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Gestión del Riesgo AML/CFT en el Ecosistema Fintech y de Activos Digitales en El Salvador
Por Camila Fernanda Aparicio, Abogada asociada en ECIJA
El Salvador ocupa hoy una posición singular en el panorama financiero internacional: es uno de los pocos países que ha construido, de forma simultánea, un marco regulatorio de fomento para los activos digitales y uno de control para prevenir su uso ilícito.
La reciente entrada en vigencia de la Ley Especial para la Prevención, Control y Sanción del Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, aprobada mediante Decreto Legislativo No. 426, publicado en el Diario Oficial el 9 de octubre de 2025, crea un escenario normativo que coexiste con la Ley Bitcoin de 2021 y la Ley de Emisión de Activos Digitales de 2023.
Este artículo analiza los principales desafíos y obligaciones que dicho marco impone a los operadores del sector fintech y de activos digitales en materia de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo (AML/CFT).
- Transición hacia la cultura del cumplimiento: el Enfoque Basado en Riesgos como elemento rector
La nueva ley deroga íntegramente la Ley Contra el Lavado de Dinero y de Activos vigente desde 1999, marcando un cambio conceptual fundamental: el modelo salvadoreño evoluciona de un esquema de cumplimiento meramente formal y reactivo hacia uno de gestión preventiva, proporcional y basada en riesgos (EBR). Esta transición armoniza la legislación nacional con los estándares internacionales del GAFI y da cumplimiento a los compromisos adquiridos con el Fondo Monetario Internacional (FMI), específicamente en lo relativo a la Recomendación 15, que establece el marco jurídico aplicable a los activos virtuales y a sus proveedores de servicios.
Este cambio exige que los sujetos obligados, entre ellos, los proveedores de servicios de activos digitales y bitcoin, abandonen el enfoque reactivo del reporte mecánico de transacciones y asuman un rol activo en la identificación, evaluación y mitigación de riesgos AML/CFT dentro de sus propias operaciones.
- Los nuevos sujetos obligados: inclusión explícita del ecosistema digital
Uno de los cambios más relevantes de la nueva normativa es la redefinición de los sujetos obligados: las veinte categorías que contemplaba la ley anterior se reducen a diez, lo que implica una simplificación estructural pero también una reconfiguración de quiénes quedan contemplados como sujetos obligados. La nueva ley incorpora explícitamente actores del ecosistema fintech y de innovación financiera que antes no estaban cubiertos de forma específica, entre ellos: los proveedores de servicios de activos digitales y bitcoin, los proveedores de dinero electrónico, las gestoras de fondos de inversión y las titularizadoras.
Esta inclusión se alinea con el sistema que el propio Estado salvadoreño contribuyó a crear. La Comisión Nacional de Activos Digitales (CNAD), creada al amparo de la Ley de Emisión de Activos Digitales, funge ahora como ente supervisor AML/CFT de los sujetos bajo su competencia, en coordinación con la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF). Esta supervisión dual amplía la cobertura regulatoria, pero plantea interrogantes sobre la coordinación efectiva entre ambos entes y la homogeneidad de criterios de cumplimiento.
- Obligaciones sustantivas para el sector fintech y de activos digitales
La nueva ley establece una serie de obligaciones sustantivas para los sujetos obligados del ecosistema digital.
En primer lugar, la debida diligencia intensificada exige la identificación de beneficiarios finales con participación igual o superior al 25 %. Esto resulta particularmente complejo en estructuras descentralizadas propias del ecosistema de activos digitales, donde la titularidad efectiva puede estar fragmentada o ser difícilmente trazable, salvo que concurra alguna de las excepciones previstas por la ley.
En segundo lugar, se establece la creación obligatoria de una Oficialía de Cumplimiento, a cargo de un Oficial de Cumplimiento titular y un suplente, nombrados por la junta directiva u órgano equivalente. Esta figura sustituye al anterior Encargado de Cumplimiento y debe estar debidamente registrada ante la Unidad de Investigación Financiera (UIF), que continúa como ente central de análisis y receptor de reportes.
En tercer lugar, la ley impone plazos operativos exigentes: el reporte de operaciones sospechosas deberá realizarse en un máximo de 24 horas luego de concluido el análisis, mientras que las operaciones reguladas deben reportarse dentro de cinco días hábiles desde su realización. Para proveedores de activos digitales, donde las transacciones ocurren en segundos y de forma transfronteriza, estos plazos demandan sistemas tecnológicos de monitoreo en tiempo real cuya implementación representa un desafío operativo y financiero significativo, especialmente para los actores más pequeños del sector.
Finalmente, merece atención particular la restricción contenida en el artículo 10 de la nueva ley, que prohíbe excluir de productos o servicios financieros a personas naturales o jurídicas basándose únicamente en noticias periodísticas, referencias o señalamientos vinculados al lavado de activos. Para el sector fintech, que típicamente emplea fuentes abiertas de información (OSINT) y listas de vigilancia en sus procesos de onboarding, esta disposición introduce una restricción operativa directa que colisiona con prácticas estándar de gestión de riesgo y que requerirá criterios regulatorios adicionales para su aplicación práctica.
- Zonas de tensión y oportunidad en el marco normativo vigente
La coexistencia de dos marcos supervisores, SSF y CNAD, plantea la oportunidad de desarrollar protocolos de coordinación interinstitucional en materia de AML/CFT. Para entidades con modelos de negocio híbridos, como los proveedores que operan simultáneamente en dinero electrónico y activos digitales, la definición de criterios conjuntos fortalecerá la seguridad jurídica y optimizará el cumplimiento de obligaciones ante ambos supervisores.
- El SINAPLAFT y el CIPLAFT: gobernanza institucional del nuevo sistema
La nueva ley crea dos estructuras de especial relevancia para el sector. El Sistema Nacional para la Prevención, Control y Sanción del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (SINAPLAFT) integra a la Fiscalía General de la República, la UIF, las entidades de fiscalización, supervisión, regulación y vigilancia, y los propios sujetos obligados, entre ellos, los actores del ecosistema digital, estableciendo un entramado coordinado que anteriormente carecía de base legal expresa.
El Comité Interinstitucional para la Prevención y Control del Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (CIPLAFT), de carácter estratégico y consultivo, estará presidido por el Fiscal General e integrado por las más altas autoridades del Estado. Su facultad para proponer directrices técnicas al Ejecutivo representa una oportunidad concreta para que los criterios de supervisión aplicables al ecosistema fintech se formulen con coherencia institucional desde el más alto nivel.
- Consideraciones finales
Con la nueva ley AML/CFT, El Salvador reafirma su compromiso con la transparencia en el ámbito de los activos digitales. El marco normativo avanza hacia una fase técnica en la que la labor reglamentaria de la SSF y la CNAD será determinante para que el sector pueda aterrizar sus obligaciones operativas con claridad. La actuación coordinada de ambas instituciones facilitará una aplicación armónica de los criterios de supervisión, brindando mayor seguridad jurídica a los participantes.
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DIANA ajusta su modelo operativo con foco en logística, energía y sostenibilidad
La transformación de DIANA no ha sido puntual ni aislada. La empresa ha venido ajustando su forma de operar, integrando cambios en logística, tecnología y sostenibilidad que responden a una visión más amplia sobre su rol en el mercado y en la sociedad. Ese proceso ha implicado revisar estructuras internas, fortalecer capacidades y redefinir prioridades en toda la organización.
En los últimos años, la compañía ha impulsado una agenda que combina eficiencia operativa con una integración progresiva de criterios sostenibles en sus decisiones. Este enfoque ha sido promovido desde por el CEO de la compañía, Armando Mendiola, quien ha sido el principal impulsor de esta nueva perspectiva hacia el futuro. Él suele recordar que, si algo dejó la pandemia fue la capacidad de despertar ante un panorama lleno de oportunidades.
“Entendimos que la meta no era simplemente sobrevivir, sino reinventarnos para convertirnos en una empresa verdaderamente sostenible”, señala Luis Núñez, Director Legal y de Asuntos Corporativos de la compañía.
La empresa ha incorporado herramientas de análisis y auditorías energéticas como parte de este proceso, con el objetivo de avanzar hacia una operación más eficiente y consciente del uso de recursos.
Escala operativa e impacto económico
La dimensión de la operación de DIANA se refleja en su alcance dentro y fuera del país. En El Salvador, la empresa genera empleo, en El Salvador, para más de 3,100 personas y mantiene una red que beneficia a aproximadamente 200 mil comercios.
Su capacidad productiva y logística permite movilizar más de 65 mil toneladas de alimentos hacia más de 50 millones de consumidores, lo que posiciona a la empresa como uno de los actores relevantes en la industria alimentaria regional.
Una parte importante de su producción se destina a exportación. Cerca del 70% de los productos se envían a mercados de Centroamérica y Estados Unidos, lo que ha contribuido a la generación de divisas y al fortalecimiento de su presencia internacional. Esto coloca a la empresa como líder en exportadores ya que tan solo para 2019 DIANA generó divisas por un total de $118.8 Millones.
“Con una operación de estas dimensiones, DIANA ejerce un rol activo de liderazgo en la reactivación económica del país. DIANA mantiene firme su compromiso de seguir contribuyendo en mantener y generar empleos estables y seguros, así como inyectar dinamismo a la economía de El Salvador.”, explica Núñez.
Innovación operativa y sostenibilidad
Dentro de su estrategia, DIANA ha incorporado soluciones tecnológicas orientadas a mejorar la gestión ambiental de sus procesos productivos. Uno de los proyectos más relevantes es su planta de tratamiento de aguas residuales, equipada con sistemas biológicos que permiten degradar residuos de forma controlada.
La operación incluye mecanismos de ultrafiltración que mejoran la calidad del agua tratada y permiten su reutilización en actividades como riego agrícola. Además, la empresa utiliza reactores anaerobios que transforman residuos en biogás, integrando procesos de generación de energía dentro de su operación.
Este sistema se complementa con un laboratorio especializado que monitorea la calidad del agua con una frecuencia superior a la exigida por la normativa, lo que permite mantener control sobre cada etapa del proceso.
En paralelo, la empresa ha impulsado programas de economía circular en alianza con comunidades, autoridades locales y organizaciones como FUNDEMAS. Estas iniciativas incluyen proyectos de reciclaje y capacitación que buscan generar valor económico y social en los territorios donde opera.
“En materia de sostenibilidad hemos vivido un verdadero proceso de transformación, apostando por convertir a Diana en una empresa genuinamente sostenible en el tiempo”, afirma Núñez.
A nivel organizacional, DIANA ha fortalecido su cultura interna bajo el concepto de cercanía con las personas, promoviendo el compromiso de sus colaboradores y reforzando su vínculo con consumidores y comunidades.
De cara a los próximos años, la empresa continuará desarrollando su red logística y su capacidad operativa, con proyectos como el Centro de Servicios Valle Dulce, que busca mejorar la eficiencia, la distribución y la capacidad de respuesta en el mercado regional.
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CMI refuerza su presencia regional con inversiones, innovación y sostenibilidad
Corporación Multi Inversiones (CMI) mantiene una estrategia de crecimiento sostenida en Centroamérica basada en inversión productiva, expansión operativa y programas de sostenibilidad. En El Salvador, la compañía ha avanzado en el fortalecimiento de su capacidad logística, la modernización de procesos industriales y el desarrollo de iniciativas ambientales y comunitarias que forman parte de su modelo de negocio.
Durante el último año, la empresa ha concentrado esfuerzos en consolidar operaciones y ejecutar su plan de inversiones en el país. Esto incluye proyectos para ampliar la capacidad productiva, fortalecer la red de distribución y modernizar sus plantas industriales.
“CMI ha vivido una etapa de consolidación y ejecución disciplinada de su estrategia de crecimiento regional, con un fuerte énfasis en la resiliencia operativa, la continuidad del negocio y el fortalecimiento de capacidades clave para el crecimiento de largo plazo”, explica Jaime García Oriani, Business Partner de Asuntos Corporativos y Sostenibilidad de la compañía.
Las acciones forman parte de un proceso que busca mantener la competitividad del negocio en un entorno económico cambiante. En ese contexto, la empresa ha reforzado su estructura logística, ampliado inversiones industriales y desarrollado iniciativas vinculadas a eficiencia energética y economía circular.
Inversión y expansión operativa
Uno de los ejes de la estrategia reciente de CMI ha sido la inversión en infraestructura productiva y logística. En El Salvador, la compañía desarrolló un nuevo centro de distribución en la zona oriental del país con una inversión de 1.5 millones de dólares. El objetivo es fortalecer la red logística y facilitar el acceso a sus productos en diferentes mercados.
A esto se suman mejoras en la planta de procesamiento avícola, donde se destinaron 7 millones de dólares para modernización tecnológica, calidad e inocuidad alimentaria.
En paralelo, la empresa ha realizado inversiones en sus plantas de procesamiento de trigo y maíz, incluyendo infraestructura ambiental como una nueva planta de tratamiento de aguas residuales.
Estas inversiones forman parte de un plan de fortalecimiento productivo que también incluye la expansión de su presencia comercial. En los últimos meses se han abierto nuevos restaurantes Pollo Campero en el país, uno de ellos en la zona de Surf City.
Según García Oriani, estas decisiones responden a una visión de largo plazo que busca preparar a la empresa para nuevos escenarios de mercado.
“En El Salvador hemos dado seguimiento al plan de inversiones que anunciamos entre 2022 y 2025, orientado a ampliar nuestra capacidad productiva, fortalecer nuestra red de distribución y robustecer nuestras capacidades comerciales”, señala.
Además del impacto económico, estas operaciones tienen efectos directos en el empleo. Actualmente la empresa genera más de 9,500 puestos de trabajo directos en el país, distribuidos en sus diferentes unidades de negocio y marcas.
Innovación y eficiencia en la industria alimentaria
Además, CMI ha impulsador procesos de innovación tecnológica en producción, logística y control de calidad. Ha impulsado la digitalización de procesos industriales y logísticos, así como la automatización de operaciones para mejorar la eficiencia y la trazabilidad en la cadena de producción.
“Impulsamos la innovación como un habilitador estratégico para la competitividad sostenible. Hemos fortalecido la automatización de procesos productivos y logísticos, así como la incorporación de tecnologías limpias y eficiencia energética”, explica García Oriani.
Otro componente relevante es la gestión ambiental. En sus instalaciones se han implementado programas de eficiencia energética y generación de energía renovable. Actualmente la empresa cuenta con más de 7,800 paneles solares instalados en diferentes operaciones en el país.
Estas acciones se complementan con iniciativas de economía circular. Entre ellas se encuentra el aprovechamiento de subproductos de la industria avícola para generar biodiésel en Europa a partir de aceite proveniente de las operaciones de Pollo Campero y Don Pollo.
“Los modelos de gestión ambiental y economía circular nos permiten optimizar recursos y reducir el impacto ambiental de nuestras operaciones”, afirma el vocero.
Sostenibilidad, gobernanza y comunidad
El enfoque de sostenibilidad en CMI está integrado a la estrategia del negocio y se estructura en cuatro pilares: educación, emprendimiento, apoyo comunitario y cuidado del ambiente.
Para la empresa, la gestión responsable de recursos como agua, energía y residuos no solo responde a criterios ambientales, sino también a la continuidad del negocio.
“La sostenibilidad forma parte integral de nuestra estrategia. Gestionar agua, energía y residuos también significa proteger la continuidad del negocio y del sistema alimentario”, explica García Oriani.
En materia de gobernanza corporativa, la organización ha reforzado sus sistemas de cumplimiento y ética empresarial. La compañía cuenta con certificación ISO 37001 en Guatemala, vinculada a estándares internacionales de prevención de corrupción y soborno.
En El Salvador, los avances en sostenibilidad han sido reconocidos por el sector industrial. En 2025 la empresa recibió el premio a la industria innovadora y sostenible otorgado por la Asociación Salvadoreña de Industriales (ASI).
Las iniciativas ambientales también se acompañan de programas comunitarios. Entre ellos destacan proyectos educativos desarrollados en alianza con FEPADE, como la habilitación de aulas escolares equipadas, así como campañas de reforestación junto con comunidades locales.
Alianzas estratégicas y proyección regional
El modelo de crecimiento de CMI también se apoya en alianzas con organismos internacionales, gremiales empresariales y organizaciones sociales.
Uno de los acuerdos más recientes fue el financiamiento obtenido a través de un crédito sindicado estructurado por BID Invest con participación de la Cooperación Internacional del Japón (JICA). Este financiamiento busca apoyar proyectos vinculados al empleo y a la seguridad alimentaria en Centroamérica.
Además, la empresa mantiene colaboración con organizaciones sociales en proyectos de impacto comunitario. Un ejemplo es la campaña “Únete”, desarrollada junto a la Fundación Ayúdame a Vivir, que en 2025 logró recaudar más de 530 mil dólares para el tratamiento de niños con cáncer.
También ha habido jornadas de reforestación y campañas solidarias organizadas junto a entidades como Fundación TCS.
En el ámbito empresarial, CMI participa activamente en gremiales como la Asociación Salvadoreña de Industriales (ASI), la Asociación de Avicultores de El Salvador (AVES) y la Cámara Americana de Comercio (AmCham).
Estas alianzas permiten ampliar el alcance de las iniciativas sociales y ambientales de la empresa.
“Estas sinergias nos permiten amplificar resultados y construir soluciones de largo plazo”, señala García Oriani.
Talento, cultura organizacional y visión de futuro
El desarrollo del talento humano es otro de los pilares de la organización. La empresa sostiene que su cultura interna se basa en los valores corporativos denominados REIR: responsabilidad, excelencia, integridad y respeto.
A través de su universidad corporativa, laUcmi, la empresa impulsa programas de formación profesional para sus colaboradores para fortalecer habilidades técnicas, liderazgo y desarrollo profesional.
“El corazón de CMI es su gente. Este reconocimiento es resultado del trabajo y compromiso de cada uno de nuestros colaboradores”, afirma García Oriani.
De cara a los próximos años, la compañía ha definido varias prioridades estratégicas. Entre ellas se encuentran fortalecer su capacidad productiva, profundizar la transformación sostenible de sus operaciones y avanzar en innovación tecnológica.
También busca consolidar una presencia regional con enfoque en resiliencia empresarial y desarrollo sostenible.
“Entre nuestras prioridades están fortalecer la capacidad productiva y comercial, impulsar la innovación y profundizar la transformación sostenible de nuestras operaciones”, explica el vocero.
Para la empresa, estos objetivos están vinculados a la seguridad alimentaria y al desarrollo económico en los países donde opera.
En ese contexto, el reconocimiento como Empresa de Impacto representa, según la compañía, una validación de su modelo de negocio y de su enfoque en sostenibilidad.
“Ser reconocidos nuevamente como Empresa de Impacto reafirma que hacer negocios con propósito es posible y necesario”, concluye García Oriani.
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Derecho y Negocios reconoce a las Empresas de Impacto y Líderes Tech 2026 por sus aportes al desarrollo de El Salvador
La revista Derecho y Negocios celebró, el pasado 23 de abril, una nueva edición de sus reconocimientos EMPRESAS DE IMPACTO y LÍDERES TECH en una jornada que reunió a empresarios, funcionarios y representantes del sector productivo.
La actividad confirmó el lugar que estas distinciones han ganado dentro del calendario empresarial y dejó una idea central: la empresa privada sigue siendo una pieza decisiva en la dinámica económica, tanto desde las operaciones tradicionales como desde la incorporación de tecnología.

Esta fue la tercera edición de EMPRESAS DE IMPACTO y la segunda de LÍDERES TECH.
Ambas categorías retratan dos movimientos que marcan el entorno de negocios. Por un lado, compañías con trayectoria, inversión sostenida y capacidad para generar empleo y producción. Por otro, firmas que desde la tecnología están cambiando procesos, servicios y modelos de operación. En conjunto, los reconocimientos muestran una economía donde crecer ya no pasa solo por ampliar capacidad instalada, sino también por innovar y responder con más agilidad a un mercado competitivo.
Más que una premiación, el encuentro funcionó como una lectura del momento empresarial salvadoreño. Entre organizadores y funcionarios invitados apareció una coincidencia: el país atraviesa una etapa de mayor apertura para la inversión, pero sostener ese ritmo exige empresas capaces de tomar decisiones, asumir riesgos y adaptarse a un escenario en transformación.
El presidente de la revista, Manuel Carranza, abrió la ceremonia con un mensaje enfocado en el recorrido de las compañías reconocidas.
“Esta noche no estamos aquí solo para reconocer a empresas. Estamos para reconocer historias de riesgo, decisiones difíciles y momentos donde ustedes creyeron”, afirmó.
La idea marcó el tono de la noche. Carranza situó a las empresas como organizaciones que han debido avanzar en contextos cambiantes, con apuestas sostenidas y capacidad para mantenerse activas aun en momentos complejos. También se refirió al entorno. “El Salvador está viviendo un momento distinto, donde el mundo comienza a mirar y las oportunidades están creciendo”, señaló.
Ese mensaje se completó con una definición más amplia del concepto de impacto. “Cuando hablamos de impacto, hablamos de empleos, familias y comunidades con más oportunidades”, expresó. Con ello, vinculó la actividad empresarial con efectos concretos en la vida económica y social.
El mensaje del sector público
La ministra de Economía, María Luisa Hayem, participó en la entrega de reconocimientos y centró su intervención en el desempeño del país y en las condiciones que, a juicio del Gobierno, favorecen la inversión. “El Salvador cuenta con un crecimiento de 3.9% y un entorno favorable para la inversión”, indicó.
Hayem sostuvo que ese resultado se explica por variables que pesan en la toma de decisiones empresariales. “Tenemos seguridad, estabilidad y un clima de negocios fortalecido que impulsa el desarrollo empresarial”, afirmó. También mencionó avances en comercio exterior. Según explicó, durante 2025 empresas salvadoreñas exportaron 204 nuevos productos a 60 destinos.
La funcionaria también valoró el papel de la revista y de estos reconocimientos. “Reconocen a empresas que son referente en tecnología, sostenibilidad e impacto, y visibilizan el esfuerzo diario del sector productivo”, dijo. Luego añadió: “Este tipo de espacios permite que el trabajo de las empresas no quede invisibilizado y motive a más inversión”.
Por su parte, el director ejecutivo de la OPAMSS, Luis Rodríguez, destacó cifras vinculadas al desarrollo urbano y al crecimiento de la inversión en el área metropolitana. “El país ha superado los 5,700 millones de dólares en inversión privada en el área metropolitana”, aseguró.
Rodríguez explicó que ese dinamismo responde a proyectos de vivienda, comercio e industria, y remarcó el peso del sector construcción. “Hemos crecido más de 30% en comparación con años anteriores”, señaló. Su intervención conectó la conversación empresarial con el desarrollo territorial.
El funcionario también subrayó el valor del conocimiento dentro del nuevo entorno económico. “Hoy se premia el conocimiento y el impacto que estas empresas generan en el país”, afirmó. En la misma línea agregó: “Este evento premia el conocimiento y el impacto, que son claves para detonar más desarrollo”.
La categoría LÍDERES TECH expuso una de las transformaciones más visibles dentro de la economía salvadoreña. Las empresas reconocidas en este segmento operan en pagos digitales, desarrollo de software, análisis de datos, educación tecnológica e inteligencia artificial.
Carranza resumió esa idea con una frase que apuntó al cambio de escala que vive el país. “Están redefiniendo lo posible a través de la tecnología y llevando a El Salvador a competir a nivel global”, afirmó. Rodríguez también mencionó desarrollos recientes en inteligencia artificial aplicados a inversión, seguridad y servicios.
En paralelo, la categoría EMPRESAS DE IMPACTO volvió a poner sobre la mesa el peso de compañías con presencia consolidada en la economía nacional. Se trata de empresas que inciden en empleo, producción, cadenas de suministro y circulación de inversión.
Carranza resumió esa trayectoria con otra de las frases centrales de la noche: “Las empresas que están aquí decidieron invertir y creer, incluso en momentos difíciles”. La afirmación reconoce que buena parte del desarrollo empresarial salvadoreño se ha construido desde decisiones tomadas en escenarios desafiantes. La jornada cerró con una señal compartida entre organizadores, autoridades y representantes empresariales: la conexión entre inversión, innovación y articulación público-privada seguirá siendo determinante para el crecimiento. Los reconocimientos EMPRESAS DE IMPACTO Y LÍDERES TECH no solo visibilizan trayectorias. También dejan registro de hacia dónde se mueve la economía salvadoreña: hacia una combinación de continuidad operativa, adopción tecnológica y apuesta empresarial
EMPRESAS RECONOCIDAS
Líderes Tech 2026
APPLAUDO
BITFINEX
DATATRUST
KASH
KEY INSTITUTE
KODIGO
MONETAE
SERFINSA
STEREN
TIGO
WERISAPP
Empresas de Impacto 2026
ADOC
AES
CMI
DELSUR
DIANA
ENERWIRE
HOLCIM
LA CONSTANCIA
LABORATIOS PAILL
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Crecimiento y cercanía: la esrategia operativa de Pollo Campestre en el país.
Pollo Campestre, crecimiento sostenible con raíces familiares y visión de largo plazo
Pollo Campestre ha desarrollado una operación que combina expansión territorial, ajustes en su cadena de suministro y una estrategia centrada en el cliente. La empresa cuenta actualmente con 74 restaurantes en El Salvador, lo que le permite mantener una cobertura amplia y sostener una operación que prioriza la consistencia en el servicio y la cercanía con el consumidor.
La historia que sustenta el crecimiento
La trayectoria de Pollo Campestre está profundamente ligada a sus raíces. Es una empresa familiar que nació en el oriente del país, desde donde comenzó a construir su crecimiento con una visión empresarial de largo plazo. A lo largo de los años, ese desarrollo ha estado acompañado por el liderazgo de la familia Romero, que ha impulsado una estrategia fundamentada en valores familiares, desarrollo humano y fortalecimiento del talento interno.
Hoy, la compañía trabaja con la primera y segunda generación de la familia, lo que le otorga una continuidad estratégica que se refleja en cada decisión del negocio. En ese contexto, uno de sus focos principales ha sido fortalecer los procesos internos y la capacidad operativa en un entorno cada vez más competitivo. Esto ha implicado optimizar recursos, mejorar la planificación y consolidar relaciones con proveedores locales —elementos que forman parte de su modelo de crecimiento sostenible y de su compromiso con la economía nacional.
“En los últimos años hemos consolidado una etapa de evolución enfocada en crecimiento sostenible y fortalecimiento de nuestro impacto en las comunidades donde operamos”, explica Conty Aguirre, gerente de Mercadeo de Pollo Campestre.
La empresa también ha impulsado iniciativas orientadas a generar oportunidades en las zonas donde tiene presencia, contribuyendo a la generación de empleo y al dinamismo económico local.
Operación, innovación y cercanía con el cliente
El crecimiento de Pollo Campestre ha estado acompañado por la incorporación de herramientas digitales en sus procesos operativos. Estas soluciones permiten mejorar la gestión de inventarios, optimizar tiempos de servicio y mantener controles de calidad más precisos.
En paralelo, la empresa ha evolucionado su modelo de atención al cliente, integrando canales digitales y opciones que facilitan la experiencia de consumo. Este enfoque responde a los cambios en los hábitos de los consumidores y a la necesidad de ofrecer mayor agilidad en el servicio.
“Hemos impulsado iniciativas que nos permiten adaptarnos a las nuevas dinámicas del mercado y mantenernos cercanos a nuestros clientes”, señala Aguirre.
A nivel interno, la compañía también ha trabajado en el desarrollo de nuevos productos, la mejora de procesos y la capacitación continua de su personal, con el objetivo de sostener su posicionamiento en el mercado.
Cultura organizacional y visión de crecimiento
El desarrollo del talento humano es uno de los ejes de la estrategia de la empresa. Pollo Campestre ha fortalecido su cultura organizacional colocando a las personas en el centro de la operación, promoviendo un entorno basado en el respeto, la colaboración y el sentido de pertenencia.
Este enfoque se refleja en la generación de empleo formal y en programas de capacitación orientados al desarrollo profesional de sus colaboradores. La empresa también impulsa oportunidades de crecimiento interno, lo que permite consolidar equipos con experiencia y conocimiento operativo.
“Entendemos el liderazgo empresarial como una responsabilidad que va más allá de los resultados financieros y que implica aportar al desarrollo de las comunidades”, afirma Aguirre.
En materia de sostenibilidad y gobernanza, la compañía ha avanzado en la formalización de procesos internos y en la adopción de prácticas orientadas a la eficiencia en el uso de recursos, incluyendo acciones para optimizar su cadena de suministro y promover relaciones responsables con proveedores.
De cara a los próximos años, Pollo Campestre busca consolidar su crecimiento mediante una combinación de expansión, eficiencia operativa e impacto en las comunidades donde opera. La empresa proyecta fortalecer su presencia en el mercado, mantener su enfoque en el cliente y continuar generando oportunidades económicas a nivel local.
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El Salvador en el mapa global del cripto: lo que cambia con la SEC, la CFTC y la Resolución 57-2025
Por Nelson Medina Paniagua Gerente Legal, ACACES, de R.L.
En menos de dos semanas, dos eventos ocurridos a miles de kilómetros de distancia el uno del otro cambió el paisaje regulatorio de los activos digitales en El Salvador. El 13 de marzo de 2026, la Sala de lo Constitucional de nuestra Corte Suprema de Justicia trazó por primera vez límites claros sobre el uso de la Inteligencia Artificial (IA) en el sistema de justicia en la Resolución 57-2025. Cuatro días después, el 17 de marzo, la Security Exchange Commission (SEC) y la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) de Estados Unidos publicaron conjuntamente una taxonomía vinculante de los criptoactivos que pone fin a más de una década de lo que ellos mismos llamaron regulation by enforcement, que es la práctica de regular castigando en lugar de orientar con anticipación. Para las empresas locales o extranjeras que operan en el mundo cripto, o que planean hacerlo, entender qué significan estos dos hitos no es opcional.
La inteligencia artificial llega a los tribunales
El caso que activó la reflexión de la Sala fue una demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 46 de la Ley Especial para la Intervención de las Telecomunicaciones, declarada inadmisible porque parte del argumento de derecho comparado había sido generado por una herramienta de IA generativa sin que el abogado verificara la información antes de presentarla. La Sala detectó el problema pero, en lugar de desechar el caso en silencio, aprovechó la oportunidad para decir algo importante sobre el tema.
Lo que siguió fue una resolución extraordinariamente didáctica. La Sala analizó qué es la IA generativa, qué marcos internacionales la regulan (desde la ONU y la UNESCO hasta el Consejo de Europa), qué dice la legislación salvadoreña vigente, y cómo debe interactuar esta tecnología con los derechos fundamentales. La Sala adoptó los criterios de la Corte Constitucional de Colombia (sentencia T-323/2024) para orientar el uso de IA en la administración de justicia como núcleo práctico. Dichos criterios son transparencia, responsabilidad, privacidad, no sustitución de la racionalidad humana, seriedad y verificación, prevención de riesgos, igualdad, control humano, regulación ética y seguimiento continuo.
En términos prácticos, esto significa que cualquier abogado que use alguna IA u otra herramienta similar para preparar documentos judiciales asume la responsabilidad de verificar cada dato, cada cita, cada referencia. La IA puede ser un aliado poderoso, pero el criterio, la firma —y la responsabilidad— son del profesional. Quien ignore esta advertencia no solo arriesga que rechacen sus escritos: puede enfrentar consecuencias disciplinarias y posiblemente hasta penales.
La nueva taxonomía cripto de Washington: cinco categorías que toda empresa debe conocer
Casi en paralelo, en Estados Unidos ocurrió algo que los mercados esperaban desde hace años. La SEC y la CFTC publicaron conjuntamente los Release Nos. 33-11412 y 34-105020, el primer esfuerzo sistemático del gobierno federal estadounidense por clasificar los criptoactivos y delimitar con claridad cuáles son valores sujetos a registro y cuáles no; siendo este documento vinculante para ambas agencias.
La clasificación distingue cinco grandes categorías. Las digital commodities incluyen activos como Bitcoin (BTC), Ether (ETH), Solana (SOL) y XRP, cuyo valor deriva de la oferta y la demanda —no de la gestión de terceros— y que, por tanto, no son valores financieros. Para las empresas salvadoreñas que operan o buscan financiamiento en mercados norteamericanos, esta confirmación elimina una zona gris que inhibía decisiones de inversión.
Los digital collectibles (NFTs y meme coins) tampoco son valores, salvo que se ofrezcan de forma fraccionada; los digital tools —tokens con función práctica como membresías o credenciales— tampoco generan derechos financieros. Las stablecoins de pago emitidas bajo la GENIUS Act quedan expresamente excluidas de la definición de valor, lo cual abre una ventana estratégica relevante para El Salvador, dado el peso de las remesas familiares en la economía nacional. Por último, los digital securities —acciones tokenizadas, bonos digitales y similares— sí son valores y exigen cumplir con todos los requisitos de registro de la SEC cuando se accede al mercado estadounidense. Aquí el margen de error es cero: el incumplimiento puede derivar en responsabilidad penal y civil bajo la ley federal norteamericana.
Por qué esto importa especialmente en El Salvador
El Salvador no llega a esta coyuntura de manos vacías. Cuenta con la Ley Bitcoin, la Ley de Fomento a la Inteligencia Artificial y Tecnologías (LFIAT, aprobada en febrero de 2025), la Agencia Nacional de Inteligencia Artificial (ANIA), legislación sobre protección de datos y ciberseguridad, y un ecosistema de billeteras digitales que ya está transformando el flujo de remesas. Ningún otro país de la región puede presentar un portafolio institucional comparable.
La existencia de la LFIAT no es un detalle menor. La frontera entre criptoactivos e inteligencia artificial se difumina cada vez más: el trading algorítmico, la gestión automatizada de carteras de activos digitales, los sistemas antifraude en redes blockchain y los contratos inteligentes de ejecución autónoma son todos puntos de intersección entre ambas tecnologías. Un país que regula las dos de forma coordinada ofrece una certeza jurídica que los inversores internacionales valoran por encima de cualquier incentivo fiscal.
La oportunidad es concreta: con marcos propios ya establecidos y la nueva claridad ofrecida por la SEC y la CFTC, El Salvador puede consolidarse como el puente natural entre el ecosistema cripto latinoamericano y el mercado norteamericano. La dolarización, el CAFTA-DR, la familiaridad institucional con Bitcoin y la posición geográfica son ventajas que ningún competidor regional replica de forma simultánea.
Pero aprovechar esa ventana requiere atención sostenida. El Project Crypto de la SEC y la CFTC seguirá produciendo normas y directrices en los próximos meses. El Salvador necesita una estrategia de armonización normativa dinámica —no reactiva— que evalúe cuáles de esas reglas conviene incorporar al ordenamiento local, cuáles adaptar y cuáles resistir. La neutralidad tecnológica no puede confundirse con pasividad regulatoria.
Lo que viene: certeza jurídica como ventaja competitiva
El Salvador ya no juega en ligas locales. Ha apostado decididamente por convertirse en polo de atracción para la industria de los activos digitales y la tecnología financiera. En ese contexto, la nueva arquitectura regulatoria diseñada por la SEC y la CFTC, y los criterios que va fijando la jurisprudencia local sobre el uso de tecnologías emergentes, no son noticias distantes: son factores que determinan hoy mismo la viabilidad de proyectos, contratos y operaciones.
La digitalización dejó de ser el futuro. El scoring crediticio automatizado, el onboarding digital, la custodia de activos digitales y los contratos inteligentes empiezan a ser parte de la operatividad diaria de empresas salvadoreñas hoy. El riesgo no es quedarse sin tecnología; es operar con ella sin entender el marco legal que la rodea.Para los abogados, la resolución de la Sala es una señal directa: quien use IA en su práctica debe hacerlo con criterio, verificación y transparencia. Para los empresarios y tomadores de decisión, los releases de la SEC y la CFTC son un mapa que conviene leer antes de tomar el siguiente paso en el mercado norteamericano. Navegar este ecosistema digital con certeza jurídica no es un lujo; es cada vez más el diferencial que distingue a las empresas que escalan su operación al aplicar correctamente las normativas establecidas de las que tropiezan porque no actualizan sus conocimientos y su normativa interna.
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