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La arquitectura jurídica del nearshoring: desafíos, incentivos y certeza local

Escrito por: Alejandra Michelle Recinos | Asociada Benjamín Valdez & Asociados

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El régimen de zonas francas en El Salvador ha sufrido una transformación a lo largo de la historia, desde sus inicios se concibió como un modelo de la industrialización, el cual fue evolucionando hasta tener un enfoque en las importaciones y posteriormente ha sido una parte fundamental para la industria textil. Por lo que, durante décadas este esquema ha servido como el motor principal de las exportaciones tangibles del país, pero en todo este esquema, surge la interrogante de ¿Dónde quedan los servicios intangibles? El avance de la digitalización juega un papel fundamental en la economía y el fenómeno del nearshoring ha forzado una transformación profunda en la interpretación y aplicación de la Ley de Zonas Francas.

Para El Salvador, estas tendencias funcionan como una vía estratégica para mejorar su competitividad económica frente al resto de países en la región; y es que, El Salvador goza de una ventaja geográfica, ya que su ubicación lo convierte en un socio natural y óptimo para las empresas de la región que buscan reducir los costos de transporte y los tiempos de entrega, así como para inversionistas locales que desean innovar en áreas que aún no han sido explotadas en el país.

En pleno 2026, las zonas francas ya no deben entenderse solo como un espacio físico en el cual se mueven mercancías pesadas, sino como una plataforma de servicios globales y tecnológicos. La digitalización abre paso a una ventana en la cual los abogados podemos realizar nuestro aporte al asesorar a los inversionistas sobre las diversas áreas de inversión que existen en el país, así como los incentivos fiscales que estos pueden suponer y así trazar su camino hacia el procesamiento de datos y el área tecnológica en general. El Salvador se encuentra ante la oportunidad de redefinir su soberanía económica a través de un marco legal que ya no solo protege bienes, sino flujos de información.

El atractivo que propone la Ley de Zonas Francas a los inversionistas radica en los incentivos fiscales que esta proporciona, los cuales deben ser analizados desde su aplicación práctica en proyectos de larga duración. Sus beneficios son múltiples, pues abarca desde la exención total de derechos arancelarios a la importación de maquinaria, equipo y materias primas, hasta la exención del Impuesto sobre la Renta por períodos que pueden extenderse por 15 o 20 años según la ubicación geográfica de la zona, esta constituye un pilar de la rentabilidad para las empresas que buscan relocalizar sus operaciones, así como nuevas empresas que buscan asentarse en El Salvador.

Sin embargo, la verdadera innovación jurídica reside en los beneficios fiscales que se ofrecen a los Centros de Servicios Compartidos. A diferencia de la manufactura tradicional, donde los activos son tangibles y son víctimas de la depreciación, en estos centros el activo principal es el capital intelectual y la infraestructura tecnológica de conectividad, y es que la digitalización juega un papel clave en la innovación de estos modelos de negocio. Aquí, otros incentivos que la ley proporciona a menudo y se pasan por alto o son subestimados y cobran un protagonismo vital: la exención de impuestos municipales, la inversión local y atractivo que pueden generar en el municipio que se asientan, la generación de empleos enfocados en la juventud, y la exención del Impuesto sobre Transferencia de Bienes Raíces para la adquisición de inmuebles destinados a dicha actividad. Estos elementos son determinantes para establecer espacios regionales que provean servicios tecnológicos, contables, de arquitectura o ingeniería desde suelo salvadoreño hacia mercados globales, optimizando la estructura de costos operativos de manera integral y competitiva.

Sin embargo, uno de los mayores desafíos técnicos para el aplicador del derecho en el contexto del nearshoring es la definición de actividad incentivada. Pues la normativa vigente debe interpretarse de forma evolutiva y sistemática. En el entorno económico actual, el concepto de producción ha trascendido la transformación física de insumos básicos para convertirse en la creación de valor intangible.

La exportación de servicios y la expansión de estos en el territorio salvadoreño, tales como el desarrollo de software, la gestión de datos y el soporte técnico especializado, entra en el ámbito de aplicación de la ley bajo la categoría de servicios vinculados al comercio internacional. Esta interpretación dinámica es vital para dotar de seguridad jurídica a las empresas tecnológicas que no se dedican a mover contenedores por puertos marítimos, sino datos a través de redes de fibra óptica. La certeza de que estas actividades intangibles gozan de la misma protección y beneficios que la manufactura de bienes físicos es lo que permite que El Salvador mantenga una posición competitiva frente a destinos regionales que han sido tradicionalmente más activos en el sector servicios.

Para un inversionista que apuesta por el nearshoring, la ventaja geográfica de El Salvador pierde fuerza si los procesos para asentarse en el país son lentos, burocráticos o impredecibles. La eficiencia del régimen de zonas francas depende, por tanto, de una logística impecable y de la facilitación del comercio como norma administrativa constante.

En este sentido, la adopción de medios tecnológicos para agilizar los procesos y de esta forma otorgar los beneficios a los inversionistas en el menor tiempo posible y la implementación de sistemas de gestión de riesgos basados en modelos predictivos permiten que el control aduanero sea selectivo y altamente eficiente. La seguridad jurídica en este ámbito se traduce en la eliminación de la discrecionalidad de los funcionarios que históricamente ha generado atrasos significativos en los procesos administrativos para otorgar los beneficios correspondientes a los inversionistas y usuarios de zonas francas. Por lo que se debe apostar a un marco legal que garantice el despacho rápido y un sistema ágil entre las instituciones públicas y los administradores de parques industriales es un incentivo tan valioso como cualquier exención tributaria, pues garantiza la continuidad de la cadena de suministro en un mercado que exige inmediatez.

La evolución hacia centros de servicios tecnológicos trae consigo una carga de cumplimiento mucho más sofisticada y globalizada. Ya no se trata únicamente de cumplir con normativas locales; el nuevo estándar exige alinearse con regulaciones globales de protección de datos personales y ciberseguridad.

Las empresas en zonas francas deben garantizar que sus flujos de datos transfronterizos cumplen con marcos internacionales en materia de protección de datos. El Salvador, a través de su arquitectura jurídica, tiene la obligación de estar a la vanguardia y ofrecer un entorno donde la protección de la propiedad intelectual, la protección de datos y la confidencialidad de la información sean pilares inquebrantables para el inversionista.

El paso de la manufactura tradicional de bajo valor agregado a los centros de servicios tecnológicos y manufactura avanzada no es solo una opción estratégica, es una necesidad para la evolución económica y tecnológica de El Salvador. La Ley de Zonas Francas definitivamente se convierte en una herramienta que otorga potencia, pero para que su éxito esté asegurado en el marco del nearshoring dependerá de la capacidad colectiva para ofrecer una gestión administrativa ágil, una infraestructura digital de primer nivel y una seguridad jurídica inquebrantable.

Por lo que, como país, tenemos la oportunidad de rediseñar su destino económico. Al transformar nuestras zonas francas en epicentros de innovación y servicios de alto nivel, no solo atraemos capital extranjero, sino que abrimos paso a que el país pueda ubicarse en el mapa en la economía global. El derecho debe ser el catalizador y el lenguaje común que convierte estas oportunidades en realidades tangibles, prósperas y duraderas para la inversión nacional y extranjera, consolidando al país como un referente de certeza y modernidad en la región.

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Retos jurídicos del nearshoring en El Salvador: inversión, zonas francas y seguridad jurídica

Escrito por: Francisco Murillo | Socio Central Law

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El nearshoring se ha consolidado como una de las principales tendencias de relocalización productiva a nivel global. La reconfiguración de las cadenas de suministro, impulsada por tensiones geopolíticas, disrupciones logísticas y la necesidad de reducir riesgos operativos, ha llevado a empresas multinacionales a buscar jurisdicciones cercanas a sus mercados de consumo, con costos competitivos y marcos regulatorios funcionales. En este contexto, El Salvador se posiciona como un destino con alto potencial para atraer inversión extranjera directa, particularmente en sectores como manufactura avanzada, logística, servicios corporativos, tecnología y energía.

Sin embargo, el éxito del nearshoring no depende únicamente de factores macroeconómicos o geográficos. Desde una perspectiva jurídica y de negocios, la clave reside en la capacidad del país para ofrecer certeza legal, agilidad regulatoria y coherencia institucional, especialmente en lo relativo a inversión extranjera, regímenes especiales como zonas francas y mecanismos efectivos de protección jurídica al inversionista.

Este artículo aborda los principales retos jurídicos del nearshoring en El Salvador, desde un enfoque práctico y comercial, analizando el estado actual del marco normativo y los desafíos que deben atenderse para consolidar al país como un hub regional competitivo.

  1. El nearshoring como oportunidad estratégica para El Salvador

La ubicación geográfica de El Salvador, su dolarización, la cercanía con Estados Unidos y la existencia de tratados comerciales vigentes constituyen ventajas claras para el nearshoring. A ello se suma una narrativa gubernamental activa de atracción de inversión, liderada por entidades como INVEST in El Salvador y el Ministerio de Economía, entre otras, que han intensificado esfuerzos de promoción internacional.

No obstante, desde la óptica del inversionista sofisticado, estas ventajas deben complementarse con estructuras legales claras que permitan instalar operaciones de forma rápida, eficiente y con previsibilidad en el largo plazo. Aquí es donde el derecho corporativo, regulatorio y administrativo adquiere un rol determinante.

  1. Marco jurídico de la inversión extranjera: avances y retos

El Salvador cuenta con diferentes marcos legales que reconocen principios fundamentales como trato nacional, libre transferencia de capitales y protección contra expropiaciones arbitrarias. En teoría, estos principios alinean al país con estándares internacionales.

En la práctica, sin embargo, persisten retos relevantes:

  • Interpretación administrativa variable: criterios no uniformes entre autoridades pueden generar incertidumbre, especialmente en fases críticas como permisos de operación o registros especiales.
  • Tiempos regulatorios: aunque la ley establece plazos, en la práctica estos pueden extenderse, afectando cronogramas de inversión.

Para el nearshoring, donde la velocidad de instalación es clave, estos retos pueden inclinar la balanza frente a otros países de la región.

  1. Zonas francas: pilar del nearshoring

Las zonas francas representan uno de los principales instrumentos para atraer proyectos de nearshoring, al ofrecer incentivos fiscales, aduaneros y logísticos. El régimen salvadoreño, administrado bajo la supervisión del Ministerio de Economía, ha sido históricamente atractivo para manufactura y logística.

Entre sus principales ventajas destacan:

  • Exenciones de impuesto sobre la renta y tributos municipales.
  • Beneficios arancelarios.
  • Infraestructura especializada y proximidad a puertos y carreteras.

No obstante, desde la experiencia práctica, el régimen de zonas francas en El Salvador ha demostrado una capacidad relevante de adaptación jurídica y operativa, particularmente en proyectos vinculados a inversión extranjera y procesos de relocalización productiva.

En la práctica, destacan varios elementos positivos:

  • Procesos de calificación y ampliación: el marco normativo permite incorporar nuevas actividades productivas y ajustar operaciones conforme evolucionan los modelos de negocio, ofreciendo un grado razonable de flexibilidad frente a las necesidades del inversionista.
  • Versatilidad del régimen: las zonas francas han sabido acomodar distintas estructuras corporativas, esquemas de prestación de servicios y operaciones integradas dentro de cadenas regionales y globales de valor.
  • Coordinación interinstitucional: existe una interacción funcional entre las autoridades económicas, aduaneras, laborales y ambientales, que facilita la implementación de proyectos bajo este régimen especial y reduce fricciones operativas.

Gracias a estas características, las zonas francas se mantienen como uno de los instrumentos más sólidos y confiables para canalizar proyectos de nearshoring, alineándose de manera efectiva con modelos productivos modernos y con las exigencias de inversionistas internacionales que buscan certeza jurídica, eficiencia operativa y sostenibilidad en el largo plazo.

  1. Seguridad jurídica: el factor decisivo para inversiones de largo plazo

La seguridad jurídica constituye uno de los factores más valorados por los inversionistas que evalúan proyectos de nearshoring. En el caso de El Salvador, el marco legal vigente ofrece herramientas bastante sólidas para estructurar inversiones con altos niveles de certidumbre, siempre que se adopte un enfoque jurídico preventivo y estratégico desde las etapas iniciales del proyecto.

Más allá de los incentivos fiscales o logísticos, el país cuenta con principios normativos claros en materia de protección a la inversión, libre transferencia de capitales y reconocimiento de mecanismos alternativos de resolución de controversias, lo que permite diseñar esquemas contractuales alineados con estándares internacionales.

En la práctica, la seguridad jurídica en proyectos de nearshoring se construye a partir de tres elementos clave:

  • Planificación normativa anticipada, que permite estructurar la inversión considerando el marco legal aplicable y sus posibles escenarios de evolución.
  • Contratación robusta, incorporando cláusulas de estabilidad, arbitraje, ley aplicable y mecanismos de ajuste que protegen la continuidad del negocio.
  • Interlocución institucional efectiva, que facilita la interacción con autoridades regulatorias y reduce riesgos operativos durante la ejecución del proyecto.

Desde esta perspectiva, El Salvador ofrece un entorno en el que la seguridad jurídica no debe entenderse como un obstáculo, sino como una variable gestionable que, correctamente estructurada, permite al inversionista operar con previsibilidad y confianza en el largo plazo. El acompañamiento legal especializado se convierte así en un habilitador del negocio, más que en un mecanismo de contención del riesgo.

  1. Cumplimiento laboral, fiscal y regulatorio: un reto subestimado

En proyectos de nearshoring, la correcta gestión del cumplimiento normativo local se convierte en un factor diferenciador entre una operación eficiente y una con fricciones innecesarias. En El Salvador, áreas como legislación laboral, seguridad social, impuestos indirectos y permisos sectoriales cuentan con marcos regulatorios definidos, que permiten una implementación ordenada cuando son abordados de forma estratégica desde el inicio.

Más que la existencia de estas obligaciones, el valor está en cómo se administran dentro del modelo de negocio:

  • La interpretación técnica y aplicación práctica de la normativa, alineada con la realidad operativa del proyecto.
  • La integración de políticas corporativas globales con los requerimientos locales, sin afectar estándares internos de cumplimiento.
  • La gestión preventiva de contingencias, que reduce exposición a sanciones y fortalece la sostenibilidad del negocio.

En este contexto, el abogado corporativo asume un rol claramente proactivo y estratégico, acompañando al inversionista en la toma de decisiones y contribuyendo a transformar el cumplimiento normativo en un habilitador de eficiencia, continuidad operativa y crecimiento.

  1. Reflexión final: del discurso a la ejecución jurídica

El nearshoring constituye una oportunidad estratégica concreta para El Salvador, sustentada en condiciones macroeconómicas, geográficas y normativas que permiten estructurar proyectos de inversión con visión de largo plazo. Más que atraer operaciones, el verdadero valor está en consolidarlas, escalarlas y transformarlas en relaciones sostenibles, integradas a la economía local y regional.

Desde la práctica legal y corporativa, el rol del asesor jurídico se vuelve determinante: acompañar al inversionista en la estructuración de soluciones seguras y eficientes, aprovechando el marco normativo vigente, y contribuir a una aplicación técnica que fortalezca la confianza en el sistema.

El Salvador cuenta hoy con los elementos necesarios para posicionarse de manera competitiva en el mapa regional del nearshoring. El desafío (y a la vez la oportunidad) es continuar alineando el derecho y los negocios como aliados estratégicos del crecimiento, generando un entorno donde la inversión no solo llegue, sino permanezca, evolucione y se multiplique en el tiempo.

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El nearshoring: Oportunidades de inversión y desafíos legales

Escrito por: Oscar Torres Cañas | Socio EY Law El Salvador

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Comprendiendo el nearshoring y las oportunidades de Inversión.

Durante los últimos años, el “nearshoring” ha ganado importancia como estrategia empresarial de relocalización, en el cual una empresa traslada parte de sus actividades productivas, operativas o de servicios a un país geográficamente más cerca de su mercado principal. 

El “nearshoring” es una decisión que combina eficiencia operativa, gestión de riesgos y competitividad legal y logística, y para que pueda funcionar como una herramienta de atracción de inversión en un país como el nuestro, debe existir buena infraestructura, estabilidad jurídica y marcos regulatorios claros. 

Para El Salvador, la cercanía con el mercado estadounidense, el uso del dólar como moneda de curso legal y un huso horario alineado con mercados norteamericanos representan ventajas estratégicas, además, la capacidad logística está en proceso de expansión: recientes acuerdos y proyectos de modernización de puertos han ampliado la conectividad y la capacidad de manejo de carga, lo que reduce tiempos de tránsito para cadenas nearshore. Estos avances logísticos son un incentivo directo para la relocalización industrial y de servicios. 

El nearshoring no se limita a la manufactura tradicional. En El Salvador existen oportunidades claras en industria textil y confección, dispositivos médicos, agroindustria con valor agregado, logística regional y servicios basados en conocimiento. Estos sectores pueden integrarse a cadenas regionales y globales, aprovechando la cercanía con Estados Unidos y la capacidad de respuesta rápida ante cambios en la demanda. A ello se suma la vigencia del CAFTA-DR, que brinda condiciones arancelarias favorables y certeza jurídica en el comercio con Norteamérica, un factor clave para empresas que buscan relocalizar operaciones sin afectar su acceso a mercados finales.

Otro factor relevante es la mano de obra joven y competitiva, en especial en los sectores anteriormente mencionados. Si bien persisten desafíos en formación técnica especializada, el potencial para desarrollar capital humano alineado a las necesidades del nearshoring es significativo.

Asimismo, la tendencia hacia criterios ESG (ambientales, sociales y de gobernanza) abre espacio para inversiones responsables, donde El Salvador puede diferenciarse mediante marcos regulatorios claros y prácticas sostenibles.

El nearshoring ofrece a El Salvador una oportunidad única para atraer inversión, generar empleo y posicionarse como plataforma regional. Sin embargo, convertir esa oportunidad en proyectos sostenibles exige resolver una serie de retos legales que pueden condicionar la llegada y permanencia de empresas extranjeras.

Una de las preocupaciones principales es la estabilidad de las reglas del juego. Cambios abruptos en la legislación tributaria, laboral o ambiental pueden afectar la rentabilidad de proyectos de inversión que requieren grandes capitales y horizontes de largo plazo. Para muchos inversionistas, un entorno normativo volátil disminuye la competitividad frente a otras jurisdicciones.

La existencia de una ley de inversiones y de instituciones dedicadas a la promoción y facilitación de proyectos contribuye a generar un entorno más amigable para el inversionista. No obstante, para maximizar el impacto del nearshoring, resulta clave garantizar estabilidad normativa, transparencia en la aplicación de incentivos y eficiencia en los trámites administrativos.

A continuación, los desafíos legales, para el desarrollo del nearshoring en nuestro país: 

  1. Marco Laboral. El nearshoring suele implicar contratación masiva y perfiles técnicos; la regulación sobre contratación, jornadas, seguridad social y formación profesional debe ser predecible y compatible con modelos de empleo flexibles sin sacrificar derechos laborales. Asimismo, los procedimientos para contratar talento extranjero y las autorizaciones migratorias deben ser ágiles para evitar cuellos de botella operativos. Cambios y propuestas regulatorias no consensuadas en el ámbito laboral, pueden bajar la competitividad de nuestro país.
  2. Régimen de Zonas Francas. Reformas al régimen de Zonas Francas con el objetivo de modernizar incentivos, promover reinversión y otorgar mayor flexibilidad operativa a desarrolladores y usuarios, ayudan a ser más competitivos a nivel de la región, sin embargo, si estas reformas introducen nuevas obligaciones administrativas, requisitos ambientales y condicionantes urbanísticos, las empresas evaluaran cuidadosamente el incursionar en el país antes de estructurar una inversión.   
  3. Marco para permisos ambientales. Proyectos industriales y logísticos requieren licencias ambientales, accesos viales, energía y agua en volumen predecible; retrasos en trámites o requisitos ambiguos pueden encarecer inversiones y afectar la viabilidad. 
  4. Protección de datos y ciberseguridad. La entrada en vigor de la Ley para la Protección de Datos Personales transformó el tratamiento de información personal en El Salvador y obliga a crear marcos de cumplimiento para transferencias transfronterizas, notificación de brechas y consentimiento informado. Esto tiene impacto directo en operaciones BPO, centros de servicios compartidos y desarrollos de software que manejan datos de clientes en varios países.  
  5. Protección de la inversión extranjera. Un componente esencial para fortalecer el Nearshoring es la existencia de un marco jurídico que proteja la inversión extranjera. Esto incluye tanto garantías legales internas como acuerdos internacionales que respalden a los inversionistas.
  6. Mecanismos de solución de controversias. Los inversionistas valoran la posibilidad de recurrir a mecanismos neutrales para resolver disputas contra el Estado. El acceso a arbitraje internacional ofrece esa alternativa. Sin embargo, la implementación y reconocimiento de estos mecanismos deben ser fortalecidos para garantizar su eficacia.

Conclusión

El nearshoring representa para El Salvador una oportunidad para integrarse de manera más profunda en las cadenas globales de valor. Sin embargo, el éxito de esta estrategia no depende únicamente de ventajas geográficas o costos competitivos; también exige un marco jurídico sólido, coherente y confiable que inspire certidumbre a los inversionistas.

La materialización requiere que el sector público y el privado colaboren para garantizar transparencia en la implementación, estabilidad regulatoria y protocolos de cumplimiento alineados con estándares internacionales. Los inversionistas que combinen diligencia legal rigurosa, estructuras contractuales defensivas y programas sólidos de cumplimiento y responsabilidad social estarán mejor posicionados para convertir la oportunidad nearshore en proyectos viables y sostenibles en El Salvador.

La armonización regulatoria con cadenas globales —normas de comercio, cumplimiento aduanero y estándares laborales es un reto operativo y legal. Empresas que sirven a mercados exigentes requieren cumplimiento de normas de origen, trazabilidad y estándares laborales; el país debe ofrecer marcos y controles que permitan a los clústeres nearshore certificarse y competir. 

Los retos son múltiples: desde la modernización de las zonas francas y clarificación normativa, hasta la consolidación de mecanismos efectivos de protección de la inversión y la articulación de políticas públicas que favorezcan un entorno atractivo y seguro. Si El Salvador logra superar estos desafíos, no sólo atraerá capitales extranjeros, sino que también sembrará las bases para un desarrollo económico más dinámico, sostenible y equitativo.

En conclusión, el éxito del nearshoring en El Salvador dependerá tanto de las ventajas geográficas y humanas como de la calidad del andamiaje legal: estabilidad y previsibilidad fiscal, regulación laboral flexible y protectora, permisos ambientales eficientes, seguridad jurídica para inversionistas y alineamiento con estándares internacionales. Abordar simultáneamente estos frentes —a través de diálogo público-privado, digitalización de trámites y reformas focalizadas— será decisivo para transformar el potencial en inversión sostenible.

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Regímenes especiales y nearshoring en El Salvador: marco legal aplicable a la inversión

Escrito : Linda Cuellar Panozzo | Asociada BLP

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El nearshoring se ha consolidado como una de las principales estrategias para la reorganización de cadenas productivas y de prestación de servicios a nivel global. La búsqueda de mayor proximidad a los mercados de destino, la optimización de costos y la necesidad de fortalecer la resiliencia operativa han llevado a múltiples empresas a replantear la ubicación de sus operaciones, con un interés creciente en América Latina. En este contexto, El Salvador ha desarrollado un marco normativo orientado a atraer inversión mediante regímenes especiales que combinan incentivos fiscales con esquemas de calificación y control administrativo.

Desde una perspectiva jurídica, estos regímenes constituyen herramientas relevantes para estructurar proyectos de inversión asociados al nearshoring, particularmente en actividades de servicios, manufactura, tecnología e innovación. Su correcta comprensión resulta clave para evaluar la viabilidad de un proyecto, así como para anticipar sus implicaciones fiscales y regulatorias en el mediano y largo plazo.

Regímenes especiales como instrumento de estructuración de inversión

El ordenamiento jurídico salvadoreño contempla diversos regímenes especiales diseñados para atender distintos perfiles de inversión. Entre los más relevantes se encuentran la Ley de Zonas Francas Industriales y de Comercialización (LZF), la Ley de Servicios Internacionales (LSI) y la Ley de Fomento a la Innovación y Manufactura de Tecnologías (LFIMT), a las que recientemente se suma la Ley para el Fomento de la Expansión de las Inversiones (LFEI). Estas normas no agotan la totalidad del marco legal aplicable a la inversión en El Salvador, pero sí representan algunos de los instrumentos más relevantes en la práctica.

Estos regímenes no operan de forma acumulativa ni automática. Por el contrario, exigen una delimitación precisa del proyecto, tanto en términos de actividad económica como de estructura corporativa y operativa. La selección del régimen aplicable incide directamente en los beneficios disponibles, los compromisos de inversión y empleo, así como en las obligaciones de reporte, auditoría y control.

Zonas francas, reinversión y expansión de operaciones

El régimen de Zonas Francas constituye un pilar del marco de incentivos salvadoreño, especialmente para actividades de manufactura, logística y exportación. Las reformas introducidas a la LZF a finales de 2025 modernizan este régimen, incorporando mayor flexibilidad en materia de áreas verdes, ajustes operativos para desarrollistas y usuarios, y esquemas de prórroga de incentivos condicionados a procesos de reinversión y aumento de empleo.

Un aspecto relevante de estas reformas es la incorporación de esquemas de prórroga de incentivos por plazos adicionales de hasta diez años, siempre que se cumpla con los incrementos en inversión y, según corresponda, en generación de empleo establecidos para desarrollistas, usuarios de zonas francas y depósitos para perfeccionamiento activo. Este enfoque refuerza la lógica de permanencia y crecimiento de las operaciones en el país.

De forma complementaria, la reciente LFEI introduce incentivos dirigidos exclusivamente a empresas ya instaladas en El Salvador que decidan ampliar sus operaciones productivas mediante créditos tributarios aplicables al Impuesto sobre la Renta y exenciones específicas, buscando así incentivar nuevas líneas de producción, infraestructura, logística e investigación asociadas a operaciones existentes, reforzando la continuidad de proyectos de largo plazo

Servicios internacionales y operaciones de valor agregado

La LSI se ha consolidado como uno de los principales vehículos para la instalación de operaciones orientadas a la exportación de servicios, tales como centros de llamadas, procesos empresariales (BPO), tecnologías de la información y actividades especializadas. Este régimen permite a empresas nacionales y extranjeras prestar servicios desde El Salvador hacia el exterior bajo un esquema fiscal preferencial, sujeto a calificación ante el Ministerio de Economía.

La ley establece un régimen de extraterritorialidad aduanera y beneficios fiscales relevantes, entre ellos, la exención del Impuesto sobre la Renta sobre los ingresos incentivados, la exención de impuestos municipales sobre el activo y la libre internación de bienes necesarios para la operación, todo ello condicionado a una delimitación clara de las actividades y espacios autorizados, ya sea en parques o centros de servicios.

Las reformas a la LSI aprobadas en diciembre de 2025, introducen mayor flexibilidad operativa, permitiendo la calificación de múltiples actividades beneficiadas dentro de un mismo proyecto, sujeto al cumplimiento los requisitos aplicables de inversión mínima, generación de empleo y presentación de planes de negocio, así como una mayor flexibilidad en el manejo del requisito de áreas verdes para desarrollistas de parques de servicios. Buscando así, facilitar la expansión de operaciones existentes y permitir modelos de negocio más integrados.

Innovación y manufactura tecnológica como eje del nearshoring moderno

La LFIMT representa un régimen más reciente, orientado a sectores tecnológicos y de innovación; al establecer un régimen especial aplicable a nuevas inversiones en actividades como desarrollo de software, servicios de computación en la nube, inteligencia artificial, análisis de datos, manufactura tecnológica, semiconductores y proyectos de investigación y desarrollo. 

Este régimen ofrece incentivos fiscales por un plazo de quince años, incluyendo la exención total del Impuesto sobre la Renta, de retenciones asociadas, de impuestos municipales y de derechos arancelarios a la importación de bienes indispensables para la actividad incentivada, siempre que el beneficiario cuente con un Acuerdo de Calificación vigente emitido por el Ministerio de Economía. 

Consideraciones finales para estructurar inversiones bajo regímenes especiales 

El marco legal salvadoreño en materia de regímenes especiales ofrece herramientas relevantes para canalizar proyectos de nearshoring, siempre que se comprendan adecuadamente sus alcances, requisitos y limitaciones. Más allá de los incentivos fiscales, estos regímenes establecen reglas claras sobre inversión mínima, empleo, control y permanencia, que deben integrarse desde la fase inicial de planificación. En un entorno de creciente competencia regional, la correcta utilización de estos instrumentos puede constituir un elemento diferenciador para la estructuración y consolidación de inversiones productivas en El Salvador.

Desde una perspectiva práctica, la coexistencia de estos regímenes especiales exige un análisis cuidadoso al momento de estructurar proyectos de nearshoring. La elección entre la LSI, la LFIMT o el régimen de Zonas Francas dependerá de factores como la naturaleza de la actividad, el destino de los servicios o bienes, el nivel de integración con el mercado local, los requerimientos de infraestructura y los planes de expansión futura. En este contexto, una planificación legal y fiscal previa resulta determinante para asegurar la consistencia del proyecto con el marco normativo aplicable.

La experiencia reciente demuestra que una estructuración adecuada no solo maximiza los incentivos disponibles, sino que también permite al inversionista operar dentro de un marco normativo claro, con reglas definidas sobre elegibilidad, obligaciones y mecanismos de control. Por lo que, la coordinación temprana constituye un elemento clave para la correcta implementación del proyecto y la sostenibilidad de los beneficios otorgados.

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El Salvador como destino estratégico de nearshoring: oportunidades y desafíos

Escrito por: Carlos Alberto Molina | CEO CONSILIUM

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El Salvador como destino estratégico de nearshoring: oportunidades y desafíos

Durante décadas China fue considerado como uno de los principales aliados comerciales a nivel global, lo cual impulsó a numerosas empresas multinacionales a trasladar sus centros de producción al continente asiático.

Esta estrategia es conocida como offshoring y es una técnica utilizada por las compañías con el objetivo de adaptarse a los cambios en el entorno competitivo y obtener nuevas ventajas, como el acceso a mano de obra calificada con salarios bajos, menores costos de infraestructuras, beneficios fiscales, entre otros.

Si bien el offshoring puede reducir costos a corto plazo, a largo plazo pueden advertirse ciertos riesgos relevantes como la pérdida de control sobre las operaciones, diferencias culturales y de comunicación, entre otros. (Fernández-Miguel et al.,2022).

Asimismo, durante la pandemia COVID-19 se pusieron en evidencia los riesgos y las deficiencias que pueden surgir si las empresas dependen exclusivamente del offshoring, entre las cuales pueden mencionarse, conflictos geopolíticos, interrupciones en la cadena de suministro, incrementos en costos logísticos, retrasos significativos en los plazos de entrega, restricciones comerciales y otros. 

Adicionalmente, el conflicto comercial entre Estados Unidos y China que se encuentra caracterizado por la imposición de medidas arancelarias y restricciones en la importación ha generado un entorno de incertidumbre y ha incentivado a las empresas a replantear sus modelos productivos.

En este contexto y como respuesta a las limitaciones y desafíos del offshoring han cobrado relevancia nuevas tendencias como el nearshoring y reshoring. La primera de ellas se refiere a la decisión de las empresas de trasladar sus operaciones comerciales o de manufactura a ubicaciones geográficas más cercanas, particularmente de países de América Latina; en cambio el reshoring consiste en el retorno de las operaciones productivas y comerciales al país de origen. La finalidad de ambos modelos es clara: reducir los costos logísticos y aumentar la eficiencia en la cadena de suministro. 

En este escenario El Salvador continúa sumando esfuerzos para consolidarse como aliado estratégico en los mercados internacionales y referente a nivel centroamericano; ahora bien, los grandes empresarios podrán preguntarse ¿Qué hace a El Salvador especialmente atractivo para el nearshoring? Y entre las ventajas podemos señalar: Su ubicación geográfica estratégica, por su cercanía con Estados Unidos y el resto de países de America del Sur; inclusión del país en el CAFTA-DR, permite que no existan barreras comerciales y aranceles; costo de mano de obra relativamente bajo; Economía Dolarizada desde el año 2001; la transformación digital, además de apertura a la implementación de Inteligencia Artificial y Criptomoneda; regulación enfocada en brindar beneficios fiscales; simplificación y digitalización de trámites.

En ese orden de ideas, El Salvador se encuentra a unas pocas horas de distancia de Estados Unidos, quien es uno de sus principales socios comerciales con el cual se tiene Acuerdos relevantes como CAFTA-DR (Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana) vigente desde el año 2006 con la finalidad de facilitar el comercio, la inversión, la propiedad intelectual, entre otros aspectos. Asimismo, en el mes de noviembre del año 2025, Estados Unidos y El Salvador acordaron la creación de un Marco para un Acuerdo de Comercio mediante el cual El Salvador se ha comprometido a abordar una serie de barreras no arancelarias, simplificar requisitos reglamentarios y las autorizaciones para las exportaciones estadounidenses en productos automotrices, médicos y farmacéuticos; así mismo se compromete con la eliminación de aranceles recíprocos a ciertas exportaciones salvadoreñas elegibles incluyendo productos no cultivables/ extraíbles en EE.UU, así como textiles y prendas de vestir originarios del tratado previo, CAFTA-DR. 

De igual manera, es importante destacar que El Salvador comparte husos horarios similares con Estados Unidos, cuenta con fuerza laboral joven y competitiva y presenta menos barreras culturales y lingüísticas, en comparación con los países de Asía. 

Por otra parte, El Salvador siempre ha apostado históricamente por la promoción del desarrollo económico mediante la aprobación de la Ley de Zonas Francas Industriales y de Comercialización, concebida como un instrumento para atraer la inversión extranjera y la generación de empleo. En ese sentido, a finales del año 2025, la Asamblea Legislativa aprobó reformas a dicha normativa (Decreto No. 493, 2025) con el objetivo de fomentar la ampliación de proyectos existentes y fortalecer la competitividad del país a nivel internacional. 

Los beneficiarios de dicha ley y reforma tendrán derecho a un plazo adicional de exenciones fiscales por diez años en ISR, Impuestos municipales y el Impuesto de Transferencia de Bienes Raíces, siempre que acrediten haber invertido en una ampliación de la zona franca cuya superficie total sea, igual o superior a la existente al momento de solicitar la exención y que cumplan con los requisitos mínimos de infraestructura (Este beneficio podrá solicitarse en más de una ocasión). Así mismo se adiciona un plazo dos años como período de gracia, los cuales se cuentan a partir del vencimiento del acuerdo primario para gozar de exenciones fiscales, mientras realizan las inversiones necesarias para cumplir lo requerido. En ese mismo orden de ideas, el Gobierno autorizó dos nuevas zonas francas (entre junio de 2024 y mayo de 2025) y se esperan aprobación de cinco proyectos más en un futuro cercano.

Adicionalmente, el país avanza constantemente en la aprobación de leyes que buscan la atracción de inversión, nacional y extranjera, tales como la ley para el fomento de la expansión de las inversiones; la Ley de Bancos de Inversión y las reformas a la ley de servicios internacionales, entre otras. Así mismo, la creación de la Agencia gubernamental de Promoción de Inversiones y exportaciones INVEST, la cual promueve, facilita y atrae inversión privada nacional y extranjera enfocándose en mercados como Tecnología, Servicios Digitales, Turismo, Infraestructura, Manufactura, Agroindustria, Energía y Logística.

En adición a lo anterior, cabe destacar que, desde la implementación del régimen de excepción en marzo del año 2022, El Salvador ha registrado avances significativos en materia de seguridad, lo cual es un factor determinante al momento de evaluar la idoneidad de un país como destino de inversión. De acuerdo con datos oficiales de la Policía Nacional Civil (2026) El Salvador se consolidó en el 2025 como uno de los países más seguros del hemisferio occidental, al registrarse 67 homicidios durante ese año, una reducción significativa frente a los 114 homicidios contabilizados en el año 2024. 

De igual manera, en el ámbito turístico la presidenta del Instituto Salvadoreño de Turismo (ISTU, 2026), Eny Aguiñada, confirmó que entre enero y diciembre del 2025 el país recibió más de 4.1 millones de visitantes internacionales, una cifra histórica en relación a los 3.95 millones que se registraron en el año 2024, destacándose como principales visitantes personas provenientes de Guatemala, Estados Unidos y Honduras.

No obstante, a pesar de las ventajas, los avances descritos y las reformas legales, es importante reconocer que a la fecha los esfuerzos realizados aún no se reflejan proporcionalmente en los resultados en materia de inversión extranjera directa (IED), en comparación con otros países de la región como Costa Rica y Panamá. En ese sentido, El Salvador posee retos por afrontar, tales como Mejorar la Transparencia y acceso a información pública; el fortalecimiento de la institucionalidad y la seguridad jurídica; eliminar la discrecionalidad a la hora de aplicar legislación en materia de aduanas; fortalecer de la Infraestructura logística de puertos y las redes de carreteras. Factores que resultan determinantes para los inversionistas al momento de evaluar la relocalización de operaciones bajo estrategias de nearshoring. En consecuencia, si bien El Salvador ha logrado sentar bases relevantes para consolidarse como un destino privilegiado, será fundamental continuar fortaleciendo las políticas públicas orientadas a la atracción de inversión extranjera, consolidar la confianza y promover una mejora sostenida del clima de negocios, a fin de reducir la brecha existente con respecto a sus vecinos de Centroamérica. 

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Promovamos el nearshoring tecnológico, logístico e híbrido

Escrito por: Ricardo Milla, Abogado Socio, Dentons El Salvador

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“El nearshoring tomó notoriedad y una mayor aparición en la prensa mundial luego de los acontecimientos de la pandemia por COVID-19 y los conflictos comerciales internacionales; debido a que grandes empresas se vieron en problemas logísticos debido al cierre de puertos y dificultad de traslados internacionales de mercancías.”


El nearshoring en su concepción corporativa es una decisión y figura empresarial que consiste en trasladar su producción, manufactura de productos o centros de servicios a países cercanos geográficamente al mercado y domicilio principal de una empresa, en lugar de que estos se radiquen  en lugares lejanos  o adversos, para acortar las cadenas de suministro, reducir costos logísticos y tiempos de entrega, mejorar la comunicación y mitigar riesgos geopolíticos; dicho concepto tiene sus inicios a partir de los años dos mil,  como un cambio de tendencia comercial respecto del “Offshoring”, que es la reubicación de fábricas y centros de ensamblaje a países con bajos costos de producción y materias primas, principalmente hacia países asiáticos, por medio de lo cual muchas de las marcas más famosas de productos de consumo masivos como ropa, productos de tecnología,  farmacéuticos y muchos otros trasladaron la mayoría de sus manufacturas a diferentes países con bajos costos de producción;  de lo cual todos como consumidores pudimos observar en las etiquetas donde se detalla el origen del lugar de la fabricación de los productos. 

La figura del nearshoring tomó notoriedad y una mayor aparición en la prensa mundial luego de los acontecimientos de la pandemia por COVID-19 y los conflictos comerciales internacionales; debido a que grandes empresas se vieron en problemas logísticos debido al cierre de puertos y dificultad de traslados internacionales de mercancías, lo que les ha hecho replantearse la necesidad de no tener su producción o servicios centralizado únicamente en un país lejano a su mercado; debido a que al ocurrir alguna circunstancia internacional imprevisible en el desarrollo de sus cadenas de producción, traslado, y distribución de sus productos o servicios se vuelven vulnerables, lo que pone en riesgo sus operaciones, rentabilidad y valor de sus acciones para aquellas grandes empresas que tienen sus acciones cotizadas al público en bolsa; a primera vista podría pensarse que el nearshoring es básicamente mover una maquila de país lejano a una localidad más cercana, típicamente para nuestra región la situada en los Estados Unidos de América; sin embargo existen diferentes modalidades de nearshoring los cuales vale la pena que se valoren, los cuales son:

i) Nearshoring de servicios (BPO):que  comprende como la externalización de procesos operativos y administrativos tales como atención al cliente, call centers, contabilidad, recursos humanos, soporte financiero y servicios compartidos regionales. Este modelo resulta especialmente atractivo para El Salvador por su cercanía horaria con los principales mercados de Norteamérica, su población joven y la posibilidad de operar bajo el régimen de la Ley de Servicios Internacionales, que ofrece incentivos fiscales y un marco regulatorio favorable. Adicionalmente, este tipo de nearshoring demanda una inversión menor en infraestructura industrial, lo que permite una implementación más ágil, segura y eficiente. 

ii) Nearshoring tecnológico (IT): que se enfoca en la prestación de servicios de tecnologías de la información, incluyendo análisis y procesamiento de datos, desarrollo de software, soporte técnico, ciberseguridad, inteligencia artificial y servicios digitales de alto valor. Esta modalidad es altamente escalable y estratégica, lo que la convierte en una de las más relevantes para el país. El Salvador puede posicionarse como un centro regional de servicios tecnológicos aprovechando los incentivos a la inversión extranjera y la creciente adopción de activos digitales y tecnologías financieras.

iii) Nearshoring de producción o manufactura: que consiste en el establecimiento, traslado de procesos industriales, plantas de producción y operaciones de ensamblaje en lugares geográficamente cercanos al mercado de consumo final o en su caso contrario, se tratan de lugares geográficamente más alejados, pero con costos inferiores y que generan más rentabilidad, esto con la finalidad de optimizar la eficiencia operativa, reducir costos logísticos, acortar los tiempos de entrega y mitigar los riesgos asociados a interrupciones en las cadenas globales de suministro.

iv) Nearshoring logístico: que se configura como la organización y operación de centros de distribución, almacenamiento, consolidación y administración de inventarios en jurisdicciones próximas al mercado de destino final, con el propósito de optimizar la eficiencia operativa y la continuidad de las cadenas de suministro. Esta modalidad adquiere especial relevancia para las empresas que buscan disminuir plazos de entrega, reducir costos de transporte y fortalecer la trazabilidad y previsibilidad de sus flujos comerciales regionales. En este contexto, la posición geográfica estratégica de El Salvador, aunada a su amplia red de tratados comerciales y al marco jurídico aplicable a las zonas francas y regímenes especiales, habilita el desarrollo de plataformas logísticas con alcance regional orientadas tanto al mercado centroamericano como al comercio con los Estados Unidos, consolidando al país como un nodo competitivo y jurídicamente viable para la distribución internacional de bienes.

v) Nearshoring de procesos críticos: que se refiere a la relocalización o externalización estratégica de funciones empresariales esenciales para la continuidad, estabilidad y seguridad de las operaciones, tales como gestión financiera, cumplimiento normativo y regulatorio, administración de riesgos, operaciones de TI sensibles, ciberseguridad, análisis de datos estratégicos y funciones clave de soporte corporativo, hacia jurisdicciones cercanas al mercado principal. El Salvador presenta condiciones favorables para el establecimiento de este tipo de operaciones, en la medida que ofrece estabilidad normativa, regímenes especiales de inversión, incentivos fiscales y una creciente capacidad institucional para albergar procesos de alto impacto operativo, permitiendo a las empresas reducir riesgos geopolíticos, mejorar la supervisión corporativa y fortalecer la resiliencia de sus estructuras operativas regionales. 

vi) Nearshoring híbrido: que se basa en la integración de diversas modalidades de nearshoring como manufactura, servicios, tecnología y procesos críticos dentro de una misma estrategia empresarial, permitiendo una operación más flexible, eficiente y cercana al mercado principal. Este esquema facilita la optimización de costos, la mitigación de riesgos y un mayor control corporativo, y puede desarrollarse en El Salvador aprovechando sus regímenes especiales de inversión y su marco jurídico favorable. 

Debido a las condiciones que ha alcanzado El Salvador en materia de seguridad, establecimiento de políticas de búsqueda del crecimiento económico, y aprobación de recientes normativas legales de fomento a la inversión nacional y extranjera dentro de las cuales se pueden destacar: 

a) Ley de Fomento a la Innovación y Manufactura de Tecnologías aprobada en mayo del año 2023; 

b) Régimen Especial para Incentivar y Facilitar las Inversiones de Alto Valor En El Salvador, aprobada en agosto del año 2025; 

c) Reforma a la Ley de Zonas Francas Industriales y de Comercialización, aprobada en diciembre del año 2025; 

d) Reforma a la Ley de Servicios Internacionales, aprobada en enero del año 2026. En atención a las anteriores circunstancias es un buen momento para promover el nearshoring hacia El Salvador, en particular hacia los campos de tecnología, logística y activos digitales; al escuchar dicho entusiasmo en la promoción del nearshoring, muchas personas podrían pensar sobre las condiciones o circunstancias que le podrían hacer falta al país para lograr una mayor efectividad en la promoción del nearshoring como una herramienta de crecimiento económico, sin embargo, es importante que tengamos en cuenta que para la inversión y el comercio internacional nunca han existido las condiciones perfectas y/o absolutas en las regiones o mercados donde se han realizado las inversiones de nearshoring, de modo que, muchos de nuestros mercados competidores que ya están recibiendo inversión extranjera de este tipo tampoco las tienen, por lo tanto la promoción y la realización de dicha figura con el objeto de promover la inversión extranjera y el crecimiento económico pueden llevarse a cabo en nuestra región Centroamérica y actualmente en nuestro país.

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