Politica
La Asamblea aprueba nuevas leyes para regular bancos cooperativos y sociedades de ahorro y crédito
La Asamblea Legislativa de aprobó 2 nuevas leyes que modifican la regulación de los bancos cooperativos y las sociedades de ahorro y crédito, con el objetivo de mejorar la estabilidad financiera y fortalecer la supervisión del sistema.
Ambas leyes, que derogan la legislación vigente, incluyen cambios significativos en áreas como la gestión de insolvencias, límites de riesgo, restricciones a créditos para directivos y la fiscalización de las filiales en el extranjero.
Nuevas normativas para bancos cooperativos y sociedades de ahorro y crédito
La Ley de Bancos Cooperativos regula las cooperativas que reciben aportes de socios y captan fondos del público, mientras que la Ley Especial de Sociedades de Ahorro y Crédito se aplica a las entidades que captan fondos y otorgan créditos para impulsar actividades económicas.
Ambas leyes fueron aprobadas con el respaldo de la mayoría de los diputados de Nuevas Ideas, sus aliados y algunos de Arena.
Con esta reforma, se deroga la antigua ley que solo regulaba bancos cooperativos con depósitos y aportaciones superiores a $68 millones, y se establece un nuevo umbral de $25 millones para la captación de fondos del público.
El Banco Central de Reserva (BCR) tendrá 90 días tras la promulgación de las leyes para actualizar las normativas relacionadas con transparencia, gobierno corporativo, gestión de riesgos y otros aspectos clave para el funcionamiento de estas entidades.
La nueva Ley de Bancos Cooperativos mantiene la posibilidad de intervención por parte de la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF) en caso de insolvencia. Si un banco cooperativo o una cooperativa que capta fondos del público presenta un fondo patrimonial insuficiente, la SSF podrá intervenir y aplicar el proceso de reestructuración previsto en la Ley de Bancos, lo que incluye la transferencia de activos y pasivos y la constitución de un fideicomiso para asegurar la estabilidad financiera.
Las cooperativas deberán suspender los préstamos nuevos y presentar un plan de reestructuración en un plazo de 15 días.
Límite de riesgo en créditos y cambios en la normativa
Uno de los cambios más relevantes es el aumento en el límite de riesgo para la concesión de créditos a una misma persona o entidad. Anteriormente, el límite era del 10 % del fondo patrimonial de la cooperativa o sociedad de ahorro y crédito; con la nueva ley, este límite se incrementa al 15 %.
Esto permitirá a las entidades asumir mayores riesgos con clientes individuales o jurídicos, aunque se mantiene una multa del 10 % del monto del exceso crediticio en caso de incumplir la norma.
Restricciones a créditos a directivos y empleados
La nueva legislación también impone restricciones más estrictas sobre los créditos a directivos y empleados. En el caso de los bancos cooperativos, se mantiene la prohibición de otorgar créditos por más del 5 % del fondo patrimonial a gerentes, directores y miembros de la administración, con una multa del 20 % por el exceso.
En las sociedades de ahorro y crédito, se permiten préstamos a directores y funcionarios bajo las mismas condiciones que al público, pero con ciertos límites. Por ejemplo, los créditos a personas relacionadas con la administración no podrán exceder el 5 % del capital social y las reservas, y deberán ser ratificados por la directiva.
Filiales en el extranjero y supervisión
Con las nuevas leyes, bancos cooperativos y sociedades de ahorro y crédito podrán establecer filiales en el extranjero, una opción prohibida en la legislación anterior. Las filiales en otros países estarán sujetas a la fiscalización de la SSF y deberán cumplir con las mismas normativas que las entidades locales. Las filiales podrán incluir casas de cambio, agencias de corretaje de valores, emisoras de tarjetas de crédito, y otros servicios financieros. Para los bancos cooperativos, se requerirá la autorización de la Superintendencia para constituir estas entidades.
La nueva Ley de Bancos Cooperativos establece tres tramos para el uso de la reserva de liquidez: un 25 % deberá estar compuesto por depósitos a la vista en el Banco Central, otro 25 % en depósitos a la vista o títulos valores con acceso automático, y el 50 % restante podrá ser utilizado solo con autorización de la SSF. Además, se habilita al Banco Central para realizar operaciones de reporto para prevenir crisis de liquidez.
Requisitos para las sociedades de ahorro y crédito
Las sociedades de ahorro y crédito deberán mantener al menos el 51 % de sus acciones en manos de salvadoreños o centroamericanos. Además, se impone un límite del 1 % sobre la participación de cualquier accionista individual, a menos que cuente con la aprobación de la SSF. El capital mínimo requerido para estas entidades será de $4 millones, monto que será revisado cada dos años.
Con la aprobación de estas leyes, el gobierno busca fortalecer el marco regulatorio y la transparencia en el sector financiero, al tiempo que se crean mecanismos para la reestructuración de instituciones en dificultades y se amplían las oportunidades de crecimiento internacional para los bancos cooperativos y sociedades de ahorro y crédito.
Politica
El Salvador propone crear el Parlamento de la Unión Centroamericana y el Tribunal de Justicia de la Unión
La vicepresidencia de El Salvador presentó una propuesta a los países miembros del Sistema de Integración Centroamericana (SICA) para crear dos nuevos órganos regionales que sustituyan al Parlamento Centroamericano (Parlacen) y a la Corte Centroamericana de Justicia.
Según un documento divulgado por el periódico salvadoreño La Prensa Gráfica, la propuesta busca que los países del SICA pasen de un modelo de “sistema centroamericano” a una “unión centroamericana”. Para ello, plantea la creación del Parlamento de la Unión Centroamericana y del Tribunal de Justicia de la Unión.
Nuevo esquema de representación regional
El proyecto propone que cada país tenga un diputado por cada 500,000 habitantes. Los legisladores serían elegidos por voto directo, secreto y democrático para períodos de cuatro años, con posibilidad de reelección.
Además, el Parlamento tendría facultades para crear, interpretar, reformar y derogar normas comunes. También aprobaría su propio presupuesto y participaría en la elección de los magistrados del Tribunal de Justicia, del contralor y de las autoridades de la Comisión de la Unión.
El organismo podría investigar asuntos regionales, recibir informes de instituciones comunes y negociar y firmar tratados. Asimismo, estaría obligado a tramitar iniciativas ciudadanas respaldadas por al menos el 1 % de la población de los países miembros.
Tribunal con resoluciones obligatorias
La propuesta también contempla un Tribunal de Justicia de la Unión integrado por un magistrado propietario y un suplente por cada Estado miembro. Cada órgano judicial nacional propondría a sus candidatos y el Consejo de la Unión los elegiría por mayoría simple.
Los magistrados ejercerían por cinco años y solo podrían ser reelegidos una vez. Además, deberían cumplir los mismos requisitos exigidos para integrar los máximos tribunales de sus respectivos países.
El tribunal resolvería conflictos entre Estados miembros, disputas legales entre personas o empresas y gobiernos, demandas de nulidad, consultas y otros conflictos jurídicos. Sus resoluciones serían de cumplimiento obligatorio para todos los países integrantes.
Antecedentes del retiro salvadoreño
La propuesta llega después de que El Salvador anunciara el 31 de julio de 2025 su decisión de eliminar su integración al Parlamento Centroamericano, al considerar que el organismo no tenía un impacto real.
Posteriormente, en mayo de 2026, el Ministerio de Relaciones Exteriores informó el retiro del país de la Corte Centroamericana de Justicia.
El Sistema de Integración Centroamericana está conformado por Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y la República Dominicana.
Politica
El Salvador aprueba la 53a. prórroga del régimen de excepción y reporta 92,740 capturas
La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó este martes la 53a. prórroga del régimen de excepción, con 57 votos a favor (de 60 posibles), por lo que las medidas extraordinarias continuarán vigentes del 30 de julio al 28 de agosto de 2026.
La iniciativa recibió el respaldo de la bancada oficialista y sus aliados. La diputada Claudia Ortiz, del partido Vamos, votó en contra, mientras que los legisladores del partido Alianza Republicana Nacionalista (Arena) no participaron en la sesión.
Según la solicitud enviada por el Ejecutivo y firmada por el secretario de Asuntos Jurídicos de la Presidencia, Adolfo Muñoz, la extensión permitirá mantener las operaciones de seguridad contra las pandillas y otras estructuras criminales.
La prórroga mantiene suspendidas tres garantías constitucionales: el derecho de las personas detenidas a ser informadas de las razones de su captura y a contar con asistencia legal inmediata, el límite de 72 horas para la detención administrativa y la inviolabilidad de la correspondencia y las telecomunicaciones.
Gobierno informa sobre capturas y reclutamiento de menores
En el documento, el Gobierno reportó 92,740 capturas desde el inicio del régimen de excepción en marzo de 2022, lo que representa 260 detenciones más que las informadas un mes antes.
Además, afirmó que las autoridades han identificado casos de menores de edad involucrados en el reclutamiento de otros jóvenes para integrarlos a pandillas, así como en delitos relacionados con armas de fuego y drogas. También señaló que han recopilado evidencia digital que, según el Ejecutivo, demuestra la continuidad de mecanismos de coordinación entre organizaciones criminales.
Mientras el Gobierno sostiene que el régimen ha contribuido a la reducción de los homicidios y asegura haber acumulado 1,275 días sin asesinatos durante la actual administración, organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos mantienen denuncias por presuntas capturas arbitrarias, malos tratos y muertes de personas bajo custodia estatal.
Politica
El Salvador prorroga hasta 2027 la vigencia de más de 2 millones de placas vehiculares
La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó este lunes una nueva prórroga para la vigencia de las placas vehiculares con formato 2011, por lo que más de 2 millones de matrículas seguirán siendo válidas hasta el 31 de agosto de 2027. La medida busca evitar el impacto económico de una renovación inmediata y dar más tiempo a las autoridades para preparar un nuevo sistema de identificación vehicular.
La reforma recibió 59 votos de los diputados presentes y modifica una disposición transitoria de la Ley de Derechos Fiscales por la Circulación de Vehículos.
Según el dictamen aprobado, la extensión permitirá realizar una evaluación técnica, financiera y logística del proceso antes de emitir las nuevas placas. El documento también señala que esta planificación contribuirá a optimizar recursos y facilitar la modernización del sistema de identificación de vehículos.
Durante el estudio de la iniciativa en la comisión legislativa de infraestructura, el viceministro de Transporte, Nelson Reyes, explicó que el Gobierno necesita tiempo para desarrollar un modelo que incorpore tecnologías y medidas de seguridad que no existían cuando las placas actuales fueron emitidas en 2011.
Además, sostuvo que la prórroga representa un alivio económico para los propietarios de vehículos, ya que evita el costo de una sustitución inmediata de las matrículas.
La vigencia de este formato debía finalizar originalmente en 2017. Sin embargo, el Congreso ha aprobado varias ampliaciones en los últimos años. Primero extendió el plazo hasta diciembre de 2021. Posteriormente, lo prorrogó hasta abril de 2024 debido al impacto económico de la pandemia de covid-19.
Después, los legisladores aprobaron nuevas extensiones hasta agosto de 2025 y, más tarde, hasta el 31 de agosto de 2026.
Con la decisión adoptada este lunes, las placas de formato 2011 permanecerán vigentes un año adicional, mientras el Gobierno concluye los estudios técnicos y financieros que definirán la futura renovación del parque nacional de matrículas.
Politica
Transporte pide prorrogar la vigencia de las placas vehiculares hasta agosto de 2027
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El Gobierno de El Salvador presentó ante la Asamblea Legislativa una propuesta para extender hasta el 31 de agosto de 2027 la vigencia de las placas vehiculares con formato 2011. La iniciativa busca evitar que más de dos millones de propietarios deban asumir este año el costo del cambio de matrículas y, al mismo tiempo, dar más tiempo para implementar un nuevo modelo con mayores medidas de seguridad.
El viceministro de Transporte, Nelson Reyes, explicó la propuesta durante una sesión de la Comisión de Infraestructura y Desarrollo Territorial del Congreso salvadoreño. Según indicó, la medida tendría beneficios económicos para los conductores y facilitaría la incorporación de nuevas tecnologías en las futuras placas.
La propuesta busca evitar gastos para los propietarios
Durante su comparecencia, Reyes afirmó que la prórroga responde al objetivo de reducir la carga económica para la población.
El funcionario señaló que, si la iniciativa es aprobada, los propietarios no tendrán que realizar un gasto imprevisto por el cambio obligatorio de placas durante este año.
Además, explicó que la extensión aplicaría tanto a los vehículos que ya circulan en el país como a los que sean incorporados al parque vehicular durante el período de vigencia de la prórroga.
Autoridades preparan un nuevo modelo con mayor seguridad
El viceministro indicó que el plazo adicional permitirá desarrollar una renovación física de las matrículas con elementos tecnológicos y sistemas de seguridad de última generación.
Las autoridades no detallaron las características del nuevo formato, pero señalaron que el tiempo adicional facilitará la transición hacia un sistema actualizado.
Más de dos millones de vehículos serían beneficiados
El Observatorio Nacional de Seguridad Vial registra 2,108,298 vehículos en circulación en El Salvador. Por ello, cualquier decisión sobre las placas tiene impacto directo en más de dos millones de propietarios.
Actualmente, ninguna placa debe renovarse de forma obligatoria. La normativa vigente mantiene la validez de las matrículas con formato 2011 hasta el 31 de agosto de 2026.
La nueva iniciativa legislativa plantea extender ese plazo un año más, hasta el 31 de agosto de 2027.
Las matrículas de 2011 han recibido varias extensiones
La Ley de Derechos Fiscales por la Circulación de Vehículos establece que las placas tienen una vigencia ordinaria de cinco años. Bajo esa disposición, el formato 2011 debía reemplazarse originalmente en 2017.
Sin embargo, la Asamblea Legislativa aprobó sucesivas prórrogas. Primero extendió la vigencia hasta diciembre de 2021. Después la amplió hasta abril de 2024, luego hasta agosto de 2025 y, finalmente, hasta agosto de 2026.
Si la Asamblea Legislativa aprueba la nueva reforma, las placas actuales permanecerán vigentes hasta el 31 de agosto de 2027, mientras el Gobierno prepara la futura sustitución con un nuevo diseño y mayores estándares de seguridad.
Politica
Trump y Bukele se reúnen en la Casa Blanca para abordar seguridad, migración y cooperación entre EE. y El Salvador
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibe este jueves 16 de julio al mandatario salvadoreño, Nayib Bukele, en el Despacho Oval de la Casa Blanca, en Washington. La reunión está programada para las 9:00 de la mañana, hora de El Salvador.
El encuentro se celebrará pocos días después de que el partido oficialista salvadoreño, Nuevas Ideas, proclamara a Bukele como candidato presidencial para las elecciones previstas para febrero de 2027. Con esa postulación, el gobernante buscará un tercer mandato consecutivo.
Además, esta será la segunda reunión oficial entre Trump y Bukele en la Casa Blanca. El primer encuentro tuvo lugar en abril de 2025 y estuvo centrado en seguridad, migración y cooperación entre Estados Unidos y El Salvador.
Los mandatarios mantienen contacto desde inicios de 2026
Ambos líderes también coincidieron el 5 de febrero de 2026 durante el 74.º Desayuno Nacional de Oración, celebrado en Washington. En ese evento participaron dirigentes políticos, líderes religiosos y representantes de distintos sectores de la sociedad estadounidense.
Durante esa actividad, Trump calificó a Bukele como “un gran líder” y lo señaló como uno de los principales aliados de Estados Unidos en América Latina. Por su parte, el presidente salvadoreño presentó los resultados de la estrategia de seguridad impulsada por su Gobierno para reducir la violencia de las pandillas.
La agenda apunta a fortalecer la relación bilateral
La administración de Trump considera a Bukele un aliado estratégico en la región. Por ello, la reunión de este jueves se desarrollará en un contexto de cooperación entre ambos gobiernos.
Entre los asuntos que se perfilan para la agenda figuran la seguridad, la migración, el combate al crimen organizado y otros mecanismos de cooperación bilateral. Estos temas han ocupado un lugar central en la relación entre Estados Unidos y El Salvador durante los encuentros previos entre ambos mandatarios.
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