El ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez, aseguró que la red de corrupción que permitía la obtención fraudulenta de licencias de conducir sin la necesidad de aprobar los exámenes correspondientes, tenía un entramado que le permitía a sus clientes “aprobar” todos los exámenes tras pagar hasta $1,000 y que la operación fue investigada por agentes encubiertos.
“Estas examinadoras y escuelas de manejo lo que hacían es que le daban la aprobación de la prueba práctica, teórica, psicológica y únicamente la persona tenía que ir a Sertracen a traer su licencia”, explicó el funcionario en la entrevista Frente a Frente.
Según Herrera, la investigación inició de manera interna y reveló un esquema en el que examinadoras y escuelas de manejo facilitaban la certificación de pruebas teóricas, prácticas y psicológicas a cambio de pagos irregulares.
“Empezamos internamente con una investigación”, explicó el ministro, asegurando que se desplegaron agentes encubiertos para detectar anomalías dentro del sistema. Durante la indagación, se encontraron casos en los que ciudadanos pagaban entre $130 y $1,000 a tramitadores o escuelas de manejo para obtener una licencia sin haber cumplido con los requisitos establecidos.
Rodríguez detalló que la Fiscalía General de la República (FGR) cuenta con documentación que confirma estos pagos, con registros de transacciones.
“Estas examinadoras y escuelas de manejo lo que hacían era otorgar la aprobación de las pruebas sin que el solicitante las realizara. Luego, la persona solo tenía que presentarse en Sertracen a retirar su licencia”, agregó.
Según el ministro, aunque el fraude no llegaba al punto de entregar el documento de manera directa, los beneficiados por esta red lograban sortear todos los requisitos previos, lo que ponía en riesgo la seguridad vial del país.
Las autoridades han tomado medidas para frenar esta práctica ilícita. “Ahora, a través de la Fiscalía General de la República, siguen las investigaciones, y se han implementado nuevas regulaciones en el Viceministerio de Transporte”, explicó Herrera.
Entre las acciones correctivas, el gobierno ha otorgado un plazo de 90 días a las examinadoras y escuelas de manejo para que cumplan con nuevos requisitos.
“Deben contar con espacios adecuados, personal técnico capacitado y herramientas de trabajo esenciales para la enseñanza de conducción”, indicó el ministro.
Por el caso hay 28 detenidos, incluidos empleados del Viceministerio de Transporte.

El fiscal general de El Salvador, Rodolfo Delgado, calificó como “muy buena noticia” la decisión del gobierno de Estados Unidos de designar como organizaciones terroristas extranjeras a ocho grupos del crimen organizado de América Latina, entre ellos la Mara Salvatrucha.
Delgado destacó que esta categoría asignada por el gobierno estadounidense representa un avance importante y consideró positivo que las autoridades de otros países emprendan medidas similares a las implementadas en El Salvador contra estas estructuras criminales.
“Es una muy buena noticia que se refuercen los esfuerzos internacionales en la lucha contra el crimen organizado”, afirmó.
El jefe del Ministerio Público enfatizó que las acciones adoptadas por el gobierno salvadoreño “son las adecuadas y han permitido que la Fiscalía procese a miles de criminales en los tribunales”.
Además, reiteró la disposición de El Salvador para colaborar con otras naciones en la lucha contra estas amenazas regionales.
“Estamos listos para trabajar con las naciones amigas para lograr combatir las amenazas regionales y erradicar el crimen organizado de nuestros países”, destacó Delgado.
A partir del 20 de febrero, el gobierno de Estados Unidos incluyó en la lista de organizaciones terroristas extranjeras a la Mara Salvatrucha (EE. UU. y El Salvador), Tren de Aragua (Venezuela) y los cárteles mexicanos de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, Carteles Unidos, Cartel del Noreste, Cartel del Golfo y Nueva Familia Michoacana.
Según el secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, esta decisión se basó “en una revisión de los registros administrativos reunidos en este asunto y en consulta con el procurador general y el secretario del Tesoro”.

Con el propósito de unificar criterios y fortalecer la representación legal de la niñez y personas adultas en situaciones médicas críticas, la Procuraduría General de la República (PGR) sostuvo un encuentro con representantes de los principales hospitales del área metropolitana de San Salvador.
Durante la reunión, en la que participaron personal directivo, médicos y trabajadores sociales, se abordó el papel de la PGR en casos donde los representantes legales de menores de edad se oponen a autorizar tratamientos o intervenciones quirúrgicas necesarias. Asimismo, se destacó que la intervención de la institución también se extiende a personas adultas que, debido a su estado de salud o condición mental, no pueden brindar su consentimiento.
“La Procuraduría interviene en estos casos con el objetivo de garantizar el derecho a la salud y la vida de las personas que no pueden decidir por sí mismas”, indicaron representantes de la institución.
Uno de los puntos clave de la jornada fue la importancia de mantener una comunicación efectiva entre la PGR y los hospitales nacionales para agilizar los procesos legales y médicos cuando se requiera una intervención inmediata.
“Anteponiendo el interés superior de la niñez y adolescencia, así como el de todas las personas que requieren asistencia médica y legal, los asistentes coincidieron en la relevancia de este tipo de encuentros para garantizar un acceso oportuno y efectivo a los tratamientos necesarios”, destacó la Procuraduría.

Desde una perspectiva de buena gobernanza, la evaluación de una restricción permanente a la competencia complementa la prevención y eliminación de barreras burocráticas carentes de fundamento legal o razonabilidad.

El mandato legal de las autoridades de competencia es transversal a distintos sectores. A la vez, múltiples normas, advertida o inadvertidamente, impactan los márgenes de la competencia en el mercado y por el mercado, con efectos que oscilan entre incentivar o asfixiarla, y, respecto de la participación estatal, favorecen o menoscaban la neutralidad competitiva.  

La libertad empresarial se sujeta a límites tanto constitucionales como legales. Sin embargo, una regulación que injustificadamente restrinja la competencia por méritos o que genere barreras que impiden el acceso o alteran las condiciones de competencia más de lo indispensable para proteger intereses sociales, corre el riesgo de socavar los beneficios de un mercado competitivo o desnivelar artificialmente escenarios en los que participa el sector privado.

Product Market Regulation (PMR) es un índice internacional sobre barreras regulatorias que limitan la competencia en los mercados. Mide, por ejemplo, diversos tipos de barreras a la entrada de agentes económicos nacionales y extranjeros y las distorsiones inducidas por la intervención estatal, incluyendo elementos de neutralidad competitiva, que sugieren qué tan nivelado o ventajoso es el escenario en relación con la propiedad, participación y regulación estatal frente a los agentes económicos con capital y control completamente privado, especialmente en materia de compras públicas, competencia, y servicios públicos. La última medición disponible para El Salvador data de 2014 y el marco legal examinado era diferente.

Respecto de la evaluación de restricciones regulatorias a la competencia en diversos mercados, desde hace más de veinte años, la Red Internacional de Competencia (ICN) sugirió que la oportunidad con mayor impacto inmediato para una autoridad de competencia es la emisión de opiniones durante el proceso de formación de ley, aún si, salvo excepciones, no resultan vinculantes para el regulador.  

En El Salvador, en ausencia de una práctica anticompetitiva, la Ley de Competencia faculta a la Superintendencia de Competencia (SC), por ejemplo, para emitir a requerimiento o de oficio opinión no vinculante sobre los procedimientos de adquisición y contratación públicos y sobre los proyectos de leyes o reglamentos donde pudiere limitarse, restringirse o impedirse significativamente la competencia. Además, normativa sectorial, como la Ley de Telecomunicaciones y la Ley General de Electricidad y su Reglamento, habilitan opinión y consulta de la SC, con arreglo a la respectiva legislación.

En otras jurisdicciones es similar. Por ejemplo, en Colombia, las autoridades regulatorias informan a la agencia de competencia ciertos actos administrativos, permitiendo un concepto previo no vinculante sobre proyectos regulatorios que puedan incidir sobre la libre competencia, y si se apartan de ese concepto deben justificarlo (Ley 1340, de 2009). 

En Costa Rica, la Ley de Fortalecimiento de las Autoridades de Competencia habilita a esas agencias a emitir opiniones sobre competencia y libre concurrencia, a requerimiento o de oficio y sin efectos vinculantes, aunque las entidades públicas que se desvíen de las opiniones referentes a reglamentos, resoluciones y otros actos administrativos, deben motivar. 

Otro ejemplo, menos convencional pero popular, es “Reportá la burocracia” que permite al gobierno argentino recibir alertas de normas de ámbito nacional, provincial o municipal que aparentemente constituyen un obstáculo al libre comercio y a la competencia.

En Perú, la Constitución Política reconoce que el Estado facilita y vigila la libre competencia y combate toda práctica que la limite. El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual también es la autoridad responsable de supervisar la aplicación de la Ley de Prevención y Eliminación de Barreras Burocráticas, y entre sus atribuciones informa al Congreso sobre las disposiciones legislativas que pueden afectar negativamente el correcto funcionamiento del mercado. 

Desde una perspectiva de buena gobernanza, la evaluación de una restricción permanente a la competencia complementa la prevención y eliminación de barreras burocráticas carentes de fundamento legal o razonabilidad, que restrinjan u obstaculicen el acceso o la permanencia de los agentes económicos en los mercados, que en El Salvador está regulado en la Ley de Eliminación de Barreras Burocráticas.  

Las opiniones de la máxima autoridad de competencia, aún si no son vinculantes, transparentan un análisis que, en ausencia de experiencia o de un estudio previo, familiariza a los técnicos y funcionarios de la institución con teoría, experiencias, estándares internacionales, jurisprudencia y estudios sobre la interacción entre diversas políticas públicas y el derecho de competencia, para analizar conforme con el marco legal nacional si, en los términos  planteados, una norma podría limitar, restringir o impedir significativamente la competencia en los mercados.  

Considerando que también las autoridades de competencia en el ejercicio de sus facultades, sin necesariamente pretenderlo, son susceptibles de impactar sobre variables como el clima de negocios, la competitividad, la innovación y la inversión, esta familiarización preliminar resulta particularmente beneficiosa respecto de mercados donde la autoridad de competencia aún no ha investigado prácticas anticompetitivas o revisado solicitudes de concentración económica, aún si, de suceder en el futuro, estas se resolverán considerando los elementos de cada caso. 

Algunas autoridades de competencia han investigado prácticas anticompetitivas y/o revisado concentraciones económicas en mercados digitales, y en otros tan diversos como reglas de transacción entre partes asociadas (APT) en fútbol, comercialización de bolsos de lujo, agencias de viajes online (OTA), servicios de anuncios clasificados online, finanzas digitales, tarjetas de débito, tecnología para la comunicación de campo cercano (NFC) para pagos sin contacto desde dispositivos móviles. 

Sin embargo, el portafolio de mercados en los que la SC ha investigado prácticas anticompetitivas y, autorizado, condicionado o denegado concentraciones económicas es menos variado. Por ejemplo, aún no incluye mercados digitales, respecto de los cuales en Centroamérica se están fortaleciendo diversos modelos de negocio y sectores, incluyendo Fintech, sobre el que, en El Salvador, ya se presentó un proyecto de ley a la Asamblea Legislativa.

En Unión Europea, Estados Unidos de América, México, Chile, Brasil, y Honduras, por ejemplo, la experiencia en la investigación de prácticas anticompetitivas y/o en concentraciones económicas en mercados digitales, la interacción interinstitucional e internacional y el estudio de los vínculos entre la ley de competencia y otras normas, incluyendo las que específicamente regulan estos mercados (donde existen), han motivado al debate y a la investigación, o incluso al fortalecimiento de diversos elementos de los análisis clásicos del Derecho de Competencia, incluyendo aquellos vinculados con la concentración y el poder de mercado. Estas autoridades de competencia han emitido distintos tipos de pronunciamientos y/o actos de abogacía de la competencia que ilustran la comprensión de la respectiva agencia al respecto. 

Regresando a la situación en El Salvador, la información en www.sc.gob.sv sugiere que un porcentaje importante de las opiniones emitidas por el Consejo Directivo de la SC se vinculan con los sectores eléctrico, transporte aéreo, telecomunicaciones, y no aparece opinión sobre contrataciones públicas posterior a la entrada en vigencia de la Ley de Compras Públicas. 

La promoción de condiciones de competencia en los mercados (y por los mercados) debería resultar de interés no solo para el consumidor sino también para el sector privado y la academia, y si bien la SC puede emitir opinión de oficio, también existe la oportunidad de requerirla, aprovechando que una autoridad de competencia está mejor situada para advertir si un proyecto de ley o reglamento puede limitar, impedir o restringir significativamente la competencia en el mercado.  

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) reconoció el compromiso y la labor de los facilitadores internos durante un evento de clausura organizado por el Departamento de Capacitación y Desarrollo de la Dirección de Talento Humano Institucional. 

La actividad destacó el esfuerzo de magistrados, jueces y servidores judiciales en la gestión del conocimiento y la mejora de las competencias del talento humano dentro del órgano judicial.

El magistrado presidente de la CSJ, Henry Alexander Mejía, subrayó la importancia de esta iniciativa: “Fortalecer las competencias de nuestro talento humano y de los facilitadores permite una administración eficiente y eficaz, alineada con los mandatos constitucionales de la administración pública”.

Con más de una década de implementación, el programa de facilitadores internos ha permitido que magistrados, jueces y otros funcionarios judiciales compartan su experiencia para fortalecer el desarrollo profesional y la eficiencia institucional.

Durante la ceremonia, se reconoció la labor de los magistrados que han desempeñado un papel clave como formadores institucionales: Héctor Nahun Martínez García, de la Sala de lo Constitucional; Alejandro Antonio Quinteros Espinoza, presidente de la Sala de lo Penal; Sandra Luz Chicas de Fuentes, magistrada de la misma Sala; y José Fernando Marroquín Galo, magistrado de la Sala de lo Contencioso Administrativo.

También se entregaron diplomas a los participantes de la capacitación “Estrategias Educativas”, enfocada en mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje en la formación judicial.

El acto de clausura contó con la presencia de las magistradas Elsy Dueñas Lovos, de la Sala de lo Constitucional, y Lidia Patricia Castillo Amaya, de la Sala de lo Civil, además de la directora de Talento Humano, Ligia Mónica Rodríguez, y el jefe de la Unidad de Recursos Humanos, Joaquín Ernesto Portillo.