El presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Henry Alexander Mejía, y el presidente del Registro Nacional de las Personas Naturales (RNPN), Fernando José Velasco, firmaron este lunes un convenio de cooperación interinstitucional para crear un mecanismo de consulta y obtención de datos sobre niñas, niños y adolescentes. Este acuerdo tiene como objetivo facilitar la implementación del Número Único de Identificación (NUI) y garantizar un flujo de información eficiente entre ambas instituciones.

El convenio permitirá al RNPN acceder al Sistema de Notificación Electrónica (SNE) de la CSJ, lo que facilitará la validación y actualización de los datos de menores de edad. 

Esta colaboración busca cumplir con la Ley Crecer Juntos para la Protección Integral de la Primera Infancia, Niñez y Adolescencia, que establece la necesidad de contar con información precisa y actualizada para asegurar la protección de este sector vulnerable de la población.

De esta manera, ambas instituciones trabajarán juntas para que el intercambio de información sea utilizado de forma eficiente y acorde a sus funciones legales, garantizando el cumplimiento de los derechos de los menores y contribuyendo a su bienestar integral.

El Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ) desarrolló la capacitación titulada “Una aproximación a la inteligencia artificial aplicada al derecho”, una iniciativa que estuvo dirigida a magistrados, jueces de Primera Instancia de diversas competencias y jueces de Paz, con el objetivo de incorporar herramientas tecnológicas avanzadas en el ámbito jurídico.
Durante la jornada, los participantes exploraron cómo la inteligencia artificial (IA) puede ser utilizada para mejorar la eficacia, accesibilidad y transparencia en la administración pública.
La capacitación también proporcionó una visión integral sobre las aplicaciones prácticas de la IA en el derecho, desde el análisis automatizado de documentos legales hasta la optimización de procesos judiciales y administrativos.
Con este tipo de actividades, el CNJ busca preparar a los operadores de justicia para enfrentar los retos actuales, promoviendo el uso responsable y ético de las tecnologías emergentes.
La integración de la IA en el sistema jurídico promete transformar la manera en que se gestiona la justicia, garantizando procesos más ágiles y efectivos en beneficio de la ciudadanía.
Esta capacitación, dijo el CNJ, es un paso significativo hacia la modernización del sistema judicial y busca fortalecer las capacidades técnicas y profesionales de los operadores de justicia.

La Corte Suprema de Justicia de El Salvador informó a la población sobre el impacto y validez de los documentos elaborados en el extranjero y su aplicación en los trámites legales dentro del país. Este anuncio busca aclarar las normativas vigentes y evitar confusiones al respecto.

Funciones notariales en el extranjero
De acuerdo con el artículo 3 de la Ley de Notariado, los notarios pueden ejercer sus funciones fuera del territorio salvadoreño para autorizar actos, contratos o declaraciones, siempre y cuando éstos únicamente tengan efectos en El Salvador.
Este marco legal facilita a los salvadoreños residentes en el extranjero la posibilidad de realizar trámites notariales sin necesidad de regresar al país.
No obstante, es importante señalar que existen excepciones especificadas en la Ley del Ejercicio Notarial de la Jurisdicción Voluntaria y de otras Diligencias. Entre estas, destacan los matrimonios civiles regulados por el artículo 13 del Código de Familia y otras actas notariales que comprueben hechos realizados en el extranjero, según lo estipulado en el artículo 50 de la Ley de Notariado.

Matrimonios civiles en el extranjero
El artículo 13 del Código de Familia establece que solo los jefes de misión diplomática permanente y los cónsules de carrera están facultados para autorizar matrimonios entre salvadoreños en los lugares donde estén acreditados. Esto garantiza que dichos actos cumplan con los requisitos legales y administrativos necesarios para ser reconocidos en El Salvador.

Recomendaciones para la ciudadanía
La Corte Suprema de Justicia recomendó a los ciudadanos informarse adecuadamente sobre los requisitos y procedimientos aplicables antes de realizar trámites notariales en el extranjero.
Esto incluye verificar la competencia del notario y asegurarse de que los documentos cumplan con las normativas salvadoreñas vigentes.
Con este tipo de iniciativas, se busca garantizar la seguridad jurídica de los salvadoreños, tanto dentro como fuera del país, promoviendo una correcta aplicación de las leyes y el respeto de los procedimientos establecidos.

La Fiscalía General de la República (FGR) reiteró su llamado a evitar la conducción peligrosa y evitar el manejo de vehículo bajo efectos de bebidas embriagantes o estupefacientes.
Por medio de sus cuentas en redes sociales, la FGR, además de informar sobre la condena de conductores sorprendidos infringiendo la disposición legal de la “cero tolerancia”.
De acuerdo con el artículo 147-E del Código Penal, “el que mediante conducción peligrosa de vehículo de motor transgrediere las normas de seguridad vial, poniendo en peligro la vida o la integridad física de las personas, será sancionado con pena de prisión de dos a cinco años”, recordó la Fiscalía.
En casos donde la condena sea igual o menor a tres años y el único delito cometido sea la conducción bajo los efectos del alcohol, sin provocar lesionados ni pérdidas humanas, la pena podrá ser reemplazada por trabajos de utilidad pública, aclaró.

Otra condena
En este marco, la FGR informó que logró una condena de tres años de prisión contra Rigoberto Pérez por el delito de conducción peligrosa.
Este ciudadano fue detenido en un control antidoping realizado en el kilómetro 12 de la carretera Troncal del Norte. Durante el operativo, las autoridades determinaron que conducía bajo los efectos del alcohol, infringiendo las normas de seguridad vial.
El mensaje de la FGR es claro: “El alcohol al conducir solo te traerá problemas. Tú decides: tomar o tu libertad”. Este caso destaca la importancia de los controles vehiculares para prevenir accidentes y proteger la vida de todos los salvadoreños.
Ley para salvaguardar vidas
La FGR enfatiza que estas medidas son esenciales para salvaguardar la vida y la integridad de la población. Conducir bajo los efectos del alcohol representa un riesgo significativo para los conductores, pasajeros y peatones. La aplicación de la ley refuerza el compromiso de las autoridades con la seguridad vial y el bienestar de la sociedad.
El llamado es a la responsabilidad. No mezcles alcohol y volante: evita sanciones y contribuye a mantener seguras las calles de El Salvador.

En un esfuerzo por facilitar el acceso a la justicia para todos los salvadoreños, la Procuraduría General de la República (PGR) de El Salvador brindó el apoyo a más de 2,500 personas durante el año 2024 mediante su Unidad de Servicios Itinerantes.
Esta iniciativa ha sido clave para acercar servicios legales y asistencia integral a comunidades vulnerables, eliminando barreras geográficas y económicas que históricamente han limitado el acceso a estos derechos fundamentales.
La Unidad de Servicios Itinerantes juega un papel estratégico al coordinar la participación de la PGR en las Ferias Integra, espacios diseñados para ofrecer servicios gratuitos en distintas comunidades del país.
Estas jornadas representan un puente directo entre las instituciones del Estado y la ciudadanía, llevando soluciones concretas a quienes más lo necesitan.
Gracias a estas jornadas, cientos de salvadoreños han podido acceder a asesoría legal, atención psicosocial y servicios de mediación sin tener que desplazarse grandes distancias ni incurrir en costos adicionales.
Esto ha permitido atender conflictos familiares, resolver problemas legales y brindar apoyo emocional a personas que enfrentan situaciones de vulnerabilidad.

Eliminando barreras al acceso a la justicia
El modelo de servicios itinerantes ha sido fundamental para reducir las desigualdades en el acceso a la justicia, especialmente en comunidades rurales y zonas de difícil acceso.
Al trasladar sus servicios directamente a estas áreas, la PGR ha logrado responder de manera efectiva a las necesidades de la población, brindando soluciones rápidas y adaptadas a cada contexto.
El impacto de estas jornadas no solo se refleja en la cantidad de personas atendidas, sino también en la transformación social que generan. La presencia de la PGR en las comunidades fortalece la confianza en las instituciones públicas y fomenta la cultura de la legalidad y la resolución pacífica de conflictos.
Además, la atención psicosocial complementa la labor legal, ofreciendo contención emocional y orientación a personas que atraviesan situaciones complejas, como violencia intrafamiliar, conflictos de convivencia o problemas económicos.