La Asamblea Legislativa de aprobó 2 nuevas leyes que modifican la regulación de los bancos cooperativos y las sociedades de ahorro y crédito, con el objetivo de mejorar la estabilidad financiera y fortalecer la supervisión del sistema.
Ambas leyes, que derogan la legislación vigente, incluyen cambios significativos en áreas como la gestión de insolvencias, límites de riesgo, restricciones a créditos para directivos y la fiscalización de las filiales en el extranjero.
Nuevas normativas para bancos cooperativos y sociedades de ahorro y crédito
La Ley de Bancos Cooperativos regula las cooperativas que reciben aportes de socios y captan fondos del público, mientras que la Ley Especial de Sociedades de Ahorro y Crédito se aplica a las entidades que captan fondos y otorgan créditos para impulsar actividades económicas.
Ambas leyes fueron aprobadas con el respaldo de la mayoría de los diputados de Nuevas Ideas, sus aliados y algunos de Arena.
Con esta reforma, se deroga la antigua ley que solo regulaba bancos cooperativos con depósitos y aportaciones superiores a $68 millones, y se establece un nuevo umbral de $25 millones para la captación de fondos del público.
El Banco Central de Reserva (BCR) tendrá 90 días tras la promulgación de las leyes para actualizar las normativas relacionadas con transparencia, gobierno corporativo, gestión de riesgos y otros aspectos clave para el funcionamiento de estas entidades.
La nueva Ley de Bancos Cooperativos mantiene la posibilidad de intervención por parte de la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF) en caso de insolvencia. Si un banco cooperativo o una cooperativa que capta fondos del público presenta un fondo patrimonial insuficiente, la SSF podrá intervenir y aplicar el proceso de reestructuración previsto en la Ley de Bancos, lo que incluye la transferencia de activos y pasivos y la constitución de un fideicomiso para asegurar la estabilidad financiera.
Las cooperativas deberán suspender los préstamos nuevos y presentar un plan de reestructuración en un plazo de 15 días.

Límite de riesgo en créditos y cambios en la normativa
Uno de los cambios más relevantes es el aumento en el límite de riesgo para la concesión de créditos a una misma persona o entidad. Anteriormente, el límite era del 10 % del fondo patrimonial de la cooperativa o sociedad de ahorro y crédito; con la nueva ley, este límite se incrementa al 15 %.
Esto permitirá a las entidades asumir mayores riesgos con clientes individuales o jurídicos, aunque se mantiene una multa del 10 % del monto del exceso crediticio en caso de incumplir la norma.

Restricciones a créditos a directivos y empleados
La nueva legislación también impone restricciones más estrictas sobre los créditos a directivos y empleados. En el caso de los bancos cooperativos, se mantiene la prohibición de otorgar créditos por más del 5 % del fondo patrimonial a gerentes, directores y miembros de la administración, con una multa del 20 % por el exceso.
En las sociedades de ahorro y crédito, se permiten préstamos a directores y funcionarios bajo las mismas condiciones que al público, pero con ciertos límites. Por ejemplo, los créditos a personas relacionadas con la administración no podrán exceder el 5 % del capital social y las reservas, y deberán ser ratificados por la directiva.

Filiales en el extranjero y supervisión
Con las nuevas leyes, bancos cooperativos y sociedades de ahorro y crédito podrán establecer filiales en el extranjero, una opción prohibida en la legislación anterior. Las filiales en otros países estarán sujetas a la fiscalización de la SSF y deberán cumplir con las mismas normativas que las entidades locales. Las filiales podrán incluir casas de cambio, agencias de corretaje de valores, emisoras de tarjetas de crédito, y otros servicios financieros. Para los bancos cooperativos, se requerirá la autorización de la Superintendencia para constituir estas entidades.
La nueva Ley de Bancos Cooperativos establece tres tramos para el uso de la reserva de liquidez: un 25 % deberá estar compuesto por depósitos a la vista en el Banco Central, otro 25 % en depósitos a la vista o títulos valores con acceso automático, y el 50 % restante podrá ser utilizado solo con autorización de la SSF. Además, se habilita al Banco Central para realizar operaciones de reporto para prevenir crisis de liquidez.

Requisitos para las sociedades de ahorro y crédito
Las sociedades de ahorro y crédito deberán mantener al menos el 51 % de sus acciones en manos de salvadoreños o centroamericanos. Además, se impone un límite del 1 % sobre la participación de cualquier accionista individual, a menos que cuente con la aprobación de la SSF. El capital mínimo requerido para estas entidades será de $4 millones, monto que será revisado cada dos años.
Con la aprobación de estas leyes, el gobierno busca fortalecer el marco regulatorio y la transparencia en el sector financiero, al tiempo que se crean mecanismos para la reestructuración de instituciones en dificultades y se amplían las oportunidades de crecimiento internacional para los bancos cooperativos y sociedades de ahorro y crédito.

Los diputados de la Asamblea Legislativa se disponen a elegir este jueves, en la plenaria, al próximo presidente o presidenta de la Corte de Cuentas de la República (CCR) y aprobar un decreto transitorio para facilitar el pago de deudas con la Administración Nacional y Acueductos y Alcantarillados (ANDA).
En la sesión de este jueves, podrían aprobar además la eliminación del requisito de residencia o domicilio permanente a los salvadoreños que quieran aplicar a la exención fiscal a la importación de sus bienes por regresar o viajar temporalmente a su país.
Un cuarto decreto por aprobar es el préstamo de $50 millones de la Corporación Andina de Fomento (CAF), fondos que irían al presupuesto general del Estado como reconocimiento a autoridades de Gobernación, Obras Públicas y otras por sus acciones durante las lluvias ocurridas en junio pasado.
Sin embargo, la Asamblea Legislativa no ha publicado la agenda de sesión plenaria, por lo que se desconoce cuáles dictámenes favorables aprobados incluirá, ya que no siempre agenda todos los dictámenes aprobados.
Son 11 los aspirantes a dirigir la Corte de Cuentas, quienes fueron entrevistados la semana pasada por los diputados.

El presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, se reunió con los miembros del Caucus El Salvador del Congreso de Estados Unidos, ante quienes habló sobre la seguridad en El Salvador y la historia reciente del país centroamericano, marcada por décadas de violencia y conflicto. 

En su discurso, Castro destacó cómo las pandillas y grupos criminales habían sumido a El Salvador en un círculo de sufrimiento, obstaculizado por la falta de acciones decididas por los políticos de antaño.

En su intervención, Castro remarcó que la lucha contra las pandillas fue históricamente sabotaje por gobiernos anteriores. Sin embargo, subrayó que las políticas de han transformado radicalmente la situación. 

El Salvador ha experimentado una mejora significativa en la lucha contra el crimen organizado, posicionando al país como un referente internacional en materia de seguridad pública, dijo. 

Este cambio, según Castro, ha sido clave para reducir la violencia y recuperar la paz social.

El presidente de la Asamblea también aprovechó la ocasión para agradecer públicamente a Matt Gaetz, designado como secretario de Justicia por el presidente electo Donald Trump. 

Gaetz, quien ha sido un aliado estratégico en las relaciones bilaterales entre El Salvador y Estados Unidos, ha jugado un papel importante en fortalecer la cooperación entre ambas naciones. 

Castro expresó su gratitud por su apoyo en áreas clave como la lucha contra el crimen y el narcotráfico, consolidando los lazos entre los dos países.

El caucus El Salvador, nombre con el que se conoce al grupo de legisladores y representantes del Congreso de Estados Unidos enfocados en temas relacionados con El Salvador, ha jugado un papel vital en este proceso. 

A través de este grupo, los intereses y preocupaciones de El Salvador han encontrado eco en el Congreso estadounidense, permitiendo que las políticas y reformas del país sean mejor comprendidas y respaldadas a nivel internacional.

La comisión de salvadoreños en el exterior, legislación y gobierno de la Asamblea Legislativa aprobó este miércoles el dictamen favorable para la ratificación del acuerdo de asistencia mutua aduanera entre El Salvador y Estados Unidos.

El acuerdo, suscrito el pasado 7 de octubre, busca fortalecer la cooperación en la gestión aduanera, mejorar la lucha contra las infracciones y asegurar una tasación precisa de los impuestos en las aduanas de ambos países.

El acuerdo permitirá a ambos gobiernos compartir prácticas y técnicas en la gestión aduanera, incluyendo métodos de tratamiento de pasajeros y carga, así como la aplicación de medidas coercitivas para enfrentar infracciones aduaneras.

También facilitará el intercambio de información sobre la importación ilegal de mercancías y permitirá la supervisión de personas y bienes sospechosos de estar involucrados en actividades ilícitas.

José Luis Maradiaga, subdirector de Aduanas de El Salvador, destacó que uno de los aspectos clave de este convenio es la creación de la Escuela de Formación Integral Aduanera, un proyecto que buscará capacitar de manera continua a los funcionarios aduaneros no solo en normas técnicas, sino también en principios éticos. Maradiaga subrayó que la iniciativa tiene como objetivo erradicar la corrupción en las fronteras, un problema históricamente asociado con las aduanas.

“Queremos que nuestra gente reciba capacitación constante. No sólo en conocimiento técnico, sino también en principios éticos para luchar contra la corrupción. Sabemos que antes las aduanas eran consideradas centros de corrupción, pero estamos avanzando en el proceso de superación de este problema”, indicó Maradiaga.

El convenio también contempla beneficios tangibles para la modernización de los servicios aduaneros en El Salvador, como la entrega de equipos tecnológicos, como tabletas y dispositivos móviles, para automatizar los procesos aduaneros. Además, se instalarán paneles solares en los recintos aduaneros y se mejorarán las oficinas de la Dirección General de Aduanas, lo cual contribuirá a mejorar la imagen de las instituciones encargadas de las fronteras y facilitará una mejor posición frente a otros países.

El popular presidente de El Salvador, Nayib Bukele, llevará a cabo una Visita de Estado a Costa Rica del 7 al 13 de noviembre de 2024, confirmaron fuentes de ese país centroamericano.

La información fue divulgada por medios costarricenses y confirmada a través de un acuerdo del Ministerio de Relaciones Exteriores de Costa Rica, que también convoca a la embajadora costarricense en El Salvador para integrarse a la comitiva que recibirá al mandatario.

El acuerdo menciona que “el señor Presidente de la República de El Salvador, Nayib Armando Bukele Ortez, realizará una Visita de Estado a la República de Costa Rica del 7 al 13 de noviembre de 2024, ambas fechas inclusive».

La planificación de esta visita se inició en julio, aunque hasta ahora no se había definido una fecha concreta.

El canciller costarricense, Arnoldo André Tinoco, también anunció que Bukele llevará a cabo diversas actividades oficiales durante su estancia en el país.