El Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Salvador condenó a 254 integrantes de la pandilla Mara Salvatrucha (MS13) a penas que alcanzan los 85 años de prisión, informó la Fiscalía General de la República.

Según la institución, los condenados pertenecían a la célula conocida como “Park View Locos Salvatruchos”, que delinquió entre 2013 y 2022 en más de la mitad del departamento de Cabañas. Las autoridades sostienen que el grupo mantenía bajo amenazas a habitantes de distintas comunidades de esa zona.

Entre los sentenciados figura Eugenio Morales, identificado por las autoridades con el alias de “Little Pesadilla”. El tribunal le impuso una condena de 85 años de cárcel por agrupaciones ilícitas, tenencia ilegal de arma de fuego y posesión de droga con fines de tráfico.

Fiscalía destaca funciones dentro de la estructura

De acuerdo con la Fiscalía, las investigaciones determinaron que los miembros de la organización cumplían distintas tareas para someter el control territorial y facilitar actividades delictivas en varias localidades de Cabañas.

Además, la institución señaló que la sentencia se emitió después de una audiencia única que se extendió durante más de un mes y medio. Durante ese período, los fiscales presentaron pruebas para sustentar las acusaciones contra los procesados.

Cambios legales permiten juzgamientos colectivos

La condena se desarrolló bajo el modelo de audiencia única abierta, incorporado tras una reforma a la Ley Contra el Crimen Organizado. Este mecanismo permite procesar a estructuras criminales completas dentro de un mismo expediente judicial.

La normativa establece que los acusados pueden comparecer en distintas etapas del proceso, según su presunta participación y jerarquía dentro de la organización.

La reforma surgió en el contexto del régimen de excepción vigente en El Salvador. Esta medida, impulsada por el Gobierno para combatir a las pandillas, acumula casi 93,000 capturas. 

La Fiscalía General de la República mantiene abiertos varios procesos colectivos contra integrantes de la pandilla MS-13 en tribunales especializados contra el crimen organizado, incluyendo el proceso masivo más grande de la historia del país, en la que procesan a casi 500 cabecillas de la sangrienta agrupación.

Uno de los casos más recientes involucra a 200 presuntos miembros de la estructura criminal que operaba en el departamento de Chalatenango, al norte de El Salvador.

Entre los acusados figura José Alberto Zamora, señalado por las autoridades como corredor de clica y supuesto responsable de ordenar homicidios y extorsiones en esa zona.

La Fiscalía sostiene que también procesa a 21 cabecillas y a otros pandilleros con distintos rangos dentro de la organización criminal.

Capturas ocurrieron durante el régimen de excepción

Las autoridades informaron que los imputados fueron detenidos en diferentes fechas y puntos del país durante la aplicación del Régimen de Excepción.

Esa medida extraordinaria entró en vigor en marzo de 2022 para combatir a las pandillas y amplió las facultades de captura y detención.

La Fiscalía presentó pruebas ante el Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Salvador para buscar condenas por homicidios, extorsiones y otros delitos atribuidos a la MS-13.

Otro proceso reúne a 90 acusados por delitos de 2012

Además, este martes comenzó otro juicio colectivo contra 90 presuntos integrantes de la misma pandilla.

El caso se relaciona con delitos cometidos en 2012 en Ilobasco, Tejutepeque, Jutiapa y Cinquera, municipios ubicados en el departamento de Cabañas.

Según la acusación fiscal, entre los procesados hay un corredor de programa, tres corredores de clica y tres corredores de base.

La lista también incluye presuntos colaboradores, observadores y miembros con funciones de vigilancia y apoyo logístico dentro de la estructura criminal.

La Fiscalía busca condenas por agrupaciones ilícitas y tráfico de drogas.

Megajuicio contra 486 cabecillas sigue sin sentencia

En paralelo, continúa el megajuicio contra 486 presuntos líderes de la MS-13, considerado uno de los procesos penales más grandes en la historia reciente de El Salvador.

El juicio inició a finales de abril de 2026 en el Tribunal Sexto contra el Crimen Organizado y todavía no tiene fecha de conclusión.

Durante las audiencias, la Fiscalía ha presentado audios interceptados, videos y testimonios que, según la acusación, muestran órdenes emitidas por la llamada “ranfla nacional” de la pandilla.

El Ministerio Público atribuye a los acusados cerca de 47,000 delitos, incluidos aproximadamente 29,000 homicidios, bajo el criterio de responsabilidad de mando.

Muchos de los procesados participan en las audiencias mediante videoconferencias desde el Centro de Confinamiento del Terrorismo, conocido como CECOT.

El gobierno del presidente Nayib Bukele ha presentado estos juicios como una estrategia histórica contra las pandillas.

Sin embargo, organizaciones de derechos humanos han expresado preocupación por el formato masivo de los procesos judiciales.

El Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador condenó a 18 años de prisión al exalcalde de Rosario de Mora, Juan Miranda Pérez, por los delitos de peculado y malversación de fondos públicos.

La sentencia establece que el exfuncionario causó un perjuicio económico superior a 250,000 dólares a la alcaldía del municipio salvadoreño durante su gestión entre 2009 y 2012.

Además, el tribunal ordenó el pago de 254,245.98 dólares como responsabilidad civil por los daños ocasionados a la administración municipal.

Investigación determinó uso irregular de recursos públicos

Durante el juicio, la Fiscalía presentó pruebas que acreditaron la apropiación de 250,922.26 dólares pertenecientes a la municipalidad de Rosario de Mora.

Según la resolución judicial, el exalcalde utilizó de forma indebida fondos municipales mientras ejercía el cargo de jefe comunal.

Las autoridades también concluyeron que Miranda Pérez incurrió en malversación al pagar dietas con recursos destinados exclusivamente a proyectos de desarrollo local.

El caso involucró fondos del programa FODES 75 %, una partida estatal asignada a obras y proyectos municipales en El Salvador.

Tribunal descontó pagos realizados por exmiembros del concejo

La condena económica disminuyó luego de que el tribunal descontara 15,000 dólares ya cancelados por integrantes del concejo municipal.

Los exfuncionarios fueron condenados anteriormente mediante un procedimiento abreviado realizado el 5 de diciembre de 2023.

Con esa decisión, el monto final de responsabilidad civil quedó fijado en poco más de 254,000 dólares.

Caso refuerza controles sobre administración de alcaldías

La resolución judicial se suma a otros procesos relacionados con el manejo de fondos públicos en gobiernos municipales salvadoreños.

Las autoridades señalaron que los recursos utilizados irregularmente debían financiar proyectos comunitarios y no gastos administrativos.

Además, el fallo reafirma las obligaciones legales de los alcaldes y concejos municipales sobre el uso de dinero público.

El tribunal sostuvo que las pruebas permitieron establecer la responsabilidad penal del exalcalde por ambos delitos contra la administración pública.

El Juzgado Décimo Pluripersonal de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Guatemala ordenó prisión preventiva contra Carol Odette Echeverría Cabrera de Reyes y Marisabel Umaña Velásquez, acusadas de fraude y extracción irregular de información corporativa contra la empresa Terra Towers S.A. y sus filiales.

Con la resolución el tribunal revocó de oficio las medidas sustitutivas que beneficiaban a ambas procesadas. Además, ordenó su traslado inmediato al Centro Preventivo para Mujeres Santa Teresa, ubicado en la Zona 18 de Ciudad de Guatemala.

Las autoridades guatemaltecas habían capturado a las dos mujeres en junio de 2025. Desde entonces, enfrentaban el proceso penal bajo medidas alternas a la detención.

Caso en Guatemala coincide con proceso judicial en El Salvador

La decisión judicial en Guatemala ocurrió pocos días después de otra resolución emitida en El Salvador contra las mismas acusadas.

El Juzgado Tercero de Instrucción de San Salvador ordenó la captura de Carol Echeverría y Marisabel Umaña por delitos relacionados con presunto fraude contra filiales de Terra Towers en territorio salvadoreño.

Según información judicial, las autoridades salvadoreñas iniciarán un proceso de extradición para ambas procesadas.

En el expediente salvadoreño también figura el guatemalteco Juan Ignacio Berger Giménez, señalado por supuesta administración fraudulenta contra las sociedades Maintenance and Services S.A. de C.V. y Tierras Nacionales Ltda. de C.V.

Fiscalía investiga presunto desfalco millonario

La Fiscalía General de la República de El Salvador sostiene que los acusados integraban una estructura dedicada al desvío de fondos de Terra Towers Corp y Continental Towers El Salvador.

De acuerdo con las investigaciones, los imputados habrían cobrado viáticos, comisiones y gastos laborales sin autorización entre 2016 y 2020.

El monto bajo investigación asciende a 1.2 millones de dólares. Las pesquisas también incluyen a Jorge Alberto Gaitán Castro, Jeni Celina Torres Zepeda y Selvin Martín Torres Andrade.

Además, el empresario guatemalteco Jorge Leonel Gaitán Paredes formó parte del proceso.

Las autoridades lo extraditaron a El Salvador en septiembre de 2025. Sin embargo, falleció en enero de 2026 por problemas de salud.

Capturas ocurrieron en distintos operativos

La Policía Nacional Civil de Guatemala reportó las capturas de Carol Echeverría y Marisabel Umaña en junio de 2025.

Interpol detuvo a Echeverría en el Aeropuerto Internacional La Aurora cuando llegaba desde Nueva York.

Por otra parte, agentes policiales capturaron a Umaña durante un operativo realizado en la zona 14 de Ciudad de Guatemala.

Ambas eran requeridas por delitos de hurto agravado y asociación ilícita.

Investigación incluye análisis de información corporativa

Las autoridades guatemaltecas vinculan el caso con investigaciones iniciadas en El Salvador alrededor de Terra Towers, empresa dedicada al desarrollo y mantenimiento de infraestructura de telecomunicaciones.

Según las pesquisas, Jorge Gaitán Paredes y su hijo Jorge Alberto Gaitán Castro habrían utilizado la estructura empresarial para autorizar transferencias, viajes, viáticos y emisión de cheques sin autorización societaria.

Las autoridades estiman que las supuestas extracciones irregulares superaron un millón de dólares.

Además, la investigación señala que en Guatemala se habría replicado un esquema enfocado en la extracción de información sensible de la compañía para beneficiar a estructuras empresariales rivales.

Dentro de ese contexto, los investigadores identificaron presuntos vínculos operativos entre los Gaitán, Carol Echeverría y Marisabel Umaña.

Tribunal discutió ausencia de acusado y abogado defensor

Durante la audiencia realizada el pasado martes, el tribunal también conoció nuevos hechos relacionados con la ausencia de Jorge Alberto Gaitán Castro y de su abogado defensor.

El Ministerio Público de Guatemala afirmó que existían antecedentes jurisprudenciales que calificaban la conducta del defensor como “desleal y reticente”.

Por ello, la fiscalía solicitó nombrar defensa pública y certificar posibles hechos punibles relacionados con la falta de traslado del acusado hacia la audiencia judicial.
Caso Terra Towers escala a disputa regional

El expediente evolucionó de una investigación patrimonial hacia un conflicto regional que involucra procesos penales, arbitrajes internacionales y disputas corporativas vinculadas con Continental Towers.

Terra Towers mantiene una disputa empresarial con la firma estadounidense TPG Pepertree por el control de Continental Towers.

El conflicto también derivó en arbitrajes internacionales desarrollados en Nueva York y en investigaciones penales abiertas en Guatemala y El Salvador.

Además, las autoridades salvadoreñas emitieron órdenes de captura y notificaciones internacionales contra empresarios y ejecutivos vinculados al caso.

Investigación impacta al sector de telecomunicaciones

El proceso judicial se convirtió en uno de los casos corporativos más relevantes de Centroamérica debido a sus implicaciones económicas y legales.

Las empresas involucradas administran infraestructura clave para telecomunicaciones en la región. Por ello, el caso mantiene atención sobre la seguridad jurídica y el manejo de activos estratégicos vinculados a la conectividad centroamericana.

La Fiscalía General de la República informó que este martes se reanudó la audiencia única abierta contra 486 cabecillas de la pandilla Mara Salvatrucha, conocida como MS-13.

El proceso judicial llegó inicia cuarta semana y es considerado el juicio masivo más grande contra la estructura de mando de esa organización criminal en El Salvador.

Fiscalía presenta nuevas pruebas en audiencia

Según la Fiscalía, ya ha presentado pruebas contundente contra los acusados (que ya guardan prisión) y durante la nueva jornada se prevé la reproducción de audios vinculados con supuestos casos de tráfico de drogas.

Las autoridades señalaron que esos registros servirán como evidencia sobre el funcionamiento interno y las actividades criminales atribuidas a los acusados.

Además, la institución reiteró que buscará condenas máximas para cada uno de los imputados por los delitos señalados en el proceso.

Acusan a líderes de la MS-13 de miles de delitos

El juicio comenzó el 21 de abril y reúne a presuntos fundadores, integrantes de la “ranfla” y cabecillas regionales de la MS-13.

De acuerdo con la Fiscalía salvadoreña, los acusados enfrentan cargos por aproximadamente 47,000 delitos cometidos entre 2012 y 2022.

Entre esos hechos figuran alrededor de 29,000 homicidios, además de casos relacionados con narcotráfico, extorsión y otros delitos graves.

Las autoridades judiciales también señalaron que el grupo criminal es procesado por el delito de rebelión.

Según la acusación, la estructura buscaba mantener control territorial para operar como un supuesto estado paralelo dentro del país.

Contexto del juicio contra pandillas en El Salvador

La Fiscalía afirmó que el proceso busca establecer responsabilidades sobre crímenes atribuidos a la MS-13 durante más de una década.

Además, el caso ocurre en el contexto del régimen de excepción impulsado por el presidente Nayib Bukele desde marzo de 2022.

El mandatario salvadoreño ha defendido el juicio masivo y cuestionado fuertemente a ONG y periodistas que lo critican.