Recientemente en una sentencia laboral de primera instancia, se declaró inválida como prueba, la grabación de imágenes captadas por las cámaras instaladas en el centro de trabajo, que mostraban al trabajador cometiendo una falta laboral, aduciendo que violaba derechos del trabajador; y que se debió demostrar que éste sabía que se le estaba grabando o que se tenía su autorización para hacerlo.

Este criterio judicial contradice lo dispuesto en la Ley para la Protección de Datos Personales (LPDP) en sus Arts. 6, 23 y 26, ya que el video proviene del sistema de videovigilancia instalado en el centro de trabajo, su finalidad exclusiva es proteger sus intereses; bienes, valores personas, infraestructura crítica y verificar el cumplimiento de protocolos operativos de la empresa, y no vulnera derechos fundamentales de nadie.

La instalación del sistema de videovigilancia responde a un interés legítimo del empleador, que permite el tratamiento de imágenes cuando es necesario para la seguridad física y patrimonial del centro de trabajo, de la generalidad de personas sean o no trabajadores, sin requerir consentimiento individual expreso, porque es un sistema adecuado, pertinente y no invasivo de la vida privada, ajustándose a lo dispuesto en el Art. 31 LPDP

Las cámaras están colocadas en zonas operativas, con acceso restringido y controlado, donde no existe expectativa de vulneración de la intimidad, como si la hay en vestidores y baños; además, las cámaras de vigilancia son visibles, y los empleados conocen su ubicación, uso y propósito. 

La grabación fue obtenida mediante un mecanismo ordinario y permanente del sistema de seguridad de la empresa, no mediante técnicas clandestinas o invasivas; y si bien registra la imagen de los trabajadores, lo hace dentro de un contexto laboral, sin referencias biométricas (reconocimiento facial), por lo que las imágenes no se categorizan como datos sensibles. 

Por tanto, dado que la obtención de imágenes, no fue de datos sensibles, ni vulneró ningún derecho fundamental del trabajador, la grabación presentada constituye un medio de prueba válido, lícito y plenamente admisible en el juicio laboral.

El contenido del video es directamente pertinente a los hechos discutidos en el juicio y muestra con claridad la infracción laboral cometida, consistente en la transgresión de normas esenciales de seguridad, que constituyen obligaciones básicas del puesto de trabajo. La grabación, por su naturaleza objetiva y su capacidad para captar la secuencia real de acontecimientos, posee un alto valor demostrativo, suficiente para acreditar la infracción imputada.

Por lo anterior, considero que la prueba videográfica debió ser admitida y valorada conforme a su fuerza probatoria, al haberse obtenido de forma lícita, proporcional y dentro del ámbito de la actividad de seguridad de la empresa; y fue introducida al proceso en un mecanismo válido, como lo es un DVD, que constituye prueba documental no objetada por la parte a quien se opuso.

El Salvador anunció un nuevo aumento en los precios de combustibles para la quincena del 14 al 27 de abril de 2026. La Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas confirmó el ajuste en gasolina superior, gasolina regular y diésel.

En la zona central, la gasolina superior sube $0.27 y alcanza $4.56 por galón. Además, la gasolina regular aumenta $0.26 y llega a $4.23. Por su parte, el diésel incrementa $0.15 y se sitúa en $4.30.

Mientras tanto, en la zona occidental, la gasolina superior se fija en $4.57. La regular alcanza $4.24 y el diésel queda en $4.30 tras el aumento.

De igual forma, en la zona oriental, los precios se mantienen similares. La gasolina superior cuesta $4.57, la regular $4.24 y el diésel $4.30, con variaciones menores.

Tendencia al alza en gasolina y diésel durante 2026
Este incremento forma parte de una tendencia sostenida en los precios del combustible en El Salvador. En lo que va de 2026, las autoridades reportan al menos seis aumentos.

Desde marzo, los precios de la gasolina acumulan alzas de hasta $0.69 por galón. Asimismo, el diésel ha superado los $4.00 en varios periodos recientes.

Además, entre finales de marzo y principios de abril se registraron los incrementos más fuertes. Como resultado, los precios superaron los $4.00 en todo el país.

Factores internacionales impulsan el aumento del combustible
Las autoridades atribuyen el aumento de precios de combustibles a factores internacionales del mercado petrolero.

En primer lugar, el cierre continuo del estrecho de Ormuz presiona al alza los precios del petróleo. Este paso resulta clave para el transporte mundial de crudo.

Además, ataques a infraestructuras petroleras en Arabia Saudita elevan el riesgo en el suministro. Esta situación impacta directamente los precios internacionales

Por otra parte, la caída sostenida en inventarios de gasolina y diésel también influye. Estos datos han sido reportados por organismos internacionales del sector energético.

Impacto del alza en el costo de vida
El aumento en los precios de la gasolina y el diésel impacta de forma directa el costo de vida. Sectores como transporte, alimentos y servicios reflejan incrementos asociados.

Por ejemplo, el encarecimiento del combustible suele trasladarse al precio de productos básicos. Esto ocurre debido al aumento en los costos de distribución.

Las autoridades actualizan los precios de referencia cada 15 días. Estos valores funcionan como guía para el mercado nacional.

Perspectivas del precio del combustible en El Salvador
El comportamiento del precio del petróleo a nivel internacional seguirá marcando la tendencia. Por ello, los precios de combustibles en El Salvador podrían mantener variaciones en las próximas semanas.

Mientras tanto, los consumidores continúan externando preocupaciones, vía redes sociales, ante los ajustes quincenales. Estos cambios influyen directamente en el gasto diario y la economía familiar.

La relatora especial de la Organización de las Naciones Unidas sobre independencia de magistrados y abogados, Margaret Satterthwaite, afirmó que el sistema judicial de Guatemala atraviesa una “crisis profunda”.

La funcionaria presentó sus conclusiones finales tras una visita oficial realizada en mayo de 2025. Según explicó, varios factores han debilitado la independencia judicial en el país.

Entre los elementos identificados mencionó la instrumentalización de la justicia, la concentración de poder y la persecución de operadores de justicia.

De acuerdo con la relatora, estas prácticas han deteriorado el funcionamiento del sistema judicial y han generado un contexto crítico para jueces, fiscales y abogados.

Investigación basada en reuniones con actores del sistema
Satterthwaite elaboró su informe tras una misión de doce días en Guatemala. La visita ocurrió por invitación del gobierno del presidente Bernardo Arévalo de León.

Durante su estancia sostuvo reuniones con jueces, fiscales, defensores públicos y abogados. También dialogó con legisladores, organizaciones de la sociedad civil y representantes de pueblos indígenas.

Además, la relatora se reunió con autoridades de los tres poderes del Estado: Ejecutivo, Judicial y Legislativo.

Las reuniones se realizaron en la capital y en los departamentos de Quetzaltenango y Alta Verapaz. Según la funcionaria, estos encuentros permitieron analizar la situación de la independencia judicial.

Señalamientos sobre política de criminalización
La relatora reiteró una conclusión preliminar presentada al final de su visita en 2025.
Indicó que la información recopilada sugiere que el Ministerio Público ha aplicado una política de criminalización contra operadores de justicia.

El informe menciona el contexto institucional del Ministerio Público, dirigido por la fiscal general Consuelo Porras Argueta.

Porras ha sido sancionada por corrupción por Estados Unidos y la Unión Europea, según referencias internacionales citadas durante el análisis del sistema judicial guatemalteco.

Designaciones judiciales marcarán el rumbo institucional
El informe también destaca que varias designaciones previstas para 2026 serán decisivas para el futuro del sistema judicial.

Guatemala deberá elegir nuevos magistrados para la Corte de Constitucionalidad, el máximo tribunal del país.

Además, se nombrarán nuevas autoridades del Tribunal Supremo Electoral y un nuevo fiscal general que sustituirá a la actual jefa del Ministerio Público.

Según Satterthwaite, estas decisiones institucionales determinarán si los patrones actuales de captura institucional e impunidad se consolidan o se revierten.

Llamado a fortalecer la independencia judicial
A pesar del diagnóstico crítico, la relatora expresó confianza en la capacidad institucional de Guatemala para superar la situación.

Satterthwaite señaló que la Constitución guatemalteca ha demostrado en el pasado que puede garantizar el respeto al Estado de derecho.

En ese contexto, subrayó que el fortalecimiento de la independencia judicial y la transparencia en los procesos de designación serán factores clave para el futuro del sistema de justicia.

La Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto dio luz verde a una reforma que exigirá a los importadores presentar una declaración jurada contra el trabajo infantil y forzoso. La medida modifica la Ley Orgánica de la Dirección General de Aduanas y busca reforzar los controles sobre las mercancías que ingresan a El Salvador.

La iniciativa recibió respaldo unánime en la comisión legislativa. Con este dictamen favorable, la propuesta avanza en el proceso para su aprobación definitiva.

Nueva declaración obligatoria en aduanas

La reforma establece que todo importador deberá adjuntar un formato oficial. En ese documento deberá certificar que los bienes importados no fueron elaborados, total ni parcialmente, mediante trabajo infantil, trabajo forzoso u obligatorio.

Luis Manuel Córdova, jefe de la Unidad de Asuntos Internacionales de la Dirección General de Aduanas, explicó a los diputados el alcance del cambio. “Este mecanismo de control no solo será aplicada en la Dirección General de Aduanas sino en otras entidades para tener la garantía que la aplicación de estas normativas será eficaz”, afirmó.

Además, la Dirección General de Aduanas podrá requerir documentos adicionales. Con ello verificará que las mercancías cumplen la normativa laboral internacional.

Sanciones y retención de mercancías

La reforma también define consecuencias para quienes incumplan la disposición. Los importadores enfrentarán responsabilidades civiles y penales si presentan información falsa o violan la normativa.

Asimismo, las autoridades podrán retener mercancías vinculadas a posibles casos de explotación laboral. Esta facultad busca fortalecer el control en los procesos de importación y comercio exterior.

Córdova aseguró que la medida no generará trámites excesivos. Según indicó, el procedimiento se integrará a la dinámica habitual de las operaciones aduaneras.

Compromisos comerciales con Estados Unidos

La reforma responde a obligaciones adquiridas en el acuerdo comercial entre El Salvador y Estados Unidos. Ese tratado eliminó el arancel del 10 % para productos salvadoreños que ingresan al mercado estadounidense.

En su artículo 2.7, el convenio establece que el país debe prohibir la importación de mercancías producidas con trabajo forzoso u obligatorio. También exige erradicar las peores formas de trabajo infantil.

Con esta reforma, la Asamblea Legislativa busca alinear la legislación aduanera con esos compromisos internacionales y fortalecer los controles sobre el origen de las mercancías que entran al país.

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) confirmó que financiará hasta $1,300 millones en proyectos para El Salvador en 2026. Los recursos apoyarán iniciativas en vivienda, turismo, salud y educación.

El anuncio se dio tras una reunión entre el presidente del BID, Ilan Goldfajn, y el presidente Nayib Bukele. El encuentro sirvió para revisar la cooperación bilateral y los avances del programa El Salvador CRECE.

Financiamiento del BID impulsará áreas estratégicas

Ilan Goldfajn informó en la red social X que el organismo multilateral fortalecerá su alianza con El Salvador. Explicó que el respaldo forma parte del programa El Salvador CRECE, enfocado en dinamizar la economía y promover el crecimiento.

Según detalló, el financiamiento de $1,300 millones en 2026 apoyará sectores clave como vivienda y turismo, además de salud y educación.

“Seguimos apoyando a El Salvador para consolidar el crecimiento, generar empleo y mejorar la vida de los salvadoreños”, expresó el titular del BID.

Por su parte, el presidente Nayib Bukele confirmó el monto y subrayó que los fondos se destinarán a áreas prioritarias para el desarrollo nacional.

BID aumenta apoyo financiero a El Salvador
El respaldo proyectado para 2026 se suma al financiamiento aprobado en 2025. Durante ese año, el BID autorizó $1,264.7 millones para 30 proyectos en el país.

Esa cifra representó un incremento del 95.6 % frente a 2024, cuando el organismo aprobó $646.6 millones.

Las operaciones incluyeron préstamos, subvenciones, inversiones y cooperación técnica. Con estos resultados, el Banco Interamericano de Desarrollo se consolidó como uno de los principales socios financieros de El Salvador.

Programa El Salvador CRECE
El programa El Salvador CRECE busca fortalecer el crecimiento económico mediante inversión pública y apoyo técnico. Además, promueve proyectos que generen empleo y mejoren servicios básicos.

Con el nuevo paquete de $1,300 millones anunciado para 2026, el BID ampliará su participación en sectores estratégicos y reforzará la ejecución de iniciativas gubernamentales.

De esta manera, el financiamiento multilateral continuará siendo un pilar para los planes de desarrollo y modernización en El Salvador.