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Dictamen favorable para reforma de pensiones

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La Comisión Ad Hoc que estudia la reforma de pensiones presentada por el Órgano Ejecutivo concluó el estudio de la iniciativa y acordó emitir dictamen favorable de la nueva normativa.

Se indica que los beneficiarios tendrían el derecho al otorgamiento y pago de las pensiones de vejez, invalidez común y de sobrevivencia. También tendrán la libertad para elegir, trasladarse a la administradora de su preferencia y en seleccionar la modalidad de su pensión.

Con la iniciativa elaborada por el Ejecutivo se busca incrementar en un 30 % el monto de las pensiones que se entregan en la actualidad, la pensión mínima por vejez sería de $400 para los que ya cuentan con una pensión, pero en el artículo 114 de la normativa se mantiene la pensión mínima en $304.17 y la máxima de $3,000.

Se establece un aumento en un 1% la tasa de cotización del sistema, pasando del 15% al 16%. Dicho incremento será asumido por el empleador, llegando a 8.75%, y manteniendo en 7.25% el aporte del trabajador.

La Comisión de las Administradoras ahora será del 1%, retirando la comisión por seguro de siniestro que ahora pasará a la Cuenta de Garantía Solidaria. Se establece un incremento del 8.1% al 9% el aporte a la Cuenta Individual de Ahorro para Pensiones.

La contribución a la Cuenta de Garantía Solidaria pasa del 5% al 6%.

Para cumplir lo anterior, se creará el Instituto Salvadoreño de Pensiones (ISP), institución que absorberá al INPEP y deberá asegurar las fuentes de financiamiento sostenible para el cumplimiento de los derechos previsionales.

La mesa de trabajo, además, emitió dictámenes favorables a la Ley de Creación del Instituto Salvadoreño de Pensiones (ISP) y la Ley Especial para la Emisión de Certificados de Obligaciones Previsionales y Disolución del Fideicomiso de Obligaciones Previsionales (FOP).

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Director israelí acusado de torturas a estudiantes permanecerá en prisión en El Salvador mientras se tramita su extradición

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Eluzur Rumpler, un ciudadano israelí acusado de someter a sus alumnos a prácticas tortuosas entre 2009 y 2011, permanecerá en prisión preventiva en El Salvador a la espera de ser extraditado a Israel, donde enfrentará cargos por estos delitos. 

La decisión fue tomada por el Juzgado 5° de Paz de San Salvador, según informó la Fiscalía General de El Salvador.

Rumpler, quien era director de una escuela en Israel, está señalado de infligir tormentos físicos y psicológicos a los estudiantes bajo su responsabilidad. Los hechos por los que se le acusa ocurrieron durante su gestión en la institución educativa en los años mencionados.

El fiscal del caso detalló que el Estado de Israel requiere la extradición de Eluzur Rumpler para que enfrente la justicia por los abusos cometidos contra los menores bajo su tutela. La acusación ha causado gran indignación tanto en Israel como en el ámbito internacional.

Por su parte, las autoridades israelíes trabajan en la preparación de la solicitud formal de extradición, que se espera sea presentada en los próximos días.

Mientras tanto, Rumpler continúa bajo custodia en El Salvador, a la espera de que se resuelva su situación legal y se determine si será enviado a Israel para enfrentar los cargos que se le imputan.

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Procuraduría General ofrece servicios itinerantes para adultos mayores o personas con discapacidades

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En el marco del mes del adulto mayor, celebrado en enero, la Procuraduría General de la República (PGR) recordó que cuenta con servicios especiales y asistencia para este sector vulnerable de la población.
A través de su Unidad de Servicios Itinerantes, la PGR ofrece atención legal gratuita directamente en los hogares de personas mayores o con discapacidad que enfrentan dificultades para desplazarse a alguna de sus 18 sedes distribuidas a nivel nacional.
La PGR es una institución fundamental en la defensa de los derechos e intereses del Estado y de las personas vulnerables.
Desde su creación, ha trabajado en la protección de grupos prioritarios, incluyendo niños, adolescentes, mujeres, pueblos indígenas, personas con discapacidad y adultos mayores. Su función principal es representar legalmente al Estado y brindar asistencia jurídica gratuita a quienes más lo necesitan.
Históricamente, la PGR ha desempeñado un papel clave en la defensa de derechos fundamentales y en la promoción de programas sociales orientados a mejorar la calidad de vida de los sectores más vulnerables. Iniciativas como los Servicios Itinerantes han sido diseñadas para eliminar barreras de acceso a la justicia y garantizar que ningún ciudadano quede excluido de recibir orientación y apoyo legal.
Durante este mes del adulto mayor, la PGR intensifica sus esfuerzos para acercar sus servicios legales a quienes más lo requieren.
La Unidad de Servicios Itinerantes no sólo facilita trámites legales, sino que también ofrece asesoría en temas de derechos patrimoniales, pensiones alimenticias y protección contra abusos o negligencias.

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Ley de Minería está vigente desde el 7 de enero

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La Ley General de Minería Metálica entró en vigencia el 7 de enero, con lo que está reactivada la exploración, explotación y extracción de metales en el país, tras casi 8 años de prohibición. 

La nueva normativa, sancionada por la a presidencia el 23 de diciembre pasado, derogó la moratoria sobre la minería metálica que había estado vigente desde 2017.

La legislación autoriza la actividad minera en el suelo, subsuelo y el dominio marítimo de El Salvador, sin requerir una concesión aprobada por la Asamblea Legislativa. La Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas (DEHM) será la encargada de regular las operaciones mineras a través de su Dirección de Minas, mientras que el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) y la Autoridad Salvadoreña del Agua (ASA) velarán por la protección de los recursos hídricos y el cumplimiento de las normativas ambientales.

Un aspecto clave de la ley es que establece que solo el Estado podrá realizar la explotación minera, aunque podrá hacerlo a través de sociedades en las que tenga participación accionaria, incluidas las de modalidad de economía mixta. Sin embargo, la legislación no especifica el porcentaje mínimo de participación estatal en estas sociedades.

En cuanto a las restricciones, la ley prohíbe el uso de mercurio en los procesos de extracción, pero no establece limitaciones al uso de cianuro. Además, cualquier otra sustancia química utilizada en la minería deberá ser autorizada por la Dirección de Minas.

Aunque la ley fue sancionada el mismo día de su aprobación por la Asamblea Legislativa, el 23 de diciembre, su publicación en el Diario Oficial se retrasó.

Diversos sectores, especialmente las organizaciones sociales, han manifestado su preocupación sobre las implicaciones de esta nueva legislación, que marca un giro en la política minera del país. 

La reactivación de la minería metálica en El Salvador traerá consigo un nuevo desafío para equilibrar los intereses económicos con la protección del medio ambiente, en un escenario en el que los impactos sociales y ecológicos siguen siendo una preocupación central.

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Corte Suprema fortalece su apuesta por los facilitadores judiciales para mejorar acceso a la justicia

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La Corte Suprema de Justicia (CSJ) continúa con su apuesta al rol de los facilitadores judiciales en El Salvador, un servicio que busca acercar la justicia a las comunidades más apartadas del país.
Actualmente, este programa cuenta con 725 facilitadores judiciales distribuidos en 78 municipios de 10 departamentos, abarcando las zonas occidental, central, paracentral y oriental.
Los facilitadores judiciales son líderes comunitarios que actúan como un puente entre la población y el sistema de justicia.
Su principal función es promover la cultura de paz, prevenir conflictos y orientar a las personas sobre los procedimientos legales.

Aunque no tienen la facultad de dictar sentencias ni actuar como abogados, son capacitados por el Organismo Judicial para brindar asesoría básica, resolver disputas menores mediante la mediación y canalizar a las personas hacia las instancias judiciales correspondientes cuando es necesario.
Este servicio se implementa principalmente a través de los Juzgados de Paz, lo que permite que las comunidades urbanas densamente pobladas, las rurales o de difícil acceso puedan recibir orientación legal sin necesidad de trasladarse grandes distancias.
Gracias a la labor de los facilitadores, se fomenta la solución pacífica de conflictos y se fortalece el acceso a la justicia en sectores vulnerables.
La presencia de facilitadores judiciales en distintas regiones del país refleja el compromiso de la Corte Suprema de Justicia con la descentralización de los servicios judiciales y la inclusión social.
Al ofrecer apoyo legal y promover la convivencia pacífica, estos líderes comunitarios contribuyen significativamente a la construcción de una sociedad más justa y equitativa.

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Corte Suprema y Superintendencia de Regulación Sanitaria firman convenio para fortalecer formación de servidores judiciales

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El presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Henry Alexander Mejía, y el superintendente de Regulación Sanitaria (SRS), Noé Geovanni García, firmaron un convenio de cooperación interinstitucional con el fin de mejorar la capacitación de los servidores judiciales en el ámbito del derecho sanitario.
La firma de este acuerdo tiene como objetivo principal el desarrollo de actividades formativas que fortalezcan tanto los conocimientos técnicos como prácticos en esta especialidad del derecho.
A través de este convenio, la CSJ se compromete a incluir el derecho sanitario en sus programas de formación y a facilitar las instalaciones necesarias para realizar las actividades formativas.
Por su parte, la SRS se encargará de capacitar a los servidores judiciales en temas clave relacionados con la Ley de la Superintendencia de Regulación Sanitaria y otras normativas vinculadas a la salud pública y la regulación sanitaria.
En la ceremonia de firma, a la que asistieron delegados de ambas instituciones, el superintendente Noé García destacó la importancia de este acuerdo, subrayando que el mismo permitirá un intercambio de conocimientos que fortalecerá las capacidades de ambas entidades.
García afirmó que este esfuerzo conjunto contribuirá al respeto de los derechos de los usuarios y garantizará decisiones judiciales más sólidas y fundamentadas.
Por su parte, el presidente de la CSJ, expresó su satisfacción por el acuerdo y la oportunidad que representa para los jueces y demás servidores judiciales de contar con herramientas más completas en temas de derecho sanitario, un área cada vez más relevante en la legislación del país.

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