La arquitectura jurídica del nearshoring: desafíos, incentivos y certeza local

El régimen de zonas francas en El Salvador ha sufrido una transformación a lo largo de la historia, desde sus inicios se concibió como un modelo de la industrialización, el cual fue evolucionando hasta tener un enfoque en las importaciones y posteriormente ha sido una parte fundamental para la industria textil. Por lo que, durante décadas este esquema ha servido como el motor principal de las exportaciones tangibles del país, pero en todo este esquema, surge la interrogante de ¿Dónde quedan los servicios intangibles? El avance de la digitalización juega un papel fundamental en la economía y el fenómeno del nearshoring ha forzado una transformación profunda en la interpretación y aplicación de la Ley de Zonas Francas.

Para El Salvador, estas tendencias funcionan como una vía estratégica para mejorar su competitividad económica frente al resto de países en la región; y es que, El Salvador goza de una ventaja geográfica, ya que su ubicación lo convierte en un socio natural y óptimo para las empresas de la región que buscan reducir los costos de transporte y los tiempos de entrega, así como para inversionistas locales que desean innovar en áreas que aún no han sido explotadas en el país.

En pleno 2026, las zonas francas ya no deben entenderse solo como un espacio físico en el cual se mueven mercancías pesadas, sino como una plataforma de servicios globales y tecnológicos. La digitalización abre paso a una ventana en la cual los abogados podemos realizar nuestro aporte al asesorar a los inversionistas sobre las diversas áreas de inversión que existen en el país, así como los incentivos fiscales que estos pueden suponer y así trazar su camino hacia el procesamiento de datos y el área tecnológica en general. El Salvador se encuentra ante la oportunidad de redefinir su soberanía económica a través de un marco legal que ya no solo protege bienes, sino flujos de información.

El atractivo que propone la Ley de Zonas Francas a los inversionistas radica en los incentivos fiscales que esta proporciona, los cuales deben ser analizados desde su aplicación práctica en proyectos de larga duración. Sus beneficios son múltiples, pues abarca desde la exención total de derechos arancelarios a la importación de maquinaria, equipo y materias primas, hasta la exención del Impuesto sobre la Renta por períodos que pueden extenderse por 15 o 20 años según la ubicación geográfica de la zona, esta constituye un pilar de la rentabilidad para las empresas que buscan relocalizar sus operaciones, así como nuevas empresas que buscan asentarse en El Salvador.

Sin embargo, la verdadera innovación jurídica reside en los beneficios fiscales que se ofrecen a los Centros de Servicios Compartidos. A diferencia de la manufactura tradicional, donde los activos son tangibles y son víctimas de la depreciación, en estos centros el activo principal es el capital intelectual y la infraestructura tecnológica de conectividad, y es que la digitalización juega un papel clave en la innovación de estos modelos de negocio. Aquí, otros incentivos que la ley proporciona a menudo y se pasan por alto o son subestimados y cobran un protagonismo vital: la exención de impuestos municipales, la inversión local y atractivo que pueden generar en el municipio que se asientan, la generación de empleos enfocados en la juventud, y la exención del Impuesto sobre Transferencia de Bienes Raíces para la adquisición de inmuebles destinados a dicha actividad. Estos elementos son determinantes para establecer espacios regionales que provean servicios tecnológicos, contables, de arquitectura o ingeniería desde suelo salvadoreño hacia mercados globales, optimizando la estructura de costos operativos de manera integral y competitiva.

Sin embargo, uno de los mayores desafíos técnicos para el aplicador del derecho en el contexto del nearshoring es la definición de actividad incentivada. Pues la normativa vigente debe interpretarse de forma evolutiva y sistemática. En el entorno económico actual, el concepto de producción ha trascendido la transformación física de insumos básicos para convertirse en la creación de valor intangible.

La exportación de servicios y la expansión de estos en el territorio salvadoreño, tales como el desarrollo de software, la gestión de datos y el soporte técnico especializado, entra en el ámbito de aplicación de la ley bajo la categoría de servicios vinculados al comercio internacional. Esta interpretación dinámica es vital para dotar de seguridad jurídica a las empresas tecnológicas que no se dedican a mover contenedores por puertos marítimos, sino datos a través de redes de fibra óptica. La certeza de que estas actividades intangibles gozan de la misma protección y beneficios que la manufactura de bienes físicos es lo que permite que El Salvador mantenga una posición competitiva frente a destinos regionales que han sido tradicionalmente más activos en el sector servicios.

Para un inversionista que apuesta por el nearshoring, la ventaja geográfica de El Salvador pierde fuerza si los procesos para asentarse en el país son lentos, burocráticos o impredecibles. La eficiencia del régimen de zonas francas depende, por tanto, de una logística impecable y de la facilitación del comercio como norma administrativa constante.

En este sentido, la adopción de medios tecnológicos para agilizar los procesos y de esta forma otorgar los beneficios a los inversionistas en el menor tiempo posible y la implementación de sistemas de gestión de riesgos basados en modelos predictivos permiten que el control aduanero sea selectivo y altamente eficiente. La seguridad jurídica en este ámbito se traduce en la eliminación de la discrecionalidad de los funcionarios que históricamente ha generado atrasos significativos en los procesos administrativos para otorgar los beneficios correspondientes a los inversionistas y usuarios de zonas francas. Por lo que se debe apostar a un marco legal que garantice el despacho rápido y un sistema ágil entre las instituciones públicas y los administradores de parques industriales es un incentivo tan valioso como cualquier exención tributaria, pues garantiza la continuidad de la cadena de suministro en un mercado que exige inmediatez.

La evolución hacia centros de servicios tecnológicos trae consigo una carga de cumplimiento mucho más sofisticada y globalizada. Ya no se trata únicamente de cumplir con normativas locales; el nuevo estándar exige alinearse con regulaciones globales de protección de datos personales y ciberseguridad.

Las empresas en zonas francas deben garantizar que sus flujos de datos transfronterizos cumplen con marcos internacionales en materia de protección de datos. El Salvador, a través de su arquitectura jurídica, tiene la obligación de estar a la vanguardia y ofrecer un entorno donde la protección de la propiedad intelectual, la protección de datos y la confidencialidad de la información sean pilares inquebrantables para el inversionista.

El paso de la manufactura tradicional de bajo valor agregado a los centros de servicios tecnológicos y manufactura avanzada no es solo una opción estratégica, es una necesidad para la evolución económica y tecnológica de El Salvador. La Ley de Zonas Francas definitivamente se convierte en una herramienta que otorga potencia, pero para que su éxito esté asegurado en el marco del nearshoring dependerá de la capacidad colectiva para ofrecer una gestión administrativa ágil, una infraestructura digital de primer nivel y una seguridad jurídica inquebrantable.

Por lo que, como país, tenemos la oportunidad de rediseñar su destino económico. Al transformar nuestras zonas francas en epicentros de innovación y servicios de alto nivel, no solo atraemos capital extranjero, sino que abrimos paso a que el país pueda ubicarse en el mapa en la economía global. El derecho debe ser el catalizador y el lenguaje común que convierte estas oportunidades en realidades tangibles, prósperas y duraderas para la inversión nacional y extranjera, consolidando al país como un referente de certeza y modernidad en la región.