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Asamblea Legislativa haría reformas para sancionar retrasos del Estado en pagos a micro y pequeñas empresas

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La Asamblea Legislativa prevé discutir y aprobar este miércoles reformas a la Ley de fomento, protección y desarrollo para la micro y pequeña empresa (MYPE). El cambio central establece que las instituciones del Estado deberán pagar compensación por mora si cancelan bienes o servicios a micro y pequeñas empresas después del plazo legal de 30 días.

Reforma busca garantizar pago oportuno a las MYPE

La legislación vigente establece que las instituciones públicas deben pagar a las micro y pequeñas empresas (MYPE) en un máximo de 30 días por bienes o servicios adquiridos.

Sin embargo, la reforma mantiene ese plazo y añade una nueva obligación. Si una entidad estatal paga después del límite establecido, deberá compensar el retraso con el interés legal mercantil vigente sobre el monto adeudado.

De esta forma, el Estado deberá asumir un costo adicional cuando incumpla el plazo de pago.

Según el proyecto de reforma, esta medida busca incentivar el pago oportuno a proveedores MYPE y reducir los retrasos en las cancelaciones.

Hacienda definiría mecanismos para priorizar pagos

Además, la modificación del artículo 32 asigna nuevas responsabilidades al Ministerio de Hacienda.

La institución deberá crear mecanismos para priorizar la cancelación de facturas pendientes con micro y pequeñas empresas dentro de las entidades públicas.

El proceso se basará en informes presentados por las unidades financieras institucionales o por los responsables de cada área administrativa.

El objetivo es agilizar la gestión de cuentas por pagar del Estado y evitar atrasos prolongados.

Autoridades señalan impacto de los retrasos en empresas

El presidente de la Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (Conamype), Paul Steiner, explicó que la normativa actual establece el pago en 30 días, pero no contempla sanciones efectivas.

Según el funcionario, la reforma introduce una obligación directa. Las instituciones que paguen después del plazo deberán asumir intereses por el retraso.

Steiner aseguró que el Ministerio de Hacienda ya ajustó algunos procedimientos para que las instituciones públicas paguen las facturas de las MYPE dentro del plazo establecido.

Además, señaló que los atrasos pueden afectar seriamente a los negocios pequeños.

En algunos casos, indicó, empresas han cerrado operaciones porque el Estado tardó meses o incluso un año en cancelar las facturas.

Las MYPE representan la mayoría del tejido empresarial

Datos de Conamype indican que el sector de micro y pequeñas empresas en El Salvador domina el tejido empresarial.

En el país operan alrededor de 290 empresas grandes y 2,830 empresas medianas.

A ellas se suman 17,000 pequeñas empresas, cerca de 290,000 microempresas con entre cuatro y diez empleados y unas 840,000 con menos de cuatro trabajadores.

En conjunto, las MYPE representan el 99.6 % de las empresas salvadoreñas, según la institución.

Reforma genera cuestionamientos en la Asamblea

La iniciativa recibió dictamen favorable en comisión legislativa el lunes.

No obstante, durante el debate surgieron críticas sobre otros cambios incluidos en la reforma.

La diputada Cesia Rivas, del partido Vamos, cuestionó que el texto elimina referencias específicas a mujeres empresarias dentro de la normativa.

También señaló que la propuesta excluye a las universidades de la junta directiva de Conamype.

Falta información pública sobre deuda a proveedores

Hasta ahora, el Ministerio de Hacienda no ha publicado el monto total adeudado por el Estado a proveedores por bienes y servicios.

En junio de 2025, la Asamblea aprobó una Ley de sostenibilidad fiscal que obliga a Hacienda a divulgar informes mensuales sobre atrasos en pagos estatales.

La normativa establece que el reporte debe incluir deudas por bienes, servicios y transferencias con más de 90 días de retraso en Tesorería.

Además, el informe debe detallar el movimiento de Letras del Tesoro (Letes) emitidas y canceladas.

Según la ley, el Ministerio de Hacienda debe publicar ese reporte durante los primeros diez días hábiles de cada mes.

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Asamblea Legislativa prorroga el régimen de excepción por 54ª ocasión

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La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó este miércoles una nueva prórroga del régimen de excepción.

Con esta extensión, el Gobierno reporta 92,959 personas detenidas desde la implementación de la medida en marzo de 2022.

La nueva extensión comenzará el sábado

La Asamblea Legislativa aprobó la prórroga con 57 votos de los 60 diputados.

Los legisladores de Nuevas Ideas y sus aliados respaldaron la medida.

La nueva extensión comenzará el 29 de agosto y finalizará el 27 de septiembre de 2026.

Esta corresponde a la prórroga número 54 desde la entrada en vigor del régimen de excepción.

La medida mantiene suspendidas tres garantías constitucionales relacionadas con la detención administrativa, las telecomunicaciones y el derecho de defensa.

Mientras tanto, organizaciones defensoras de derechos humanos han cuestionado la continuidad del régimen de excepción.

El Gobierno y los diputados que respaldaron la prórroga sostienen que la medida forma parte de la estrategia de seguridad.

La nueva extensión mantendrá vigente el régimen durante un mes adicional, hasta el 27 de septiembre.

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Diputados continúan con entrevistas para elegir magistrados de la Corte de Cuentas; una candidata se retira

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La Asamblea Legislativa de El Salvador continuó este lunes las entrevistas a los candidatos a magistrados de la Corte de Cuentas de la República.

La jornada comenzó con la lectura de una carta de la abogada Marcela Beatriz Iraheta Alfaro. En el documento, la aspirante informó que retiraba su candidatura.

Con esta decisión, el proceso de selección pasó de 18 a 17 candidatos. La Comisión Política prevé concluir las entrevistas este martes.

Por compromisos próximos

Iraheta Alfaro dirigió su carta a la Comisión Política de la Asamblea Legislativa. El documento tiene fecha del 18 de agosto de 2026.

La abogada explicó que tomó la decisión por compromisos y responsabilidades profesionales que asumirá próximamente.

Según la carta, esas actividades requieren su dedicación exclusiva. Por ello, decidió desistir de su postulación a una de las magistraturas.

Iraheta Alfaro integró la Secretaría Técnica del Consejo Fiscalizador Regional del Sistema de la Integración Centroamericana.

Cuatro candidatos participaron en la jornada

Tras conocer la renuncia, los diputados continuaron con las entrevistas previstas para este lunes.

La Comisión Política recibió a cuatro aspirantes a magistrados de la Corte de Cuentas de la República.

Los candidatos entrevistados fueron Gonzalo Octavio Ayala López, Boris Romeo García Alvarado, Luis Humberto Santos Guardado y Raúl Pareja Méndez.

Los diputados utilizaron las entrevistas para conocer el perfil y las propuestas de los aspirantes al cargo.

El proceso queda con 17 aspirantes

La salida de Iraheta Alfaro reduce a 17 el número de candidatos que continúan en la elección de magistrados.

La Comisión Política deberá completar las entrevistas antes de avanzar hacia las siguientes etapas del proceso legislativo.

La Corte de Cuentas de la República es el organismo encargado de fiscalizar el uso de los recursos públicos en El Salvador.

Por tanto, la elección de sus magistrados forma parte de las decisiones de la Asamblea Legislativa relacionadas con el control de los fondos estatales.

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Estados Unidos prepara cumbre económica con El Salvador y destaca alianza con Bukele

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Estados Unidos prevé organizar una cumbre económica con El Salvador para ampliar la cooperación bilateral. Así lo anunció Thomas “Tommy” Pigott, portavoz del Departamento de Estado, en una declaración difundida este viernes.

Pigott describió al presidente Nayib Bukele como “uno de nuestros socios más valiosos en la región”. Además, señaló que Washington busca profundizar la alianza con El Salvador y promover intereses económicos compartidos.

La iniciativa se suma a una relación que los gobiernos de Donald Trump y Bukele han fortalecido desde el regreso del republicano a la Casa Blanca.

La relación bilateral amplió su agenda

La cooperación entre Washington y San Salvador ha avanzado en varios frentes durante los últimos dos años.

Seguridad, migración, comercio e inversión ocupan un lugar central en la agenda de ambos gobiernos. Sin embargo, la relación también incorporó cooperación energética y otros sectores estratégicos.

El acercamiento cobró fuerza después del regreso de Trump a la presidencia estadounidense en enero de 2025.

Ese mismo mes, Trump y Bukele conversaron sobre migración irregular y organizaciones criminales transnacionales. La Casa Blanca destacó entonces el papel del mandatario salvadoreño en materia de seguridad regional.

Migración se convirtió en un eje de cooperación

En febrero de 2025, el entonces secretario de Estado Marco Rubio visitó El Salvador y se reunió con Bukele

Durante el encuentro, ambos gobiernos acordaron ampliar la cooperación migratoria. Bukele ofreció recibir en El Salvador a migrantes deportados desde Estados Unidos.

La propuesta también incluyó a personas acusadas por Washington de pertenecer a organizaciones criminales.

Posteriormente, Estados Unidos trasladó a El Salvador a cientos de personas bajo acuerdos migratorios. El Centro de Confinamiento del Terrorismo, conocido como Cecot, recibió a varios de los deportados.

El comercio tomó mayor protagonismo

La relación también avanzó hacia nuevos acuerdos comerciales.

En noviembre de 2025, Estados Unidos y El Salvador anunciaron un marco para negociar un acuerdo de comercio recíproco.

El entendimiento buscó reducir barreras comerciales y mejorar las condiciones para el intercambio de bienes entre ambos países.

Finalmente, Estados Unidos y El Salvador firmaron el acuerdo de comercio recíproco en enero de 2026.

El convenio incluye disposiciones sobre productos agrícolas, vehículos, medicamentos y dispositivos médicos. También contempla normas sobre comercio digital, propiedad intelectual y cadenas de suministro.

Además, establece compromisos relacionados con ambiente y condiciones laborales.

Trump y Bukele mantienen comunicación directa

El vínculo entre ambos mandatarios también se ha caracterizado por contactos directos.
Trump y Bukele han sostenido conversaciones sobre seguridad, migración y cooperación bilateral. Además, el presidente salvadoreño visitó la Casa Blanca en abril de 2025

En esa reunión, ambos abordaron principalmente la cooperación migratoria y la lucha contra organizaciones criminales.

Desde entonces, los dos gobiernos han continuado ampliando su coordinación en distintos ámbitos.

En julio de este año, el mandatario estadounidense recibió en privado a Bukele.

Washington apunta ahora a la agenda económica

La declaración de Pigott coloca la economía como uno de los próximos ejes de la relación.

El portavoz no informó cuándo se celebraría la cumbre ni qué autoridades participarían. Tampoco precisó los sectores que estarán incluidos en la agenda.

Sin embargo, la iniciativa llega después de la firma del acuerdo comercial y de otros entendimientos bilaterales.

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Diputados entrevistan a otros cinco aspirantes a magistrados de la Corte de Cuentas

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La Comisión Política de la Asamblea Legislativa avanzó con las entrevistas a candidatos para integrar la dirección de la Corte de Cuentas de la República. El proceso busca renovar a los tres magistrados cuyo periodo termina el 27 de agosto.

José Rodrigo Flores Ramos, actual segundo magistrado, propuso fortalecer la fiscalización preventiva. Según explicó, este modelo permitiría detectar errores antes de que concluyan las gestiones públicas.

Flores planteó además crear un Centro de Analítica de Datos. También propuso digitalizar procesos y establecer un sistema para dar seguimiento a las recomendaciones de auditoría.

Asimismo, sugirió utilizar inteligencia artificial para reducir los tiempos en los procesos jurisdiccionales. Aclaró que la herramienta no sustituiría las decisiones de los magistrados.

Mora judicial marca las entrevistas

Julio Alberto Jule Herrera, juez del Tribunal Tercero contra el Crimen Organizado, señaló la existencia de 2,099 apelaciones pendientes en la Cámara de Segunda Instancia.

El aspirante propuso depurar los procesos según su antigüedad. También planteó capacitar al personal encargado de sustanciar los expedientes.

Jule Herrera destacó además el papel de la Unidad Anticorrupción. Explicó que esta puede utilizar información patrimonial para detectar posibles inconsistencias en funcionarios.

Por su parte, Carlos Aníbal Cruz Flores, juez de cuentas, propuso realizar un diagnóstico de la institución. Después, plantearía un plan para introducir cambios en su funcionamiento.

Otros candidatos exponen sus propuestas

José Arnoldo Gaitán Castro, exjuez de cuentas, centró su propuesta en combatir el enriquecimiento ilícito. También cuestionó la mora acumulada en los procesos de la institución.

Gaitán afirmó que existen expedientes pendientes que podrían permitir recuperar recursos públicos. Además, recordó que en 2016 recibió presiones relacionadas con auditorías.

Finalmente, Arnoldo José Parada Pineda, actual director Anticorrupción, destacó sus 15 años de experiencia en el servicio público.

Parada propuso facilitar los canales de denuncia ciudadana. También planteó modernizar la institución y optimizar sus recursos.

La Asamblea Legislativa continuará con el proceso de entrevistas antes de elegir a los tres magistrados de la Corte de Cuentas.

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Senador y candidato presidencial brasileño Flávio Bolsonaro propone cinco cárceles de máxima seguridad inspiradas en el modelo salvadoreño

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El senador Flávio Bolsonaro, candidato presidencial brasileño por la derecha, presentó un programa de gobierno que propone construir cinco cárceles federales de máxima seguridad inspiradas en el modelo aplicado en El Salvador.

El documento, titulado Para que Brasil vença o atraso, contiene 76 páginas y reúne nueve grandes líneas de acción. La seguridad ocupa uno de los principales espacios de la propuesta electoral.

El plan penitenciario para Brasil

Bolsonaro plantea construir cinco nuevos centros federales de máxima seguridad. Estos se sumarían a las cinco cárceles federales que ya existen en Brasil.
El proyecto contempla crear un complejo denominado Treva, que significa “tiniebla” en portugués. Según el programa, el nombre busca transmitir temor a los grupos criminales.

Además, el candidato promete crear 500,000 nuevas plazas penitenciarias y plantea que las cárceles funcionen principalmente como espacios de castigo.

La propuesta toma como referencia las políticas de seguridad impulsadas por el presidente salvadoreño Nayib Bukele, cuyo Gobierno mantiene un amplio sistema penitenciario para personas acusadas de pertenecer a estructuras criminales.

Endurecimiento contra el crimen organizado

El programa propone declarar al Primer Comando de la Capital (PCC) y al Comando Vermelho como organizaciones narcoterroristas.

También plantea reducir de 18 a 16 años la edad de responsabilidad penal. Para delitos graves, como homicidio, violación y tráfico de drogas, propone procesar como adultos a menores desde los 14 años.

Asimismo, Bolsonaro propone castración química para condenados por violación. También plantea desplegar más fuerzas militares en puertos utilizados para el tráfico de drogas.

El candidato pretende reforzar las fronteras para impedir el ingreso de armas y drogas. A la vez, propone ampliar la vigilancia mediante tecnología.

Más cámaras y reconocimiento facial

El plan contempla instalar un millón de cámaras de seguridad adicionales en Brasil. También propone crear un sistema nacional de reconocimiento facial.

Estas medidas buscan ampliar la capacidad de las autoridades para identificar sospechosos y responder ante delitos.

Sin embargo, varias propuestas requerirían cambios en la legislación brasileña y, en algunos casos, modificaciones constitucionales.

Una apuesta electoral centrada en la seguridad

La propuesta llega mientras Flávio Bolsonaro intenta consolidar su candidatura presidencial. Las encuestas citadas en la información disponible sitúan al senador por debajo del presidente Luiz Inácio Lula da Silva en una eventual segunda vuelta.

La seguridad representa uno de los principales temas para los electores brasileños. Según un sondeo de Quaest citado en el programa, 30% de los ciudadanos considera la violencia el principal problema del país.

El documento también incluye medidas contra la violencia hacia las mujeres. Entre ellas figura la vigilancia con tobilleras electrónicas para agresores que tienen órdenes de alejamiento.

Además, el programa plantea endurecer las medidas contra el feminicidio y ampliar los mecanismos de control sobre quienes incumplan restricciones judiciales.

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