El Salvador ha hecho historia al convertirse en el primer país de Centroamérica en aprobar la Ley de Energía Nuclear por parte de la Asamblea Legislativa, con el respaldo de 57 diputados.

Esta nueva legislación busca explorar esta tecnología con fines pacíficos, enfocándose en la diversificación de la matriz energética, la investigación científica y el avance económico y social del país.

La ley fue analizada por la comisión de tecnología, turismo e inversión, que recibió asesoría de Daniel Álvarez, titular de la Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas (DGEHM). Según Álvarez, la energía nuclear es una de las fuentes más seguras y reguladas, con un bajo impacto ambiental, lo que la convierte en una opción sostenible.

La implementación de esta tecnología permitirá a El Salvador generar energía de manera constante y a precios más estables, reduciendo la dependencia de factores geopolíticos y del precio del petróleo. “La tecnología nuclear es una alternativa viable para nuestro país”, destacó Álvarez, subrayando el potencial de El Salvador como líder en energía nuclear en la región.

El marco normativo incluye la creación del Organismo para la Implementación del Programa de Energía Nuclear en El Salvador (OIPEN), establecido en julio, que se encargará de ejecutar los estudios necesarios para la instalación de plantas nucleares.

Además, El Salvador está comprometido con acuerdos internacionales para el uso pacífico de esta tecnología, como el firmado con Argentina, que facilitará la capacitación de profesionales salvadoreños.

La ley abarca regulaciones sobre la selección de sitios, diseño, construcción, operación, cierre y desmantelamiento de instalaciones nucleares, así como la gestión de materiales radiactivos. La primera fase de esta iniciativa será la exploración, que implicará procedimientos técnicos para identificar los recursos necesarios.

La DGEHM será la autoridad encargada de supervisar todas las actividades relacionadas con la energía nuclear, contando con dos direcciones específicas para esta labor. Aquellos interesados en participar en actividades nucleares deberán presentar solicitudes y tramitar licencias correspondientes.

Se estima que, en un plazo de siete años, alrededor de 400 profesionales estarán capacitados en el manejo de esta tecnología, con el objetivo de contar con un reactor de investigación. Según Álvarez, para 2040, la energía nuclear podría representar hasta el 40% de la matriz energética del país, lo que impulsaría la inversión y el desarrollo.

Las alarmas en siguen encendidas por el potencial despido de 275 abogados de la Procuraduría General de la República (PGR), lo que representa el 60% de la plantilla de letrados de la institución.

El Socorro Jurídico Humanitario (SJH) y el Movimiento de Trabajadores Despedidos (MTD) han denunciado públicamente al procurador general, René Escobar, por el despido de 400 empleados en total.

Este recorte, según los denunciantes, viola el debido proceso y deja a la ciudadanía sin la asistencia y representación legal necesaria.
El 18 de septiembre, un grupo de trabajadores de la PGR recibió notificaciones exigiendo su renuncia voluntaria, efectiva a partir del 1 de noviembre.

Esta situación ha generado preocupación entre aquellos que dependen de los servicios de la institución, según los denunciantes, especialmente en casos de representación penal y asistencia a víctimas de violencia de género.

Esta reducción de personal implicará un aumento significativo en la carga de trabajo, ya que cada abogado manejaba, en promedio, 329 casos antes de los despidos. Se teme que en algunas áreas, como en el distrito de Apopa, no haya abogados disponibles, ya que se prevé la cesación de todos los letrados asignados, de acuerdo a informes de la prensa local.

Ingrid Escobar, directora del SJH, advirtió sobre la situación de indefensión que enfrentan los ciudadanos al no contar con suficientes abogados en la PGR para brindar asistencia legal.
Subrayó que las víctimas, incluidos aquellos detenidos, tienen derecho a una defensa adecuada, un derecho que el Estado parece estar vulnerando.

Héctor Rodríguez, vocero del MTD, señaló que, aunque ya había una crisis de atención legal, la situación se volverá aún más complicada tras estos despidos. Hasta el momento, la PGR no ha proporcionado información oficial sobre estas notificaciones de despido, y se espera una respuesta a las denuncias realizadas.

La Superintendencia de Competencia (SC) sancionó a tres empresas por no proporcionar la información solicitada, lo que infringe el artículo 38 de la Ley de Competencia.

Las empresas son Distribuidora de Agua Santaneca S.A. de C.V., MUINSA, S.A. de C.V. y S.I.E.D.E.S S.A. de C.V., acumulando un total de multas de $37,655.
Distribuidora de Agua Santaneca deberá pagar $2,250 por no aportar información necesaria para el estudio titulado “Competencia en la producción y distribución de agua envasada”.

Este estudio, enmarcado en el artículo 13, inciso c) de la Ley de Competencia, busca diagnosticar las condiciones de competencia en el sector y proponer recomendaciones para mejorar la rivalidad en beneficio de los consumidores.

Por otro lado, MUINSA y S.I.E.D.E.S enfrentan multas de $16,790 y $18,615, respectivamente, debido a la entrega de información inexacta durante un procedimiento en el que se investigan posibles violaciones al artículo 25, letra c) de la misma ley.
Estas violaciones están relacionadas con acuerdos entre competidores sobre la fijación o limitación de precios en compras públicas.

A pesar de haber sido notificadas y de contar con plazos establecidos, las empresas omitieron presentar la información requerida.
La SC enfatizó que esta falta de colaboración está tipificada en el artículo 38, inciso 6° de la Ley de Competencia, que permite imponer multas de hasta diez salarios mínimos mensuales por cada día de retraso en la entrega de información solicitada.
La Superintendencia hizo un llamado a todos los agentes económicos a cumplir con las solicitudes de información de manera oportuna, con el fin de facilitar las investigaciones y evitar sanciones por falta de cooperación.

El Gobierno de El Salvador anunció que, a través de la SC, continúa supervisando los mercados para asegurar beneficios para los consumidores, promoviendo la competencia, la innovación y una mayor variedad de productos.

El Sistema Fedecrédito ha lanzado FEDE ID, una nueva herramienta de seguridad digital que utiliza biometría facial para mejorar la protección y facilidad de uso en su aplicación FEDE MÓVIL.

A partir de ahora, todos los clientes podrán habilitar esta opción para iniciar sesión y autorizar transacciones de manera más segura.
Con FEDE ID, los usuarios reemplazan el tradicional envío de códigos de validación vía SMS con un sistema biométrico de última generación que valida su identidad mediante una captura facial.

Esta innovación posiciona al Sistema Fedecrédito a la vanguardia del sistema financiero salvadoreño, ofreciendo a los clientes una experiencia más confiable y eficiente al gestionar sus operaciones financieras.

Un estudio realizado por VISA revela que más del 80% de los encuestados se sienten cómodos utilizando tecnologías biométricas como la huella dactilar o facial para confirmar su identidad en procesos bancarios. Además, más del 50% consideran estas medidas más rápidas, fáciles y seguras que los métodos tradicionales.

“En un entorno financiero que evoluciona rápidamente, la seguridad y la confianza son fundamentales. Con la tecnología de FEDE ID, hemos ampliado los niveles de ciberseguridad, ofreciendo a nuestros clientes la tranquilidad de saber que sus transacciones y datos están protegidos bajo los más altos estándares tecnológicos,” afirmó Melissa Villatoro, gerente de Canales y Operaciones de Fedecrédito.

Para registrarse en FEDE ID, los usuarios deben tener acceso a la aplicación FEDE MÓVIL, contar con su DUI o pasaporte, y utilizar un dispositivo móvil con cámara de resolución óptima y sistemas operativos Android 5.0, iOS 9.0 o superiores.

El proceso de registro se compone de tres sencillos pasos:
• Registro de dispositivo seguro.
• Fotografía de documento de identidad.
• Fotografía de rostro para la validación biométrica.

La entidad financiera también anunció que trabaja para implementar FEDE ID en FEDE BANKING, mejorando aún más la seguridad y facilidad en el acceso y autorización de transacciones.

Sistema Fedecrédito reafirma su compromiso con la seguridad de sus clientes mediante la inversión en soluciones tecnológicas que protejan a los usuarios y optimicen la eficiencia de sus servicios.
Con esta implementación, se avanza hacia un futuro más seguro y ágil en la banca digital.

La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia admitió una demanda de inconstitucionalidad presentada por los ciudadanos Keyri Yudith Reyes Mejía, Katherine Vanessa Ramos Flores, Carlos José Orellana Ramos, Víctor Manuel Lovo Sánchez y Eduardo Andreé Romero Zúniga.

La demanda, identificada con la referencia 36-2024, cuestiona la constitucionalidad del artículo 963, inciso 3, del Código Civil de El Salvador. Según los demandantes, dicha disposición vulnera los artículos 1, inciso 2, y 22 de la Constitución, relacionados con la protección de la vida y los derechos de propiedad.

El artículo establece:

Art. 963.- Para ser capaz de suceder es necesario existir al tiempo de abrirse la sucesión; salvo que se suceda por derecho de transmisión, según el artículo 958, pues entonces bastará existir al abrirse la sucesión de la persona por quien se transmite la herencia o legado.

[…] Con todo, las asignaciones a personas que al tiempo de abrirse la sucesión no existen, pero se espera que existan, no se invalidarán por esta causa si existieren dichas personas antes de expirar los treinta años subsiguientes a la apertura de la sucesión

El principal argumento de los demandantes se centra en la supuesta ambigüedad del artículo en cuestión. Según el artículo 963, inciso 3, las asignaciones hereditarias a personas que aún no han nacido no se invalidarán si estas llegan a existir antes de que transcurran treinta años desde la apertura de la sucesión. Los demandantes sostienen que esta disposición no establece con claridad en qué momento debe reconocerse la capacidad jurídica de la persona no nacida para heredar: si desde la concepción o únicamente después del nacimiento.

Este vacío interpretativo, según los ciudadanos, vulnera el artículo 1, inciso 2, de la Constitución de El Salvador, que reconoce la existencia y protección de la vida humana desde el momento de la concepción. Argumentan que la ambigüedad del Código Civil podría llevar a una interpretación que restrinja los derechos del nasciturus (el ser humano por nacer), negándole su derecho a heredar hasta que nazca, lo cual contradice la protección que la Constitución otorga a la vida humana desde su inicio.

Adicionalmente, los demandantes citan el artículo 22 de la Constitución, el cual garantiza la propiedad y su libre disposición. Señalan que la norma cuestionada limita el derecho del nasciturus a la propiedad al no clarificar si tiene derecho a heredar desde la concepción. La disposición, tal como está redactada, podría restringir los derechos de propiedad del no nacido, lo que resultaría inconstitucional, según los demandantes.

Como parte de su fundamentación, los actores hacen referencia a una sentencia previa de la misma Sala de lo Constitucional emitida en febrero de 2017, donde se declaró inconstitucionales ciertos artículos del Código Civil que estipulaban que la existencia legal de una persona comenzaba únicamente al momento de nacer, dejando en suspenso los derechos del nasciturus hasta dicho momento. Este precedente refuerza su argumento de que la vida y los derechos del no nacido deben ser protegidos desde la concepción, algo que el artículo 963 del Código Civil no garantiza adecuadamente.

En su resolución, la Sala de lo Constitucional ordenó a la Asamblea Legislativa pronunciarse sobre la constitucionalidad del artículo en un plazo de diez días hábiles. Además, se solicitó al Fiscal General de la República rendir su opinión sobre la demanda dentro del mismo plazo.