Judicial
Juicio masivo contra 486 cabecillas de la MS-13 continúa este viernes en medio de debate político
El juicio masivo contra 486 cabecillas de la Mara Salvatrucha (MS-13) avanza este viernes en El Salvador como uno de los procesos penales más grandes del país. La Fiscalía General de la República atribuye a los acusados más de 47,000 delitos cometidos entre 2012 y 2022, incluidos al menos 29,000 homicidios.
Para hoy, la Fiscalía General presenta tres nuevos testigos.
Desde el inicio de la semana, los principales jefes de la estructura criminal enfrentan audiencias bajo un modelo colectivo. El sistema judicial los procesa como parte de la llamada “ranfla nacional”, considerada el núcleo de mando.
Entre los imputados figuran cabecillas históricos señalados de ordenar asesinatos, extorsiones, secuestros y otros crímenes a nivel nacional.
Fiscalía presenta nuevos testimonios en la jornada
La audiencia única abierta continúa con la presentación de nueva prueba testimonial. La Fiscalía reporta que los 486 cabecillas enfrentan acusaciones por ordenar al menos 9,043 hechos criminales específicos dentro del proceso.
Durante la jornada, el Ministerio Público presenta tres testigos. Sus declaraciones buscan explicar cómo, entre 2012 y 2022, los líderes de la MS-13 ordenaban homicidios en todo el país.
Según la acusación, entre los crímenes figuran asesinatos de agentes policiales y miembros de la Fuerza Armada. La Fiscalía intenta vincular directamente a los cabecillas con estas órdenes.
Responsabilidad de mando como eje del proceso
La estrategia fiscal se basa en el principio de responsabilidad de mando. Este criterio permite atribuir a los líderes los delitos ejecutados por sus subordinados dentro de la estructura criminal.
La Fiscalía Adjunta contra el Crimen Organizado indicó que las órdenes se emitían tanto desde centros penales como desde la calle. Según explicó, la estructura mantenía control operativo en ambos entornos.
Además, la Fiscalía sostiene que los cabecillas decidían sobre la vida de las personas. Por ello, busca atribuirles la totalidad de los delitos cometidos por la organización.
Audiencias desde el CECOT y modalidad virtual
El proceso se desarrolla mediante audiencias virtuales que conectan tribunales en San Salvador con cárceles de máxima seguridad. Entre ellas se encuentra el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT).
Las autoridades trasladan a los imputados hacia áreas con videotransmisión para participar en las diligencias. Este modelo permite avanzar con el juicio masivo de forma simultánea.
Funcionarios han señalado que los acusados incluyen ranfleros históricos, corredores de programa y líderes de clica.
Casos emblemáticos dentro del proceso
Entre los acusados destacan cabecillas con numerosos delitos atribuidos. Carlos Tiberio Ramírez Valladares enfrenta cargos por cientos de homicidios agravados.
También figura Borromeo Henríquez Solórzano, con más de 500 delitos imputados. Dionisio Arístides Umanzor Osorio aparece con más de 100 homicidios señalados por la Fiscalía.
El Ministerio Público vincula a varios de estos líderes con ataques contra fuerzas de seguridad y otros crímenes de alto impacto.
El régimen de excepción
El juicio se enmarca en la estrategia de seguridad impulsada desde marzo de 2022. Tras un repunte de homicidios, el Gobierno implementó el régimen de excepción y ejecutó capturas masivas.
Datos oficiales indican que más de 91,000 personas han sido detenidas en ese contexto. El proceso contra los cabecillas busca llevar a juicio a la cúpula de la MS-13.
Las autoridades sostienen que estas medidas han reducido la violencia en el país.
Debate político y críticas internacionales
El caso se ha convertido en un tema central de la agenda política. El presidente Nayib Bukele ha defendido el juicio y su enfoque legal.
El mandatario ha comparado el uso de la responsabilidad de mando con precedentes históricos. También ha cuestionado a sectores que critican el proceso.
Por su parte, organizaciones de derechos humanos mantienen observaciones. Estas incluyen preocupaciones sobre el debido proceso y las garantías judiciales.
Fiscalía apunta a penas máximas
La Fiscalía asegura que cuenta con pruebas suficientes para sostener la acusación. Según el Ministerio Público, el objetivo es lograr penas máximas contra cada uno de los procesados.
El avance del juicio será determinante para establecer responsabilidades penales. Mientras tanto, el caso sigue marcando el debate sobre seguridad, justicia y derechos en El Salvador.
