La ciberseguridad en El Salvador debe asumirse como una inversión y no como un gasto. Así lo afirmó la firma de software de ciberseguridad ESET durante la CyberWeek 2026.

La empresa indicó que muchas compañías, especialmente Pymes, aún subestiman los riesgos digitales. Sin embargo, una vulneración crítica puede afectar operaciones e incluso provocar el cierre del negocio.

Por ello, expertos pidieron fortalecer la protección informática y la prevención de ataques cibernéticos.

Pymes invierten poco en tecnología y seguridad digital

Según Benjamín Carpio, country manager de ESET El Salvador, las Pymes destinan solo el 3% de su presupuesto total a tecnología.

Además, de ese monto, apenas cerca del 10% se asigna a ciberseguridad. Esa cifra refleja una brecha importante frente al aumento de amenazas digitales.

Carpio explicó que uno de los errores más comunes es creer que una pequeña empresa nunca será objetivo de un ciberataque.

Transformación digital aumenta riesgos

El ejecutivo señaló que El Salvador acumula casi dos años de fuerte transformación digital.

Entre los cambios mencionó la factura electrónica, firma electrónica, plataformas digitales, aplicaciones e inteligencia artificial.

No obstante, cada avance también amplía la exposición a fraudes, robo de datos y vulneraciones informáticas.

Por eso, ESET insistió en que la innovación debe ir acompañada de seguridad tecnológica.

Inteligencia artificial cambia el panorama empresarial

La adopción de inteligencia artificial avanza en empresas de todos los sectores.

De acuerdo con datos citados por ESET, el 82 % de las organizaciones en el mundo ya integra esta tecnología en sus procesos.

Además, el 42 % la usa activamente y otro 40 % sigue ampliando su implementación.

Ante ese escenario, la discusión ya no se centra solo en innovar. También incluye controles, uso responsable y gestión segura.

Riesgo para proveedores y cadenas de suministro

Carpio alertó que muchas Pymes salvadoreñas operan como proveedoras de grandes cadenas de suministro.

Por eso, una mala gestión digital puede generar pérdida de contratos, sanciones legales o daños reputacionales.

También advirtió que errores en chatbots o sistemas automatizados pueden exponer datos privados o tomar decisiones equivocadas.

Camarasal pide fortalecer preparación empresarial

Durante la CyberWeek 2026, la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador destacó la necesidad de preparar equipos internos.

Leticia Escobar, presidenta de Camarasal, señaló que la ciberseguridad depende de decisiones empresariales, capacitación y capacidad de respuesta.

Además, remarcó que proteger información genera continuidad, confianza y tranquilidad.

Ciberseguridad como ventaja competitiva

ESET concluyó que invertir en seguridad digital ayuda a las Pymes a competir en mejores condiciones.

Asimismo, permite demostrar a socios comerciales que utilizan tecnología profesional y segura.

En un mercado cada vez más digital, la ciberseguridad en El Salvador gana peso como factor clave para crecer y sostener negocios.

El empresario radial José Luis Saca Jiménez fue elegido presidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada, ANEP, para el período 2026-2028.

La elección se realizó durante la Asamblea General Ordinaria. En la misma jornada, la gremial también nombró a su nuevo Comité Ejecutivo.

Con esta decisión, Saca asumirá la dirección de una de las principales organizaciones empresariales de El Salvador.

Promete trabajo conjunto con el Gobierno

Tras su elección, José Luis Saca afirmó que mantendrá una excelente relación con el Gobierno del presidente Nayib Bukele.

Además, destacó los incentivos que, según dijo, ha recibido el sector privado mediante trabajo coordinado entre instituciones y gremiales empresariales.

Saca aseguró que la ANEP seguirá colaborando para impulsar el progreso económico del país.

Tecnología e innovación entre sus prioridades

El nuevo presidente señaló que El Salvador vive cambios importantes. Por ello, consideró clave aprovechar avances tecnológicos como la inteligencia artificial.

También propuso fortalecer la coordinación con la academia para impulsar nuevos proyectos y mejorar la competitividad empresarial.

Como ejemplo, mencionó aplicaciones con inteligencia artificial impulsadas en el sistema de salud.

Nombramiento coincide con aniversario de la ANEP

La elección de José Luis Saca ocurre cuando la ANEP cumple 60 años de fundación.

La gremial nació en septiembre de 1966. Desde entonces, ha articulado esfuerzos de más de 40 gremiales empresariales.

Según la organización, estas entidades representan a unas 15,000 empresas en distintos sectores productivos.

Trayectoria empresarial de José Luis Saca

La ANEP informó que Saca tiene experiencia en radiodifusión, medios de comunicación, publicidad y energía.

Además, se desempeña como vicepresidente ejecutivo de Radio Corporación FM en El Salvador desde 1995.

La gremial destacó también su trayectoria en el entorno empresarial y académico.

Así quedó el nuevo Comité Ejecutivo

El nuevo Comité Ejecutivo de la ANEP quedó integrado de la siguiente forma:

Presidente: José Luis Saca.

Vicepresidente: Mario Salaverría.

Secretario: Armando Arias.

Prosecretaria: Silvia Cuéllar.

Tesorero: Jorge Arriaza.

Protesorera: Leticia Escobar.

Directores

Antonio Velásquez, de la Cámara Salvadoreña de la Construcción (Casalco).

Carlos Francisco Aguilar, de la Asociación Salvadoreña de Radiodifusores (Asder). 

Vilma de Calderón, de la Asociación Salvadoreña de Ganaderos e Industriales de la Leche (Asileche).

Carmen Estela Pérez, de la Asociación de Industriales Quimico-Farmaceuticos de El Salvador (Inquifar). 

René Novellino, de la Asociación Salvadoreña de Administradoras de Fondos de Pensiones (Asafondos).

La Secretaría de Comercio e Inversiones informó sobre la acreditación de Grupo Campestre, con sus empresas Avícola Campestre y Pan Sinaí, con una inversión superior a $80 millones en El Salvador.

Según la institución, el proyecto refuerza la confianza empresarial en el país y confirma el interés del sector privado por ampliar operaciones dentro del mercado salvadoreño. La acreditación también se presenta como uno de los primeros resultados de la Ley de Expansión de las Inversiones.

Inversión fortalece economía salvadoreña

El titular de la Secretaría de Comercio e Inversiones, Miguel Kattan, acompañó el proceso y destacó que nuevas inversiones como esta muestran el atractivo económico de El Salvador.

Además, señaló que las condiciones actuales permiten que empresas nacionales e internacionales desarrollen nuevos proyectos, expandan operaciones y fortalezcan su presencia comercial.

La inversión de Grupo Campestre se ubica entre las apuestas privadas más relevantes de los últimos meses, tanto por su monto como por su alcance en distintas zonas del país.

“Para Avícola Campestre y Pan Sinaí esta precalificación representa un paso estratégico en la dinamización de la industria avícola nacional. Reafirma nuestro compromiso de impulsar polos de desarrollo en El Salvador, consolidando nuestro liderazgo mediante la implementación de tecnología de vanguardia y una visión clara de crecimiento sostenible en los sectores avícola y de panificación”, señaló Sergio Romero, director de Energía y Avícultura de Grupo Campestre.

Proyecto generará empleo y mayor actividad comercial

Las autoridades indicaron que la inversión de Grupo Campestre tendrá impacto directo en la generación de empleo y en el dinamismo económico.

Asimismo, el proyecto impulsará actividad comercial en diferentes sectores vinculados a operaciones, logística, servicios y expansión empresarial.

Este tipo de iniciativas también suele favorecer cadenas de suministro locales, contratación de personal y crecimiento de negocios relacionados.

Como parte de este proceso, Grupo Campestre proyecta invertir $82.8 millones en los próximos cuatro años para fortalecer su infraestructura productiva y ampliar sus operaciones. Del monto total, $77.8 millones serán destinados a Avícola Campestre y $5 millones a Panadería Sinaí. La totalidad de la inversión se ejecutará en San Miguel, en el oriente de El Salvador.

Ley de Expansión de las Inversiones muestra primeros resultados

La Secretaría destacó que, con apenas tres meses de vigencia, la Ley de Expansión de las Inversiones ya comienza a reflejar efectos concretos

La normativa busca facilitar nuevos proyectos mediante incentivos, reducción de trámites y mejores condiciones de competitividad para inversionistas.

De acuerdo con las autoridades, estas medidas permiten que más empresas inviertan en infraestructura, amplíen capacidad operativa y desarrollen planes de crecimiento en El Salvador.

El Salvador busca atraer más capital privado

También se resaltó el papel de Invest in El Salvador en el acompañamiento de inversiones estratégicas y en la coordinación entre sector público y privado.

Finalmente, las autoridades señalaron que el país mantiene una estrategia enfocada en atraer capital, fortalecer la confianza empresarial y promover crecimiento económico sostenido.

La aerolínea española Iberojet abrió la venta de boletos para comenzar operaciones en El Salvador a partir de septiembre de 2026.

La compañía ofrecerá vuelos directos a Madrid y Barcelona con salida desde el Aeropuerto Internacional de El Salvador San Óscar Arnulfo Romero y Galdámez.

El anuncio marca el ingreso de una nueva opción aérea entre El Salvador y España.

Iberojet confirma inicio de operaciones en septiembre

La empresa informó en redes sociales que ya habilitó la compra de pasajes para sus nuevas rutas

“Ya está disponible la venta de billetes para los vuelos directos hacia El Salvador”, publicó la aerolínea.

Además, agregó: “Nos vemos en las nubes a partir de septiembre”.

Según la información divulgada, Iberojet operará dos frecuencias semanales hacia Madrid y Barcelona.

Precios de boletos desde El Salvador

En el sitio web de la aerolínea ya aparecen tarifas para los primeros vuelos programados

Para Barcelona, se ofrecen boletos desde $444.09 para viajar el 14 de septiembre. El regreso inicia desde $390.49.

Para Madrid, la página muestra tarifas desde $466.69 para el vuelo del 15 de septiembre. El retorno comienza en $415.04.

Nueva competencia en vuelos entre El Salvador y España

Actualmente, Iberia mantiene operaciones permanentes con vuelos directos hacia Madrid. En el regreso realiza una escala en Guatemala

Además, Avianca opera una frecuencia estacional durante la temporada alta.

Con la llegada de Iberojet, el mercado suma una nueva alternativa para pasajeros que viajan entre Centroamérica y Europa.

Ruta fortalece conexión aérea con España

Datos de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma indican que al cierre de 2025 se movilizaron 38,239 pasajeros con origen o destino en España.

La nueva operación busca ampliar la conectividad internacional desde El Salvador y responder a la demanda turística, familiar y comercial.

Antecedente de Iberojet en El Salvador

El inicio regular de operaciones estaba previsto para el primer trimestre de 2026, según anuncios previos del Ministerio de Turismo

Además, en noviembre de 2025 la aerolínea operó un vuelo chárter con pasajeros hacia Tokio, Japón.

El Salvador ocupa hoy una posición singular en el panorama financiero internacional: es uno de los pocos países que ha construido, de forma simultánea, un marco regulatorio de fomento para los activos digitales y uno de control para prevenir su uso ilícito.

La reciente entrada en vigencia de la Ley Especial para la Prevención, Control y Sanción del Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, aprobada mediante Decreto Legislativo No. 426, publicado en el Diario Oficial el 9 de octubre de 2025, crea un escenario normativo que coexiste con la Ley Bitcoin de 2021 y la Ley de Emisión de Activos Digitales de 2023.

Este artículo analiza los principales desafíos y obligaciones que dicho marco impone a los operadores del sector fintech y de activos digitales en materia de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo (AML/CFT).

1. Transición hacia la cultura del cumplimiento: el Enfoque Basado en Riesgos como elemento rector

La nueva ley deroga íntegramente la Ley Contra el Lavado de Dinero y de Activos vigente desde 1999, marcando un cambio conceptual fundamental: el modelo salvadoreño evoluciona de un esquema de cumplimiento meramente formal y reactivo hacia uno de gestión preventiva, proporcional y basada en riesgos (EBR). Esta transición armoniza la legislación nacional con los estándares internacionales del GAFI y da cumplimiento a los compromisos adquiridos con el Fondo Monetario Internacional (FMI), específicamente en lo relativo a la Recomendación 15, que establece el marco jurídico aplicable a los activos virtuales y a sus proveedores de servicios.

Este cambio exige que los sujetos obligados, entre ellos, los proveedores de servicios de activos digitales y bitcoin, abandonen el enfoque reactivo del reporte mecánico de transacciones y asuman un rol activo en la identificación, evaluación y mitigación de riesgos AML/CFT dentro de sus propias operaciones.

2. Los nuevos sujetos obligados: inclusión explícita del ecosistema digital

Uno de los cambios más relevantes de la nueva normativa es la redefinición de los sujetos obligados: las veinte categorías que contemplaba la ley anterior se reducen a diez, lo que implica una simplificación estructural pero también una reconfiguración de quiénes quedan contemplados como sujetos obligados. La nueva ley incorpora explícitamente actores del ecosistema fintech y de innovación financiera que antes no estaban cubiertos de forma específica, entre ellos: los proveedores de servicios de activos digitales y bitcoin, los proveedores de dinero electrónico, las gestoras de fondos de inversión y las titularizadoras.

Esta inclusión se alinea con el sistema que el propio Estado salvadoreño contribuyó a crear. La Comisión Nacional de Activos Digitales (CNAD), creada al amparo de la Ley de Emisión de Activos Digitales, funge ahora como ente supervisor AML/CFT de los sujetos bajo su competencia, en coordinación con la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF). Esta supervisión dual amplía la cobertura regulatoria, pero plantea interrogantes sobre la coordinación efectiva entre ambos entes y la homogeneidad de criterios de cumplimiento.

3. Obligaciones sustantivas para el sector fintech y de activos digitales

La nueva ley establece una serie de obligaciones sustantivas para los sujetos obligados del ecosistema digital.

En primer lugar, la debida diligencia intensificada exige la identificación de beneficiarios finales con participación igual o superior al 25 %. Esto resulta particularmente complejo en estructuras descentralizadas propias del ecosistema de activos digitales, donde la titularidad efectiva puede estar fragmentada o ser difícilmente trazable, salvo que concurra alguna de las excepciones previstas por la ley.

En segundo lugar, se establece la creación obligatoria de una Oficialía de Cumplimiento, a cargo de un Oficial de Cumplimiento titular y un suplente, nombrados por la junta directiva u órgano equivalente. Esta figura sustituye al anterior Encargado de Cumplimiento y debe estar debidamente registrada ante la Unidad de Investigación Financiera (UIF), que continúa como ente central de análisis y receptor de reportes.

En tercer lugar, la ley impone plazos operativos exigentes: el reporte de operaciones sospechosas deberá realizarse en un máximo de 24 horas luego de concluido el análisis, mientras que las operaciones reguladas deben reportarse dentro de cinco días hábiles desde su realización. Para proveedores de activos digitales, donde las transacciones ocurren en segundos y de forma transfronteriza, estos plazos demandan sistemas tecnológicos de monitoreo en tiempo real cuya implementación representa un desafío operativo y financiero significativo, especialmente para los actores más pequeños del sector.

Finalmente, merece atención particular la restricción contenida en el artículo 10 de la nueva ley, que prohíbe excluir de productos o servicios financieros a personas naturales o jurídicas basándose únicamente en noticias periodísticas, referencias o señalamientos vinculados al lavado de activos. Para el sector fintech, que típicamente emplea fuentes abiertas de información (OSINT) y listas de vigilancia en sus procesos de onboarding, esta disposición introduce una restricción operativa directa que colisiona con prácticas estándar de gestión de riesgo y que requerirá criterios regulatorios adicionales para su aplicación práctica.

4. Zonas de tensión y oportunidad en el marco normativo vigente

La coexistencia de dos marcos supervisores, SSF y CNAD, plantea la oportunidad de desarrollar protocolos de coordinación interinstitucional en materia de AML/CFT. Para entidades con modelos de negocio híbridos, como los proveedores que operan simultáneamente en dinero electrónico y activos digitales, la definición de criterios conjuntos fortalecerá la seguridad jurídica y optimizará el cumplimiento de obligaciones ante ambos supervisores.

5. El SINAPLAFT y el CIPLAFT: gobernanza institucional del nuevo sistema

La nueva ley crea dos estructuras de especial relevancia para el sector. El Sistema Nacional para la Prevención, Control y Sanción del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva  (SINAPLAFT) integra a la Fiscalía General de la República, la UIF, las entidades de fiscalización, supervisión, regulación y vigilancia, y los propios sujetos obligados, entre ellos, los actores del ecosistema digital, estableciendo un entramado coordinado que anteriormente carecía de base legal expresa.

El Comité Interinstitucional para la Prevención y Control del Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (CIPLAFT), de carácter estratégico y consultivo, estará presidido por el Fiscal General e integrado por las más altas autoridades del Estado. Su facultad para proponer directrices técnicas al Ejecutivo representa una oportunidad concreta para que los criterios de supervisión aplicables al ecosistema fintech se formulen con coherencia institucional desde el más alto nivel.

6. Consideraciones finales

Con la nueva ley AML/CFT, El Salvador reafirma su compromiso con la transparencia en el ámbito de los activos digitales. El marco normativo avanza hacia una fase técnica en la que la labor reglamentaria de la SSF y la CNAD será determinante para que el sector pueda aterrizar sus obligaciones operativas con claridad. La actuación coordinada de ambas instituciones facilitará una aplicación armónica de los criterios de supervisión, brindando mayor seguridad jurídica a los participantes.