvador realizará una videoconferencia sobre los efectos legales de la tokenización de activos y los retos que plantea esta tecnología.
La actividad se desarrollará el 28 de agosto de 2026, de 10:00 de la mañana al mediodía.
La conferencia forma parte de las actividades de regulación digital impulsadas por el organismo encargado de apoyar la formación de funcionarios judiciales.
La sesión abordará el marco legal de los activos digitales
La videoconferencia se denomina “Implicaciones jurídicas de la tokenización de activos”.
Durante la jornada, los participantes analizarán el marco legal establecido por la Ley de Emisión de Activos Digitales de El Salvador.
Además, la actividad abordará la relación entre los activos tokenizados y los derechos de propiedad.
Otro de los temas será el uso de smart contracts, o contratos inteligentes, y su validez dentro del derecho civil.
La sesión busca analizar los desafíos jurídicos que surgen cuando bienes o derechos se representan mediante tokens digitales.
Especialista de la Escuela de Capacitación Judicial dirigirá la actividad
La ponencia estará a cargo de la doctora Reyna Verónica Jaime Bermúdez, capacitadora de la Escuela de Capacitación Judicial “Dr. Arturo Zeledón Castrillo”.
La actividad está dirigida a analizar los cambios que introduce la tecnología digital en las relaciones jurídicas.
Además, permitirá revisar los posibles efectos de la tokenización sobre la propiedad y los derechos reales.
La inscripción continúa abierta
El Consejo Nacional de la Judicatura habilitó un proceso de inscripción para participar en la videoconferencia.
La actividad se realizará en línea y forma parte de la agenda de formación relacionada con regulación digital (para inscripción: https://tinyurl.com/2y94r4h2)
El encuentro permitirá abordar cómo el marco jurídico salvadoreño responde a nuevas formas de representar activos y ejecutar acuerdos mediante tecnología digital.
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Quinto episodio del podcast de Derecho y Negocios | Edicion 165
Cuarto episodio del podcast de Derecho y Negocios | Edicion 164
Certeza jurídica, modernización fiscal y el rol estratégico del derecho tributario en el entorno empresarial.
Tercer episodio del podcast de Derecho y Negocios | Edicion 163
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