Judicial
Juez de EE. UU. relacionado con caso en El Salvador y Guatemala arrastra serios cuestionamientos de la ONU y del gremio de abogados
El expediente que ahora figura en tribunales y fiscalías en El Salvador y Guatemala no solo tiene cifras millonarias y acusaciones de fraude corporativo por la batalla legal del control por la empresa de telecomunicaciones que opera en Latinoamérica Continental Towers. Tiene también a otro protagonista: el juez federal Lewis A. Kaplan, magistrado del Distrito Sur de Nueva York, cuya trayectoria vuelve a ser examinada mientras escala la disputa y sus implicaciones penales en los países centroamericanos.
Kaplan fue quien confirmó en enero de 2023 un laudo arbitral por 354 millones de dólares contra Continental Towers, empresa con operaciones en varios países latinoamericanos. La decisión benefició a TPG Peppertree, fondo vinculado financieramente a estructuras relacionadas con Goldman Sachs, y terminó proyectando efectos más allá del ámbito mercantil: hoy roza investigaciones criminales activas en Centroamérica.
Pero el debate ya no se limita al arbitraje. El foco está puesto en el juez.
Un antecedente: la censura de Naciones Unidas
En septiembre de 2021, el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria del Consejo de Derechos Humanos de la ONU emitió la Opinión 24/2021, un documento técnico que cuestionó la actuación de Kaplan en el proceso contra el abogado ambientalista Steven Donziger, derivado del litigio Chevron Corporation–Ecuador.
El grupo calificó el procedimiento como una “asombrosa demostración de falta de objetividad e imparcialidad” y sostuvo que la detención de Donziger fue arbitraria. Entre los señalamientos figuraron la designación de fiscales privados tras la negativa del Ministerio Público federal y la admisión de testimonios controvertidos.
Aquella resolución no fue un episodio aislado. Decenas de premios Nobel y organizaciones jurídicas internacionales expresaron preocupación por el precedente. Aunque el caso Donziger es distinto al de Continental Towers, el patrón procesal descrito por la ONU reaparece hoy en los cuestionamientos formulados por actores centroamericanos.
El laudo que cruzó fronteras
La confirmación judicial del arbitraje en Nueva York parecía cerrar una disputa corporativa. Sin embargo, en paralelo, tribunales penales de El Salvador y Guatemala avanzaban en investigaciones propias.
En El Salvador, el Tribunal Sexto contra el Crimen Organizado emitió difusiones rojas de INTERPOL contra ejecutivos de TPG Peppertree —entre ellos Ryan David Lepene, E. Howard Mandel y John Joseph Ranieri— junto a empresarios guatemaltecos. Las acusaciones incluyen fraude millonario, estafa, extorsión y agrupaciones ilícitas en perjuicio de Continental Towers.
En Guatemala, el Ministerio Público dio un paso inusual: levantó la confidencialidad del arbitraje neoyorquino al considerar que la reserva no puede anteponerse a investigaciones penales de interés público. Además, advirtió que descalificar procesos soberanos desde un foro arbitral extranjero podría interpretarse como obstrucción de justicia.
La tensión jurídica es evidente: ¿puede un laudo privado limitar o desacreditar la persecución penal de un Estado?
En el texto del laudo confirmado por Kaplan, se consignan expresiones de descalificación hacia expedientes centroamericanos, lo que ha encendido aún más el debate en la región.
Conexiones bajo escrutinio
El trasfondo financiero tampoco ha pasado inadvertido. Entre los beneficiarios del laudo figura AMLQ Holdings, subsidiaria de Goldman Sachs, entidad que mantuvo relaciones comerciales con Jeffrey Epstein hasta 2010.
Kaplan fue socio durante más de dos décadas del bufete Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison, cuyo expresidente, Brad Karp, y la exdirectora legal de Goldman Sachs, Kathryn Ruemmler, renunciaron en febrero de 2026 tras revelaciones del Departamento de Justicia estadounidense relacionadas con los archivos Epstein.
No existe, hasta ahora, una determinación judicial que establezca conflicto de interés directo. Sin embargo, el entramado corporativo ha alimentado cuestionamientos sobre la apariencia de independencia en un proceso que impacta a más de 1,100 empleados en ocho países latinoamericanos.
Soberanía vs. arbitraje: el choque de fondo
Lo que comenzó como una disputa accionaria entre TPG Peppertree y la guatemalteca Terra Towers por el control de Continental Towers se ha convertido en un caso testigo sobre los límites del arbitraje internacional frente a la jurisdicción penal de los Estados.
Para fiscales centroamericanos, ningún tribunal extranjero puede invalidar la persecución de delitos económicos cometidos dentro de su territorio. Para defensores del laudo, el arbitraje es un mecanismo legítimo de resolución de controversias comerciales.
En medio de esa colisión está Kaplan.
Un juez, múltiples controversias
El nombre de Lewis A. Kaplan vuelve así al centro de una tormenta jurídica internacional. No es la primera vez que su conducción de un proceso genera críticas formales de organismos multilaterales y asociaciones de abogados. Pero sí es la primera vez que una de sus decisiones tiene efectos tan directos sobre investigaciones penales soberanas en Centroamérica.
La pregunta que recorre despachos judiciales en San Salvador y Ciudad de Guatemala no es únicamente si el laudo fue correctamente validado bajo estándares neoyorquinos. Es si el magistrado que lo confirmó arrastraba antecedentes suficientes como para exigir un escrutinio más profundo.
Mientras tanto, el conflicto escala y la línea entre arbitraje privado y justicia penal pública se vuelve cada vez más delgada. Y en ese delicado equilibrio, el nombre del juez federal estadounidense continúa generando más interrogantes que certezas
La Justicia de El Salvador condenó a cadena perpetua a Josué Germain González Mejía y Giovanni Andrés Hernández, integrantes de la Mara Salvatrucha (MS-13), por homicidios, desapariciones, extorsiones y delitos relacionados con el terrorismo.
La Fiscalía General de la República informó que ambos operaban en sectores de San Salvador y zonas aledañas. El Tribunal Cuarto contra el Crimen Organizado de San Salvador dictó las sentencias.
González Mejía tenía el rango de corredor de clica, mientras que Hernández figuraba como homeboy dentro de la estructura pandillera. Las autoridades los capturaron durante el régimen de excepción, vigente desde marzo de 2022.
La reforma penal permite la prisión perpetua
Las condenas se producen después de que El Salvador habilitara la prisión perpetua mediante reformas constitucionales y penales que entraron en vigor el 26 de abril de 2026.
La legislación contempla esta pena para delitos como homicidio, feminicidio, violación y terrorismo. Además, establece un mecanismo de revisión judicial sujeto a los plazos y condiciones legales.
Otros condenados recibieron la pena máxima
En septiembre, los tribunales salvadoreños dictaron otras sentencias de prisión perpetua.
Carlos Arturo Herrera Castro recibió esa condena por homicidio agravado y robo contra Alexis López Córdova. Según la acusación fiscal, lo atacó con piedras para robarle dinero en mayo de 2026, en Arcatao, Chalatenango.
Asimismo, Eduardo Mauricio Urbina García fue condenado a prisión perpetua por feminicidio agravado en Santa Ana. El tribunal también ordenó que pagara 15.000 dólares a la familia de la víctima por responsabilidad civil.
Judicial
Abogados denuncian intervención de juez de Estados Unidos en procesos judiciales en El Salvador relacionados a empresa de telecomunicaciones
Una denuncia presentada recientemente ante la Fiscalía General de la República (FGR) y la Cancillería salvadoreña cuestiona las actuaciones del juez federal estadounidense Lewis A. Kaplan por sus posibles efectos sobre procesos judiciales abiertos en El Salvador en el caso relacionado a la dispuesta por la empresa de telecomunicaciones Continental Towers Latam Holding, que opera en ocho países de América Latina, incluyendo a El Salvador.
Los abogados de Terra Towers Corp. y TBS Management, subsidiarias de Continental Towers denunciaron ante la FGR y el Ministerio de Relaciones Exteriores que las decisiones del juez Kaplan afectan procesos judiciales abiertos en El Salvador.
Los abogados cuestionan actuaciones del juez tras un arbitraje desarrollado en Nueva York por el control de Continental. Una disputa entre socios que tiene por protagonista a la empresa de Estados Unidos, TPG Peppertre.
Según la denuncia, algunas decisiones del juez estadounidense produjeron efectos sobre procesos judiciales abiertos en El Salvador.
Por ello, solicitaron comunicar el caso al Gobierno de Estados Unidos y evaluar una protesta por la vía diplomática.
Disputa empresarial llego a tribunales
El conflicto enfrenta a socios de Continental Towers Latam Holdings Limited. La disputa derivó en un arbitraje en Nueva York promovido por empresas vinculadas con TPG Peppertree y Goldman Sachs.
Los abogados sostienen que las dos subsidiarias salvadoreñas no participaron en ese arbitraje.
Sin embargo, afirman que decisiones del juez estadounidense terminaron afectando procesos iniciados ante instituciones salvadoreñas.
En abril de 2025, Kaplan ordenó desistir de un amparo ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en El Salvador.
También dispuso revocar un arbitraje iniciado ante la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador.
Multas y transferencias de acciones
La presión del juez contemplaba multas de 10,000 dólares diarios, con posibles incrementos cada 14 días de no desistir del amparo.
Los denunciantes sostienen que esa medida llevó a una representante de Continental Towers El Salvador a desistir del proceso constitucional.
Después, en enero de 2026, Kaplan autorizó transferir acciones pertenecientes a Terra Towers y TBS Management.
En mayo, el juez declaró en desacato a las sociedades y fijó dos días para cumplir la orden. Ante el incumplimiento, el secretario del tribunal estadounidense habría firmado los documentos para transferir las acciones.
El caso tambien tiene un proceso penal
En El Salvador, el Tribunal Sexto contra el Crimen Organizado conoce un proceso criminal contra cinco personas por delitos derivados de la disputa en la empresa.
La causa incluye acusaciones por estafa agravada, extorsión agravada y agrupaciones ilícitas.
Entre los procesados figuran tres ejecutivos estadounidenses vinculados con Peppertree, considerados prófugos por las autoridades salvadoreñas y que podrían ser buscados por le INTERPOL.
Los abogados sostienen que las empresas aparecen como víctimas dentro del proceso penal.
Además, advierten que las decisiones del tribunal estadounidense podrían afectar las medidas patrimoniales adoptadas por la justicia salvadoreña.
Judicial
Camara de lo Penal deja firme condena de 30 años a militares retirados por asesinato de periodistas holandeses
La justicia salvadoreña dejó firme la condena contra tres militares por el asesinato de cuatro periodistas holandeses durante el conflicto armado.
La Cámara de lo Penal de la Cuarta Sección del Centro de Santa Tecla recibió el fallo de la Sala de lo Penal.
La Sala rechazó un recurso de casación presentado por la defensa de los condenados.
Con esa decisión, la Cámara declaró firme y ejecutoriada la sentencia emitida el 30 de abril de 2026.
El fallo confirmó la responsabilidad penal de tres antiguos mandos militares por los asesinatos ocurridos en 1982.
Los exjefes miliares cumplirán condena
Los condenados son Francisco Antonio Morán Reyes, exdirector de la Policía de Hacienda; José Guillermo García, exministro de Defensa; y Mario Adalberto Reyes Mena, coronel de la Cuarta Brigada de Infantería.
Inicialmente, una jueza impuso 60 años de prisión a cada condenado por cuatro asesinatos.
Sin embargo, el Código Penal aplicado al caso establece un límite máximo de 30 años de prisión.
La jueza también consideró la edad y las condiciones de salud de los acusados al determinar las penas.
Morán Reyes tiene 94 años, García 93 y Reyes Mena 86, según los documentos presentados por sus defensores.
Un crimen cometido durante la guerra
Los cuatro periodistas murieron en marzo de 1982 mientras cubrían los efectos del conflicto armado en Chalatenango.
Las víctimas fueron Koos Koster, Jan Kuiper, Hans Ter Laag y Johannes Wilemsen.
Según el expediente, soldados del Batallón Atonal emboscaron al grupo en Santa Rita, Chalatenango.
Los militares procedían de la Cuarta Brigada de Infantería, ubicada en El Paraíso, en el mismo departamento.
Reyes Mena permanece fuera de El Salvador
Reyes Mena estuvo ausente durante el proceso judicial. La Corte Suprema de Justicia inició un trámite para solicitar su extradición desde Estados Unidos.
Hasta ahora, no se conoce públicamente la fase en que se encuentra ese procedimiento.
El caso llegó a juicio más de 43 años después de los asesinatos. Además, se convirtió en el primer proceso penal por un crimen de guerra en El Salvador que alcanzó la etapa de vista pública.
La Fiscalía General de El Salvador reportó condenas de hasta 254 años de prisión contra integrantes de la MS-13 en dos procesos judiciales.
En total, los tribunales condenaron a 122 pandilleros por homicidios, agrupaciones ilícitas, extorsión, drogas y tráfico de armas.
Condenas por homicidios en el occidente del país
El Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado condenó a 43 integrantes de la MS-13 por varios delitos.
Los pandilleros operaban en sectores de Zapotitán, Ciudad Arce y El Congo, según la Fiscalía.
Entre los hechos juzgados figura el doble homicidio de dos personas en Ciudad Arce.
La Fiscalía señaló que los pandilleros atacaron a las víctimas tras confundirlas con integrantes de una estructura rival.
El tribunal impuso las siguientes penas:
- Óscar Alfredo Pleitez Guardado, señalado como corredor de clica, recibió 254 años de prisión.
- Douglas Alexander Cárcamo Beltrán fue condenado a 127 años.
- Óscar Adonai Martínez Díaz recibió 97 años.
- Ángel Moreno Cortez fue condenado a 74 años.
Otro proceso incluye extorsión y tráfico de armas
En un segundo proceso, el Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Salvador condenó a 79 integrantes de la MS-13.
Las sentencias alcanzaron hasta 45 años de prisión por delitos cometidos en el departamento de Cabañas.
Según la Fiscalía, los acusados participaron en diferentes casos de extorsión, venta de drogas y traslado de armas de fuego.
Los hechos ocurrieron principalmente en los municipios de San Isidro e Ilobasco.
La institución indicó que logró demostrar la participación de cada acusado en los delitos incluidos en este proceso.
Los acusados enfrentan otros procesos judiciales
La Fiscalía agregó que los 79 condenados también enfrentan procesos por otros delitos.
Por esos casos, los acusados recibirán nuevas resoluciones judiciales, según avance cada proceso.
Las sentencias fueron dictadas por tribunales especializados en casos de crimen organizado.
Judicial
Exministro de Obras Públicas afrontará juicio por corrupción en la construcción del bulevar Diego de Holguín
El exministro de Obras Públicas David Gutiérrez Miranda afrontará un juicio por el delito de peculado relacionado con el bulevar Diego de Holguín.
El Juzgado Quinto de Instrucción de San Salvador ordenó la apertura a juicio contra el exfuncionario por perjuicio a la administración pública.
Según la acusación fiscal, el caso generó un perjuicio económico de $10.64 millones al Estado salvadoreño.
La obra quedó inconclusa tras el plazo previsto
Los hechos investigados ocurrieron entre diciembre de 2005 y enero de 2007, cuando Gutiérrez dirigía el Ministerio de Obras Públicas.
La investigación se centra en el diseño y construcción del segundo tramo del bulevar Diego de Holguín, en Santa Tecla.
La vía ahora lleva el nombre de bulevar Monseñor Óscar Arnulfo Romero.
Según la acusación, el contrato establecía un plazo de 420 días para completar los trabajos.
Sin embargo, la obra no habría terminado al cumplirse ese período, pese a que el Estado realizó los pagos mensuales previstos.
Peritaje calcula el daño al Estado
La Fiscalía sostiene que el entonces ministro incurrió en omisiones e incumplimientos durante la ejecución del proyecto.
Estas actuaciones habrían derivado en desembolsos y pagos considerados indebidos por el Estado.
Una pericia financiera y contable estableció un perjuicio económico de $10,643,278.98.
Durante la audiencia preliminar, el juez también revisó las pruebas ofrecidas por las partes para el eventual juicio.
Juez ordena captura del exfuncionario
Tras analizar los elementos presentados, el juzgado decidió enviar el proceso a la etapa de juicio.
Además, el juez declaró en rebeldía a Gutiérrez Miranda y ordenó emitir una orden de captura contra el exministro.
El proceso judicial deberá determinar la responsabilidad penal del exfuncionario por los hechos que le atribuye la Fiscalía.
Consejo Nacional de la Judicatura ofrece gratis videoconferencia sobre evidencia balística
El Salvador inicia la temporada de cruceros 2026-2027 con la llegada de 1,921 turistas
Grupo CASSA impulsa el bienestar y la sostenibilidad empresarial
Costa Rica investigará posibles nexos del narcotráfico con el financiamiento de partidos políticos
Condenan a cadena perpetua a dos miembros de la MS-13 por múltiples crímenes
Corte Suprema rechaza recursos contra condena de militares por asesinato de cuatro periodistas holandeses
Edición 171
Digicel acuerda vender sus operaciones en El Salvador a empresa que opera Movistar
Agencia de Ciberseguridad de El Salvador pospone hasta nuevo aviso el nombramiento de delegados de protección de datos
Asamblea Legislativa deroga obligación de empresas privadas de nombrar delegado de protección de datos
AFP CONFIA realiza seminario de liderazgo y gestión humana
Quinto episodio del podcast de Derecho y Negocios | Edicion 165
Cuarto episodio del podcast de Derecho y Negocios | Edicion 164
Certeza jurídica, modernización fiscal y el rol estratégico del derecho tributario en el entorno empresarial.
Tercer episodio del podcast de Derecho y Negocios | Edicion 163
-
Economíahace 7 díasEEUU dice que El Salvador gana atractivo para la inversión extranjera con reformas e incentivos
-
Economíahace 7 días
Grupo Poma acelera construcción del JW Marriott San Salvador y revela sus habitaciones modelo
-
Legalhace 7 días
Capacitan a facilitadores judiciales para identificar personas que requieren protección
-
Activos digitaleshace 6 días
Activos digitales plantean nuevos desafíos para los sistemas tributarios
-
Economíahace 6 días
Nike enfrenta años difíciles mientras busca recuperar ventas e innovación
-
Legalhace 6 días
Sala de lo Contencioso fortalece el control de la legalidad en la administración pública
-
Economíahace 4 días
Empresas salvadoreñas enfrentan nuevas reglas para competir con sostenibilidad e innovación
-
Noticiashace 6 días
Costa Rica inaugurará el 14 de octubre una prisión de máxima seguridad inspirada en la megacárcel de El Salvador
