Gobierno propone nueva Ley de alianzas público-privadas en El Salvador para infraestructura, salud y educación

El Gobierno solicitó a la Asamblea Legislativa aprobar una nueva ley de alianzas público-privadas. La propuesta busca sustituir la actual Ley Especial de Asocios Público Privados.

El proyecto plantea ampliar la participación del sector privado en infraestructura y servicios públicos. Entre ellos destacan salud, educación y recursos hídricos.

La iniciativa ingresó al pleno legislativo el 9 de abril. Luego, los diputados la enviaron a la Comisión de Tecnología, Turismo e Inversión para su estudio.

Cambios clave en la nueva ley APP

La propuesta introduce cambios relevantes en el marco legal de las alianzas público-privadas en El Salvador. Por ejemplo, elimina restricciones que impedían incluir servicios de salud pública y educación.

También permite que instituciones del Estado firmen contratos con empresas privadas para gestionar estos servicios. Además, abre la posibilidad de incluir proyectos relacionados con recursos hídricos.

Sin embargo, la ley mantiene prohibiciones en áreas sensibles. Entre ellas figuran la seguridad nacional, inteligencia del Estado, seguridad pública y justicia.

Tampoco autoriza concesiones para la explotación de hidrocarburos y minerales bajo este esquema.

Contratos más largos y nuevas modalidades

El proyecto establece que los contratos bajo alianzas público-privadas podrán durar hasta 50 años, incluidas prórrogas. Actualmente, el límite es de 40 años.

Asimismo, define tres modalidades de contratos. Estas incluyen provisión de infraestructura pública, prestación de servicios públicos y modelos mixtos que combinan ambos.

Además, la normativa plantea que estos procesos no se regirán por la Ley de Compras Públicas. Esto aplicaría en las licitaciones de obras y servicios bajo este esquema.

Nueva entidad para supervisar proyectos

La iniciativa propone crear la Dirección Nacional de Alianzas Público Privadas (DAPP). Esta entidad dependerá del Ministerio de Hacienda.

La DAPP tendrá funciones clave en la gestión de proyectos. Podrá declarar de interés público iniciativas privadas y validar su admisión.