Con 57 votos a favor, la Asamblea Legislativa daprobó este lunes la Ley General de Minería Metálica, derogando la prohibición vigente desde 2017. La decisión generó protestas dentro y fuera del recinto, con fuertes acusaciones por parte de opositores al gobierno y el rechazo de sectores de la sociedad civil, incluidos líderes religiosos.
La nueva normativa fue discutida en comisión legislativa durante el fin de semana y presentada a votación en sesión plenaria este 23 de diciembre.
Diputados de la bancada oficialista Nuevas Ideas y aliados del PCN y PDC respaldaron la ley, mientras que los partidos Arena y Vamos votaron en contra, calificando la decisión como un retroceso ambiental y social.
A las afueras de la Asamblea, grupos opositores manifestaron su rechazo. Dentro del recinto, diputados de partidos minoritarios alzaron rótulos con mensajes como “No a la minería”, destacando la creciente preocupación por el impacto ambiental y en la salud pública que podría traer la reactivación de esta industria en el país.
La diputada Elisa Rosales, de Nuevas Ideas, defendió la medida argumentando que la ley busca proteger los recursos naturales y el bienestar del país a largo plazo. Según explicó, la normativa incluye estudios técnicos para identificar áreas donde la minería puede desarrollarse sin comprometer el medio ambiente ni los recursos hídricos.
Sin embargo, diputadas como Cesia Rivas, de Vamos, y Marcela Villatoro, de Arena, cuestionaron estas afirmaciones.
Rivas aseguró que la ley prioriza intereses económicos y políticos sobre la salud y el bienestar de los salvadoreños. Por su parte, Villatoro acusó al oficialismo de aprobar una normativa que, según ella, «envenenará el agua y afectará gravemente a la población».
William Soriano, diputado oficialista, argumentó que la minería podría generar beneficios económicos significativos, citando estimaciones del Banco Mundial que sugieren que cada dólar invertido en minería produce entre tres y cuatro dólares en retorno. Soriano destacó que los ingresos derivados de esta actividad podrían destinarse a proyectos de infraestructura, educación y salud.
Reynaldo Carballo, del PDC, añadió que los metales son esenciales para el avance tecnológico y que los procesos actuales de extracción pueden realizarse con menos impacto ambiental. Aseguró que la ley es necesaria para garantizar el acceso a recursos indispensables para la vida moderna.
Por su parte, la diputada Dania González insistió en que esta ley representa una oportunidad para impulsar el desarrollo de las economías locales y prometió que el gobierno no repetirá los errores del pasado, asegurando un equilibrio entre explotación minera y cuidado ambiental.
Finalmente, el presidente de la Asamblea, Ernesto Castro, sometió la ley a votación, la cual fue aprobada con los 57 votos de la bancada oficialista y sus aliados. Los diputados celebraron con aplausos, mientras persisten las críticas y el rechazo por parte de la oposición, organizaciones civiles y sectores religiosos, que consideran que esta decisión compromete el futuro ambiental y social del país.

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La Corte Suprema de Justicia (CSJ) justificó ante la Asamblea Legistativs su presupuesto para el año 2025, el cual ascendería a un total de $485.7 millones, lo que representa un incremento de $42.7 millones respecto al monto aprobado para este año.
Durante una reunión con los diputados de la Comisión de Hacienda, el presidente de la CSJ, Henry Mejía, y otros magistrados detallaron cómo se distribuirán los recursos del Órgano Judicial.
Uno de los puntos clave de la presentación fue el gasto en remuneraciones, que alcanza un total de $298.8 millones, lo que representa el 61% del presupuesto total. Este monto está destinado a cubrir los salarios de los empleados judiciales y de los magistrados, y refleja la prioridad que la CSJ otorga a garantizar el funcionamiento adecuado de sus tribunales y salas.
Además de los salarios, se destinarán $77 millones para la adquisición de bienes y servicios, un gasto que incluye la construcción de nuevos centros judiciales en varias localidades del país, como en Ahuachapán, Santa Ana y San Martín, en San Salvador.
La CSJ también planea adquirir un inmueble para la construcción de un cuarto centro judicial enfocado en materia civil, mercantil y de crimen organizado en la capital.
Julio Chávez, gerente general de la CSJ, destacó que, entre otros proyectos, se llevará a cabo la ampliación del Centro Judicial Dr. Reynaldo Galindo Pohl en Sonsonate, así como la construcción de un almacén regional en Chalchuapa y una bodega en San Miguel para la gestión de documentos y archivos judiciales.
Además, se destinan recursos a la planificación y diseño de seis nuevos centros judiciales previstos para 2026.
Ante un cuestionamiento del diputado Giovanni Saldaña sobre cómo la CSJ se alinea con la política de austeridad del gobierno, Iván Montejo, director de planificación institucional de la CSJ, aseguró que los recursos solicitados se asignarán «de manera inteligente» y prioritariamente al área jurisdiccional, sin generar un gasto corriente innecesario.
A pesar de las inquietudes sobre la austeridad, los diputados no objetaron el incremento en el presupuesto solicitado por la CSJ, que se considera clave para el funcionamiento de la justicia en el país.
Detalle del presupuesto 2025 de la Corte Suprema de Justicia:

• Remuneraciones: $298,871,205
• Adquisición de bienes y servicios: $77,010,165
• Gastos corrientes: $14,790,270
• Transferencias corrientes: $196,350
• Adquisición de mobiliario, equipo e intangibles: $36,714,025
• Infraestructura física y proyectos de inversión: $8,143,270