Judicial
Juez de EE. UU. relacionado con caso en El Salvador y Guatemala arrastra serios cuestionamientos de la ONU y del gremio de abogados
El expediente que ahora figura en tribunales y fiscalías en El Salvador y Guatemala no solo tiene cifras millonarias y acusaciones de fraude corporativo por la batalla legal del control por la empresa de telecomunicaciones que opera en Latinoamérica Continental Towers. Tiene también a otro protagonista: el juez federal Lewis A. Kaplan, magistrado del Distrito Sur de Nueva York, cuya trayectoria vuelve a ser examinada mientras escala la disputa y sus implicaciones penales en los países centroamericanos.
Kaplan fue quien confirmó en enero de 2023 un laudo arbitral por 354 millones de dólares contra Continental Towers, empresa con operaciones en varios países latinoamericanos. La decisión benefició a TPG Peppertree, fondo vinculado financieramente a estructuras relacionadas con Goldman Sachs, y terminó proyectando efectos más allá del ámbito mercantil: hoy roza investigaciones criminales activas en Centroamérica.
Pero el debate ya no se limita al arbitraje. El foco está puesto en el juez.
Un antecedente: la censura de Naciones Unidas
En septiembre de 2021, el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria del Consejo de Derechos Humanos de la ONU emitió la Opinión 24/2021, un documento técnico que cuestionó la actuación de Kaplan en el proceso contra el abogado ambientalista Steven Donziger, derivado del litigio Chevron Corporation–Ecuador.
El grupo calificó el procedimiento como una “asombrosa demostración de falta de objetividad e imparcialidad” y sostuvo que la detención de Donziger fue arbitraria. Entre los señalamientos figuraron la designación de fiscales privados tras la negativa del Ministerio Público federal y la admisión de testimonios controvertidos.
Aquella resolución no fue un episodio aislado. Decenas de premios Nobel y organizaciones jurídicas internacionales expresaron preocupación por el precedente. Aunque el caso Donziger es distinto al de Continental Towers, el patrón procesal descrito por la ONU reaparece hoy en los cuestionamientos formulados por actores centroamericanos.
El laudo que cruzó fronteras
La confirmación judicial del arbitraje en Nueva York parecía cerrar una disputa corporativa. Sin embargo, en paralelo, tribunales penales de El Salvador y Guatemala avanzaban en investigaciones propias.
En El Salvador, el Tribunal Sexto contra el Crimen Organizado emitió difusiones rojas de INTERPOL contra ejecutivos de TPG Peppertree —entre ellos Ryan David Lepene, E. Howard Mandel y John Joseph Ranieri— junto a empresarios guatemaltecos. Las acusaciones incluyen fraude millonario, estafa, extorsión y agrupaciones ilícitas en perjuicio de Continental Towers.
En Guatemala, el Ministerio Público dio un paso inusual: levantó la confidencialidad del arbitraje neoyorquino al considerar que la reserva no puede anteponerse a investigaciones penales de interés público. Además, advirtió que descalificar procesos soberanos desde un foro arbitral extranjero podría interpretarse como obstrucción de justicia.
La tensión jurídica es evidente: ¿puede un laudo privado limitar o desacreditar la persecución penal de un Estado?
En el texto del laudo confirmado por Kaplan, se consignan expresiones de descalificación hacia expedientes centroamericanos, lo que ha encendido aún más el debate en la región.
Conexiones bajo escrutinio
El trasfondo financiero tampoco ha pasado inadvertido. Entre los beneficiarios del laudo figura AMLQ Holdings, subsidiaria de Goldman Sachs, entidad que mantuvo relaciones comerciales con Jeffrey Epstein hasta 2010.
Kaplan fue socio durante más de dos décadas del bufete Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison, cuyo expresidente, Brad Karp, y la exdirectora legal de Goldman Sachs, Kathryn Ruemmler, renunciaron en febrero de 2026 tras revelaciones del Departamento de Justicia estadounidense relacionadas con los archivos Epstein.
No existe, hasta ahora, una determinación judicial que establezca conflicto de interés directo. Sin embargo, el entramado corporativo ha alimentado cuestionamientos sobre la apariencia de independencia en un proceso que impacta a más de 1,100 empleados en ocho países latinoamericanos.
Soberanía vs. arbitraje: el choque de fondo
Lo que comenzó como una disputa accionaria entre TPG Peppertree y la guatemalteca Terra Towers por el control de Continental Towers se ha convertido en un caso testigo sobre los límites del arbitraje internacional frente a la jurisdicción penal de los Estados.
Para fiscales centroamericanos, ningún tribunal extranjero puede invalidar la persecución de delitos económicos cometidos dentro de su territorio. Para defensores del laudo, el arbitraje es un mecanismo legítimo de resolución de controversias comerciales.
En medio de esa colisión está Kaplan.
Un juez, múltiples controversias
El nombre de Lewis A. Kaplan vuelve así al centro de una tormenta jurídica internacional. No es la primera vez que su conducción de un proceso genera críticas formales de organismos multilaterales y asociaciones de abogados. Pero sí es la primera vez que una de sus decisiones tiene efectos tan directos sobre investigaciones penales soberanas en Centroamérica.
La pregunta que recorre despachos judiciales en San Salvador y Ciudad de Guatemala no es únicamente si el laudo fue correctamente validado bajo estándares neoyorquinos. Es si el magistrado que lo confirmó arrastraba antecedentes suficientes como para exigir un escrutinio más profundo.
Mientras tanto, el conflicto escala y la línea entre arbitraje privado y justicia penal pública se vuelve cada vez más delgada. Y en ese delicado equilibrio, el nombre del juez federal estadounidense continúa generando más interrogantes que certezas
Dos ciudadanos guatemaltecos fueron condenados a 15 años de prisión por tráfico ilícito de drogas en El Salvador. La sentencia corresponde a un operativo realizado en julio de 2025.
José Antonio Boteo Cruz y Neri Ubaldo Amaya Rodríguez recibieron la condena del Tribunal de Sentencia de Zacatecoluca.
La Marina interceptó una embarcación en San Luis Talpa
La Marina Nacional interceptó la embarcación al norte de la playa Amatecampo, en San Luis Talpa, en julio de 2025.
Durante la inspección, las autoridades encontraron 100 kilogramos de cocaína ocultos dentro de bidones.
Además, los agentes localizaron otra lancha abandonada en la zona. En su interior encontraron 15 sacos con 588 kilogramos de cocaína.
La incautación alcanzó 688 kilos de cocaína
El operativo permitió decomisar un total de 688 kilogramos de cocaína.
Según la información judicial, la droga tenía un valor estimado de $17,296,320.
Las autoridades vincularon a los dos guatemaltecos con el traslado de la droga en la embarcación interceptada.
Judicial
Fiscalía General anuncia que fallo contra 485 cabecillas de la Mara Salvatrucha por más de 47,000 delitos comenzará a conocerse el próximo lunes
La Fiscalía General de la República anunció que un tribunal contra el Crimen Organizado comenzará el 31 de agosto la lectura del fallo contra 485 cabecillas de la Mara Salvatrucha. El proceso reúne más de 47,400 imputaciones por delitos atribuidos a los acusados.
El Tribunal Sexto contra el Crimen Organizado de San Salvador fijó esa fecha para iniciar la lectura de la resolución.
El fiscal adjunto contra el Crimen Organizado, Max Muñoz, confirmó lo establecido por el juez.
Según la Fiscalía, el tribunal deberá resolver más de 47,420 imputaciones dentro del mismo proceso judicial.
Los cargos corresponden a hechos que las autoridades atribuyen a los acusados entre 2012 y 2022.
Investigación abarca 11 años de hechos
El expediente agrupa acusaciones por distintos delitos vinculados con integrantes de la Mara Salvatrucha, conocida como MS-13.
La Fiscalía sostiene que los hechos investigados ocurrieron durante un periodo de 11 años.
De acuerdo con Muñoz, el proceso permitirá resolver las imputaciones acumuladas por los delitos atribuidos durante ese periodo.
El juicio representa uno de los procesos colectivos contra miembros de estructuras de pandillas que impulsa la justicia salvadoreña.
Fallo se conocerá en medio de ofensiva contra pandillas
La resolución llegará en el contexto de la política de seguridad implementada por el Gobierno salvadoreño desde marzo de 2022.
Desde entonces, las autoridades han impulsado operativos y procesos judiciales contra integrantes de organizaciones criminales.
La Mara Salvatrucha figura entre las principales estructuras perseguidas dentro de esta estrategia de seguridad.
El Juzgado Tercero de Paz de Santa Ana condenó a Ángel Oseas García Martínez a 12 años de prisión.
La jueza lo declaró responsable de los delitos de conducción peligrosa de vehículos automotores y lesiones culposas.
La decisión destaca por la valoración conjunta del estado de ebriedad, la conducta al volante y las lesiones causadas.
La prueba de alcohol tuvo un papel clave
Uno de los elementos relevantes para el tribunal fue el resultado del alcotest practicado al conductor.
La prueba registró 249 grados de alcohol en aire espirado. Los agentes realizaron el examen después de detectar aparentes signos de ebriedad.
En El Salvador, la conducción bajo efectos del alcohol, independiente de la cantidad consumida, está prohibida. Es parte de la ley “cero tolerancia”.
Sin embargo, el razonamiento judicial no se basó únicamente en la presencia de alcohol. La jueza también valoró la conducta concreta del procesado.
La gravedad de las lesiones y las consecuencias penales
El tribunal tomó en cuenta la entidad de los daños provocados. Una de las víctimas sufrió múltiples lesiones, fracturas y luxaciones.
Además, presentó deformidad en los dedos de una mano.
Las otras dos personas también sufrieron lesiones derivadas del accidente.
Por estas últimas afectaciones, la jueza impuso dos años de prisión adicionales. Sin embargo, sustituyó esa pena por trabajo de utilidad pública.
La medida deberá cumplirse después de los 12 años de prisión.
El fallo refuerza la responsabilidad por conducir ebrio
La resolución también adquiere relevancia dentro del enfoque de cero tolerancia frente a la conducción bajo los efectos del alcohol.
Las autoridades buscan evitar que conductores alcoholizados pongan en riesgo a otros usuarios de las carreteras.
Cuando esa conducta produce lesiones, el caso puede pasar del ámbito preventivo al penal.
Un precedente judicial
La valoración conjunta de la jueza sienta un precedente jurídico en casos de conducción peligrosa .
El tribunal consideró el resultado del alcotest, la conducta atribuida al conductor y las lesiones sufridas por las víctimas, en el marco legal y las sanciones establecidas.
El fallo muestra, además, que las consecuencias penales pueden extenderse cuando una conducta riesgosa provoca daños a varias personas.
Un tribunal de El Salvador condenó a 131 integrantes de la estructura Teclas Locos Salvatruchos a penas de hasta 75 años de prisión por varios delitos.
El Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Salvador dictó las condenas por tráfico ilícito de drogas, agrupaciones ilícitas y delitos relacionados con armas de fuego.
También incluyó casos de fabricación, portación, tenencia o comercio ilegal de armas y explosivos caseros o artesanales.
Tres integrantes recibieron las penas más altas
Ángel Gabriel Martínez Guzmán, quien tenía rango de observación dentro de la estructura, recibió la pena máxima de 75 años.
El tribunal lo condenó por tráfico ilícito, delitos relacionados con armas y agrupaciones ilícitas, en perjuicio de la paz pública.
Además, Alex Vladimir Rivas Caballero y Jonathan Samuel Canales recibieron 60 años de prisión cada uno. Ambos también tenían rango de observación.
Mandos de una clica recibieron 45 años
La sentencia también alcanzó a integrantes con funciones de mando dentro de la estructura que operaba en el departamento de La Libertad.
Daniel Ernesto Pineda Aragón, alias Wite, ejercía como corredor de clica de la base central El Pino. Recibió una condena de 45 años.
Junto con él, Abraham Cornejo Hernández, alias Anona, y Melvin Josué Chávez Quintanilla, alias Tamal, también recibieron 45 años.
Los dos últimos tenían funciones de mando como homeboys dentro de la clica.
Más de un centenar recibió penas de hasta 30 años
El tribunal también condenó a 19 “homeboys”, ocho “chequeos”, ocho “observaciones”, 26 “paros” y 65 “colaboradores”.
Estos integrantes recibieron penas de hasta 30 años de prisión, según la resolución judicial.
Durante el proceso, la juzgadora señaló que algunos acusados intentaron salir de El Salvador. Sin embargo, las autoridades los capturaron y los pusieron a disposición del tribunal.
La sentencia sostiene que las condenas impedirán que los integrantes de la estructura continúen afectando a la población de La Libertad.
La Fiscalía General de la República de El Salvador reportó 13,250 personas condenadas entre junio de 2025 y mayo de 2026. La cifra supera en 34.8 % el registro anterior.
El balance oficial también muestra una reducción de las absoluciones. Estas bajaron del 16.63 % al 13.86 % durante el mismo período.
Los tribunales resolvieron más casos
Los tribunales emitieron resoluciones definitivas para 15,382 procesados durante el último año. El registro anterior contabilizó 11,788 decisiones.
En los casos de homicidio, 1,282 imputados recibieron condenas. Esto representó una efectividad del 88.78 %, según el balance fiscal.
Además, 162 procesados fueron absueltos por este delito. Un año antes hubo 1,100 condenas y 240 absoluciones.
En delitos vinculados al narcotráfico, los tribunales condenaron a 1,367 personas. La Fiscalía reportó una efectividad del 89.93 %.
Por otra parte, 153 procesados resultaron absueltos por delitos relacionados con drogas. En el período anterior hubo 976 condenas y 115 absoluciones.
También aumentaron las condenas por robo
Los tribunales condenaron a 275 personas por delitos de robo durante el período analizado. La cifra representó una efectividad del 79.48 %.
En el ejercicio anterior, los jueces dictaron 177 condenas y 68 absoluciones por este delito.
El balance refleja además un aumento en la cantidad de expedientes que llegaron a una resolución definitiva.
Casos de alto impacto marcaron el período
La Fiscalía destacó varios procesos contra exfuncionarios acusados de negociar apoyo electoral con pandillas.
Entre ellos figuran Ernesto Muyshondt, Benito Lara, Arístides Valencia y Norman Quijano. Las condenas oscilaron entre 13 y 28 años de prisión.
Asimismo, un tribunal inició un juicio contra 485 cabecillas de la Mara Salvatrucha. La Fiscalía les atribuye más de 47,000 delitos cometidos durante una década.
En otros procesos, Melvin Abel Hernández Palacios recibió una condena de 1,335 años. Fredy Edgardo Méndez Osorio recibió 958 años.
Finalmente, Edwin Oswaldo Ortiz Recinos recibió 298 años por estafar a 56 víctimas. Además, deberá pagar $350,000 en responsabilidad civil.
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